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Brasil: Nueva denuncia penal contra el ex presidente Lula

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La Justicia brasileña aceptó este martes a trámite una nueva denuncia penal por corrupción y lavado de dinero contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que el mes pasado fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por los mismos delitos. Esta es la tercera vez que Lula pasa a la condición de reo en un proceso judicial en Brasil, aunque el ex presidente es procesado en otros dos casos igualmente por las supuestas ventajas indebidas que recibió de empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos de la petrolera estatal Petrobras.

Según Infobae, en el proceso que fue aceptado a trámite por el juez decimotercero federal de Curitiba, Sergio Moro, Lula es acusado de haberse beneficiado de las reformas millonarias que dos constructoras realizaron en una casa de campo cuya propiedad es atribuida al exmandatario en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo. Moro también aceptó la denuncia penal contra otras 12 personas implicadas en este caso, principalmente ejecutivos de las constructoras que costearon las obras.

Entre los ahora reos figuran Marcelo Odebrecht, ex presidente del grupo Odebrecht; Léo Pinheiro, ex presidente de OAS; José Carlos Bumlai, empresario muy próximo a Lula y que supuestamente intermedió las negociaciones, y Fernando Bittar, un amigo del expresidente y que figura en los documentos como el propietario de la casa. En su sentencia, el juez alegó que “no hay ningún registro de que Lula haya costeado las reformas”, en tanto que los “elementos probatorios permiten concluir” que empresas beneficiadas por los desvíos en Petrobras fueron las responsables por las obras. Según la Fiscalía, las obras en la casa de campo en Atibaia fueron costeadas por Odebrecht y OAS, dos de las empresas cuyos ejecutivos ya fueron condenados en el marco del gigantesco escándalo por los desvíos en Petrobras durante el Gobierno de Lula.

Es más, para la Fiscalía, a pocas semanas de que Lula fuera sucedido en la Presidencia por su ahijada política, Dilma Rousseff, Odebrecht y OAS aceptaron realizar gratuitamente una serie de obras en una casa de campo en Atibaia que la familia del exgobernante visitaba con frecuencia. De acuerdo con la acusación, las dos empresas realizaron en la casa de campo obras por un valor de un millón de reales (unos 312.500 dólares). Las constructoras realizaron mejorías en la residencia, construyeron una casa para los guardaespaldas de la Presidencia, un depósito, una cava y una sauna, y concluyeron obras en la piscina, la cancha de fútbol y un lago de la casa cuya escritura de propiedad está a nombre de los empresarios Jonas Suassuna y Fernando Bittar, amigos de Lula, a los que la Fiscalía considera como testaferros del ex presidente. Asimismo, la Fiscalía asegura que el costo de las obras forma parte de los sobornos que las dos empresas pagaron a cambio de adjudicarse ilegalmente seis millonarios contratos de Petrobras.

La defensa de Lula alega por su parte que la Fiscalía sabe desde hace varios meses “que la casa de campo frecuentada por el ex presidente Lula en Atibaia no le pertenece y nunca le perteneció”. Los fiscales, agrega la defensa, “también saben que Lula nunca le pidió a nadie ni autorizó a nadie a realizar obras en el inmueble”.

Se trata de otra etapa de la farsa judicial movida por la Lava Jato (como es conocida la investigación por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras) contra el expresidente”,

afirmó más tarde la asesoría de prensa de Lula en una nota publicada en la cuenta en Facebook del ex jefe de Estado.

En junio pasado, el ex mandatario fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por, supuestamente, haber recibido ventajas ilegales también de OAS. Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una “persecución política y judicial” que tendría como objetivo impedir que postule en 2018 nuevamente a la presidencia, que ejerció entre 2003 y 2011.

Sus aspiraciones a disputar la presidencia en las elecciones de 2018 dependen ahora del fallo en segunda instancia, pues, si la sentencia de Moro llega a ser ratificada, las leyes electorales le impedirían postular para cualquier cargo público.

Fuente: Infobae

https://www.lavozdemisiones.com/2017/07/13/condenaron-a-lula-a-nueve-anos-y-seis-meses-de-prision-por-corrupcion/

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Joven productor yerbatero propuso tomar el Inym: “Es para visibilizar el tema”

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Manuel Mielniczuk es un joven productor yerbatero de San Pedro que, en medio de discusiones y debates sobre la crisis que atraviesa al sector, propuso en el grupo de WhatsApp Impulso Yerbaterotomar el Inym”. En diálogo con La Voz de Misiones, explicó que desde su mirada la medida  “sería una opción para visibilizar la problemática”. 

