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El Gobierno quiere transparentar los aportes que reciben los partidos políticos en campaña

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El gobierno de Mauricio Macri intentará avanzar este año con un proyecto de ley que apunta a transparentar los fondos que reciben los partidos políticos, principalmente ante cada desafío electoral, terminando con la denominada “simulación de aportes” que dominan este costado de la política argentina.

El interés del oficialismo radicaría no solamente en los manejos de otros partidos, sino también en el propio ya que de acuerdo con informes de la campaña de octubre presentados ante la Justicia electoral, más del 80 por ciento de los donaciones a Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, casi 40 millones de pesos fueron en efectivo.

Además, diarios nacionales indicaron que en el listado de contribuyentes a las nóminas que encabezaron Esteban Bullrich y Graciela Ocaña figuran decenas de directores y asesores provinciales cuyos desembolsos, desde 10.000 pesos en adelante, generan todo tipo de suspicacias

Ante ese panorama, que no es nuevo, el Gobierno pretende al menos ordenar las próximas recaudaciones de campaña si es que se cumple uno de los objetivos parlamentarios previsto para este año: la sanción de una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos.

El proyecto, si bien estaba incluido entre las prioridades del oficialismo, no se llegó a impulsar debido al fracaso de la Reforma Política en el Senado, motivo por el cual próximamente el ministro Rogelio Frigerio y el ex diputado Fernando Sánchez tienen prevista una reunión para empezar a esbozar la agenda del Congreso desde las sesiones extraordinarias de febrero.

La participación de Sánchez se confirmó recientemente con su designación como secretario de Fortalecimiento Institucional, quedando a cargo, entre otras tareas y junto a Lucia Aboud, de la relación con el Parlamento, así como la convocatoria a extraordinarias para febrero por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

El año pasado, en vísperas de la campaña legislativa y tras el fracaso de la Reforma Política, el Gobierno había empezado a promover el debate en torno a la modificación de la actual ley de financiamiento. A mediados de año, reunió en Casa Rosada a referentes de algunos de los partidos de la oposición y a referentes de organizaciones civiles como CIPPEC, Poder Ciudadano y Transparencia Internacional.

El proyecto prevé la bancarización casi total de los aportes, la habilitación de las donaciones empresarias -prohibidas en campaña-, un registro de gastos y de proveedores en tiempo real y la regulación de la colaboración de órganos como la Cámara Nacional Electoral, la Unidad de Información Financiera (UIF), la PROCELAC, AFIP, ANSES, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina Anticorrupción para el combate de actividades ilícitas.

En el 2015, la campaña presidencial de Cambiemos y la de otras alianzas quedaron bajo sospecha por supuestos lavados de activos a raíz de millonarios aportes realizados en efectivo.

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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Santa Fe: alumno fue armado a la escuela, mató a un compañero e hirió a dos

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alumno santa fe

Una fuerte conmoción sacude a la provincia de Santa Fe tras un violento episodio ocurrido este lunes por la mañana en la ciudad de San Cristóbal, donde un estudiante de 15 años ingresó armado a un establecimiento educativo y efectuó disparos contra otros alumnos, provocando la muerte de un adolescente de 13 años e hiriendo a otros dos menores.

El hecho se registró alrededor de las 7.15 en la Escuela N° 40 Mariano Moreno, cuando los estudiantes se encontraban reunidos en el patio interno aguardando el inicio de la jornada escolar y el izamiento de la bandera. Según las primeras reconstrucciones, el agresor extrajo un arma de fuego que llevaba en su mochila y abrió fuego de manera repentina contra sus compañeros.

Como consecuencia del ataque, un alumno de 13 años murió en el lugar tras recibir un disparo, mientras que otros dos estudiantes resultaron heridos por perdigones y fueron trasladados a un centro de salud de la zona para recibir atención médica.

El atacante fue reducido y quedó a disposición de la Justicia de Menores, mientras personal policial y peritos trabajaban dentro del establecimiento para determinar las circunstancias del hecho, el tipo de arma utilizada y cómo el adolescente logró ingresar armado al colegio.

Desde el municipio local confirmaron que, tras el episodio, se suspendieron las actividades escolares y se dispuso asistencia psicológica para alumnos, docentes y familiares afectados por lo ocurrido. La investigación permanece en curso y no se informó todavía cuál habría sido el motivo del ataque.

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