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Extienden por un año la emergencia citrícola en 8 provincias, Misiones incluída

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La Cámara de Diputados de la Nación aprobó sobre tablas un proyecto que extiende la emergencia económica, productiva, financiera y social en este sector.

La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto para prorrogar por un año la emergencia económica, productiva, financiera y social en el sector citrícola en ocho provincias argentinas.

El proyecto recibió 242 votos a favor y solo uno en contra, del diputado Juan Martín (UCR-Santa Fe). Si bien la iniciativa no formaba parte del temario de la sesión, los bloques aprobaron su tratamiento sobre tablas tras un acuerdo alcanzado en Labor Parlamentaria, y de ese modo posibilitaron la rápida sanción de la ley.

El proyecto aprobado extiende el plazo -vencido en mayo pasado- de la Ley 27.507, que declaró la emergencia citrícola en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta, a las que ahora se agregaron Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.

José Ruiz “Pitín” Aragón, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, sostuvo que la ley “tiene una intención clara de paliar la crisis que estamos viviendo en el sistema productivo”.

El correntino precisó que “el sector produce más de 700 millones de dólares al año y da trabajo a casi 100.000 personas” en forma directa e indirecta, por la complejidad de la cosecha.

Por su parte, la entrerriana Mayda Cresto (Frente de Todos) destacó que Argentina es “el octavo país productor de cítricos a nivel mundial”.

Advirtió que “ya el año pasado el sector atravesaba una profunda crisis por la elevada presión impositiva, altos costos internos y tasas imposibles de pagar”, y luego sobrevino la pandemia, que “coincidió con el momento más importante para la cosecha”.

Cresto explicó que también para la producción de peras y manzanas se prorrogó la emergencia, en ese caso en tres oportunidades, y así es como “está repuntando la actividad”.

El tucumano Mario Leito, también del oficialismo, recordó que su provincia había sido originalmente excluida de la emergencia aunque “somos el primer productor, procesador y exportador mundial de derivados industriales citrícolas”.

Según Leito, en Tucumán la actividad “genera 50.000 puestos de trabajo y representa el 50% de las exportaciones de la provincia”. “Las circunstancias convirtieron a este sector en un sector necesitado de las políticas del Estado”, lamentó.

Desde la UCR, Atilio Benedetti observó que la situación de emergencia “hace un año podía ser discutible, pero hoy hay muchísimas más razones para acompañar este proyecto”.

“Las economías regionales basan su desarrollo en dos patas, el consumo interno y la exportación, y a diferencia de hace un año, hoy tenemos la dificultad cambiaria, distintos tipos de dólares de referencia”, alertó el agrodiputado.

A esto sumó que “ha habido un cierre anticipado de las posibilidades de exportación, hay sobrecostos por el Covid, y para agravar más el cuadro, está el problema climático, que está afectando a la mayor parte del territorio argentino y a muchas actividades”.

Desde el Frente Progresista Cívico y Social, Luis Contigiani hizo una fuerte autocrítica: “Somos grandes especialistas en dictar leyes de emergencia para todo, pero somos muy incapaces de presentar políticas públicas que alienten la producción para salir de la dependencia de la emergencia”.

“Nunca salimos del concepto de emergencia. Pasan los gobiernos de todos los signos políticos y no somos capaces de estructurar una política de desarrollo productivo y estratégico para las economías regionales”, insistió.

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Renunció Cúneo Libarona y lo reemplazará Juan Mahiques como ministro de Justicia

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El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, dará el salto al Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, según anunció el propio presidente Javier Milei.

Esta mañana alrededor de las 10, el mandatario argentino recibió al ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, para resolver la conducción de la cartera luego de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, lo que finalmente se concretó este mediodía. 

Si bien en la danza de nombres para el reemplazo figuraba el ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli, el presidente anunció a través de su cuenta de X la designación de Mahiques, quien inmediatamente expresó su agradecimiento por nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.

Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. 

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

El responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.  

“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

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Desde el viernes aumentan valores para tramitar el DNI y el pasaporte

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DNI y pasaporte

El Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior, oficializó un aumento en los aranceles para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino.

La medida, establecida mediante la Resolución 19/2026 del Ministerio y la Disposición 106/2026 del Renaper, entrará en vigencia a partir de este viernes 6 de marzo de 2026 en todo el país.

