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Deberán indemnizar a playera por obligarla a trabajar en calza
La Corte de la provincia de Mendoza ordenó que una estación de servicio de Guaymallén debe indemnizar por daño moral y pagar la suma de 150 mil pesos a una empleada a la que obligó a usar, a modo de uniforme, una calza de un talle menor al suyo. Los magistrados consideraron que sufrió un contexto de violencia y discriminación en su trabajo por su condición de mujer.
Una estación de servicio de YPF deberá indemnizar a una empleada por obligarla a usar calzas. Así lo determinó la Justicia en Mendoza argumentando “discriminación y daño moral”. Ahora los propietarios de la expendedor de combustibles, deberán pagar la suma de 150 mil pesos a la mujer.
En su fallo, determinron que la denunciante sufrió un contexto de violencia y discriminación en su trabajo por su condición de mujer, y que al ser obligada a usar calzas se afectó su pudor y dignidad. Además, señalaron que: “Se vulneraron las leyes de protección de la mujer y los tratados internacionales referidos a la violencia de género”.
Según la decisión del máximo tribunal, la empresa impuso “un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo como instrumento”, ya que “la imposición de vestimenta claramente sexista importa una cosificación y degradación del cuerpo”.
“Existió un conflicto entre la actora y su empleadora en torno al uso del uniforme reglamentario de la empresa. El motivo de disputa pasa por el hecho de que a la accionante se la obligaba a usar unas calzas en contra de su sentido del pudor y debía soportar frases inapropiadas de los transeúntes varones”, destacó uno de los jueces.
El lugar de trabajo. Calle Bandera de los Andes al 2700 en Guaymallén
Los hechos ocurrieron en septiembre 2012, cuando F.V. comenzó a trabajar en una estación de servicio de la calle Bandera de los Andes al 2700 en la localidad de Guaymallén, donde era la única mujer que cargaba nafta y GNC, además de limpiar vidrios y promocionar un sistema de puntos y premios.
Como parte del uniforme de trabajo, se le entregó a la mujer una calza, una medida más chica de la que le correspondía, una remera y una gorra. Si bien la mujer solicitó usar pantalón para sentirse cómoda, sus empleadores jamás atendieron sus pedidos.
En 2013 usó pantalónes, pero desde la estación de servicio se la apercibió “por haber sido advertida en reiteradas oportunidades del uso del uniforme completo obligatorio”, situación que se repitió en reiteradas oportunidades. Ese mismo año los empleadores le dieron una calza nueva y al negarse a utilizarla fue suspendida nuevamente por no ir a trabajar con el uniforme reglamentario.
F.V. explicó que el lugar era “transitado por muchos hombres que iban a la feria y habitualmente debía enfrentarse a situaciones en que le dirigían frases de tenor inapropiado relativas a su contextura física”. Asimismo, indicó que la calza dificultaba su trabajo, dado que realizaba distintas transacciones en las que requería bolsillos.
Después de muchas cartas documentos de por medio, en las que la empleada explicaba los motivos por los cuales no estaba dispuesta a utilizar las calzas otorgadas por sus empleadores, la mujer llevó el caso hasta la Corte provincial.
A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.
El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).
A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.
Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.
Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.
Las medidas
Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.
En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.
Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.
En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.
Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.
También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.
Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.
“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron.
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Un soldado del Ejército Argentino, oriundo de Misiones e identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años, fue encontrado sin vida este martes en uno de los puestos de guardia de la Quinta Presidencial de Olivos.
“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar”, informó la Vocería Presidencial en su cuenta oficial de X.
“De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento”, agrega el comunicado del gobierno y señala que, por el momento, “la principal línea de investigación apunta a que se habría quitado la vida”.
“Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias”, continúa.
“El presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor”, finaliza el parte oficial.
Según informan los medios porteños, Gómez estaba asignado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo y prestaba servicios en una de las garitas de la Residencia Presidencial.
Las publicaciones periodísticas sostienen que el joven soldado misionero se disparó en la cabeza con su arma reglamentaria, un fusil FAL que fue encontrado junto a su cadáver.
El portal de noticias Infobae consigna que el perfil crediticio de Gómez “reflejaba deudas en blanco con bancos y entidades financieras” y que “su salario dependía de la Contaduría General del Ejército”.
Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad y se convocó a la DUOF San Isidro de la Policía Federal Argentina, que realizó la primera intervención junto a autoridades del área de Seguridad Presidencial. La autopsia se realizará en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.
En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos halló sin vida a un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar.
De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y…
— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) December 16, 2025
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El gobierno nacional oficializó este viernes la designación del periodista misionero Javier Lanari como nuevo titular de la Secretaría de Comunicación y Prensa, cargo en el que reemplazará a Manuel Adorni, que en contrapartida continuará ejerciendo como vocero presidencial.
El nombramiento, publicado en el Boletín Oficial a través del Decreto 871/2025, se enmarca en una reorganización del gabinete impulsada por el presidente Javier Milei para encarar su tercer año de gobierno en 2026.
Lanari, hasta ahora subsecretario en la misma cartera, asume el cargo con efecto retroactivo desde el 6 de diciembre, reemplazando directamente a Adorni, quien dejó la secretaría para concentrarse en su rol como jefe de Gabinete, desde donde continuará centralizando la comunicación pública.
La resolución que oficializa a Lanari en su nuevo puesto lleva las firmas del presidente Milei y del ministro Adorni.
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