La Región
Brasil: Nueva denuncia penal contra el ex presidente Lula

La Justicia brasileña aceptó este martes a trámite una nueva denuncia penal por corrupción y lavado de dinero contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que el mes pasado fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por los mismos delitos. Esta es la tercera vez que Lula pasa a la condición de reo en un proceso judicial en Brasil, aunque el ex presidente es procesado en otros dos casos igualmente por las supuestas ventajas indebidas que recibió de empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos de la petrolera estatal Petrobras.
Según Infobae, en el proceso que fue aceptado a trámite por el juez decimotercero federal de Curitiba, Sergio Moro, Lula es acusado de haberse beneficiado de las reformas millonarias que dos constructoras realizaron en una casa de campo cuya propiedad es atribuida al exmandatario en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo. Moro también aceptó la denuncia penal contra otras 12 personas implicadas en este caso, principalmente ejecutivos de las constructoras que costearon las obras.
Entre los ahora reos figuran Marcelo Odebrecht, ex presidente del grupo Odebrecht; Léo Pinheiro, ex presidente de OAS; José Carlos Bumlai, empresario muy próximo a Lula y que supuestamente intermedió las negociaciones, y Fernando Bittar, un amigo del expresidente y que figura en los documentos como el propietario de la casa. En su sentencia, el juez alegó que “no hay ningún registro de que Lula haya costeado las reformas”, en tanto que los “elementos probatorios permiten concluir” que empresas beneficiadas por los desvíos en Petrobras fueron las responsables por las obras. Según la Fiscalía, las obras en la casa de campo en Atibaia fueron costeadas por Odebrecht y OAS, dos de las empresas cuyos ejecutivos ya fueron condenados en el marco del gigantesco escándalo por los desvíos en Petrobras durante el Gobierno de Lula.
Es más, para la Fiscalía, a pocas semanas de que Lula fuera sucedido en la Presidencia por su ahijada política, Dilma Rousseff, Odebrecht y OAS aceptaron realizar gratuitamente una serie de obras en una casa de campo en Atibaia que la familia del exgobernante visitaba con frecuencia. De acuerdo con la acusación, las dos empresas realizaron en la casa de campo obras por un valor de un millón de reales (unos 312.500 dólares). Las constructoras realizaron mejorías en la residencia, construyeron una casa para los guardaespaldas de la Presidencia, un depósito, una cava y una sauna, y concluyeron obras en la piscina, la cancha de fútbol y un lago de la casa cuya escritura de propiedad está a nombre de los empresarios Jonas Suassuna y Fernando Bittar, amigos de Lula, a los que la Fiscalía considera como testaferros del ex presidente. Asimismo, la Fiscalía asegura que el costo de las obras forma parte de los sobornos que las dos empresas pagaron a cambio de adjudicarse ilegalmente seis millonarios contratos de Petrobras.
La defensa de Lula alega por su parte que la Fiscalía sabe desde hace varios meses “que la casa de campo frecuentada por el ex presidente Lula en Atibaia no le pertenece y nunca le perteneció”. Los fiscales, agrega la defensa, “también saben que Lula nunca le pidió a nadie ni autorizó a nadie a realizar obras en el inmueble”.
Se trata de otra etapa de la farsa judicial movida por la Lava Jato (como es conocida la investigación por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras) contra el expresidente”,
afirmó más tarde la asesoría de prensa de Lula en una nota publicada en la cuenta en Facebook del ex jefe de Estado.
En junio pasado, el ex mandatario fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por, supuestamente, haber recibido ventajas ilegales también de OAS. Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una “persecución política y judicial” que tendría como objetivo impedir que postule en 2018 nuevamente a la presidencia, que ejerció entre 2003 y 2011.
Sus aspiraciones a disputar la presidencia en las elecciones de 2018 dependen ahora del fallo en segunda instancia, pues, si la sentencia de Moro llega a ser ratificada, las leyes electorales le impedirían postular para cualquier cargo público.
