El País
Cargando...
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la denominada causa Vialidad, que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez, durante su época de Presidenta.
En su alocución final, Luciani calificó a la causa como “la mayor maniobra de corrupción conocida en la historia del país", y acusó a CFK de ser la jefa de una asociación ilícita.
El fiscal Luciani repartió, también, penas para otros 11 de los imputados, para quienes también pidió la inhabilitación perpetua.
Para Lázaro Báez también pidió 12 años; 10, para el ex ministro de Planificación Julio De Vido, José López y el ex titular de Vialidad Nelson Periotti; 6 años para Mauricio Collareda y Juan Carlos Villafañe; 5, para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4, para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro.
Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió la absolución por el delito de asociación ilícita, y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.
Apenas concluido el alegato de la Fiscalía, el gobierno del presidente Alberto Fernández hizo público un comunicado oficial, condenando lo que considera una trama para proscribir a la ex presidenta.
“El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada causa Vialidad”, señala el comunicado.
“Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”, sostiene el pronunciamiento.
“Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”, afirma.
“El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley, y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”, agrega.
En el penúltimo párrafo, se solidariza con CFK con lo que define como “persecución y búsqueda de proscripción”, enmarcando la situación con “intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
Finalmente, recoge una cita del presidente Fernández, que este utilizó en Twitter como presentación del comunicado de su gobierno: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”. “Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina”.
Al comunicado oficial del Gobierno, se sumaron ministros del Gabinete, como Juan Manzur, Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro, diputados, senadores, sindicalistas y dirigentes sociales.
El alegato del fiscal Luciani coincidió con el pedido de ampliación de su declaración indagatoria para este martes por parte de la Vicepresidenta, acusando a la Fiscalía de incorporar elementos que no se presentaron en la elevación de la causa a juicio oral.
Lo explicó a los medios el abogado de CFK, Gregorio Dalbón, citando una conversación desgrabada de José López, mencionando incluso al diputado y líder de La Cámpora Máximo Kirchner, sacada de otra causa en que López ya fue condenado a prisión.
“Esto es ilegal y hace nulo al juicio”, señaló Dalbón a C5N. “Buscaron pruebas donde realmente no existían, en cuestiones que tienen que ver con otras causas; hay un montón de circunstancias que demuestran que no es normal este proceso”, afirmó.
El letrado acusó a Luciani de estar siendo “manipulado por los medios de comunicación hegemónicos”, complotados para dejar a CFK afuera de la escena política, comparando la situación con la condena que excluyó a Lula de las elecciones que, finalmente, ganó Jair Bolsonaro; fallo que después el Supremo Tribunal Federal (la Corte Suprema brasileña) anuló, sobreseyendo al ex presidente.
Dalbón aseguró que a partir del 5 de septiembre, cuando comienza la ronda de alegatos de los defensores de los 13 procesados, “la defensa va a aplastar la versión fiscal”.Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la denominada causa Vialidad, que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez, durante su época de Presidenta.
En su alocución final, Luciani calificó a la causa como “la mayor maniobra de corrupción conocida en la historia del país", y acusó a CFK de ser la jefa de una asociación ilícita.
El fiscal Luciani repartió, también, penas para otros 11 de los imputados, para quienes también pidió la inhabilitación perpetua.
Para Lázaro Báez también pidió 12 años; 10, para el ex ministro de Planificación Julio De Vido, José López y el ex titular de Vialidad Nelson Periotti; 6 años para Mauricio Collareda y Juan Carlos Villafañe; 5, para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4, para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro.
Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió la absolución por el delito de asociación ilícita, y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.
Apenas concluido el alegato de la Fiscalía, el gobierno del presidente Alberto Fernández hizo público un comunicado oficial, condenando lo que considera una trama para proscribir a la ex presidenta.
“El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada causa Vialidad”, señala el comunicado.
“Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”, sostiene el pronunciamiento.
“Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”, afirma.
“El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley, y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”, agrega.
En el penúltimo párrafo, se solidariza con CFK con lo que define como “persecución y búsqueda de proscripción”, enmarcando la situación con “intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.
Finalmente, recoge una cita del presidente Fernández, que este utilizó en Twitter como presentación del comunicado de su gobierno: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas”. “Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta @CFKArgentina”.
Al comunicado oficial del Gobierno, se sumaron ministros del Gabinete, como Juan Manzur, Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro, diputados, senadores, sindicalistas y dirigentes sociales.
El alegato del fiscal Luciani coincidió con el pedido de ampliación de su declaración indagatoria para este martes por parte de la Vicepresidenta, acusando a la Fiscalía de incorporar elementos que no se presentaron en la elevación de la causa a juicio oral.
Lo explicó a los medios el abogado de CFK, Gregorio Dalbón, citando una conversación desgrabada de José López, mencionando incluso al diputado y líder de La Cámpora Máximo Kirchner, sacada de otra causa en que López ya fue condenado a prisión.
“Esto es ilegal y hace nulo al juicio”, señaló Dalbón a C5N. “Buscaron pruebas donde realmente no existían, en cuestiones que tienen que ver con otras causas; hay un montón de circunstancias que demuestran que no es normal este proceso”, afirmó.
El letrado acusó a Luciani de estar siendo “manipulado por los medios de comunicación hegemónicos”, complotados para dejar a CFK afuera de la escena política, comparando la situación con la condena que excluyó a Lula de las elecciones que, finalmente, ganó Jair Bolsonaro; fallo que después el Supremo Tribunal Federal (la Corte Suprema brasileña) anuló, sobreseyendo al ex presidente.
Dalbón aseguró que a partir del 5 de septiembre, cuando comienza la ronda de alegatos de los defensores de los 13 procesados, “la defensa va a aplastar la versión fiscal”.