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Aranguren dijo que suba del gas “fue legal” y negó su “incompatibilidad”

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Con la ausencia del exministro de Planificación, Julio De Vido, se desarrolló en el anexo C de la Cámara de Diputados la exposición del titular de la cartera de Energía, Juan José Aranguren, sobre tarifazo. El diputado por el Frente para la Victoria (FpV) explicó su ausencia a través de una misiva que leyó su par por el mismo espacio, Héctor Recalde.

Los precios se han mantenido bajos artificialmente” comenzó Aranguren su exposición argumentando el incremento de tarifas en los servicios de gas y luz. El ministro afirmó que el país “depende de la energía externa”. Y añadió que “el 89% de la tarifa eléctrica estaba subsidiada” durante el kirchnerismo.

Al ser consultado por el costo del gas en el ingreso al sistema, Aranguren indicó que “el marco para discutir el valor del gas es la evaluación del cuadro tarifario”. Asimismo, el titular de la cartera de Energía sostuvo que “todo lo que hicimos fue legal y la Corte decidirá respecto al precio de boca de pozo”.

Por otra parte, Aranguren, aseguró que no tiene ninguna “incompatibilidad” en su cargo por haber sido presidente de la petrolera Shell y sostuvo que “en todo caso será la Justicia la que resuelva”. “Yo no le estoy pagando nada a ninguna petrolera”, indicó el ministro al responder preguntas de la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño. Explicó que “por el sinceramiento cambiario hubo que aumentar el precio de los combustibles”.

El ministro de Energía también fue consultado por la ausencia de una audiencia pública para subir el precio del gas y de la electricidad. En ese marco, Aranguren señaló que “el segmento de generación de electricidad y precio de boca de pozo están regidos por el mercado”. Sin embargo, el funcionario aclaró que el trasporte y distribución que rige es una “adecuación tarifaria transitoria hasta la revisión tarifaria integral”. Al respecto señaló que “queremos tener esa audiencia pública”.

Sus declaraciones tienen como trasfondo el intento del peronismo, que la semana pasada quiso votar sobre tablas un proyecto de ley para derogar el nuevo cuadro tarifario.

El blindaje para Aranguren está a cargo de la Casa Rosada. Rogelio Frigerio ya sumó el apoyo de 13 gobernadores provinciales a la suba de tarifas. Ayer el correntino Ricardo Colombi se sumó a los aliados María Eugenia Vidal (Buenos Aires); Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Pero ese lote también lo integran los peronistas Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos); Domingo Peppo (Chaco); Rosana Bertone (Tierra del Fuego); Juan Schiaretti (Córdoba); Omar Gutiérrez (Neuquén); y el socialista Miguel Lifschitz (Santa Fe).

El oficialismo confía en que el ataque a Mauricio Macri en Mar del Plata no se replique hoy con Aranguren. No habrá medidas de seguridad adicionales pero nadie ingresará sin identificación. En el plenario de comisiones se espera hoy la presencia de 120 diputados, casi la mitad de la Cámara. Aranguren ya fue advertido de no entrar en provocaciones ni responder chicanas. “El plenario va a estar caldeado, le dijimos que no entre en el juego del kirchnerismo”, explicó ayer un diputado de Cambiemos que hoy estará en el debate.

Aranguren asiste en medio de cuestionamientos que incluyen pedidos de renuncia y críticas por una presunta incompatibilidad con la función pública, al poseer 16 millones de pesos en acciones en la filial argentina de la petrolera holandesa Shell, de la que fue CEO. El massista Marco Lavagna advirtió que el Frente Renovador no quiere “entrar en el juego de la pelea sin sentido”. Desde el PRO, Pablo Tonelli recordó que “hemos dicho reiteradamente que el Gobierno consideró que las audiencias no eran necesarias dado que está vigente la ley de emergencia pública que autoriza al PEN a aplicar las tarifas que considera necesarias”. Sin embargo, Aranguren podría sorprender con la convocatoria a audiencias para octubre.

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Bono de $40.000 y adicionales para fuerzas federales en abril

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bono fuerzas federales

El Gobierno nacional oficializó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para personal de seguridad y dispuso adicionales según jerarquía de las fuerzas que se encuentran bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.

De esta manera, mediante el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso el pago de una suma fija extraordinaria que se abonará con los haberes de abril.  

