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Aprobaron el protocolo de aborto legal en Córdoba

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Las niñas violadas que reclamen la interrupción de su embarazo ahora podrán acceder a un aborto legal en Córdoba en cualquier hospital provincial, luego de que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) dejará sin validez la medida cautelar de la ONG antiderechos Portal de Belén.

CÓRDOBA. El protocolo de abortos no punibles estaba suspendido desde 2012, desde que la organización planteó que se examinara su constitucionalidad, a pesar del fallo FAL de la Corte Suprema de 2012, que reconoció ese derecho.

Los vocales del TSJ, Aída Tarditti, Domingo Sesin, Mercedes Blanc de Arabel y Silvana Chiapero, señalaron que la entidad que se erige también contra todas las políticas de salud sexual y reproductivas no cumplió con los requisitos formales que regulan la admisibilidad de un recurso de tal trascendencia.

Para los jueces, admitir que todos los abortos son punibles “sería como admitir que la persona gestante podría ser forzada indirectamente a actuar en contra de la posibilidad de valorar o de resignificar el sentido de su propia vida, algo que le reconoce el Código Penal al declarar fuera de la persecución penal, por ejemplo, la decisión de interrumpir la gestación que pudiera adoptar la víctima de un abuso sexual con acceso carnal que fuera la causa de ese embarazo”.

La legislación argentina permite interrumpir la gestación sin consecuencias penales cuando es producto de una violación, cuando pone en riesgo la salud o la vida de la madre o ante la inviabilidad de supervivencia del feto fuera del útero, a pesar de lo cual el Portal de Belén considera que el aborto es punible en todos los casos.

El fallo FAL, de 2012, estableció claramente los casos en que la interrupción del embarazo no es punible y en diciembre del año pasado el Ministerio de Salud provincial dictó la Resolución 93/12 sobre los protocolos para practicar las interrupciones legales de los embarazos, que el Portal de Belén tildó de inconstitucional.

El juez cordobés en lo Civil y Comercial Federico Ossola convalidó rápidamente esa lectura de la organización antiderechos, cuyo ideólogo y promotor es el abogado ultraconservador Aurelio García Elorrio. Luego, en 2013, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de Córdoba declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del protocolo.

Sin embargo, de acuerdo con el voto de la mayoría del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Portal de Belén no se preocupó en desmontar los argumentos por los que, en la sentencia de diciembre, se había concluido que no había un caso judicial concreto, sino una mera discrepancia de la asociación con las hipótesis de no punibilidad del aborto que prevé el Código Penal.

Página 12


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Tierra del Fuego paraliza producción de petróleo por 24 horas el miércoles

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petróleo

Lo confirmó el gobernador fueguino Ricardo Melella, en respaldo de su par de Chubut, Nacho Torres, que mantiene un conflicto con el gobierno de Javier Milei por un recorte de $13.500 millones de la coparticipación federal.

La decisión paralizará la producción de petróleo por 24 horas el próximo miércoles, en acuerdo con el resto de las provincias patagónicas que se anotaron en apoyo de Torres.

“Es la producción de petróleo la que vamos a paralizar por un día. Se trata una decisión tomada por todos los gobernadores de la Patagonia, con el apoyo de los trabajadores del sector petrolero. Lo que le pedimos al Gobierno nacional es que se siente urgente con el gobernador de Chubut a tratar de resolver la situación”, explicó Melella a la agencia estatal Télam.

“El ajuste está yendo a los que menos tienen, a los trabajadores, y no a la famosa casta, eso es un verso”, afirmó el gobernador fueguino en diálogo con la prensa local.

En esa línea, agregó que “los que votaron a unos y a otros queríamos una Argentina de paz y no una Argentina de enfrentamiento, chicaneo o de provocaciones, y hoy vivimos eso”, enfatizó.

Para Melella, lo que se hace con Chubut es “poner en jaque a una provincia recortándole fondos”, porque “los fondos no se le recortan a un gobernador. El incentivo docente no se lo quitaron a Melella sino que a todos los docentes de Tierra del Fuego”, insistió.

Melella dijo que Torres llegó al cargo “con todas las ganas de llevar adelante su provincia con un plan de desarrollo y crecimiento, pero la quita de fondos lo pone en jaque ¿Cómo no va a reaccionar? En eso lo acompañamos y lo respaldamos todos los gobernadores”, declaró.

De todas maneras, confió en que haya “un camino de diálogo y una solución de acá al día miércoles y no paralizar la producción de petróleo, porque los argentinos necesitan dirigentes con racionalidad”.

“Hay que reordenar cuestiones fiscales, es cierto. En el gobierno anterior tampoco estaban bien muchas cosas y había que cambiarlas, pero no con este ajuste brutal sobre la gente”, concluyó.


