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Ahora el gobierno dice que no venderá las acciones de la ANSES

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El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso, confirmó ayer que las acciones que ese organismo tiene en empresas privadas no se venderán para pagar las deudas del Estado con los jubilados y aseguró que no se modificará la edad jubilatoria. El rechazo de los bloques peronistas en Diputados apuró las modificaciones en el proyecto de ley de blanqueo y pago de sentencias a jubilados que hoy recibirá los últimos retoques en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Luciano Laspina, y de Previsión y Seguridad Social, a cargo del masista Héctor Daer.

“Desde el primer momento que la principal financiación del programa son las ganancias que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) año a año, de $ 70.000 millones”, indicó Basavilbaso, al tiempo que precisó que “el costo del proyecto es de $ 75.000 millones, y con el blanqueo (de capitales que también quiere lanzar el Gobierno) ya se puede cubrir el resto” de las necesidades financieras para pagar la deuda del Estado con los jubilados.

Basavilbaso encabezó ayer por la mañana un acto para denominar el salón auditorio de la ANSES con el nombre de “Dr. Alfredo Pochat”, un auditor del organismo que fue asesinado por sus investigaciones. Si bien reconoció que el proyecto contempla los pagos de sentencias y reajustes, e incluye una reforma jubilatoria, Basavilbaso aclaró que “no hay una intencionalidad del Gobierno de hacer un cambio de edad” mínima para que un trabajador se jubile.

Los diputados nacionales de Cambiemos manifestaron ayer su confianza en que el proyecto de pago a los jubilados será respaldado en general por la mayoría de los bloques parlamentarios y se mostraron abiertos a aceptar modificaciones a la iniciativa oficial para mejorar el texto, cuyo tratamiento continuará mañana en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara baja.

El presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, sostuvo que “el proyecto tiene 94 artículos y tenemos diferencias en 4 o 5” y estimó que el oficialismo “va a tener sin ningún problema los votos en general para la ley con algo muy cercano a la unanimidad y en particular en el articulado produciremos cambios que la mejoren”. El legislador dijo que la ley “tiene dos objetivos principales: el pago a los jubilados y el pago a las provincias”, al afirmar que se trata de “reconocer las dos deudas internas más serias que consideramos tiene la Argentina que es la del federalismo y de los juicios de los jubilados”.

Massot precisó además que ese pago “tiene dos fuentes de financiamientos que es la utilización del FGS y el éxito del blanqueo de capitales que lo necesitamos para poder hacer frente a esos pagos” y dijo que es “falso” que se modifique la edad para acceder a la pensión para la vejez.

En tanto, el diputado nacional y secretario Legislativo del bloque radical, Miguel Bazze (UCR Cambiemos), dijo estar seguro que “son mucho más importantes las coincidencias que tenemos con la oposición que las diferencias, en consecuencia debemos ser capaces de encontrar fórmulas que nos permitan acordar y sancionar esta ley que repara una tremenda injusticia con los jubilados”.

“Desde Cambiemos estamos convencidos que hay que dar esta respuesta y al mismo tiempo garantizar la sustentabilidad del Sistema Previsional argentino, por lo que de ninguna manera impulsaríamos propuestas que pusieran en peligro al Fondo de Garantía, por el contrario pretendemos sostenerlo y fortalecerlo”, indicó Bazze en un comunicado de prensa.

El análisis del proyecto continuará hoy desde las 12 en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto, que conducen el sindicalista massista Héctor Daer y el macrista Luciano Laspina, donde los diputados intercambiarán opiniones con representantes de jubilados y se estima que el dictamen se podría firmar el jueves.

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El gobierno eliminará la Andis y traspasó sus funciones al ministerio de Salud

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Esta mañana, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), explicó que incluye reducción de estructuras y aclaró que no se eliminarán prestaciones. 

La decisión surgió luego de que, meses atrás, se filtraran audios del ex funcionario Diego Spagnuolo, los cuales daban cuenta de un presunto cobro de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia, además de la gestión de auditorías irregulares que también se efectuaron en Misiones

Tras esta serie de acontecimientos que generaron ruido mediático y hoy buscan respuestas en la Justicia, el gobierno dio el paso a la disolución de la agencia y traspasó sus atribuciones al ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones

La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el ministerio de Salud”, fueron las palabras de Adorni, pronunciadas en la mañana de hoy desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación Metas, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”. 

