Fiscales pidieron inhabilitación perpetua y 12 años de prisión para CFK
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la denominada causa Vialidad, que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez, durante su época de Presidenta.
En su alocución final, Luciani calificó a la causa como “la mayor maniobra de corrupción conocida en la historia del país", y acusó a CFK de ser la jefa de una asociación ilícita.
El fiscal Luciani repartió, también, penas para otros 11 de los imputados, para quienes también pidió la inhabilitación perpetua.
Para Lázaro Báez también pidió 12 años; 10, para el ex ministro de Planificación Julio De Vido, José López y el ex titular de Vialidad Nelson Periotti; 6 años para Mauricio Collareda y Juan Carlos Villafañe; 5, para Raúl Daruich y Raúl Pavesi; 4, para Abel Fatala y José Raúl Santibañez; y 3 años de prisión en suspenso para Héctor Garro.
Respecto de Carlos Santiago Kirchner, Luciani pidió la absolución por el delito de asociación ilícita, y 2 años de prisión en suspenso por administración fraudulenta.
Gobierno cierra filas
Apenas concluido el alegato de la Fiscalía, el gobierno del presidente Alberto Fernández hizo público un comunicado oficial, condenando lo que considera una trama para proscribir a la ex presidenta.
“El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada causa Vialidad”, señala el comunicado.
“Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho”, sostiene el pronunciamiento.
“Ninguno de los actos atribuidos a la ex Presidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”, afirma.
“El gobierno reitera su adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley, y seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”, agrega.
Dalbón aseguró que a partir del 5 de septiembre, cuando comienza la ronda de alegatos de los defensores de los 13 procesados, “la defensa va a aplastar la versión fiscal”.