Nacionales
El Gobierno Nacional compró alimentos 50% más caro que en el supermercado
La Argentina amaneció con una polémica compra de alimentos . Mediante siete resoluciones , el Ministerio de Desarrollo Social hizo compras millonarias en medio de la pandemia del coronavirus. El punto no es la cantidad de aceite, fideos, arroz o lentejas que compró, sino los precios que pagó . Tan llamativo es el proceso licitatorio que el propio Estado convalida precios muy superiores a los que establece en el programa Precios Máximos .
BUENOS AIRES. El caso más llamativo es el del aceite . Mediante la resolución 150/2020 autorizó la compra de 1,700,000 “unidades de aceite mezcla en presentación de 1,5 litros, solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social”.
La norma establece la compra, finalmente, de dos lotes de 340.000 unidades de botellas de 1,5 cada una. La empresa Sol Ganadera se quedó con una de las partidas. Le vendió al Estado cada botella de la marca Indigo en $157,80. El otro lo contrató la firma Copacabana por una cantidad similar y el precio, en este caso de la marca Ideal, es de 157,67 pesos.
La cuenta lleva la contratación a un total de 107.599.800 pesos por 1,02 millones de botellas, ya que el resto no se adjudica. El punto es que en la página de Precios Máximos , que el Gobierno señala como de cumplimiento obligatorio, uno de esos productos, el aceite de 1,5 litros Ideal, tiene un valor máximo de 98 pesos por botella.
“La Sindicatura General de la Nación (Sigen) fija los precios testigo, las licitaciones son abiertas y, en todos los casos, el Ministerio pidió rebajas de precios”, dijo esta mañana a LA NACION una alta fuente del Ministerio de Desarrollo Social.
Pero el aceite no es la única compra llamativa . En otra de las licitaciones publicadas, que se pueden verificar en Boletín Oficial , se puede ver un caso similar con los fideos . La cartera que conduce Daniel Arroyo convalidó la compra de 1.020.000 paquetes de fideos semolados de medio kilo.
Esta vez fueron tres lotes de 340.000 paquetes, cada uno de las marcas Doña Luisa o Sua Pasta, Pastarole y Aldente o Pastarole. Cada uno de ellos se compró a $85,76, $84,77 y $84 respectivamente, lo que da un promedio de 84,84 cada uno.
En este punto, el ministro aclaró a este medio que mediante otra resolución se modificó un error en el que consigna que los 84, 84 pesos que se pagó en realidad corresponden al kilo, pese a que el proveedor lo entregue en paquetes de 500 gramos.
Sin embargo, siempre según el relevamiento que se puede hacer de la lista de Precios Máximos convalidada por el Gobierno, un producto similar tiene un valor de 52 pesos, aunque hay opciones más económicas.
Pero más allá del disparatado nivel de precios, lo llamativo es que aquellos valores impuestos por el Estado son por la compra unitaria de un producto . En este caso, el Estado pagó mucho más por millones de unidades.
“Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos…leche, azúcar, fideos, lentejas y harina. La Sigen establece los precios testigos y se convocaron a once proveedores de alimentos y a diez proveedores de leche”, explicó Arroyo , titular de la cartera, en declaraciones a LA NACION y a otros medios televisivos. Y enseguida agregó: “La compra es por kilo, el paquete es por medio kilo. La Sigen no establece el tema de la logística”.
Sin embargo, en el Ministerio, reconocieron a LA NACION que se pagó por encima de los Precios Máximos mediante un comunicado que hicieron llegar a este medio.Y aclararon que el Estado paga a 90 o 120 días en muchos casos.
En los casos de aceite y azúcar, los proveedores cotizaron por encima del precio testigo y se les solicitó una mejora de precio. Las ofertas posteriores siguieron por arriba del precio, pero ante la necesidad de llegar a comedores y merenderos con esos productos que forman parte de la canasta básica, se decidió realizar la compra.
Beneficiado
El Ministerio de Desarrollo Social fue beneficiado en la semana con una partida millonaria para la compra de alimentos. En una modificación presupuestaria que tuvo la firma del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán , se le asignaron 36.688 millones de pesos para la compra de alimentos.
Sólo para establecer una comparación. En esa misma norma, el fondeo para el Ministerio de Salud fue de $4325 millones para el programa “Prevención y control para enfermedades inmunoprevenibles” y para la adquisición de bienes, $2565 millones.
El changuito del Ministerio de Desarrollo Social se realizó sostenido por un herramental de normas de emergencia que se aplican por la crisis del coronavirus mediante las que se “habilitan a todas las áreas comprometidas en dar respuestas integrales a utilizar herramientas que otorguen celeridad y eficacia a la atención de las necesidades que se presenten con relación al Coronavirus COVID-19”, dicen los considerandos.
“La Secretaría de Articulación de Política Social indicó la necesidad de sumar acciones pertinentes a las medidas ya adoptadas, a fin de abastecer de manera inmediata las urgencias producidas a fin de evitar impactos más gravosos para la población de alta vulnerabilidad en razón del brote del nuevo coronavirus como una pandemia, de acuerdo a lo declarado por la Organización Mundial de la Salud”, se lee más adelante. Así, con la pandemia y la necesidad de alimento como telón de fondo, el Gobierno convalidó precios muy por encima de los que fija como máximos.
Hubo algunas compras más para el cotizado changuito del Ministerio de Desarrollo Social. También se licitaron 1,7 millones de bolsas de un kilo de azúcar y se adjudicaron 680.000 en dos lotes de 340.000. Le entregarán bolsas de una marca llamada La Muñeca por las que se habrán pagado $75 en promedio por cada una. En precios máximos hay cuatro marcas: Ledesma ($56), Chango ($56), Dominó ($50) y Arcor ($52).
Con las lentejas se dio una situación similar. Se adjudicaron tres lotes de 340.000 bolsas de 500 gramos cada una a un precio, promedio de 168,51 pesos.
La llamativa situación se da en medio de los enojos presidenciales por el precio de los alimentos. De hecho, según el propio Jefe de Estado Alberto Fernández dijo, prepara un decreto de necesidad y urgencia para convertir a los municipios en autoridad de aplicación de la ley de defensa a la competencia, justamente, para controlar los precios máximos de los alimentos.
La Nación
A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.
El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.
Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.
Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.
Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.
En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.
El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.
Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.
La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.
La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor
La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.
Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.
De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.
En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.
En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.
LOS DOCENTES DE LAS UUNN VAN AL PARO DURANTE 2 SEMANAS
Anticipo de las resoluciones del Congreso de CONADU Histórica.El Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió:
(entre otras definiciones)Por mayoría de los votos de sus Congresales, PARAR LAS UNIVERSIDADES Y SUS… pic.twitter.com/c06Nk3ctFq
— ADUNS (@ADUNS_docentes) March 5, 2026
Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario
El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, dará el salto al Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, según anunció el propio presidente Javier Milei.
Esta mañana alrededor de las 10, el mandatario argentino recibió al ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, para resolver la conducción de la cartera luego de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, lo que finalmente se concretó este mediodía.
Si bien en la danza de nombres para el reemplazo figuraba el ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli, el presidente anunció a través de su cuenta de X la designación de Mahiques, quien inmediatamente expresó su agradecimiento por nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.
Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo.
El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente.
VLLC! pic.twitter.com/gbCwjXMlZu
— Javier Milei (@JMilei) March 4, 2026
Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.
Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.
Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.
El responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.
“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.
Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.
Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con… https://t.co/8K0qeG4WsF
— Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 4, 2026
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