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Hace 153 años, el primer censo arrojaba 1,8 millones de habitantes

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El primer censo nacional se realizó entre el 15 y 17 de septiembre de 1869, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, demoró tres días y reveló que el país tenía menos de 2 millones de habitantes y que el 75% era pobre.

Fue el primer relevamiento poblacional del país, pero no el primer intento por realizarlo, ya que en 1810 el secretario de Guerra y Gobierno de la Primera Junta, Mariano Moreno, impulsó un trabajo similar que, sin embargo, no prosperó más allá de los límites de Buenos Aires.

En 1862, el Congreso aprobó una ley para un censo general de población, pero el entonces presidente Bartolomé Mitre no pudo llevarlo a cabo.

Se realizó, finalmente, en 1869. A poco de asumir la Presidencia, Sarmiento creó la Superintendencia del Censo, y el relevamiento nacional pudo concretarse.

El encargado de diseñar el censo fue Diego De La Fuente, un médico de Pergamino que había atendido a los heridos de las batallas de Caseros y Cepeda.

Sarmiento lo designó superintendente del censo el 28 de enero de 1869. El galeno sería después senador nacional por la provincia de Buenos Aires y más tarde, diputado.

Viudos, longevos y votantes

Aquel primer censo nacional hace 153 años, reveló que la población del país era de 1.877.490 personas, 897.780 hombres y 843.572 mujeres, y que había menos de un habitante cada dos kilómetros cuadrados.

A nivel educativo, contabilizó apenas 82.671 niños y niñas escolarizados, sobre un total de 413.465 en edad de ir a la escuela.

De la Fuente dividió el país en cinco zonas o regiones: norte, sur, este, oeste y ‘territorios nacionales’.

La idea original era distribuir formularios para ser rellenados en cada hogar, pero finalmente se optó por la incorporación de “censistas” y se movilizaron unos 3.045 en todo el país.

Se contabilizaron los argentinos que formaban parte de las tropas que peleaban en la Guerra de la Triple Alianza, pero se descartaron los datos de los combatientes extranjeros que integraban las fuerzas nacionales.

El censo reveló que el mayor número de mujeres se encontraba en las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe; estás dos últimas tenían además mayor cantidad de inmigrantes, junto con Buenos Aires.

Había 234 personas que superaban los 100 años de edad, 88.902 viudos, 383.119 casados, y 361 personas dedicadas a la prostitución.

El censo registró además 1.047 curanderos, 439 abogados, 1.442 profesores, y 458 médicos.

Del total de habitantes, solo había 300 mil aptos para votar.

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Inflación de febrero fue de 2,9%: los mayores aumentos fueron en agua y luz

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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.

Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.

En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.

En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).

Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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