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Ahora el gobierno dice que no venderá las acciones de la ANSES

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El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Emilio Basavilbaso, confirmó ayer que las acciones que ese organismo tiene en empresas privadas no se venderán para pagar las deudas del Estado con los jubilados y aseguró que no se modificará la edad jubilatoria. El rechazo de los bloques peronistas en Diputados apuró las modificaciones en el proyecto de ley de blanqueo y pago de sentencias a jubilados que hoy recibirá los últimos retoques en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside el macrista Luciano Laspina, y de Previsión y Seguridad Social, a cargo del masista Héctor Daer.

“Desde el primer momento que la principal financiación del programa son las ganancias que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) año a año, de $ 70.000 millones”, indicó Basavilbaso, al tiempo que precisó que “el costo del proyecto es de $ 75.000 millones, y con el blanqueo (de capitales que también quiere lanzar el Gobierno) ya se puede cubrir el resto” de las necesidades financieras para pagar la deuda del Estado con los jubilados.

Basavilbaso encabezó ayer por la mañana un acto para denominar el salón auditorio de la ANSES con el nombre de “Dr. Alfredo Pochat”, un auditor del organismo que fue asesinado por sus investigaciones. Si bien reconoció que el proyecto contempla los pagos de sentencias y reajustes, e incluye una reforma jubilatoria, Basavilbaso aclaró que “no hay una intencionalidad del Gobierno de hacer un cambio de edad” mínima para que un trabajador se jubile.

Los diputados nacionales de Cambiemos manifestaron ayer su confianza en que el proyecto de pago a los jubilados será respaldado en general por la mayoría de los bloques parlamentarios y se mostraron abiertos a aceptar modificaciones a la iniciativa oficial para mejorar el texto, cuyo tratamiento continuará mañana en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara baja.

El presidente del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, sostuvo que “el proyecto tiene 94 artículos y tenemos diferencias en 4 o 5” y estimó que el oficialismo “va a tener sin ningún problema los votos en general para la ley con algo muy cercano a la unanimidad y en particular en el articulado produciremos cambios que la mejoren”. El legislador dijo que la ley “tiene dos objetivos principales: el pago a los jubilados y el pago a las provincias”, al afirmar que se trata de “reconocer las dos deudas internas más serias que consideramos tiene la Argentina que es la del federalismo y de los juicios de los jubilados”.

Massot precisó además que ese pago “tiene dos fuentes de financiamientos que es la utilización del FGS y el éxito del blanqueo de capitales que lo necesitamos para poder hacer frente a esos pagos” y dijo que es “falso” que se modifique la edad para acceder a la pensión para la vejez.

En tanto, el diputado nacional y secretario Legislativo del bloque radical, Miguel Bazze (UCR Cambiemos), dijo estar seguro que “son mucho más importantes las coincidencias que tenemos con la oposición que las diferencias, en consecuencia debemos ser capaces de encontrar fórmulas que nos permitan acordar y sancionar esta ley que repara una tremenda injusticia con los jubilados”.

“Desde Cambiemos estamos convencidos que hay que dar esta respuesta y al mismo tiempo garantizar la sustentabilidad del Sistema Previsional argentino, por lo que de ninguna manera impulsaríamos propuestas que pusieran en peligro al Fondo de Garantía, por el contrario pretendemos sostenerlo y fortalecerlo”, indicó Bazze en un comunicado de prensa.

El análisis del proyecto continuará hoy desde las 12 en el plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto, que conducen el sindicalista massista Héctor Daer y el macrista Luciano Laspina, donde los diputados intercambiarán opiniones con representantes de jubilados y se estima que el dictamen se podría firmar el jueves.

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Camarógrafo detenido por la PFA fuera del Congreso: “Me pegaban patadas”

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Un camarógrafo fue herido y detenido este jueves en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras cubría una protesta de activistas de Greenpeace antes del debate en el Senado por modificaciones en la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Se trata de Facundo Tedeschini, trabajador de A24, quien registraba imágenes en el sector donde la Policía Federal Argentina (PFA) había establecido un perímetro de seguridad tras la detención de doce activistas que ingresaron al edificio y luego fueron trasladados a un estacionamiento sobre la calle Hipólito Yrigoyen.

Según su testimonio, junto a otros periodistas se encontraba cubriendo la acción “sin obstruir ninguna entrada ni ninguna salida de los efectivos de la Policía”. Indicó que fue empujado por un agente, cayó al piso intentando proteger el equipo y que luego fue reducido por varios efectivos.

Me tiraron. Quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron”, relató tras recuperar la libertad. Señaló, además, que no fue agredido únicamente por el agente al que se le abrió un sumario administrativo, sino también por otros policías. “Me pegaban patadas por abajo. Se me abalanzaron cinco o seis efectivos y yo les gritaba ‘paren, paren’”, sostuvo.

Tedeschini indicó que, cuando fue presionado por los efectivos, intentó protegerse: “Le puse la mano a la Policía para que no siguieran”. También afirmó que quienes lo detuvieron “fueron muy agresivos”.

Señaló que pidió que se detuvieran, que sintió un brazo en el cuello, recibió gas pimienta y fue derribado. Agregó que cayó protegiendo la cámara y que, una vez en el piso, varios efectivos lo redujeron y le colocaron precintos en las muñecas, lo que le dejó marcas. Posteriormente fue asistido por personal del Same y trasladado al Hospital Ramos Mejía.

