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El Gobierno pone tope de 400% en facturas de gas aunque no descarta más subas a fin de año

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Nuevamente el Gobierno dio marcha atrás con respecto a las subas de tarifas. Luego del fallo de Cámara que suspende el aumento a nivel nacional y las reuniones de emergencia que se hicieron en Casa Rosada con el presidente, Mauricio Macri por la tarde se informó que habrá un tope de 400% en los aumentos en las facturas de gas y no se descartó que haya nuevas subas antes de fin de año.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, anunció que el tope de aumento en la tarifa del gas natural por red será del 400% en la factura que deberán pagar los consumidores y que será retroactivo al 1 de abril pasado y regirá hasta diciembre. Para establecer este porcentaje se deberá considerar el mismo período del año anterior, es decir que el monto de la nueva factura no podrá sobrepasar el 400% en su relación interanual, al tiempo que se ratificó que la nueva boleta llegará con dos tickets mensuales de pago.

Desde temprano por la mañana comenzaron los rumores de que el Gobierno estaría dispuesto a morigerar el impacto del aumento en las tarifas. Asimismo, crecían los trascendidos respecto a que el ministro Juan José Aranguren había presentado la renuncia y esta fue aceptada, nada más lejos de la realidad. Es que Aranguren goza del total respaldo del Presidente comenta un alta fuente de la Casa Rosada.

Las definiciones por parte del Gobierno Nacional se esperaron durante todo el fin de semana luego de que la semana pasada la Cámara Federal de La Plata fallara en contra de las resoluciones dispuestas por el Ministerio de Energía para implementar las subas de las tarifas, debido a que no se realizaron audiencias públicas.

En una conferencia que se realizó en la Casa de Gobierno, de la que también participaron los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y el de Justicia, Germán Garavano, el jefe de Gabinete anticipó que en octubre se realizará la audiencia pública para culminar el proceso de normalización de la adecuación tarifaria del servicio de gas, para lograr un sistema ordenado, previsible y equitativo.

Ante la pregunta de ámbito.com sobre si habrá nuevas subas de tarifas este año, aunque esquivo el ministro de Energía dejó entrever que podría habar más aumentos. “Desde la resolución 31 que habíamos previsto tener la revisión tarifaria integral en el primer trimestre del año próximo la estamos anticipando al último trimestre de este año”, comenzó su argumento.

“Con la primera audiencia pública en el mes de octubre por lo tanto no va a haber ningún otro tipo de recomposición tarifaria hasta que no se tenga el conocimiento del resultado de la revisión tarifaria integral”, completó dando lugar a que se realice nuevas modificaciones, ya la revisión podría resolverse antes de fin de año y que las audiencias no son vinculantes.

En otro orden, también confirmó que este martes el Gobierno presentará un recurso extraordinario para que no se aplique el fallo de la Cámara Federal de La Plata, hasta tanto quede resuelta la situación de fondo y evitar así que se suspenda la aplicación de la tarifa social.

Peña subrayó que el objetivo del Gobierno es cuidar a los sectores más desfavorecidos y puntualizó que “este camino lo tenemos que ir recorriendo juntos, cuidando a los más débiles”.

Garavano, por su parte, aseveró que “todos los usuarios van a tener que esperar una nueva facturación, en todo el país”, al asegurar que “el Gobierno tomo nota de esta situación y se van a corregir todas las facturas”. Garavano también aclaró que el usuarios que ya pagó un monto superior al 400 por ciento “va a tener un crédito a su favor” en las próximas facturas.

Peña afirmó que el “el camino que hemos elegido es el de la gradualidad”, dejando de lado las teorías ortodoxas en las que los ajustes en materia de tarifas y déficit público se implementan de manera traumática.

En el tramo inicial de la rueda de prensa, Peña recordó el compromiso del gobierno de “siempre poder hablar desde la verdad” y que en ese marco “encarar caminos de trabajo para resolver los desafíos y construir juntos las grandes oportunidades”.

“Siempre fuimos conscientes que uno de los temas más complejos, más difíciles para abordar era la situación de las tarifas de energía”, dijo el jefe de ministros, quien volvió a criticar las políticas implementadas durante la gestión kirchnerista en materia energética y de gasto públicos.

“El faltante de gas llegó a un límite, no podemos importar más gas del que ya importamos y esto lo tenemos que distribuir entre todo aquello que hoy depende de esa matriz para funcionar”, analizó. Además se quejó que “tenemos costumbres de un país rico en gas”. “Muchas veces no nos preocupamos a la hora de regular el consumo”, lanzó.

También habló de cuestiones “imprevisibles” como el clima, ya que el “cambio de temperatura de abril y mayo generó que en Argentina se consumiera un 50% más (de gas) que en igual período del año pasado”.

• Luz

El Gobierno nacional presentará este martes su apelación a la suspensión por 90 días de la instrumentación de los aumentos en la tarifa de luz en las áreas operadas por las empresas Edenor y Edesur, que dispuso la semana pasada la Cámara Federal de La Plata.

Así lo informaron esta noche fuentes del Ministerio de Energía al señalar que este recurso por las tarifas eléctricas se sumará al que también mañana presentará el Gobierno ante la misma Cámara Federal sobre la declaración de nulidad al nuevo cuadro tarifario del servicio de gas.

La Cámara Federal de La Plata suspendió el jueves por tres meses la instrumentación de los aumentos en la tarifa de luz en las áreas operadas por las empresas Edenor y Edesur.

La medida la adoptó la Sala II integrada por los jueces César Álvarez y Leopoldo Schiffrin al hace lugar a una medida cautelar solicitada por los diputados del Frente para la Victoria, Walter Abarca y Evangelina Ramírez, y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Desde el Ministerio de Energía se explicó que la sola presentación de los recursos de apelación deja sin efecto la suspensión de los nuevos cuadros tarifarios dispuestos por la Justicia, y confía que la resolución del tema quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia.

