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Escuchas: anularon la causa contra Macri, los ex jueces Gallardo y Rey y cinco policías

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BUENOS AIRES y POSADAS (Agencias y Redacción de LVM). La causa de las escuchas ilegales por la que estuvieron procesados el presidente Mauricio Macri; los ex jueces de Misiones, Horacio Gallardo y José Luís Rey, además de cinco policías de la misma, provincia quedó anulada.

La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Casación Penal, al hacer lugar a un recurso de Jorge “Fino” Palacios, el ex jefe de la Policía Metropolitana, en tanto que puso en la mira la actuación del ex juez Norberto Oyarbide, que impulsó la causa sin que hubiera un pedido de los afectados directos de esas escuchas judiciales.

El pronunciamiento de la Sala III de Casación llegó cuando la investigación ya estaba terminada y tenía fecha de juicio oral para el año próximo. El fallo, firmado por los jueces Carlos Mahiques, Liliana Catucci y Eduardo Rafael Riggi, dispuso la nulidad de todo lo actuado desde el día uno de la causa.

“Quedó así desvirtuado, al menos en lo que a las intervenciones telefónicas se refiere, un expediente que a la hora de actuar se puede decir armado en derredor de una acción privada desdibujada durante largos años como de acción pública”, se señaló en los fundamentos.

Y añadió que “en el juzgado federal 7, por entonces el doctor Oyarbide le atribuyó a Jorge Alberto Palacios formar parte de una estructura criminal vinculada la interceptación ilegal de líneas telefónicas que no se pudo probar”, según fuentes judiciales con acceso a la resolución.

Al apuntar a la vinculación de Macri con Palacios, se advirtió que ambos se conocían desde hacía tiempo, ya que cuando el primero fue presidente de Boca Juniors, llevó al ex policía como jefe de seguridad. Y cuando Macri fue jefe de la Ciudad y quiso crear la Policía de la Ciudad, Palacios se convirtió en el elegido para encabezarla.

En 2009, cuando la causa de escuchas ya había comenzado y ante un inminente procesamiento, Palacios renunció a la policía de la Ciudad. Luego, estuvo preso. Fue detenido en noviembre de 2009 y liberado en diciembre de 2010 junto al espía Ciro James, quién también había sido detenido.

“Fui víctima de una causa armada desde la política y es falso que había una red de escuchas vinculadas a mí”, había dicho Macri en 2014. Sobre el expediente siempre pesaron sospechas de la actuación de servicios de inteligencia, gente de la política e integrantes del Poder Judicial en su impulso.

¿Por qué Casación decidió cerrar la causa? Porque los jueces advirtieron que todo el proceso resultó viciado a raíz de que el juez federal intervino en un primer momento de oficio (Oyarbide) en un delito de acción privada, que solo puede recibir impulso del afectado. “Quedó en evidencia así una franca violación a las normas del Código Penal y el Código Procesal Penal”, se sostuvo.

El fallo de Casación fue durísimo con el desplazado Oyarbide. Pero, sin nombrarlo, puso en la mira la actuación del fallecido fiscal Alberto Nisman, que también intervino.

El caso conocido como “escuchas ilegales” -aunque habían sido autorizadas por los jueces de Misiones, Gallardo y Rey- comenzó en 2009 con una llamada anónima a la casa de Sergio Burstein, representante de un sector de víctimas de la AMIA, cuando éste estaba de viaje con la entonces presidenta Cristina Kirchner en Nueva York por una asamblea de Naciones Unidas.

Los procesamientos incluyeron también de Palacios, del ex ministro de Educación porteño Narodowski, y del ex policía-espía James (contratado como asesor en esa dependencia). Fueron también procesados los ex jueces Gallardo y Rey (en la foto, al medio, flanqueados por sus abogados), la ex secretaria de éste, Mónica González y los policías misioneros Antonio Fernández, David Amaral, Rubén Quintana, Raúl Rojas y Diego Guarda.

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La CGT pidió la nulidad del fallo que devolvió vigencia a la reforma laboral

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CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) pidió la nulidad del fallo que devolvió la vigencia de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei y recusó a los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes suspendieron la medida cautelar que en marzo había frenado 83 artículos de la Ley 27.802.

La central obrera elevó una presentación de 25 páginas a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, argumentando que la resolución “violenta la verdad jurídica” y que la sala actuante no tenía competencia en el caso.

“Hubo una manifiesta parcialidad hacia el Estado nacional”, denunció Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT. “Acabamos de recusar a los jueces por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día, cuando en el Boletín Oficial se publicó la extensión de cinco años más para uno de los jueces”, puntualizó, en referencia a Pesino.

“El beneficio que recibió Pesino generó un manto de duda y de sospechas” que la central obrera “no va a dejar pasar”, advirtió.

El escrito pide la “nulidad absoluta” de la resolución dictada el 23 de abril último, que tuvo un carácter suspensivo de la cautelar y objeta la intervención de la Sala VIII, afirmando que, para respetar las reglas procesales, debió intervenir la Sala I.

“Si la Sala VIII hubiera respetado los pasos procesales para consentir su actuación, esta parte hubiera tenido oportunidad de advertirle que carecía de competencia por la prevención inicial de la Sala I; pero no se nos dio tiempo”, dijo Jerónimo.

El texto, presentado por el abogado Pablo Topet, sostiene que “debe ser la Sala I la que deba resolver la nulidad porque la Sala VIII, que violó las disposiciones procesales, es la que dictó el acto inválido, emitió opinión y prejuzgó y, tal vez lo más relevante, evidenció una manifiesta parcialidad hacia el Estado nacional”.