Fuente: Infobae
La Región
Valdés sobre mesa de Milei con gobernadores: “Están buscando una foto”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se sumó al pelotón de mandatarios provinciales que salieron a criticar la convocatoria al diálogo del presidente Javier Milei, luego de la derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires.
En diálogo con la periodista María Laura Santillán, en LN+, Valdés se mostró favorable a “recomponer” el diálogo de las provincias con el gobierno nacional, aunque opinó que, dado el contexto electoral, “la convocatoria de la Casa Rosada tampoco es inocente”.
“Están tratando de buscar una foto”, disparó el gobernador correntino y recargó: “Ya fuimos a muchas fotos y nunca pasó nada”.
Valdés confirmó su incorporación al grupo de gobernadores conocido como Provincias Unidas, y adelantó que el viernes participará de la cumbre del grupo en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, junto al anfitrión Martín Llaryora y los mandatarios de Santa Fé, Maximiliano Pullaro; Chubut, Ignacio Torres; Jujuy, Carlos Sadir; y Santa Cruz, Claudio Vidal.
“La verdad que hay que recomponer un diálogo para tener una Argentina sensata, con responsabilidades y hacer cosas”, afirmó el gobernador correntino y argumentó: “Si no tenemos sensatez, un camino de construcción para la producción, la industria; para resolver los problemas, es difícil que se pueda construir el diálogo”.
“¿Va a ir a la convocatoria del presidente?”, le indagó Santillán.
“Depende de para qué. ¿Para la foto? No voy”, contestó Valdés.
“Si es para un diálogo en serio, que tengan una primera muestra”, razonó el mandatario correntino.
Tontos
“¿Sabe cuántos ATN recibió Corrientes?, cero”, lanzó Valdés cuando la periodista lo consultó sobre la posibilidad de que el presidente vete, entre mañana y pasado, la ley sancionada por el Congreso en agosto para el giro automático de estos fondos a las provincias.
“Lo razonable y sensato es que se distribuya entre las provincias. Es una plata que tiene ese destino”, argumentó.
“¿Qué vamos a hacer con las rutas? Tenemos camiones que vuelcan por la ruta 14, porque están todas las banquinas destrozadas”, lanzó.
“¿Qué vamos a hacer con la tarifa social de gente que le viene $200.000 mil de luz y no tiene forma de pagar? ¿Qué hacemos con la producción, la infraestructura, los discapacitados?”, arremetió.
El gobernador correntino comentó que su provincia absorbió con su propio presupuesto la continuidad de obras viales nacionales abandonadas tras la asunción de Milei.
“Se comprometieron a hacer tres obras, no cumplieron ninguna”, afirmó.
“¿Qué hacemos con la yerba?, los yerbateros lo están pasando mal. ¿Qué hacemos con los comodities de madera?”, sumó.
“Hay cosas para conversar, no es que todo lo va a resolver el mercado, esa etapa ya la vivimos”, afirmó Valdés y se quejó de que “cuando vemos que hay sectores de la economía que tienen inconvenientes, no tenemos con quien hablar; no encontramos interlocutores”.
“Sentémonos a dialogar políticamente. Queremos ayudar, no somos personas que queremos que la Argentina explote”, reflexionó Valdés.
“Necesitamos menos golpes y más diálogo, pero si nos dan la espalda es muy difícil”, reclamó y advirtió: “Lo que no queremos es que nos tomen de tontos”.
Palomas de Iglesia
Las afirmaciones de Valdés resonaron entre las de otros gobernadores otrora aliados de Milei, como el salteño Gustavo Sáenz y el tucumano Osvaldo Jaldo, que reaccionaron con duros términos contra el gobierno apenas conocida la intención de la Casa Rosada de convocar a los mandatarios provinciales.
“Esto me recuerda a un spot publicitario del presidente y Victoria Villarruel, que decía que una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”, rebobinó Saénz, en declaraciones periodísticas.
