Nacionales
Coronavirus: el gobierno olvida a los trabajadores informales
Para afrontar la crisis dada por el coronavirus el gobierno misionero hace unos días dio a conocer una licencia de catorce días para aquellos trabajadores estatales que hayan tenido contacto con alguna persona infectada o estèn dentro del grupo de riesgo, que también rige para trabajadores públicos y privados con relación de dependencia, la medida excluye a los trabajadores en negro y a los monotributistas, como si fueran marginales de la sociedad.
BUENOS AIRES Y MISIONES. Un pequeño gesto que da a conocer la gran brecha entre los trabajadores en negro y en blanco, y el favoritismo del gobierno misionero, poniendo en descuido a una gran parte de la población (trabajadores no registrados) exponiendolos a un contagio masivo por su condición económica.
En un contexto más nacional según un informe de la IDESA (El Instituto para el Desarrollo Social Argentino), Argentina, ante el riesgo de la expansión, propone ir en la misma dirección que China, conocido por cesar el avance del virus adoptando un paro de actividades económicas y sociales y el encerramiento compulsivo de la población en sus domicilios.
Dicha medida deja expuesto al virus al 45% de las familias que por tener un trabajo informal, quedan fuera del paraguas de protección otorgado tanto por el gobierno provincial como nacional.
Lo que supondría un colapso económico para estas familias, las cuales en sí componen una parte de la economía del país, al ser consumistas, conformar casi la mitad de la población y al estar ligados de alguna forma a pequeñas empresas.
IDESA se preguntó cuál puede ser el resultado de paralizar la actividad económica a los fines de recluir a la población: sobre el tema, la empresa consideró que sirve mirar las vías por las que provienen los ingresos laborales de los hogares en la Argentina.
Según los datos de la encuesta de hogares del INDEC se observa que el 55% de los hogares tiene como jefe a un empleado en relación de dependencia registrado; el 22% de los hogares tiene como jefe a un asalariado no registrado; el 23% de los hogares tiene como jefe a un cuentapropista.
“Estos datos muestran que sólo la mitad de las familias tiene como jefe de hogar a alguien que trabaja en relación de dependencia registrado. En estos casos la reclusión tiene viabilidad en la medida que el empleador continúe pagando los salarios”, alertó el informe. Además, evaluó que, para ello, como ocurre en los países desarrollados, el Estado debería contemplar subsidios, especialmente para las empresas más pequeñas.
“Pero la otra mitad de los hogares viven del trabajo en la informalidad y/o el empleo por su cuenta con lo cual recluirse en su hogar implica cesar de tener ingresos”, señaló IDESA.
En ese sentido, sostuvo que hay un agravante: muchos de esos hogares son pobres, “de manera que la falta de ingresos, sea por reclusión o por caída de la actividad económica, les hará de manera casi inmediata más daño a la salud que el coronavirus”.
Para la consultora, “en los países desarrollados un confinamiento acotado en tiempo y espacio es posible porque tienen espacio fiscal para subsidiar a las empresas y las familias viven del ingreso formal”.
“Pero en la Argentina, con un sector público quebrado y la mayoría de las familias, sobre todo las más vulnerables, viviendo de la informalidad el remedio será peor que la enfermedad. Por eso, es recomendable agudizar la creatividad para adoptar medidas preventivas alternativas que produzcan menos daño social”, concluyó.
Para prevenir un contagio de más del 45% de la población el Gobierno Nacional como los provinciales tendrán que tomar medidas para ayudar a los trabajadores informales, un tema difícil de estudiar pero sin un tratamiento especial afectará gravemente a la economía y podría causar una gran cantidad de muertes.
Nacionales
El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud
Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones.
La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones.
Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias.
Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.
“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.
Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.
Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones
Nacionales
Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos
A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.
El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.
Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.
En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.
De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.
Nacionales
Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú
A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.
El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).
A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.
Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.
Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.
Las medidas
Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.
En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.
Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.
En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.
Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.
También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.
Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.
“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron.
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