Nacionales
Autorizan una suba del 18% en las comisiones bancarias
La actualización de las comisiones, según un comunicado de la autoridad monetaria, alcanzará en el caso de las cajas de ahorro a la emisión de tarjetas de débito adicionales; reposición de tarjetas de débito por robo o extravío; uso de cajeros automáticos (fuera de casas operativas de la entidad, de otra entidad y/ o red) y servicios de extracción de fondos a través de terminales en puntos de venta y de retiro de efectivo de cuenta por el propio titular o un tercero”.
Para facilitar la extracción de efectivo en el marco de la pandemia, desde marzo el BCRA dispuso que retirar dinero de un cajero automático fuese gratuito en todos los casos, sin importar a qué banco o a qué red pertenece el cliente.
Esa disposición, que ya fue extendida en dos oportunidades, tiene fecha de vencimiento el próximo 31 de diciembre y en el Central explican que por el momento no está prevista una nueva prórroga.
Por ello, desde enero retirar dinero de un cajero de un banco diferente al propio dejará de ser gratuito y su costo, además, tendrá un aumento del 18% entre enero y febrero.
A partir de 2021, los bancos podrán disponer aumentos para las comisiones de las tarjetas de crédito y el servicio de cajas de seguridad.
Asimismo, es importante recordar que las cajas de ahorro en pesos continuarán siendo gratuitas en lo referido a su apertura, su mantenimiento y al uso de la tarjeta de débito vinculada, que sirve tanto para sacar dinero del cajero como para comprar en comercios.
Solo podrán tener costos si están vinculadas a un paquete integrado por otros productos, como una cuenta corriente o una tarjeta de crédito. Pero quien desee tener solamente una caja de ahorro con una tarjeta de débito (y extraer dinero únicamente en cajeros de su banco), podrá hacerlo sin pagar nada.
El comunicado del BCRA explicó que en el caso de las tarjetas de crédito el aumento podrá aplicarse al “servicio de emisión, renovación, administración o mantenimiento de cuenta; reposición o reimpresión de tarjeta por robo o extravío y tarjetas adicionales”.
Asimismo, el Central autorizó a que las entidades financieras también puedan “disponer aumentos en las comisiones de otros productos y servicios financieros, tales como los relacionados con el servicio de cajas de seguridad, con la operatoria con títulos valores y con la cuenta corriente bancaria”.
Las cajas de seguridad han tenido una demanda intensa en el último año, a tal punto que muchos bancos reconocen no tener cofres disponibles incluso en sus sucursales más grandes.
La escasez de cajas de seguridad está ligada al retiro de los depósitos en dólares que en agosto de 2019 superaban los USD 32.000 millones en todo el sistema; hoy, no llegan a USD 15.000 millones.
Si bien no hay estadísticas oficiales, es claro que gran parte de esos dólares fue a parar a las cajas de seguridad, aun cuando el temor de los ahorristas no sea justificado, ya que los bancos tienen una gran liquidez en dólares.
Las comisiones bancarias estaban congeladas desde antes de la pandemia. El 19 de febrero, un mes antes de que la crisis del coronavirus llevara al Gobierno a congelar muchos precios de la economía, como las tarifas de los servicios públicos, el Banco Central dispuso que los bancos no podrían aplicar nuevos aumentos por 180 días, situación que se extendió hasta el presente.
La resolución conocida hoy les da tiempo a los bancos para aplicar los aumentos desde el primer mes de 2021. Según las normas de “protección al usuario” del BCRA, para aumentar el costo de uno de sus servicios un banco debe informárselo a su cliente con 60 días de antelación.
Por ello, las comisiones bancarias que se cobren en enero podrían ser comunicadas a los clientes durante las próximas semanas a través de cartas, e-mails o aclaraciones en los resúmenes de cuenta. Asimismo, para los bancos es obligatorio tener publicados los costos de sus servicios en sus páginas web.
El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha este lunes el Plan Paraná, una iniciativa integral diseñada para reforzar el control de la hidrovía Paraguay-Paraná y combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y otros delitos transnacionales.
Formalizado mediante la Resolución 1307/2025 publicada en el Boletín Oficial, el plan representa un esfuerzo coordinado para “blindar” una de las vías fluviales más estratégicas de Sudamérica, que canaliza gran parte del comercio exterior argentino.
