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El gobierno subiría el salario mínimo, vital y móvil a 22 mil pesos

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El Gobierno buscará cerrar un acuerdo en torno al 30% lo que ubicaría al Salario Mínimo, Vital y Móvil en torno a los $22 mil, mientras que la CGT y CTA anticiparon pedir un ajuste del 167% hasta llevar el piso salarial a los niveles de la canasta básica.

El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá este miércoles para adecuar ese piso de ingresos. A diferencia de otras negociaciones, en las que la cifra de aumento del salario mínimo afecta en muy pocos casos, este ajuste tendrá un impacto directo en más de medio millón de planes sociales y en más de dos millones de subsidios del programa ATP frente a la pandemia.

El Gobierno espera fijar en torno del 30% el aumento del salario mínimo para este año, lo que lo llevaría a unos 22.000 pesos, en sintonía con el promedio de paritarias que cerraron hasta el momento.

Este martes la CGT y la CTA anticiparon que pedirán un piso de 45.000 pesos, acorde con el costo de la canasta básica de consumo, lo que representaría un aumento de 167% respecto de los actuales 16.875 pesos de salario mínimo, vital y móvil pactado en octubre del año pasado.

“No es una negociación más. Hay muchas variables atadas hoy al salario mínimo”, adelantó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. La referencia del funcionario se centra en el mayor gasto público que implicaría para las cuentas públicas un aumento mayor al que se maneja en su cartera. El Consejo se reunirá este miércoles a las 15 de manera virtual, donde se definirá un nuevo monto del haber mínimo, según informó El Destape.

Además de fijar un nuevo haber mínimo de referencia, la reunión tripartita (cámaras patronales, gremios y Estado) determinará los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo y el básico docente. Tanto la CGT, que lideran Héctor Daer y Carlos Acuña, como la CTA Autónoma que conducen Ricardo Peidro y Hugo Godoy, coincidieron en que reclamarán más de 45 mil pesos y en un solo tramo, mientras la CTA que lidera Hugo Yasky, realiza estudios para definir su propuesta.

Según el último valor disponible difundido por el INDEC, el costo de la Canasta Básica Total, para una familia tipo de cuatro miembros, registró en agosto pasado un costo de 45.477,66 pesos, sin la actualización inflacionaria de septiembre y octubre. La última homologación del mínimo fue el 3 de septiembre de 2019, cuando el exministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, rubricó una suba del 35% y el salario pasó 12.500 pesos a los actuales 16.875 en tres tramos. Históricamente el salario básico de convenio de la primera categoría, que se negocia en paritarias, se sitúa entre 10% y 20% por encima de ese mínimo.

El Gobierno sostiene que el informe impacta de manera directa en el programa de ATP, que consiste en el pago de hasta dos salarios mínimos por empleado en las empresas privadas. Es el segundo subsidio en importación después del IFE (el bono de 10.000 pesos a las familias). El Estado destinó en el programa ATP unos 207.000 millones de pesos al sector privado.

El ajuste definido del salario mínimo también permite estimar el pago del REPRO, un subsidio que este año recibieron 190 empresas. El programa consiste en una suma fija mensual remunerativa de hasta un salario mínimo por trabajador por hasta 12 meses para completar el sueldo de su categoría en empresas que acrediten una situación de crisis.


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Nación autorizó la detención de civiles a militares desplegados en Salta

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militares

El gobierno nacional, a través del ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, autorizó al Ejército Argentino a detener civiles que cometan delitos en flagrancia en el marco del Operativo Roca, dispositivo de seguridad que se lleva adelante junto a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para reforzar la seguridad en zonas de frontera en el norte del país, principalmente en Salta.

“Podrán proceder a la aprehensión transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos en flagrancia, informando inmediatamente de ello a las Fuerzas de Seguridad, al Juzgado correspondiente o al Ministerio Público Fiscal, para que tomen la intervención que les compete”, dice uno de los artículos de la parte reservada de la resolución 347 firmada por ministro Luis Petri, según consignaron fuentes militares a Clarín, diario que sacó a la luz la medida que rige desde la semana pasada, cuando los uniformados comenzaron a movilizarse hacia zonas de vigilancia.

La resolución agrega que las órdenes emanadas a las tropas están regidas por “reglas de empeñamiento”, donde se determinan desde el comportamiento en público de los efectivos ante un ataque de narcos, la detención de civiles, el uso de las armas y cómo responder en un enfrentamiento.

Según añade el mismo diario, el objetivo de estas normas es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”.

Publicada la nota, el ministro Petri ratificó la medida en X y expuso: “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes”.

“Elijan de qué lado van a estar”, planteó después.

Y en otro tuit ahondó sobre el tema: “La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación”.

Sólo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas. Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, EEUU lo acaba de anunciar en enero, por que acá algunos se escandalizan?”, cerró.

Operativos en frontera

El operativo Julio Argentino Roca comenzó el 15 de abril y estará activo hasta el 15 de diciembre. El objetivo es militarizar las fronteras Norte y Noreste del país y para ello se movilizaron 10.000 soldados con drones, radares, vehículos y aeronaves como el avión Diamond para relevamientos.

El dispositivo se suma al Plan Güemes, lanzado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que establece a la región de Orán y Aguas Blancas como “zonas especiales de investigación”, en el marco de la Ley Antimafia, aunque otra fase implica la incorporación de las localidades de Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza.

