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Cóctel económico: 2,7% de costo de vida, venta de bonos y de Lebacs, y dólar a $24,67

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POSADAS. En una jornada marcada por la tensión de los mercados, el Gobierno Nacional logró colocar dos emisiones de bonos a cinco y ocho años por 76 mil millones de pesos; revendió el 100 por ciento de las Lebacs al borde del vencimiento, controló el dólar a 24,67 pesos, pero el índice del costo de vida fue el trago amargo: 2,7 por ciento en abril

Los resultados obtenidos con el paquete fueron divulgados como un triunfo por la administración macrista a través de los ministros de Finanzas, Luis Caputo, y su par de Hacienda, Nicolás Dujovne, quienes dieron detalles de la licitación de bonos del Tesoro Nacional en pesos (BOTE), a tasa fija de 19 y 20 por ciento, con vencimientos a cinco y ocho años

“Hemos licitado dos bonos en pesos a tasa fija, uno a cinco años y uno a ocho años. En el de 5 hemos aceptado ofertas por 36.872 millones de pesos, a tasa del 20%; y en el de 8 años hemos aceptado por 36.378 pesos, lo que da 73 mil millones de pesos”, resumió Caputo.

El ministro de Finanzas destacó que “que hemos podido hacer esta licitación tal vez en lo que fue el peor día para los mercados emergentes del año. Es una licitación a tasa fija y a largo plazo. Un mayor voto de confianza por las políticas económicas”.

Si bien ninguno de los dos ministros dio detalles de las operaciones con las Lebacs, ya que cedieron el anuncio respectivo a las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se supo que se vendieron la totalidad de las letras ofertadas por más de 650 mil millones de pesos.

Con respecto al dólar, el Banco Central volvió a jugar fuerte para hacerlo  retroceder en un día clave y lleno de expectativa por el vencimiento de las Lebac, cerrando a 24,67 pesos.

Según un promedio realizado por la autoridad monetaria, la divisa finalizó a $23,68 para la punta compradora y $24,67 para la vendedora, lo cual representó una baja de 84 centavos, consignó NA.

La autoridad monetaria volvió a ofrecer US$ 5.000 millones en el mercado de cambios, y así logró revertir la escalada que parecía no tener freno. El día anterior, el dólar minorista había marcado un nuevo récord de $25,51.

La única mala nueva que cosechó el Gobierno, aunque no fue una sorpresa, giró en torno a la inflación de abril de 2018 que fue de 2,7 por ciento, el valor más alto del año, según reveló el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La cifra implica un acumulado de 9,6 por ciento en los primeros cuatro meses.  En los últimos doce meses, el Indice de Precios al Consumidor acumula un crecimiento del 25,5%, según las cifras oficiales del organismo de estadísticas. La suba de abril estuvo marcada por los efectos del ajuste tarifario.

El rubro que mostró mayor suba de precios fue vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, con un aumento del 8 por ciento. El sector de transporte, producto de la suba de tarifas, también tuvo un fuerte incremento, del cuatro por ciento. A su vez, dentro del índice de precios al consumidor, ese incremento del cuatro por ciento también se replicó en indumentaria. En el caso de alimentos y bebidas, el aumento fue de 1,2 por ciento.

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El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud

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Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones. 

La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones

Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones

La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. 

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.

Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.

Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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