La iniciativa se desarrolla a través de un comando unificado que integra a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con organismos como Migraciones, Aduana y ARCA, en coordinación con las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santa Fe y Entre Ríos, y con autoridades de Paraguay y Brasil.
Según informaron, el despliegue combinará patrullajes fluviales y terrestres, monitoreo con radares, drones y cámaras térmicas, como así también inspecciones de control permanente a lo largo de los 1700 kilómetros de la hidrovía argentina.
De acuerdo al gobierno, esta ruta no solo es vital para la logística y la economía regional, sino que también ha sido explotada por organizaciones criminales para el “tráfico hormiga”, el lavado de dinero y el abigeato.
El Plan Paraná surge como respuesta a esta amenaza, integrándose a la estrategia nacional de “Fronteras Blindadas” junto a otros operativos como los Planes Güemes, Bandera y Guaçurarí.
El plan se ejecuta en cuatro fases operativas: planificación, desplazamiento, ejecución y evaluación, divididas en seis polígonos territoriales a lo largo de la hidrovía. El centro operativo principal se ubica en Isla del Cerrito (Chaco), pero se extiende a puntos estratégicos en todo el corredor.
Además, al comando unificado se incorporan ahora organismos como la Dirección General de Aduanas, la AFIP, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Las provincias involucradas, incluyendo Misiones, podrán designar representantes policiales como enlaces territoriales.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que la inflación correspondiente al décimo mes del año fue 2,13%, cifra que aumentó por tercera vez consecutiva tras el 2,1% registrado en septiembre y 1,9% en agosto.
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 31,3% en los últimos 12 meses y 24,8% en lo que va del 2025.
En esta oportunidad la aceleración se vio impulsada por la categoría Transporte con un 3,5%, seguida por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un alza del 2,8%.
En tanto, las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar y Recreación y cultura, ambas con 1,6%.
La variación de precios acumulada del noreste argentino fue del 2,1%, la cual ubicó a la región por debajo de la nacional que llegó al 2,3%. A su vez, los rubros de mayor incremento fueron Transporte, con 3,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,7%; Restaurantes y hoteles, con 2,6%; Bienes y servicios, con 2,5%; y Recreación y cultura, con 2,4%.
Proyecciones
Según las estimaciones del organismo, el mes pasado se vio atravesado por las elecciones legislativas nacionales y por ende, la incertidumbre y la volatilidad cambiaria aumentó, incidiendo en el avance de 0,2 puntos porcentuales en el IPC del mes pasado.
Al respecto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había anticipado una inflación de 2,2% para octubre.
En relación a las proyecciones de los próximos meses, los principales analistas del mercado calculan que el IPC será de 1,9% en noviembre, de 2% en diciembre y de 1,8% en enero de 2026. En esa línea, esperan que 2025 cierre con un nivel general de precios del 29,6%.
La inflación fue de 2,1% en septiembre y acumula 22% en lo que va del año
El presidente Javier Milei promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica (Garrahan) y de Financiamiento Universitario y suspendió su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación “determine las fuentes de su financiamiento”.
Tal como ocurrió con la Emergencia en Discapacidad, el gobierno nacional decidió suspender la aplicación de las legislaciones y las devolvió al Congreso para que los legisladores asignen fondos específicos en el presupuesto nacional del 2026.
La Ley 27.795 establece un nuevo régimen de financiamiento para las casas de estudios públicas del país, como también la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley 27.796 declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en Argentina por un año.
En el Boletín Oficial de la Nación de este martes, ambas legislaciones fueron promulgadas y suspendidas en su aplicación, al igual que sucedió hace un mes con la ley de Emergencia en Discapacidad.
En ambos decretos, el gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican las leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley 24.156.
Cabe recordar que el 4 septiembre, el presidente Javier Milei había vetado las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario argumentando que generaban un desequilibrio fiscal que atentaba contra la estabilidad macroeconómica.
Los vetos del presidente fueron rechazados por las dos Cámaras del Congreso de la Nación y por ello el Ejecutivo decidió ahora postergar la aplicación de las legislaciones.
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