La idea fue propuesta en formato de encuesta y fueron pocos los que emitieron su voto. Solo 6 de los 683 integrantes se inclinaron por la opción positiva. No obstante, cabe señalar que la participación en el grupo suele ser baja y que entre sus miembros también hay dirigentes políticos y periodistas.

Desde hace 5 años administra 15 hectáreas familiares, bajo un contrato de aparcería. La producción total de su chacra ronda los 100.000 kilos anuales. Sin embargo, asegura  “la actividad atraviesa uno de los momentos más críticos que me tocó vivir”.

Manuel Mielniczuk

El año pasado participó del corte de rutas junto a un grupo numeroso de productores de su ciudad. Aunque para él la decisión de trasladar el reclamo a Rentas “no tenía sentido”.

“Eso se resolvió en asamblea con representantes de distintos puntos de la provincia, aunque yo quería acampar frente a la Casa de Gobierno en Posadas para visibilizar más el conflicto”, explicó.

Según detalló, en su zona el kilo de hoja verde se paga alrededor de 60 pesos en planta. Puesta en secadero, el valor alcanza los 240 pesos, pero tras los descuentos, entre ellos corresponsabilidad gremial y rentas, el productor termina percibiendo cerca de 180 pesos por kilo. Además, los pagos se realizan con cheques a 30 días, que luego se extienden a 90 días más. “Esos valores no cubren los costos de producción”, aclaró.

Desde que cayó el precio, sostiene que mantener el esquema productivo se volvió prácticamente imposible. “Hoy realizo por mi cuenta las tareas de limpieza y mantenimiento del yerbal porque no puedo afrontar el costo de un empleado. Es supervivencia”, declaró.

Al comparar con la situación anterior, señaló que antes del cambio de gobierno nacional cobraba alrededor de 370 pesos por kilo en efectivo.  “Antes necesitaba 4 o 5 kilos de yerba para pagar una boleta de luz; hoy requiere más de 200 kilos. En el caso del combustible, hace 3 años un kilo de hoja verde equivalía aproximadamente a un litro de nafta, mientras que ahora necesitas unos 15 kilos para cubrir ese mismo litro”, detalló.

En cuanto a las responsabilidades políticas, consideró que la principal responsabilidad recae en Nación, aunque también atribuyó un grado de responsabilidad a la Provincia por no haber implementado medidas más firmes. “En reuniones con funcionarios provinciales, la respuesta fue que no pueden hacer nada”. Manuel aclaró que no votó a La Libertad Avanza y percibe que muchos productores que inicialmente acompañaron al Gobierno nacional hoy están desilusionados.

De cara al futuro, advirtió que, si no hay cambios, el conflicto podría profundizarse. Señaló que productores de mayor edad le describen escenarios previos a la creación del Inym, como intercambios de supervivencia

“Dentro de poco esto va a volver a como era antes: por 1.000 kilos de yerba te daban una bolsa de harina y un bidón de aceite”, afirmó. Y sostuvo que “mientras el Gobierno no cambie su postura, o cambie el gobierno, esto va a ir cada vez más para ese lado”. 

Actualmente tiene previsto comenzar la cosecha a mediados de mes porque no cuenta con otra alternativa: debe afrontar gastos básicos como luz, combustible y alimentación. “No queda otra”, sentenció.

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Gobierno del Chaco elimina fondo salarial de 600 empleados estatales

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El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, eliminó el Fondo Estímulo Productivo (FEP), un adicional salarial para los trabajadores del Ministerio de Producción creado en 2015.

Según denunció el gremio de los empleados estatales chaqueños, la medida de Zdero, que gobierna aliado con La Libertad Avanza (LLA), fue “unilateral” y significa “un golpe crítico al poder adquisitivo de las familias”.

La Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), sostiene que la eliminación del FEP representa una reducción de hasta el 95% de los ingresos totales de los empleados del Estado provincial en los casos más extremos.

A través de comunicados y asambleas, la UPCP advirtió que el gobierno de Zdero descontó “el 80%” del salario a los trabajadores de la cartera de Industria, que suman unos 600 funcionarios.

