Nacionales
Aranguren dijo que suba del gas “fue legal” y negó su “incompatibilidad”
Con la ausencia del exministro de Planificación, Julio De Vido, se desarrolló en el anexo C de la Cámara de Diputados la exposición del titular de la cartera de Energía, Juan José Aranguren, sobre tarifazo. El diputado por el Frente para la Victoria (FpV) explicó su ausencia a través de una misiva que leyó su par por el mismo espacio, Héctor Recalde.
“Los precios se han mantenido bajos artificialmente” comenzó Aranguren su exposición argumentando el incremento de tarifas en los servicios de gas y luz. El ministro afirmó que el país “depende de la energía externa”. Y añadió que “el 89% de la tarifa eléctrica estaba subsidiada” durante el kirchnerismo.
Al ser consultado por el costo del gas en el ingreso al sistema, Aranguren indicó que “el marco para discutir el valor del gas es la evaluación del cuadro tarifario”. Asimismo, el titular de la cartera de Energía sostuvo que “todo lo que hicimos fue legal y la Corte decidirá respecto al precio de boca de pozo”.
Por otra parte, Aranguren, aseguró que no tiene ninguna “incompatibilidad” en su cargo por haber sido presidente de la petrolera Shell y sostuvo que “en todo caso será la Justicia la que resuelva”. “Yo no le estoy pagando nada a ninguna petrolera”, indicó el ministro al responder preguntas de la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño. Explicó que “por el sinceramiento cambiario hubo que aumentar el precio de los combustibles”.
El ministro de Energía también fue consultado por la ausencia de una audiencia pública para subir el precio del gas y de la electricidad. En ese marco, Aranguren señaló que “el segmento de generación de electricidad y precio de boca de pozo están regidos por el mercado”. Sin embargo, el funcionario aclaró que el trasporte y distribución que rige es una “adecuación tarifaria transitoria hasta la revisión tarifaria integral”. Al respecto señaló que “queremos tener esa audiencia pública”.
Sus declaraciones tienen como trasfondo el intento del peronismo, que la semana pasada quiso votar sobre tablas un proyecto de ley para derogar el nuevo cuadro tarifario.
El blindaje para Aranguren está a cargo de la Casa Rosada. Rogelio Frigerio ya sumó el apoyo de 13 gobernadores provinciales a la suba de tarifas. Ayer el correntino Ricardo Colombi se sumó a los aliados María Eugenia Vidal (Buenos Aires); Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Pero ese lote también lo integran los peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos); Domingo Peppo (Chaco); Rosana Bertone (Tierra del Fuego); Juan Schiaretti (Córdoba); Omar Gutiérrez (Neuquén); y el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe).
El oficialismo confía en que el ataque a Mauricio Macri en Mar del Plata no se replique hoy con Aranguren. No habrá medidas de seguridad adicionales pero nadie ingresará sin identificación. En el plenario de comisiones se espera hoy la presencia de 120 diputados, casi la mitad de la Cámara. Aranguren ya fue advertido de no entrar en provocaciones ni responder chicanas. “El plenario va a estar caldeado, le dijimos que no entre en el juego del kirchnerismo”, explicó ayer un diputado de Cambiemos que hoy estará en el debate.
Aranguren asiste en medio de cuestionamientos que incluyen pedidos de renuncia y críticas por una presunta incompatibilidad con la función pública, al poseer 16 millones de pesos en acciones en la filial argentina de la petrolera holandesa Shell, de la que fue CEO. El massista Marco Lavagna advirtió que el Frente Renovador no quiere “entrar en el juego de la pelea sin sentido”. Desde el PRO, Pablo Tonelli recordó que “hemos dicho reiteradamente que el Gobierno consideró que las audiencias no eran necesarias dado que está vigente la ley de emergencia pública que autoriza al PEN a aplicar las tarifas que considera necesarias”. Sin embargo, Aranguren podría sorprender con la convocatoria a audiencias para octubre.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.
Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.
En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.
En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).
#DatoINDEC
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,9% en febrero de 2026 con respecto a enero y 33,1% interanual https://t.co/bFx8TZTULF pic.twitter.com/ChEvJSQ4mY— INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 12, 2026
Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes
A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.
El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.
Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.
Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.
Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.
En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.
El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.
Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.
La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.
La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor
La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.
Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.
De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.
En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.
En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.
LOS DOCENTES DE LAS UUNN VAN AL PARO DURANTE 2 SEMANAS
Anticipo de las resoluciones del Congreso de CONADU Histórica.El Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió:
(entre otras definiciones)Por mayoría de los votos de sus Congresales, PARAR LAS UNIVERSIDADES Y SUS… pic.twitter.com/c06Nk3ctFq
— ADUNS (@ADUNS_docentes) March 5, 2026
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