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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

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Intiman a Estado nacional a responder por ley de derechos al pueblo guaraní

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un plazo de tres meses para que el gobierno Nacional realice un descargo por la denuncia de violación a los derechos humanos presentada ante el organismo por un total de 46 comunidades mbya guaraní de Misiones.

El abogado Julio García, integrante del grupo misionero del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), dio una conferencia de prensa hoy frente a la Casa de Gobierno y explicó que la presentación de las comunidades guaraníes ante el organismo internacional es en base al incumplimiento del gobierno provincial a lo establecido en la Ley 4000, sancionada en el año 2003.

Dicha la ley incorpora a la Constitución de la provincia de Misiones los derechos de los pueblos mbya guaraní reconociéndolos como preexistentes y como segunda etapa preveía que el Poder Ejecutivo debía convocar a un plebiscito de “sufragio afirmativo del pueblo” para que los ciudadanos se pronuncien por Si o por No respecto a la incorporación de la enmienda al texto constitucional, procedimiento que nunca fue realizado y derivó en un proceso judicial.

“Esta ley de enmienda, que fue aprobada por unanimidad, requería un paso posterior que era la consulta al pueblo que debía ser realizada por el Poder Ejecutivo o por el gobierno de Misiones. Esta segunda etapa no se llevó adelante, no hubo plebiscito y no se incorporaron los derechos de los pueblos indígenas”, detalló el letrado en diálogo con los medios.

En esa línea, García explicó que “esto llevo a una serie de reclamos primero administrativo y después ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones. Ese reclamo demoró prácticamente diez años y a fines del 2021 se dictó una sentencia que no hizo lugar al planteo de la convocatoria al plebiscito”.

Tras el rechazo de la Justicia misionera, Endepa presentó el reclamo de las comunidades ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y el máximo órgano judicial del país contestó que “era una cuestión local”.

“Nos quedó como única alternativa acudir al sistema internacional de protección de derechos humanos asistiendo a las comunidades indígenas y la Comisión Interamericana se interesó por el caso”, expresó el representante de las 46 comunidades.

Es así que el organismo interamericano corrió traslado al gobierno nacional y dispuso un plazo de tres meses, vigente desde diciembre, para responder los planteos de las 46 comunidades indígenas ante el organismo.

Sobre ello, el abogado Julio García dijo a La Voz de Misiones que “técnicamente se intimó al Estado nacional, pero quien tiene que responder de acuerdo a una cláusula federal que tiene la Comisión Interamericana es el Estado provincial, no se puede desligar de su responsabilidad del caso”.

El letrado cerró la conferencia en la plaza 9 de Julio añadiendo que: “Es un plazo para que la provincia haga el descargo a esta denuncia de violación de derechos políticos, de derechos a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, básicamente lo que establece la Constitución para cualquier grupo humano, le fue vedado a las comunidades mbya”.

Reparación histórica

Hace más de 20 años, las comunidades mbya guaraní que habitan el territorio misionero luchan para que sus derechos sean reconocidos en la Constitución de la Provincia de Misiones.

Al reconocer la preexistencia étnica y cultural del pueblo indígena, se garantizaría el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, a ser impartida, preferentemente, por docentes y auxiliares indígenas. Así como también la personería jurídica de sus comunidades y organizaciones, el derecho a la participación plena, a través de sus representantes, en la gestión de sus recursos naturales, el derecho de usar, mantener, desarrollar y administrar servicios propios de salud.

Además de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

 

Foto: archivo Misiones Online.


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El gobierno anunció el cierre definitivo del Inadi

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En su habitual conferencia de prensa esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

“Uno de los ideales del presidente Milei es la reducción del Estado y la eliminación de todo lo que no genere un beneficio para los argentinos”, arrojó el vocero ante los periodistas en la Casa Rosada.

En esa línea, Adorni continuó: “Se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que efectivamente no sirven absolutamente para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante y el primero de ellos va a ser el Inadi”.

Con la sanción de la Ley 24515 en 1995 se creó el Inadi. Dos años más tarde, en 1997, el instituto inició sus funciones con el objetivo de elaborar políticas para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio nacional.

Actualmente, el organismo nacional se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Justicia con la dirección de María Greta Pena, funcionaria nombrada por Alberto Fernández tras la renuncia Victoria Donda.

El vocero presidencial sostuvo que se iniciaron las actuaciones administrativas para su cierre, aunque no confirmó si el proceso se realizará por decreto o a través de un proyecto de ley.

En Misiones, el delegado del Inadi es el docente Jorge Víctor Ríos, quien asumió el cargo en abril del año pasado tras la salida de Silvia Risko.


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