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Advierten por las “severas desigualdades” de la educación virtual en la Argentina

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Un estudio realizado entre estudiantes universitarios revela la brecha tecnológica que afecta a quienes provienen de hogares pobres.

 

BUENOS AIRES. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) y el Centro de Estudios Atenea detallaron hoy en un informe preliminar el impacto de la virtualización en la educación del sector y los desafíos que enfrentan las casas de altos estudios de todo el país al tener que adaptarse de forma forzosa a la modalidad a distancia.

“La repentina necesidad de encarar planes de contingencia que permitiesen continuar las cursadas a través de entornos virtuales en muy poco tiempo generó y continúa generando innumerables problemas, no obstante el enorme esfuerzo que los docentes realizan para sobrellevar la situación de la mejor manera y sin afectar la calidad, siempre apostando a mantener la inclusión social”, indicó el estudio.

Atenea y la Fedun ofrecieron un panorama del impacto que la virtualización forzosa tiene sobre los casi 2 millones de estudiantes y los 141 mil docentes de la educación superior universitaria para explicar “la situación a fin de proporcionar elementos para adoptar decisiones y medidas paliativas”, indicó un comunicado.

El estudio relevó datos de las Universidades Nacionales de Tucumán (noroeste), del Nordeste, de Cuyo, del Comahue (Patagonia) y de Buenos Aires y La Matanza, y expuso “la problemática de calidad y velocidad de la conexión local, que difiere según la región”, puntualizó el titular del gremio universitario, Daniel Ricci.

“En el noreste las conexiones de banda ancha por cada 100 hogares se ubica en torno a 35,20 menos que en el promedio nacional y apenas un tercio de la cantidad de conexiones fijas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). La velocidad en el norte es también menor, ya que el promedio de provincias como Formosa (15) es duplicado por la de Buenos Aires (30) y casi triplicado por la de la Capital Federal (44). Es más complejo al analizar la disponibilidad de computadoras en los hogares. Otra vez las regiones con mayores recursos son Gran Buenos Aires, la zona pampeana y Cuyo”, subrayó el dirigente sindical.

Los problemas se producen en especial entre los estudiantes porque hay “severas desigualdades”, ya que no todos pueden acceder a las clases virtuales o realizar los trabajos solicitados, ya que no tienen tecnología o conectividad adecuada.

“La brecha tecnológica castiga doblemente a los estudiantes provenientes de hogares pobres. Por ello, algunas universidades procuran entregar becas de conectividad a quienes tienen dificultades para acceder a internet”, añadió.

Además, la interrupción de las clases afectó a los estudiantes que realizaban sus residencias o transitaban trayectos prácticos hacia el final de sus carreras.

En relación con las posibilidades de capacitación docente, el estudio relevó varias iniciativas para adaptar los contenidos por parte de los docentes universitarios a la modalidad a distancia, pero no se hallaron lineamientos que permitieran indicar qué aspectos de la currícula tenían mayores obstáculos para la adaptación virtual u orientaciones con mayor nivel de profundidad para implementar esa transposición.

Además, al ser virtuales esas capacitaciones se obliga a los docentes a permanecer más horas frente a la computadora, lo que acrecienta la carga horaria, concluyó.

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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Renunció Cúneo Libarona y lo reemplazará Juan Mahiques como ministro de Justicia

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El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, dará el salto al Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, según anunció el propio presidente Javier Milei.

Esta mañana alrededor de las 10, el mandatario argentino recibió al ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, para resolver la conducción de la cartera luego de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, lo que finalmente se concretó este mediodía. 

Si bien en la danza de nombres para el reemplazo figuraba el ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli, el presidente anunció a través de su cuenta de X la designación de Mahiques, quien inmediatamente expresó su agradecimiento por nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.

Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. 

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

El responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.  

“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

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