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Créditos UVA: el congelamiento finalizará con un acuerdo entre bancos y deudores

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Los que tomaron estos préstamos indexados podrán acceder a un plan de pagos para cancelar lo que les deben a las entidades financieras. Quedaría descartada la continuidad o la ampliación del subsidio. Lo anunciará el Gobierno.

BUENOS AIRES (Agencias y diarios). El Gobierno anunciará la semana próxima una salida para el problema de las personas que tomaron créditos ajustados por inflación.

Así lo informaron fuentes oficiales y del sistema financiero, que indicaron que la intención oficial es que no se mantenga más el congelamiento de las cuotas hacia adelante.

“Se está terminando una propuesta de esfuerzo compartido para que no tenga que pagarse más subsidio”, indicó una fuente.

El “esfuerzo compartido” se repartirá entre los bancos y los tomadores de los créditos, aclaró el funcionario.

La opción más probable es que los bancos les otorguen a los acreedores beneficiados por el congelamiento, que termina a fin de mes, un plazo determinado para pagar la diferencia entre la cuota que pagaron y la que deberían haber pagado si se hubiera indexado. Sería a través de plan de pagos.

Esto significa que los bancos asumirán una ligera pérdida al prorrogar el cobro de esa deuda y, a su vez, los tomadores del crédito deberán pagarlo, aunque sea en cuotas.

En agosto último, luego de perder las elecciones primarias, el gobierno de Mauricio Macri anunció que se congelarían las cuotas de los créditos hipotecarios de hasta 140 mil UVA.

La medida fue extendida por el gobierno de Alberto Fernández, quien a principios de este mes expresó que “el tema llegó a la Corte Suprema” en materia de créditos hipotecarios en 2008, que “planteó el principio del esfuerzo compartido; es decir: pasó algo que ni el acreedor ni el deudor habían previsto”.

El Alto Tribunal lo aplicó en aquel entonces en un caso de una financiación en dólares destinada a una vivienda familiar.

“Entonces los dos tienen que hacer un esfuerzo. Con el tema de los UVA estamos trabajando bajo esa lógica, buscando que los mecanismos de incrementos sean sensatos”, expresó el Presidente.

Como en aquel momento el Gobierno no tenía prevista una solución clara respecto al tema, el Jefe del Estado agregó que se “decidió prorrogar un mes más el congelamiento; pero estén seguros de que el sistema tal como estaba funcionando no va a volver.

El problema más relevante desde el lanzamiento de estos créditos hasta ahora fue el aumento de la relación entre la cuota y los ingresos de los que tomaron los créditos, en un contexto de alta inflación y caída del empleo.

De todos modos, el nivel de mora en los créditos indexados por UVA es del 0,5% sobre un stock que, a fines de noviembre último, llegaba a unos 240 mil millones de pesos. Se trata apenas de 705 casos.

El 73% de estos préstamos se generó en los bancos públicos, 16% en privados nacionales y 11% en los privados extranjeros.

La normativa original de los préstamos UVA contempla la posibilidad de extender el plazo de repago sin aumentar las cuotas si las mismas se encarecen un 10% por encima del valor que hubieran tenido en base al crecimiento de los salarios.

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El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud

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Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones. 

La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones

Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones

La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. 

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.

Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.

Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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