Fallo histórico en Entre Ríos: Corría riesgo de muerte, le negaron el aborto y el Estado deberá indemnizarla

PARANÁ. El Estado provincial de Entre Ríos fue condenado a pagarle casi medio millón de pesos a una mujer a la que se le negó la realización de un aborto no punible en un hospital público, y que tras el parto sufrió un accidente cerebrovascular. Un médico recomendó la ILE pero un médico 'provida' impidió la realización. Ahora, el Estado deberá indemnizarla.

En un fallo histórico, la Justicia de Entre Ríos ordenó que el Estado indemnice a una mujer a la que se le había negado realizar un aborto no punible en 2011. La víctima, que en ese entonces tenía 36 años, sufría una patología cardíaca congénita. Tras el parto, tuvo un accidente cerebrovascular, que le provocó una parálisis de la parte izquierda del cuerpo. "El aborto era legítimo porque se justificaba para proteger la salud y la vida de la mujer embarazada", entendió el juez Martín Furman en su fallo, luego ratificado por una cámara tras la apelación que planteó el Estado provincial.

La mujer, identificada como MG, acudió en varias oportunidades al sistema público entrerriano: para atender una patología cardíaca congénita en 2003; luego para que se le practicara una ligadura de trompas de Falopio en 2005 tras cinco abortos espontáneos, y finalmente, para la interrupción de un embarazo por razones médicas en 2011.

Ninguna de las tres veces el Estado respondió a las peticiones y la paciente terminó sufriendo un ACV tras el parto, según se desprende del fallo. Tanto la operación quirúrgica como la ligadura de trompas no se hicieron porque los quirófanos no estaban en condiciones para realizar las intervenciones. Pero el aborto no se practicó, pese a que contaba con el aval de un ateneo de profesionales de la salud, debido a que el médico cardiólogo César Pazo irrumpió en la escena con amenazas a sus colegas en caso de que llevaran a cabo la práctica y con presuntas advertencias legales a la paciente.

De esta forma, la mujer se vio obligada a llevar adelante su embarazo. Tres meses más tarde, en noviembre, MG fue trasladada de urgencia al Hospital Posadas, en el conurbano bonaerense, donde le hicieron una cesárea. A la semana de tener a su beba, sufrió un ACV. Todavía internada, tuvo una parálisis de la parte izquierda del cuerpo.

Con su intervención, Pazo -médico que milita contra el aborto- logró que se suspendiera la interrupción legal del embarazo -ILE-, que fue -según entendió el juez- determinante para que se produzca el ACV que le dejó secuelas de por vida a la paciente según publica La Nación. Para el magistrado, "la irrupción clandestina de César Pazo, quien a la postre se hizo pasar por un juez, viola el principio de confidencialidad de la paciente, previsto en el inc. d) art. 2º de la ley 26.529, por cuanto alguien, desconociendo tal derecho, le advirtió al médico mencionado para que se apersonara, actuando como lo hizo, sin tener ninguna injerencia o competencia en el tratamiento e intervenciones médicas prescriptas a MG". Según el fallo, el médico intervino por motivos ideológicos y no médicos.