La Región
Día de furia en Asunción contra ley que criminaliza las ocupaciones de tierras
Violentos enfrentamientos se registraron este miércoles en Asunción, Paraguay, cuando indígenas y campesinos que se manifestaban contra la ley que aumenta a 10 años de cárcel las penas por invasión de inmuebles, chocaron con la policía antimotines que blindaba la sede del Parlamento, donde se estaba debatiendo el proyecto.
La policía informó de siete uniformados heridos, algunos por flechas disparadas por los indígenas durante la refriega donde también se incendiaron tres vehículos, e incluyó el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y carros hidrantes.
Las imágenes que se viralizaron en las redes sociales describen un verdadero día de furia en la capital paraguaya, mientras la Cámara de Diputados aprobaba la polémica ley impulsada por el partido de gobierno y los sectores vinculados al agronegocio.
Los manifestantes indígenas llegaron hasta las plazas frente al Parlamento desde varios puntos del país, como también organizaciones nucleadas en la Federación Nacional Campesina (FNC).
La movilización convocó además a cientos de familias de asentamientos urbanos del gran Asunción y el Departamento Central, el más poblado del país, que también rechazan la ley y demandan la recuperación de las llamadas tierras malhabidas, las 8 millones de hectáreas que la dictadura de Alfredo Stroessner repartió entre sus familiares, militares y empresarios amigos del régimen.
Entre los beneficiarios de esta “reforma agraria” sui generis, sistematizada por la Comisión Verdad y Justicia creada por el Congreso para investigar los crímenes del stronismo, aparecen la familia del actual presidente Mario Abdo Benítez, y del senador Fidel Zavala, uno de los propulsores de la ley para aumentar las penas por las ocupaciones.
Herederos de Stroessner
Paraguay aparece como el país con la mayor concentración de la tierra del planeta, con el 90% en manos de un poco más de 12.000 grandes propietarios.
Las estadísticas muestran que unos 7.478 propietarios poseen 27.807.215 hectáreas, mientras que los pueblos indígenas con una población de 150.000 personas solo poseen 1 millón de hectáreas, y más de 300.000 familias campesinas no tienen tierra.
Según la organización paraguaya Tierra Viva, en los últimos meses al menos siete comunidades indígenas han sufrido desalojos violentos, que afectaron a más de 800 familias forzadas a abandonar sus territorios.
“¿Si esto no es crimen y violencia donde está el crimen y la violencia?”, se preguntó el senador Fulgencio Rodríguez, uno de los pocos parlamentarios, entre liberales y de centroizquierda, que se manifestaron contrarios a la ley aprobada hoy.
El proyecto había sido sancionado la semana pasada en el Senado, y tras su tratamiento en Diputados este miércoles pasa ahora al Poder Ejecutivo, que podría vetarla, aunque se descuenta que Abdo Benítez promulgue ley habida cuenta de su vinculación con los herederos del stronismo.
Foto de portada: José Bogado /UH
La Región
Joven productor yerbatero propuso tomar el Inym: “Es para visibilizar el tema”
Manuel Mielniczuk es un joven productor yerbatero de San Pedro que, en medio de discusiones y debates sobre la crisis que atraviesa al sector, propuso en el grupo de WhatsApp Impulso Yerbatero “tomar el Inym”. En diálogo con La Voz de Misiones, explicó que desde su mirada la medida “sería una opción para visibilizar la problemática”.
El año pasado participó del corte de rutas junto a un grupo numeroso de productores de su ciudad. Aunque para él la decisión de trasladar el reclamo a Rentas “no tenía sentido”.
“Eso se resolvió en asamblea con representantes de distintos puntos de la provincia, aunque yo quería acampar frente a la Casa de Gobierno en Posadas para visibilizar más el conflicto”, explicó.
Según detalló, en su zona el kilo de hoja verde se paga alrededor de 60 pesos en planta. Puesta en secadero, el valor alcanza los 240 pesos, pero tras los descuentos, entre ellos corresponsabilidad gremial y rentas, el productor termina percibiendo cerca de 180 pesos por kilo. Además, los pagos se realizan con cheques a 30 días, que luego se extienden a 90 días más. “Esos valores no cubren los costos de producción”, aclaró.
Desde que cayó el precio, sostiene que mantener el esquema productivo se volvió prácticamente imposible. “Hoy realizo por mi cuenta las tareas de limpieza y mantenimiento del yerbal porque no puedo afrontar el costo de un empleado. Es supervivencia”, declaró.
Al comparar con la situación anterior, señaló que antes del cambio de gobierno nacional cobraba alrededor de 370 pesos por kilo en efectivo. “Antes necesitaba 4 o 5 kilos de yerba para pagar una boleta de luz; hoy requiere más de 200 kilos. En el caso del combustible, hace 3 años un kilo de hoja verde equivalía aproximadamente a un litro de nafta, mientras que ahora necesitas unos 15 kilos para cubrir ese mismo litro”, detalló.
En cuanto a las responsabilidades políticas, consideró que la principal responsabilidad recae en Nación, aunque también atribuyó un grado de responsabilidad a la Provincia por no haber implementado medidas más firmes. “En reuniones con funcionarios provinciales, la respuesta fue que no pueden hacer nada”. Manuel aclaró que no votó a La Libertad Avanza y percibe que muchos productores que inicialmente acompañaron al Gobierno nacional hoy están desilusionados.