Tras permanecer detenido, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, dispuso su liberación.

Voces oficiales  

La senadora Patricia Bullrich declaró que el camarógrafo había intentado ingresar al área donde estaban los detenidos y señaló que se abrió un sumario para evaluar la actuación policial.

En un comunicado conjunto, la Policía Federal y el Ministerio de Seguridad informaron que, luego de la irrupción de los activistas en el edificio, se dispuso un perímetro para impedir el ingreso o egreso de personas al sector de detención. Indicaron que se solicitó a los trabajadores de prensa mantener distancia por razones operativas y que, durante ese lapso, se produjo “un forcejeo” con el camarógrafo cuando intentaba obtener imágenes dentro del perímetro. Señalaron que en ese contexto se generó una “situación de tensión y se registraron lesiones en el intercambio”.

El comunicado agregó que, además de la intervención judicial, se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar integralmente lo sucedido y la actuación del personal interviniente.

Repercusiones 

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su repudio al hecho y sostuvo que la violencia contra la prensa afecta la libertad de expresión y el derecho a la información.

En tanto, la familia del fotoperiodista Pablo Grillo difundió una carta titulada “La historia se repite en el mismo escenario”, en la que manifestó su rechazo a la agresión y detención del camarógrafo.

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Después de 80 años Fate cierra definitivamente: 920 empleados despedidos

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La empresa argentina de fabricación y exportación de neumáticos fundada en 1940, Fate S.A.I.C.I, anunció el fin de sus operaciones en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, obligando el despido de 920 empleados.

El anuncio fue dado por la empresa este miércoles 18 de febrero, cuya medida se habría ejecutado de manera inmediata con el cese de la actividad en el predio que ocupa 40 hectáreas y hasta hace poco tuvo una capacidad productiva que superó los cinco millones de neumáticos por año. 

Se trata de la mayor planta del país y su cierre responde a un contexto de crisis industrial afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.

Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó a través de un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores, ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.

Según el portal Noticias Argentinas, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.

Por estas horas, el gobierno pidió una reunión con sus directivos con el objetivo de alcanzar la conciliación obligatoria.

Comunicado de cierre/Fate

La industria en crisis 

El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:

Importaciones chinas: a mediados de 2025, el mercado local se vio saturado por un récord de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios de origen chino obligó a Fate a rebajar sus productos un 15%, destruyendo sus márgenes de ganancia.

El laberinto macroeconómico: la combinación de una sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y la falta de incentivos para la exportación dejó a la firma fuera de juego frente a competidores regionales y globales.

Conflictividad y productividad: la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.

En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.

En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.

A su vez, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.

Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.

Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.

Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas

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Estaciones de servicio se adhieren al paro de la CGT contra la reforma laboral

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Estaciones de servicio se adhieren al paro de la CGT contra la reforma laboral

El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garages (SOESGyPE) confirmó su adhesión al paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para la jornada en que la Cámara de Diputados de la Nación trate el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, que ya obtuvo media sanción en el Senado.

En diálogo con el medio Surtidores Latam, Argentina, el secretario general adjunto del gremio, Carlos Acuña, anunció el acompañamiento a la huelga, que no incluirá movilización en las calles, y argumentó que la decisión responde a “la preocupación que genera el contenido del proyecto oficial”.

“La reforma laboral introduce una lógica de flexibilización que impacta de lleno en el empleo formal. En nuestro rubro eso se traduce en menos previsibilidad, más presión sobre el trabajador y un debilitamiento de reglas que hoy ordenan la actividad”, precisó el dirigente.

En esa línea, Acuña afirmó que el esquema laboral de las Estaciones de Servicio en el país “está regido” por convenios colectivos de trabajo que “regulan turnos rotativos, jornadas nocturnas y trabajo en fines de semana”.

“Cuando se habla livianamente de flexibilizar, en la práctica se pone en discusión el salario, los descansos y la estabilidad del personal”, apuntó.

Asimismo, el secretario general expuso algunos de los ítems que “preocupa” al sector en relación con la reforma, como el nuevo esquema de licencias por enfermedad o accidente no laboral, al que calificó como “un retroceso muy grande” y como un castigo “al trabajador que le toque padecer una enfermedad o que tenga un accidente que no le permita asistir al trabajo”.

Acuña también cuestionó, entre otros puntos, el “banco de horas”, el cual habilitaría a “que un trabajador tenga la obligación de estar hasta 12 horas en su puesto de trabajo. En estaciones de servicio, donde ya existen turnos exigentes y tareas de riesgo, eso afectaría a todos”.

El representante de los obreros y empleados de estaciones de servicios reprochó al gobierno libertario al señalar que “decían que no venían a tocar derechos adquiridos y claramente los están tocando. Avanzan sobre indemnizaciones, sobre licencias y sobre los convenios colectivos de trabajo”.

Ante este panorama, Acuña enfatizó que el gremio tiene la “obligación” de acompañar y explicar a los trabajadores “qué está en juego” y subrayó que “no es una discusión abstractra: son derechos concretos que quieren arrebatarnos”.

La medida de fuerza se llevará a cabo el mismo día en que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral, con fechas tentativas para el jueves 19 o el miércoles 25 de febrero, dependiendo del avance legislativo.

 

Foto principal: Canal 12.

La CGT convocó a un paro nacional en contra de la reforma laboral

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