Sobre Pesino, el escrito señala que su participación en la causa “está viciada por haber recibido un beneficio de importancia por parte del Estado nacional”, tal como es la postergación para jubilarse, y afirma que su “inaceptable intervención (…) constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva”.

“Los magistrados que suscribieron con rapidez la sentencia interlocutoria que se impugna, deben apartarse de una causa que tomaron ‘para sí’ sin competencia”, argumenta la presentación.

La reforma laboral mileísta se sancionó hace dos meses en el Senado, con los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo, y Martín Goerling, del PRO Misiones.

 

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Inflación en aumento: marzo dio 3,4%, la cifra más alta en doce meses

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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de marzo fue de 3,4%, convirtiéndose en la cifra mas alta en los últimos doce meses. 

Esta cifra elevó a 9,4% el índice de inflación acumulado en los primeros tres meses del año, llegando pisar el 10%, que era el porcentaje proyectado para todo el 2026 según el presupuesto aprobado por el gobierno nacional. 

Los mayores aumentos fueron en educación con un 12,1% y en transporte con 4,1% a nivel nacional. En el análisis de los aumentos por región, el índice de la zona noreste se ubicó por encima de lo registrado a nivel nacional con 4,1%. 

Los rubros dentro de esas provincias que sufrieron un mayor crecimiento en porcentaje fueron Educación con 22,7% y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 9,7%. 

En relación al mes anterior el porcentaje de suba en Equipamiento y mantenimiento del hogar mantuvieron una variación de 1,3% a nivel nacional convirtiéndose en el rubro con menor inflación.

En contraposición a las variaciones de los últimos tres meses, donde la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, es el rubro con la menor aumento llegando a un nivel nacional 2,6 % mientras que en la región de Cuyo el índice de precios registra un 1,9% de aumento. 

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Diputados proponen neutralidad argentina ante guerra en Medio Oriente

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Congreso guerra medio oriente

Mientras el presidente estadounidense Donald Trump amenaza con aniquilar por completo a toda “la civilización” de Irán esta noche, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó este mismo martes un proyecto de resolución para declarar la neutralidad de Argentina frente la guerra en Medio Oriente.

La medida se da en medio de una escalada de tensión internacional, a pocas horas del vencimiento del ultimátum lanzado por Trump a Irán y tras las recientes declaraciones públicas del gobierno de Javier Milei en respaldo a Estados Unidos e Israel.

La iniciativa fue encabezada por el diputado Juan Marino y acompañada por una treintena de legisladores del bloque opositor, quienes sostienen que el país “no es parte beligerante” en la confrontación y que no reconoce enemigos en ninguno de los bandos involucrados.

En el texto también se reafirma la tradición diplomática argentina de resolución pacífica de controversias y se invoca el principio de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en línea con resoluciones adoptadas por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Organización de las Naciones Unidas.

El proyecto surge luego de declaraciones de funcionarios nacionales que, según el bloque opositor, implican un alineamiento político del gobierno argentino con la ofensiva militar encabezada por Washington y Tel Aviv contra Irán.

Entre ellas, mencionan expresiones del presidente Milei durante una actividad en Nueva York, donde calificó a Irán como “enemigo”, además de comunicados oficiales de Cancillería y declaraciones de funcionarios sobre una eventual asistencia logística o militar.

Los legisladores pidieron además que se desautoricen públicamente esos posicionamientos al considerar que cualquier decisión que comprometa al país en un conflicto internacional requiere intervención del Congreso, en virtud del artículo 75 inciso 25 de la Constitución Nacional, que reserva al Poder Legislativo la facultad de autorizar al Poder Ejecutivo para declarar la guerra o hacer la paz.

En el mismo sentido, el proyecto exhorta al gobierno nacional a abstenerse de realizar cualquier tipo de colaboración directa o indirecta en el conflicto, incluyendo cooperación militar, logística o de inteligencia, y propone comunicar formalmente la postura argentina a organismos internacionales y a los gobiernos involucrados.

Línea roja

Apenas asumió la presidencia, el gobierno de Milei rompió la histórica neutralidad argentina y alineó automáticamente al país con Estados Unidos e Israel.

Un mes antes de la escalada bélica de la denominada “Coalición Epstein” contra Irán, en enero de 2026, el gobierno libertario declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds, brazo de la Guardia Revolucionaria iraní.

En febrero, luego de comenzada la guerra y tras la operación que resultó en la muerte del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, la Oficina del Presidente emitió un comunicado oficial calificando el hecho como la eliminación de una de las personas “más malvadas y crueles de la historia”.

El 10 de marzo, durante un discurso en la Universidad Yeshiva de Nueva York, Milei declaró explícitamente que Irán es “enemigo de Argentina”, por su responsabilidad en los atentados a la Amia y la Embajada de Israel, y proclamó: “Vamos a ganar la guerra”.

Y este mes, la Cancillería argentina declaró persona no grata y expulsó a Mohsen Soltani Tehrani, el máximo representante diplomático de Irán en el país, a la vez que ratificó su “apoyo total y absoluto” a las acciones militares de Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

El posicionamiento del gobierno libertario provocó la reacción de Irán, que a través de sus medios oficiales advirtió que Milei cruzó una “línea roja imperdonable” y prometió una respuesta “proporcionada”.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN - NEUTRALIDAD ANTE LA GUERRA DE EEUU E ISRAEL

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