De cara al futuro, advirtió que, si no hay cambios, el conflicto podría profundizarse. Señaló que productores de mayor edad le describen escenarios previos a la creación del Inym, como intercambios de supervivencia
“Dentro de poco esto va a volver a como era antes: por 1.000 kilos de yerba te daban una bolsa de harina y un bidón de aceite”, afirmó. Y sostuvo que “mientras el Gobierno no cambie su postura, o cambie el gobierno, esto va a ir cada vez más para ese lado”.
Actualmente tiene previsto comenzar la cosecha a mediados de mes porque no cuenta con otra alternativa: debe afrontar gastos básicos como luz, combustible y alimentación. “No queda otra”, sentenció.
La Región
Gobierno del Chaco elimina fondo salarial de 600 empleados estatales
El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, eliminó el Fondo Estímulo Productivo (FEP), un adicional salarial para los trabajadores del Ministerio de Producción creado en 2015.
Según denunció el gremio de los empleados estatales chaqueños, la medida de Zdero, que gobierna aliado con La Libertad Avanza (LLA), fue “unilateral” y significa “un golpe crítico al poder adquisitivo de las familias”.
La Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), sostiene que la eliminación del FEP representa una reducción de hasta el 95% de los ingresos totales de los empleados del Estado provincial en los casos más extremos.
A través de comunicados y asambleas, la UPCP advirtió que el gobierno de Zdero descontó “el 80%” del salario a los trabajadores de la cartera de Industria, que suman unos 600 funcionarios.
“Empezamos a movilizarnos cuando vimos que no había ninguna resolución firmada y los plazos estaban venciendo”, señaló a la prensa local el dirigente sindical Raúl Cantero Garcilazo.
“Hicimos asamblea con UPCP y, aun estando en receso administrativo y con muchos compañeros de vacaciones, ayer nos movilizamos más de 200 trabajadores”, contó.
“El Fondo Estímulo representa hasta el 75% del salario. Sin ese ingreso, un empleado de planta con varios años de antigüedad pasa a cobrar alrededor de 600 o 700 mil pesos de bolsillo”, indicó.
Por su parte, la administración de Zdero justifica la medida argumentando que el mecanismo del FEP era contrario a la ley y que su eliminación responde a una necesidad de corregir irregularidades administrativas.
“El fondo se percibe desde 2015. Primero, por decreto y luego por la Ley 2398-I, aprobada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo. Nunca hubo cuestionamientos del Tribunal de Cuentas ni de la Contaduría General”, afirmó Cantero Garcilazo.
La Región
Bombinhas registra un 353% de aumento en casos de diarrea respecto a 2025
Bombinhas, una de las playas más elegidas por los misioneros para vacacionar en Brasil, enfrenta una alerta sanitaria en plena temporada alta de verano con marcado aumento de casos de diarrea.
Según un último relevamiento realizado por la Secretaría de Estado de la Salud (SES) de Santa Catarina, el municipio registró 409 casos de Doenças -enfermedades- Diarreicas Agudas (DDA) entre el 29 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, cifra que representa un aumento del 353% en comparación con el mismo período de la temporada anterior, cuando se notificaron solo 87 casos.
El incremento coincide con la publicación del más reciente informe de balneabilidad del Instituto de Medio Ambiente (IMA), que analizó 17 puntos en Bombinhas y determinó que 8 de ellos no son aptos para el baño, amplió el portal de Santa Catarina ND Mais.
Entre las zonas afectadas se encuentran tramos de las playas de Bombas, Zimbros, Morrinhos y Canto Grande. La presencia de coliformes fecales (principalmente Escherichia coli) por encima de los límites permitidos indica riesgo de contaminación, lo que puede provocar infecciones gastrointestinales como diarrea aguda, vómitos y fiebre.
El IMA recomienda evitar el baño en el mar durante las 24 a 48 horas posteriores a lluvias intensas y en las proximidades de desagües pluviales o puntos de posible vertido, ya que las precipitaciones pueden arrastrar contaminantes hacia el mar.
El problema se agrava por denuncias de vertidos irregulares de aguas residuales, incluyendo videos que muestran supuestos descargas en playas como Quatro Ilhas, aunque la municipalidad atribuyó algunos casos a sedimentos arrastrados por lluvias fuertes.
Respuesta
Ante la situación, la Prefeitura de Bombinhas emitió un comunicado cuestionando la interpretación directa de los datos de la SES.
Según la administración municipal, el fuerte aumento en las notificaciones no refleja necesariamente un empeoramiento real de la salud pública, sino que responde a una reformulación del sistema de monitoreo y notificación implementada recientemente.
“La anterior metodología presentaba debilidades y un subregistro significativo”, señala el texto oficial. Entre las mejoras adoptadas figuran la estandarización de registros, la capacitación de equipos médicos y la optimización de los instrumentos de recolección de datos.
“El incremento de las cifras debe interpretarse como un reflejo de la mejora en la calidad de la vigilancia epidemiológica, y no como un deterioro aislado del escenario”, agrega el comunicado.
La SES, por su parte, monitorea la situación en varios municipios costeros con alto flujo turístico (incluyendo Bombinhas, Florianópolis, Balneário Camboriú e Itapema), y ha coordinado acciones con la Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) para investigar posibles causas, que incluyen no solo la calidad del agua, sino también manipulación de alimentos, mayor consumo fuera del hogar y el aumento estacional de la población flotante.
Las autoridades sanitarias insisten en medidas preventivas básicas higiene estricta de manos, consumo de agua potable, cuidado con alimentos crudos y evitar el contacto con aguas de dudosa calidad.
Mientras tanto, los turistas que eligen Bombinhas por su belleza natural deben consultar los boletines semanales de balneabilidad del IMA antes de ingresar al mar.
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