El objetivo de esta actualización tarifaria es “sostener la prestación eficiente de los servicios, garantizar altos estándares tecnológicos, de diseño y seguridad en los documentos”, y “alinearse con valores de referencia regionales para documentos análogos”.

Para el DNI destinado a argentinos, el primer ejemplar para recién nacidos hasta los seis meses de edad seguirá siendo gratuito. En cambio, los trámites como el primer ejemplar desde los seis meses hasta los cinco años, las actualizaciones obligatorias a los cinco, ocho y catorce años, los cambios de domicilio, rectificaciones de datos, adopciones u otros ejemplares nuevos pasarán a costar $10.000, lo que representa un incremento del 33,3% respecto al valor anterior de 7.500 pesos.

Las modalidades urgentes agregan recargos sobre esa base: el exprés totalizará $26.000, el de 24 horas llegará a $41.000 y el al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, alcanzará los $57.000. Para personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales costarán $20.000.

En cuanto al pasaporte para argentinos, el trámite ordinario con entrega regular subirá a $100.000, un incremento aproximado del 42,8% desde los $70.000 previos. Las opciones más rápidas también se ajustan: el exprés costará $200.000 y el de resolución inmediata o al instante llegará a $330.000.

Quienes hayan abonado cualquier trámite de DNI o pasaporte antes del 5 de marzo de 2026 no deberán abonar la diferencia con las nuevas tarifas.

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Camarógrafo detenido por la PFA fuera del Congreso: “Me pegaban patadas”

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Un camarógrafo fue herido y detenido este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras cubría una protesta de activistas de Greenpeace antes del debate en el Senado por modificaciones en la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Se trata de Facundo Tedeschini, trabajador de A24, quien registraba imágenes en el sector donde la Policía Federal Argentina (PFA) había establecido un perímetro de seguridad tras la detención de doce activistas que ingresaron al edificio y luego fueron trasladados a un estacionamiento sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

Según su testimonio, junto a otros periodistas se encontraba cubriendo la acción “sin obstruir ninguna entrada ni ninguna salida de los efectivos de la Policía”. Indicó que fue empujado por un agente, cayó al piso intentando proteger el equipo y que luego fue reducido por varios efectivos.

Me tiraron. Quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron”, relató tras recuperar la libertad. Señaló, además, que no fue agredido únicamente por el agente al que se le abrió un sumario administrativo, sino también por otros policías. “Me pegaban patadas por abajo. Se me abalanzaron cinco o seis efectivos y yo les gritaba ‘paren, paren’”, sostuvo.

Tedeschini indicó que, cuando fue presionado por los efectivos, intentó protegerse: “Le puse la mano a la Policía para que no siguieran”. También afirmó que quienes lo detuvieron “fueron muy agresivos”.

Señaló que pidió que se detuvieran, que sintió un brazo en el cuello, recibió gas pimienta y fue derribado. Agregó que cayó protegiendo la cámara y que, una vez en el piso, varios efectivos lo redujeron y le colocaron precintos en las muñecas, lo que le dejó marcas. Posteriormente fue asistido por personal del Same y trasladado al Hospital Ramos Mejía.

Tras permanecer detenido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, dispuso su liberación.

Voces oficiales  

La senadora Patricia Bullrich declaró que el camarógrafo había intentado ingresar al área donde estaban los detenidos y señaló que se abrió un sumario para evaluar la actuación policial.

En un comunicado conjunto, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad informaron que, luego de la irrupción de los activistas en el edificio, se dispuso un perímetro para impedir el ingreso o egreso de personas al sector de detención. Indicaron que se solicitó a los trabajadores de prensa mantener distancia por razones operativas y que, durante ese lapso, se produjo “un forcejeo” con el camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro. Señalaron que en ese contexto se generó una “situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”.

El comunicado agregó que, además de la intervención judicial, se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar integralmente lo sucedido y la actuación del personal interviniente.

Repercusiones 

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su repudio al hecho y sostuvo que la violencia contra la prensa afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

En tanto, la familia del fotoperiodista Pablo Grillo difundió una carta titulada “La historia se repite en el mismo escenario”, en la que manifestó su rechazo a la agresión y detención del camarógrafo.

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