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario.

Luego, aclaró: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, concluyó.

Comenzó la restitución de pensiones por discapacidad en Misiones

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Nación oficializó nuevos feriados y el 2026 tendrá más findes extralargos

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A través de la resolución 164/25 publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Nación, el gobierno agregó tres nuevos feriados no laborables con fines turísticos al calendario 2026 y el año tendrá más fines de semana extralargos.

El documento firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estableció al lunes 23 de marzo, al viernes 10 de julio y al lunes 7 de diciembre como días no laborables adicionales. A partir de su publicación en el Boletín, la medida tomó vigencia.

Dentro de los considerando de la resolución, el gobierno argumentó que la ley 27.399 lo faculta a “fijar anualmente tres (3) días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

En esa línea, el documento sostiene que “tales días contribuyen a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico, procurando distribuir la actividad turística en el tiempo”.

De esta manera, el lunes 23 de marzo conformará un fin de semana extralargo junto al 24 de marzo, feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En tanto, el 10 de julio se sumará al 9 de julio, Día de la Independencia, mientras que el lunes 7 de diciembre se unirá al 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción María.

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Autorizan la realización de “microeventos” en el Parque Nacional Iguazú

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A través de la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial, el gobierno nacional autorizó la realización de dos “microeventos” por jornada y un máximo de 60 personas por cada festival en el Parque Nacional Iguazú.

El pedido había sido efectuado por su intendenta José María Hervás y, para respetar el medio ambiente y no provocar desmanes, las autoridades informaron que deberán respetarse ciertas condiciones, entre ellas, el límite de participantes, la frecuencia, la zonificación y el tránsito, sujetas a las Medidas de Manejo Ambiental (MMA).

A través de un escrito, la intendencia del Parque Nacional Iguazú manifestó “la necesidad operativa de agilizar el trámite de las actividades de pequeña escala que se desarrollan sistemáticamente en sectores de uso público intensivo, sin implicar modificaciones permanentes ni generar impactos ambientales relevantes”.

Luego del análisis de expertos, se permitió que el Parque Nacional pueda concretar eventos “en sectores de uso público intensivo, con una escala sustentable de participantes, bajo impacto operativo y una modalidad consolidada que requiere una dinámica de tramitación acorde a su naturaleza”.

Para el desarrollo de los festivales, se otorgará la intervención de prestadores y concesionarios habilitados, como forma de resguardar la seguridad de los participantes, y dentro de un dispositivo de control.

Las medidas

Entre las restricciones se encuentran limitaciones de carga, frecuencia y uso del espacio. Por lo que cada evento podrá contar con un máximo de 60 personas y solo podrán realizarse dos por día. A su vez, deberán ser efectuados en Áreas de Uso Público Intensivo autorizadas, y dentro del horario convencional del Parque.

En cuanto a la circulación, no podrá restringirse el tránsito general de visitantes no participantes del evento.

Respecto a la tecnología, queda prohibida la amplificación sonora eléctrica o a batería y el uso de drones, salvo autorización extraordinaria y fundada en seguridad o registro institucional.

En lo que hace a infraestructura sólo se permitirán elementos desmontables, portátiles y de bajo impacto, por lo que quedan estrictamente prohibidas las estructuras fijas, ancladas al suelo o cierres totales del área.

Finalmente, se aplicarán las medidas de Gestión Ambiental y Residuos con la modalidad “Cero-Impacto”, por lo que el organizador del evento estará obligado a la recolección de los residuos generados.

También estarán prohibidos los plásticos descartables o de un solo uso y los alimentos deben manipularse en condiciones que impidan el acceso de fauna silvestre.

Otro punto expuesto es que toda solicitud para la realización de los microeventos deberá ser presentada con una antelación mínima de cinco días hábiles administrativos previos a la fecha prevista para su realización.

“La Intendencia del Parque Nacional Iguazú será responsable de la verificación, control y fiscalización del cumplimiento de las condiciones establecidas”, remarcaron. 

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