Nacionales
Coronavirus: el gobierno olvida a los trabajadores informales
Para afrontar la crisis dada por el coronavirus el gobierno misionero hace unos días dio a conocer una licencia de catorce días para aquellos trabajadores estatales que hayan tenido contacto con alguna persona infectada o estèn dentro del grupo de riesgo, que también rige para trabajadores públicos y privados con relación de dependencia, la medida excluye a los trabajadores en negro y a los monotributistas, como si fueran marginales de la sociedad.
BUENOS AIRES Y MISIONES. Un pequeño gesto que da a conocer la gran brecha entre los trabajadores en negro y en blanco, y el favoritismo del gobierno misionero, poniendo en descuido a una gran parte de la población (trabajadores no registrados) exponiendolos a un contagio masivo por su condición económica.
En un contexto más nacional según un informe de la IDESA (El Instituto para el Desarrollo Social Argentino), Argentina, ante el riesgo de la expansión, propone ir en la misma dirección que China, conocido por cesar el avance del virus adoptando un paro de actividades económicas y sociales y el encerramiento compulsivo de la población en sus domicilios.
Dicha medida deja expuesto al virus al 45% de las familias que por tener un trabajo informal, quedan fuera del paraguas de protección otorgado tanto por el gobierno provincial como nacional.
Lo que supondría un colapso económico para estas familias, las cuales en sí componen una parte de la economía del país, al ser consumistas, conformar casi la mitad de la población y al estar ligados de alguna forma a pequeñas empresas.
IDESA se preguntó cuál puede ser el resultado de paralizar la actividad económica a los fines de recluir a la población: sobre el tema, la empresa consideró que sirve mirar las vías por las que provienen los ingresos laborales de los hogares en la Argentina.
Según los datos de la encuesta de hogares del INDEC se observa que el 55% de los hogares tiene como jefe a un empleado en relación de dependencia registrado; el 22% de los hogares tiene como jefe a un asalariado no registrado; el 23% de los hogares tiene como jefe a un cuentapropista.
“Estos datos muestran que sólo la mitad de las familias tiene como jefe de hogar a alguien que trabaja en relación de dependencia registrado. En estos casos la reclusión tiene viabilidad en la medida que el empleador continúe pagando los salarios”, alertó el informe. Además, evaluó que, para ello, como ocurre en los países desarrollados, el Estado debería contemplar subsidios, especialmente para las empresas más pequeñas.
“Pero la otra mitad de los hogares viven del trabajo en la informalidad y/o el empleo por su cuenta con lo cual recluirse en su hogar implica cesar de tener ingresos”, señaló IDESA.
En ese sentido, sostuvo que hay un agravante: muchos de esos hogares son pobres, “de manera que la falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus”.
Para la consultora, “en los países desarrollados un confinamiento acotado en tiempo y espacio es posible porque tienen espacio fiscal para subsidiar a las empresas y las familias viven del ingreso formal”.
“Pero en la Argentina, con un sector público quebrado y la mayoría de las familias, sobre todo las más vulnerables, viviendo de la informalidad el remedio será peor que la enfermedad. Por eso, es recomendable agudizar la creatividad para adoptar medidas preventivas alternativas que produzcan menos daño social”, concluyó.
Para prevenir un contagio de más del 45% de la población el Gobierno Nacional como los provinciales tendrán que tomar medidas para ayudar a los trabajadores informales, un tema difícil de estudiar pero sin un tratamiento especial afectará gravemente a la economía y podría causar una gran cantidad de muertes.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha este lunes el Plan Paraná, una iniciativa integral diseñada para reforzar el control de la hidrovía Paraguay-Paraná y combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos transnacionales.
Formalizado mediante la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, el plan representa un esfuerzo coordinado para “blindar” una de las vías fluviales más estratégicas de Sudamérica, que canaliza gran parte del comercio exterior argentino.
La iniciativa se desarrolla a través de un comando unificado que integra a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con organismos como Migraciones, Aduana y ARCA, en coordinación con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, y con autoridades de Paraguay y Brasil.
Según informaron, el despliegue combinará patrullajes fluviales y terrestres, monitoreo con radares, drones y cámaras térmicas, como así también inspecciones de control permanente a lo largo de los 1700 kilómetros de la hidrovía argentina.
De acuerdo al gobierno, esta ruta no solo es vital para la logística y la economía regional, sino que también ha sido explotada por organizaciones criminales para el “tráfico hormiga”, el lavado de dinero y el abigeato.
El Plan Paraná surge como respuesta a esta amenaza, integrándose a la estrategia nacional de “Fronteras Blindadas” junto a otros operativos como los Planes Güemes, Bandera y Guaçurarí.
El plan se ejecuta en cuatro fases operativas: planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación, divididas en seis polígonos territoriales a lo largo de la hidrovía. El centro operativo principal se ubica en Isla del Cerrito (Chaco), pero se extiende a puntos estratégicos en todo el corredor.
Además, al comando unificado se incorporan ahora organismos como la Dirección General de Aduanas, la AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las provincias involucradas, incluyendo Misiones, podrán designar representantes policiales como enlaces territoriales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que la inflación correspondiente al décimo mes del año fue 2,13%, cifra que aumentó por tercera vez consecutiva tras el 2,1% registrado en septiembre y 1,9% en agosto.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del 2025.
En esta oportunidad la aceleración se vio impulsada por la categoría Transporte con un 3,5%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 2,8%.
En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.
La variación de precios acumulada del noreste argentino fue del 2,1%, la cual ubicó a la región por debajo de la nacional que llegó al 2,3%. A su vez, los rubros de mayor incremento fueron Transporte, con 3,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,7%; Restaurantes y hoteles, con 2,6%; Bienes y servicios, con 2,5%; y Recreación y cultura, con 2,4%.
Proyecciones
Según las estimaciones del organismo, el mes pasado se vio atravesado por las elecciones legislativas nacionales y por ende, la incertidumbre y la volatilidad cambiaria aumentó, incidiendo en el avance de 0,2 puntos porcentuales en el IPC del mes pasado.
Al respecto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había anticipado una inflación de 2,2% para octubre.
En relación a las proyecciones de los próximos meses, los principales analistas del mercado calculan que el IPC será de 1,9% en noviembre, de 2% en diciembre y de 1,8% en enero de 2026. En esa línea, esperan que 2025 cierre con un nivel general de precios del 29,6%.
La inflación fue de 2,1% en septiembre y acumula 22% en lo que va del año
El presidente Javier Milei promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y de Financiamiento Universitario y suspendió su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación “determine las fuentes de su financiamiento”.
Tal como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad, el gobierno nacional decidió suspender la aplicación de las legislaciones y las devolvió al Congreso para que los legisladores asignen fondos específicos en el presupuesto nacional del 2026.
La Ley 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las casas de estudios públicas del país, como también la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en Argentina por un año.
En el Boletín Oficial de la Nación de este martes, ambas legislaciones fueron promulgadas y suspendidas en su aplicación, al igual que sucedió hace un mes con la ley de Emergencia en Discapacidad.
En ambos decretos, el gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican las leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley 24.156.
Cabe recordar que el 4 septiembre, el presidente Javier Milei había vetado las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario argumentando que generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.
Los vetos del presidente fueron rechazados por las dos Cámaras del Congreso de la Nación y por ello el Ejecutivo decidió ahora postergar la aplicación de las legislaciones.
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