“Empezamos a movilizarnos cuando vimos que no había ninguna resolución firmada y los plazos estaban venciendo”, señaló a la prensa local el dirigente sindical Raúl Cantero Garcilazo.

“Hicimos asamblea con UPCP y, aun estando en receso administrativo y con muchos compañeros de vacaciones, ayer nos movilizamos más de 200 trabajadores”, contó.

“El Fondo Estímulo representa hasta el 75% del salario. Sin ese ingreso, un empleado de planta con varios años de antigüedad pasa a cobrar alrededor de 600 o 700 mil pesos de bolsillo”, indicó.

Por su parte, la administración de Zdero justifica la medida argumentando que el mecanismo del FEP era contrario a la ley y que su eliminación responde a una necesidad de corregir irregularidades administrativas.

“El fondo se percibe desde 2015. Primero, por decreto y luego por la Ley 2398-I, aprobada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo. Nunca hubo cuestionamientos del Tribunal de Cuentas ni de la Contaduría General”, afirmó Cantero Garcilazo.

 

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Bombinhas registra un 353% de aumento en casos de diarrea respecto a 2025

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Bombinhas, una de las playas más elegidas por los misioneros para vacacionar en Brasil, enfrenta una alerta sanitaria en plena temporada alta de verano con marcado aumento de casos de diarrea.

Según un último relevamiento realizado por la Secretaría de Estado de la Salud (SES) de Santa Catarina, el municipio registró 409 casos de Doenças -enfermedades- Diarreicas Agudas (DDA) entre el 29 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026, cifra que representa un aumento del 353% en comparación con el mismo período de la temporada anterior, cuando se notificaron solo 87 casos.

El incremento coincide con la publicación del más reciente informe de balneabilidad del Instituto de Medio Ambiente (IMA), que analizó 17 puntos en Bombinhas y determinó que 8 de ellos no son aptos para el baño, amplió el portal de Santa Catarina ND Mais.

Entre las zonas afectadas se encuentran tramos de las playas de Bombas, Zimbros, Morrinhos y Canto Grande. La presencia de coliformes fecales (principalmente Escherichia coli) por encima de los límites permitidos indica riesgo de contaminación, lo que puede provocar infecciones gastrointestinales como diarrea aguda, vómitos y fiebre.

El IMA recomienda evitar el baño en el mar durante las 24 a 48 horas posteriores a lluvias intensas y en las proximidades de desagües pluviales o puntos de posible vertido, ya que las precipitaciones pueden arrastrar contaminantes hacia el mar.

El problema se agrava por denuncias de vertidos irregulares de aguas residuales, incluyendo videos que muestran supuestos descargas en playas como Quatro Ilhas, aunque la municipalidad atribuyó algunos casos a sedimentos arrastrados por lluvias fuertes.

Respuesta

Ante la situación, la Prefeitura de Bombinhas emitió un comunicado cuestionando la interpretación directa de los datos de la SES.

Según la administración municipal, el fuerte aumento en las notificaciones no refleja necesariamente un empeoramiento real de la salud pública, sino que responde a una reformulación del sistema de monitoreo y notificación implementada recientemente.

“La anterior metodología presentaba debilidades y un subregistro significativo”, señala el texto oficial. Entre las mejoras adoptadas figuran la estandarización de registros, la capacitación de equipos médicos y la optimización de los instrumentos de recolección de datos.

“El incremento de las cifras debe interpretarse como un reflejo de la mejora en la calidad de la vigilancia epidemiológica, y no como un deterioro aislado del escenario”, agrega el comunicado.

La SES, por su parte, monitorea la situación en varios municipios costeros con alto flujo turístico (incluyendo Bombinhas, Florianópolis, Balneário Camboriú e Itapema), y ha coordinado acciones con la Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) para investigar posibles causas, que incluyen no solo la calidad del agua, sino también manipulación de alimentos, mayor consumo fuera del hogar y el aumento estacional de la población flotante.

Las autoridades sanitarias insisten en medidas preventivas básicas higiene estricta de manos, consumo de agua potable, cuidado con alimentos crudos y evitar el contacto con aguas de dudosa calidad.

Mientras tanto, los turistas que eligen Bombinhas por su belleza natural deben consultar los boletines semanales de balneabilidad del IMA  antes de ingresar al mar.

Brasil 2026: Paso Rosales estará habilitado del 2 de enero al 15 de marzo

 

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