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El gobierno detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de Andis

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Andis

El gobierno nacional detectó presuntos sobreprecios de hasta 4239% en compras de insumos ortopédicos realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante 2025, según surge de un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud y remitido a la Justicia.

De acuerdo al documento, las irregularidades fueron detectadas tras comparar facturas emitidas al Estado con valores de referencia del mercado en adquisiciones de andadores, sillas de ruedas y prótesis. El informe señala diferencias que oscilan entre el 300% y el 1000%, aunque en algunos casos superan el 2000% y llegaron hasta el 4239%.

Según publicó La Nación, el caso más extremo corresponde a la compra de un andador, donde se registró una diferencia del 4239% entre el monto facturado al Estado y el valor de referencia de un producto de similares características. En el rubro de sillas de ruedas, los presuntos sobreprecios alcanzaron el 2000%.

El informe sostiene que el análisis de la documentación respaldatoria permitió detectar “desvíos de precios injustificables” y posibles vínculos societarios y familiares entre proveedores involucrados en las contrataciones.

La documentación quedó incorporada a una investigación judicial en trámite vinculada a contrataciones realizadas por la Andis. En paralelo, durante las últimas semanas fueron convocados a declaración empresarios y personas relacionadas con el sector bajo investigación.

La causa que investiga un presunto fraude millonario en la Andis tiene entre sus procesados, a Diego Spagnuolo, máxima autoridad durante parte del período analizado. Consultado por el mismo diario porteño, su abogado, Mauricio D’Alessandro, señaló que el informe no le atribuye al ex director ninguna intervención en la maniobra, ni prueba tampoco conocimiento de la misma.

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La Corte declaró inconstitucional el uso estatal de datos personales

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Misiones DNU corte suprema

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que organismos públicos no pueden utilizar teléfonos o correos electrónicos de ciudadanos sin autorización y anuló artículos de la ley de datos personales al considerar que vulneran la privacidad y la autodeterminación informativa.

El tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y el conjuez Daniel Bejas, sostuvo que no existe interés legítimo que justifique un sistema de almacenamiento y circulación de datos personales sin conocimiento de sus titulares.

Además, declaró inválidos artículos de la ley 25.326 que habilitaban el intercambio de información entre organismos estatales sin consentimiento, al considerar que esas excepciones resultan excesivas e injustificadas y afectan garantías constitucionales.

En ese sentido, advirtió que la amplitud de la norma permitía al Estado eludir casi siempre la exigencia de autorización, lo que vaciaba de contenido la protección de los datos personales.

El fallo se dictó al hacer lugar a una acción de habeas data presentada por una jubilada contra el Estado Nacional, tras un convenio que permitió a la Anses ceder información a la Secretaría de Comunicación Pública para difundir contenidos oficiales.

El caso se originó cuando la demandante cuestionó el uso de su información para fines distintos a los que motivaron su entrega, al señalar que no deseaba recibir comunicaciones oficiales ni ser objeto de contactos reiterados.

En disidencia, el ministro Carlos Rosenkrantz y la conjueza Beatriz Aranguren propusieron rechazar el recurso del Estado y dejar firme la sentencia previa sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.

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La CGT pidió la nulidad del fallo que devolvió vigencia a la reforma laboral

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CGT

La Confederación General del Trabajo (CGT) pidió la nulidad del fallo que devolvió la vigencia de la reforma laboral del gobierno de Javier Milei y recusó a los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, quienes suspendieron la medida cautelar que en marzo había frenado 83 artículos de la Ley 27.802.

La central obrera elevó una presentación de 25 páginas a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, argumentando que la resolución “violenta la verdad jurídica” y que la sala actuante no tenía competencia en el caso.

“Hubo una manifiesta parcialidad hacia el Estado nacional”, denunció Cristian Jerónimo, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT. “Acabamos de recusar a los jueces por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día, cuando en el Boletín Oficial se publicó la extensión de cinco años más para uno de los jueces”, puntualizó, en referencia a Pesino.

“El beneficio que recibió Pesino generó un manto de duda y de sospechas” que la central obrera “no va a dejar pasar”, advirtió.

El escrito pide la “nulidad absoluta” de la resolución dictada el 23 de abril último, que tuvo un carácter suspensivo de la cautelar y objeta la intervención de la Sala VIII, afirmando que, para respetar las reglas procesales, debió intervenir la Sala I.

“Si la Sala VIII hubiera respetado los pasos procesales para consentir su actuación, esta parte hubiera tenido oportunidad de advertirle que carecía de competencia por la prevención inicial de la Sala I; pero no se nos dio tiempo”, dijo Jerónimo.

El texto, presentado por el abogado Pablo Topet, sostiene que “debe ser la Sala I la que deba resolver la nulidad porque la Sala VIII, que violó las disposiciones procesales, es la que dictó el acto inválido, emitió opinión y prejuzgó y, tal vez lo más relevante, evidenció una manifiesta parcialidad hacia el Estado nacional”.

Sobre Pesino, el escrito señala que su participación en la causa “está viciada por haber recibido un beneficio de importancia por parte del Estado nacional”, tal como es la postergación para jubilarse, y afirma que su “inaceptable intervención (…) constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento de acuerdo a las reglas de la ley adjetiva”.

“Los magistrados que suscribieron con rapidez la sentencia interlocutoria que se impugna, deben apartarse de una causa que tomaron ‘para sí’ sin competencia”, argumenta la presentación.

La reforma laboral mileísta se sancionó hace dos meses en el Senado, con los votos de los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del Frente Renovador Neo, y Martín Goerling, del PRO Misiones.

 

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