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Denuncian a la AFI macrista por espiar a 400 periodistas

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Según la presentación judicial, habría investigado a políticos, referentes sociales, académicos y empresarios. Según el expediente, entre los presuntos espiados durante el gobierno de Macri también aparecen 400 periodistas.

 

BUENOS AIRES. La Justicia investigará al expresidente Mauricio Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por el presunto espionaje ilegal de unas 500 personas, en su mayoría periodistas.

Los datos surgen de la denuncia presentada este viernes por la interventora de la AFI Cristina Caamaño, en la que acusó a la gestión macrista de “producción de inteligencia ilegal”.

Según el expediente, entre los presuntos espiados durante el gobierno de Macri hubo políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios, miembros de organismos de la sociedad civil y unos 400 periodistas.

A estos últimos se les habrían armado fichas de perfil ideológico para las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 en Buenos Aires. De acuerdo con Caamaño, en cada caso figuraban “preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras”.

Además, explicó que cada ficha tenía comentarios como “siempre con posturas contra el Gobierno”, “se muestra muy crítico respecto del actual gobierno”, “muestra su afinidad hacia el peronismo”, o “apoya a gobierno”. En tanto, según el perfil llevaban señales verdes, amarillas o rojas, supuestamente para habilitar la acreditación que los periodistas y medios habían presentado ante la cancillería argentina.

Según consignó Télam, entre los presuntos periodistas investigados hay 61 corresponsales de medios extranjeros, a saber: empleados de las agencias noticias DPA (Alemania); Reuters (Gran Bretaña); Associeted Press y Bloomberg (Estados Unidos); EFE (España); AFP (Francia), ANSA (Italia); Xinhua (China); y Al Jazzera (Qatar).

En lo que respecta a medios gráficos, portales y agencias nacionales, fueron incluidos trabajadores de Clarín; La Nación; Infobae; Perfil; Página 12; BAE; Crónica; El Cronista; Diario Popular; Ámbito Financiero; Tiempo Argentino; La Prensa; La Voz del Interior; Télam; Noticias Argentinas; El Destape; Forbes Argentina; La Política On Line; The BA Times; y Revista Noticias.

También espiaron a periodistas, camarógrafos y productores de los canales de televisión Telefé; Canal 13; Canal 9; Televisión Pública; Todo Noticias (TN); C5N; Crónica TV; Canal 26 TV; América 24; CNN en español; Canal 3 (Rosario); Grupo UNO; Canal de la Ciudad (CABA); y Canal 12 (Córdoba). Además, investigaron a profesionales de Radio 10; Mitre; Cadena 3; Radio Nacional; La Red; Del Plata; Continental; Rivadavia; Radio de la Ciudad; y Latina.

De acuerdo con lo informado, en la lista figuraba el nombre completo de cada periodista, el detalle de los respectivos medios a los que pertenecían y observaciones a partir de sus intercambios o posteos en las redes sociales, en la que se incluía información sobre participación sindical, su ideología o asistencia a marchas, por ejemplo. Algunos fueron definidos como “kirchneristas” o por tener “ideas afines a Cambiemos”; o por subir tuits “en reclamo de la actividad de prensa”; o si era “miembro de ARGRA”; o de “Satsaid”; “Sipreba”; o si estaba “a favor del aborto”.

Según el escrito, en el caso de empresarios y sindicalistas que pidieron participar de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio de 2017, se incluían además puntillosos datos personales, patrimoniales y salariales.

“Las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado”, detalla el documento, al tiempo que afirma que el accionar de la AFI se ejecutó “con manifiesta connivencia de la (entonces) autoridad máxima del ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich”.

“Desde el Gobierno vamos a aportar todo lo que sea necesario. No tenemos reparos en avanzar y darle a la Justicia todos los elementos que requiera. Y los responsables deberán hacerse cargo”, aseguró el jefe de Gabinete Santiago Cafiero en declaraciones a Radio Mitre.

En tanto, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó “preocupación por los casos de presunto espionaje ilegal contra ciudadanos, entre ellos, numerosos periodistas” y comunicó que “presentará un pedido de informes a las autoridades y organismos involucrados”.

Según fuentes judiciales, la denuncia presentada por la AFI se sustenta a partir de la información hallada dentro de tres sobres que había en el interior de una caja fuerte del organismo con las inscripciones “2017”, “Periodistas G-20” y “Varios”.

Por sorteo, la causa recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, que delegó la investigación en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal que dirige Paloma Ochoa, en el que constituye el segundo expediente abierto por este tema.

Por su parte, Caamaño pidió en el escrito que se cite a declaración indagatoria al exdirector general de la AFI Gustavo Arribas; a la exsubdirectora general de la Agencia, Silvia Majdalani; y al expresidente Mauricio Macri “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.

Diario Federal

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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Renunció Cúneo Libarona y lo reemplazará Juan Mahiques como ministro de Justicia

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El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, dará el salto al Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, según anunció el propio presidente Javier Milei.

Esta mañana alrededor de las 10, el mandatario argentino recibió al ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, para resolver la conducción de la cartera luego de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, lo que finalmente se concretó este mediodía. 

Si bien en la danza de nombres para el reemplazo figuraba el ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli, el presidente anunció a través de su cuenta de X la designación de Mahiques, quien inmediatamente expresó su agradecimiento por nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.

Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. 

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

El responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.  

“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

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