Según lo establecido, se otorgará en concepto de bono no remunerativo y no bonificable, por única vez, destinado a personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, incluyendo también a alumnos en formación en algunos casos.

La medida fue firmada por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; y los ministros de Seguridad Alejandra Monteoliva; Economía Luis Caputo y Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger.

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “reconocer y sostener una adecuada jerarquización” de las fuerzas, en línea con las responsabilidades y funciones que desempeñan, y a mejorar su poder adquisitivo.

El decreto también contempla el pago de montos adicionales para el personal en actividad de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal, bajo el mismo carácter no remunerativo, que variarán según el grado del personal. 

Asimismo, se facultó a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar normas complementarias para la implementación del decreto.

 

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La Justicia instó al gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

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La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país, desde donde se pronunciaron en defensa de la norma aprobada por el Congreso y derogada por el presidente Javier Milei.

Por este motivo, el gobierno nacional deberá aplicar sin más dilaciones la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes.

De esta manera, la apelación por parte del Poder Ejecutivo Nacional fue rechazada por la Justicia e hizo hincapié que tanto Diputados como el Senado votaron a favor del proyecto por mayoría, este último con 58 votos positivos, 10 negativos y 3 abstenciones.

Asimismo, desestimó los argumentos en los que se apoyaba el gobierno para no aplicar la norma ya sancionada y exigió la recomposición salarial docente y no docente que se encuentra paralizada hace meses.

En la misma línea, la Cámara resolvió, además, que el Ejecutivo deberá poner en marcha, a la brevedad, la actualización de las becas y aseveró que la suspensión por decreto de la ley “es ilegítima”.

El mes pasado, el Gobierno Nacional apeló la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley, a través de la Procuración del Tesoro, dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Esta resolución se dio luego de tres semanas de paro nacional universitario, que afectó a la mayoría de las casas de altos estudios del país, en reclamo por recomposición salarial

Impacto en Misiones

Al igual que las demás facultades públicas presentes a lo largo y ancho del país, docentes y no docentes que prestan servicios en las distintas sedes académicas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) iniciaron su tercera semana de paro universitario este martes con un nuevo paro.

Se trata de quienes se encuentran nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (Adunam), Unión de Docentes Universitarios de Misiones (Udum) y la Asociación del Personal Nodocente de la Universidad Nacional de Misiones (Apunam), que a nivel nacional responden a la Conadu Histórica.  

Paro universitario y almuerzo solidario en comedor de Humanidades el martes

 

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Cautelar a favor de la CGT suspende 82 artículos de la reforma laboral

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reforma laboral cautelar

La Justicia Nacional del Trabajo dispuso este lunes la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en el marco de una medida cautelar impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), al considerar que existen indicios de posible inconstitucionalidad en distintos puntos de la norma.

La resolución, firmada por el magistrado Raúl Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 72, alcanza a un total de 82 de artículos de la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei, entre ellos disposiciones vinculadas al régimen de indemnizaciones, modificaciones en facultades del empleador, condiciones de contratación laboral y aspectos relacionados con la actividad sindical.

Según el fallo, la suspensión tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado entendió que la central obrera cuenta con legitimación suficiente para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas y señaló que existe “verosimilitud del derecho”, al advertir una posible afectación de garantías constitucionales protegidas por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Entre los argumentos centrales, el juez sostuvo que la aplicación inmediata de los cambios podría generar consecuencias jurídicas difíciles de revertir en millones de relaciones laborales vigentes, motivo por el cual consideró acreditado el “peligro en la demora”, requisito clave para conceder la cautelar.

La presentación de la CGT cuestiona que varios puntos de la reforma implican una reducción de derechos laborales, afectan la negociación colectiva y alteran el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El fallo no declara todavía la inconstitucionalidad de la ley, pero sí frena temporalmente su aplicación en los artículos observados.

Según especificó el sitio especializado Mundo Gremial, la cautelar alcanza a un amplio conjunto de disposiciones de la Ley 27.802 que modifican normas centrales del derecho individual y colectivo del trabajo, en temas como: Ley de Contrato de Trabajo; Fondos de Asistencia Laboral; Huelga, Jornada y Trabajo Agrario; Reforma de la negociación colectiva y la libertad sindical; Teletrabajo, competencia judicial y otras derogaciones.

Cautelar CGT Estado Nacional - firmada 30-3-26

El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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