Nacionales
Bancarios mañana cobrarán un bono de 100.000 pesos en su día
Los empleados de los bancos celebrarán su día mañana con el cobro de un bono que en promedio llegará a los 100.000 pesos. Esta suma fue acordada en la última paritaria firmada entre la Asociación Bancaria y las cámaras que nuclean a las entidades del sector financiero.
El dinero de percibirá como parte del acuerdo paritario aseguró el sindicato. Además las fuentes sindicales recordaron que esta paritaria debe revisarse en el mes de diciembre. Aunque el bono a cobrarse cambia según las distintas categorías, se ubica en torno a los 100.000 pesos, indicaron las fuentes.
En un comunicado, el secretario de Administración Nacional de la Asociación Bancaria, Carlos Cisneros, confirmó el pago de este beneficio al indicar que “a partir de mañana, las trabajadoras y trabajadores bancarios recibirán su gratificación por el día del trabajador bancario, en los términos acordados en la paritaria correspondiente al año en curso”.
“Que la gratificación por el día del trabajador bancario esté incluida en nuestra paritaria es un logro de la conducción de la Asociación Bancaria y de todos aquellos bancarios que lucharon por esta reivindicación”, destacó el también diputado nacional.
El Día del Bancario celebra la fundación del gremio de los trabajadores de entidades financieras; en particular, este 6 de noviembre se cumple el 97 aniversario de la fundación de la Asociación Bancaria (La Bancaria), el gremio que representa a los trabajadores de las entidades de todo el país.
Cabe recordar que en junio la Asociación Bancaria se alineó con el nuevo tope salarial que impulsa Cristina Kirchner: acordó esta noche un aumento del 45,1% anual, más un bono por el Día del Bancario que oscila entre 100.000 y 170.000 pesos por empleado, en el contexto de la revisión de las paritarias firmadas en febrero, con lo cual el sindicato se convirtió en uno de los que consiguió el mayor porcentaje de las negociaciones de 2021 que se reabrieron por el alza de la inflación.
El acuerdo consiste en un 43% de aumento, más el reconocimiento del 2,1% adeudado del convenio del año pasado, con lo cual cual el porcentaje alcanza el 45,1%, más el bono. Ese 2,1% ya lo habían empezado a cobrar los bancarios con el acuerdo alcanzado en febrero pasado, que fue del 29%, y una cláusula que preveía revisiones en septiembre y noviembre. Con el aumento de la inflación durante el primer semestre, sin embargo, el sindicato reclamó la reapertura de las paritarias para compensar un costo de vida “que va a ser de más del 40%”, como advirtió Palazzo en declaraciones periodísticas.
De hecho, las consultoras estiman que la suba de los precios llegará al 50%, frente al 45% recientemente estimado por el Ministerio de Economía.
Al respecto, el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, intenta frenar con los acuerdos de precios la dinámica de la inflación, aunque ya admitió que la suba de los precios de octubre no será menor al 3%, luego del 3,5% registrado en septiembre, explicó Télam.
El Gobierno parece haber abandonado la estrategia de reducir el déficit fiscal y tener una política monetaria proactiva para combatir la suba de los precios, como la mayoría de los países que lograron vencer la inflación.
Nacionales
El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud
Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones.
La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones.
Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones.
“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias.
Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”.
Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.
“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.
Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.
Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones
Nacionales
Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos
A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.
El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.
Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.
En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.
De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.
Nacionales
Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú
A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.
El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).
A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.
Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.
Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.
Las medidas
Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.
En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.
Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.
En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.
Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.
También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.
Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.
“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron.
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