BUENOS AIRES y POSADAS (Agencias y Redacción de LVM). La causa de las escuchas ilegales por la que estuvieron procesados el presidente Mauricio Macri; los ex jueces de Misiones, Horacio Gallardo y José Luís Rey, además de cinco policías de la misma, provincia quedó anulada.

La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, al hacer lugar a un recurso de Jorge “Fino” Palacios, el ex jefe de la Policía Metropolitana, en tanto que puso en la mira la actuación del ex juez Norberto Oyarbide, que impulsó la causa sin que hubiera un pedido de los afectados directos de esas escuchas judiciales.

El pronunciamiento de la Sala III de Casación llegó cuando la investigación ya estaba terminada y tenía fecha de juicio oral para el año próximo. El fallo, firmado por los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Rafael Riggi, dispuso la nulidad de todo lo actuado desde el día uno de la causa.

“Quedó así desvirtuado, al menos en lo que a las intervenciones telefónicas se refiere, un expediente que a la hora de actuar se puede decir armado en derredor de una acción privada desdibujada durante largos años como de acción pública”, se señaló en los fundamentos.

Y añadió que “en el juzgado federal 7, por entonces el doctor Oyarbide le atribuyó a Jorge Alberto Palacios formar parte de una estructura criminal vinculada la interceptación ilegal de líneas telefónicas que no se pudo probar”, según fuentes judiciales con acceso a la resolución.

Al apuntar a la vinculación de Macri con Palacios, se advirtió que ambos se conocían desde hacía tiempo, ya que cuando el primero fue presidente de Boca Juniors, llevó al ex policía como jefe de seguridad. Y cuando Macri fue jefe de la Ciudad y quiso crear la Policía de la Ciudad, Palacios se convirtió en el elegido para encabezarla.

En 2009, cuando la causa de escuchas ya había comenzado y ante un inminente procesamiento, Palacios renunció a la policía de la Ciudad. Luego, estuvo preso. Fue detenido en noviembre de 2009 y liberado en diciembre de 2010 junto al espía Ciro James, quién también había sido detenido.

“Fui víctima de una causa armada desde la política y es falso que había una red de escuchas vinculadas a mí”, había dicho Macri en 2014. Sobre el expediente siempre pesaron sospechas de la actuación de servicios de inteligencia, gente de la política e integrantes del Poder Judicial en su impulso.

¿Por qué Casación decidió cerrar la causa? Porque los jueces advirtieron que todo el proceso resultó viciado a raíz de que el juez federal intervino en un primer momento de oficio (Oyarbide) en un delito de acción privada, que solo puede recibir impulso del afectado. “Quedó en evidencia así una franca violación a las normas del Código Penal y el Código Procesal Penal”, se sostuvo.

El fallo de Casación fue durísimo con el desplazado Oyarbide. Pero, sin nombrarlo, puso en la mira la actuación del fallecido fiscal Alberto Nisman, que también intervino.

El caso conocido como “escuchas ilegales” -aunque habían sido autorizadas por los jueces de Misiones, Gallardo y Rey- comenzó en 2009 con una llamada anónima a la casa de Sergio Burstein, representante de un sector de víctimas de la AMIA, cuando éste estaba de viaje con la entonces presidenta Cristina Kirchner en Nueva York por una asamblea de Naciones Unidas.

Los procesamientos incluyeron también de Palacios, del ex ministro de Educación porteño Narodowski, y del ex policía-espía James (contratado como asesor en esa dependencia). Fueron también procesados los ex jueces Gallardo y Rey (en la foto, al medio, flanqueados por sus abogados), la ex secretaria de éste, Mónica González y los policías misioneros Antonio Fernández, David Amaral, Rubén Quintana, Raúl Rojas y Diego Guarda.

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