Un operativo similar, llamado Plan Guacurarí fue anunciado para la frontera seca de Misiones con Brasil, en las zonas de Bernardo de Irigoyen y San Antonio, entre otras localidades, e iba a ser presentado oficialmente el 9 de marzo, con la presencia de Bullrich en territorio, pero el acto fue suspendido por la trágica inundación de Bahía Blanca y desde allí no hubo más novedades.

Bullrich sobre balaceras contra gendarmes en Irigoyen: “No nos amedrentan”


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Duelo nacional por siete días por la muerte del papa Francisco

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Duelo nacional por siete días por la muerte del papa Francisco

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno decretó siete días de duelo nacional por la muerte del papa Francisco y Misiones adoptó la misma medida.

“Falleció el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Líder espiritual y guía de millones de hombres y mujeres”, publicó Adorni en su cuenta en X e informó que el presidente de la Nación, Javier Milei, decretó los días de duelo por el fallecimiento del Santo Padre.

El primer pontífice argentino y latinoamericano de la historia falleció este lunes a las 7.35, hora italiana. Había salido recientemente de una prolongada hospitalización tras padecer una neumonía grave que lo mantuvo 38 días internado, hasta recibir el alta el 23 de marzo.

La noticia de su partida conmociona al mundo en general. En Misiones, el primero en expresarse públicamente fue el gobernador, Hugo Passalacqua.

“El corazón del pueblo misionero llora la partida de Su Santidad el Papa Francisco”, publicó el mandatario provincial y continuó: “Pastor cercano, voz de los humildes y faro de esperanza. Su palabra seguirá siendo refugio en los tiempos difíciles y su legado de amor y fe vivirá por siempre entre nosotros. Que en paz descanse y que brille para él la luz eterna”.

En otro posteo, el gobernador anunció que Misiones se sumó a la medida nacional y decretó siete días de duelo, por lo cual se suspenden los actos oficiales y se enarbolarán a media asta las banderas nacional y provincial en todos los edificios públicos.

“Como ciudadano y feligrés, con gran pena y dolor, firmé el decreto que establece siete días de duelo en la Provincia por la partida de Su Santidad el Papa Francisco”, sostuvo Passalacqua en sus redes, donde compartió el documento.

El exgobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Herrera Ahuad, también despidió al sumo pontífice en sus redes sociales: “Fue puente, abrazo y voz de quienes no la tenían, su mensaje de paz y esperanza seguirá iluminando el camino de millones en todo el mundo. Hasta siempre Papa Francisco”.

Otra figura pública misionera que despidió al líder de la iglesia católica fue el intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto: “Siento profunda tristeza al despedir a Francisco. Una vida dedicada al servicio del Señor, nos enseñó con el ejemplo los valores del Evangelio, a través del diálogo, la inclusión y hermandad”.

Y añadió: “Con inmensa gratitud, encomendamos su alma al infinito amor misericordioso de Dios”.

Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y fue electo sumo pontífice en la noche del 13 de marzo de 2013, cuando se anunció que el nuevo papa venía “de los confines de la tierra”.

Murió el papa Francisco a los 88 años


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Nación eliminó el límite de plantación anual de nuevos cultivos de yerba mate

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Nación eliminó el límite de plantación anual de nuevos cultivos de yerba mate

El gobierno nacional derogó la resolución 170/2021 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), ratificada por el entonces ministerio de Agricultura de la Nación, que limitaba la plantación de yerba mate a un máximo de cinco hectáreas nuevas por productor al año.

La normativa eliminada buscaba fortalecer la sustentabilidad del sector yerbatero “poniendo en un plano de igualdad a grandes, medianos y pequeños productores para que puedan desarrollar nuevas plantaciones”, había informado el instituto.

Aunque el objetivo principal de esta resolución del Inym era el “arraigo” de los pequeños productores yerbateros en sus chacras, como así también un equilibrio entre la oferta y la demanda del producto para evitar una sobreproducción que haga caer el precio.

Con la resolución 452/2025 del ministerio Economía de la Nación, publicada hoy en el Boletín Oficial, ahora la plantación de nuevos cultivos quedó liberada, favoreciendo a los industriales del sector yerbatero y poniendo en peligro a los pequeños productores de Misiones y Corrientes.

En los considerandos, Nación respalda su decisión en el mega DNU 70 del 20 de diciembre del 2023, por medio del cual “se dispuso la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y se estableció que quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios”, se desprende de la resolución de hoy.

Y se agrega: “Así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.

Además de la eliminación del límite de plantación de nuevo cultivos, el ministerio de Economía informó que en enero el directorio del Inym ordenó el archivo de todos los sumarios de fiscalización “iniciados como consecuencia de las tareas de control realizadas por aplicación de la resolución 170/2021 del citado Instituto Nacional”.

En tanto, a través de la resolución de hoy, se dispuso la “suspensión de todas las actividades de registración y control establecidas como consecuencia dicha norma”, por lo cual se eliminó la Comisión de Seguimiento del organismo.

De esta manera, a raíz de la medida que lleva la firma del ministro Luis “Toto” Caputo, el sector yerbatero quedó desregulado por completo y ya no hay un límite de cinco hectáreas anuales por productor para nuevas plantaciones.

El libre mercado y una nueva crisis yerbatera a casi 23 años del tractorazo


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