“Imagínese que me voy sentar a una mesa con los mismos de siempre”, se burló el salteño y cargó: “Con los que no cumplieron su palabra, con los que nos traicionaron, con los que hemos acompañado todas las medidas para que este gobierno pueda llevar adelante su plan, y no me arrepiento de haberlo hecho”.
“Este gobierno no son leones, sino palomas de iglesia, porque lo único que han hecho es cagar a los fieles”, ironizó.
La Región
Ganó Valdés en Corrientes: le siguen Ascua, Colombi y cuarto Almirón, de LLA

El intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador saliente, Juan Pablo Valdés, se consagraba en las elecciones provinciales de este domingo, con más de la mitad de los votos, como el nuevo gobernador de Corrientes a partir del 10 de diciembre próximo.
Escrutado casi el 20% de las mesas, la alianza oficialista Vamos Corrientes se alzaba con el 52,5% de los sufragios, contra el 20,16% de Limpiar Corrientes, que llevaba a Martín Ignacio Tincho Ascuá; 16,68% de ECO, del ex gobernador Ricardo Colombi; y el 8,85% de La Libertad Avanza, del diputado nacional Lisandro Almirón.
Cerca de las 23 horas y con el sitio web de la Justicia Electoral Provincial caído, el candidato oficialista agradeció a los correntinos y confirmó el triunfo del frente liderado por su hermano, el gobernador saliente Gustavo Valdés.
“Hoy Corrientes decidió que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”, afirmó y proclamó: “Cerramos esta página y empezamos a trabajar, ¡muchas gracias, Corrientes!”.
Un rato antes, Colombi había reconocido la derrota y asegurado el triunfo del oficialismo en primera vuelta, contrariamente a lo que señalado a los medios casi a la misma hora por Ascua, afirmando haber conseguido el balotaje.
Desde el bunker de Almirón no hubo reacciones hasta el cierre de esta nota.
Más abajo en los votos, se ubicaban Cambia Corrientes, de Sonia Beatriz López, con el 0,88%; el Partido Ahora, de Carlos Ezequiel Teke Romero, con el 0,63%; y el Partido De la Esperanza, de Adriana Leila Vega, con el 0,32%.
La Región
Demandan por filiación a herederos de Pablo Navajas Artaza, de Las Marías

La demanda se presentó en el Juzgado Civil y Comercial de Virasoro, Corrientes, en 2023, y se tramita en el Expediente VXP 12876/23, patrocinada por el abogado local Hortensio Marino Samaniego.
El tema no se había filtrado a los medios hasta esta semana, en que fue revelado por el periodista de Radio UP,Diego Fernando Salazar, en un informe que tituló “El hijo no reconocido de la yerba mate”, que subió a su cuenta personal de X.
Si bien, en los facsímiles filtrados del expediente judicial el nombre del demandante aparece tachado, en el documento puede leerse que se trata de un herrero de 39 años, nacido el 2 de agosto de 1986 y radicado en La Plata, provincia de Buenos Aires, que asegura ser hijo de Pablo Navajas Artaza, descendiente directo del fundador del Establecimiento Las Marías, de Virasoro, y ex dueño del diario El Territorio, fallecido en 2002.
La demanda por “filiación extramatrimonial” alcanza a los herederos del empresario yerbatero fallecido: Paul Navajas Mc Neil, Stuart Víctor Navajas Mc Neil, Roberto Navajas Mc Neil, Leslie Navajas Mc Neil y Jean Navajas Mc Neil.
El demandante pide a la justicia correntina que, “luego del reconocimiento de la Filiación reclamada, los accionados indemnicen al actor por el grave DAÑO MORAL, el DAÑO PSICOLÓGICO y las PERDIDAS DE CHANCE sufridas, a tenor de la ausencia de reconocimiento de la paternidad”, según puede leerse en el expediente.
El hermano Toco
Pablo Navajas Artaza es hermano de Adolfo Navajas Artaza, ex Interventor Federal de Corrientes entre 1969 y 1973, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía; intendente de Virasoro y Ministro de Acción Social de la Nación de Reynaldo Bignone, del 22 de septiembre de 1982, hasta la caída del régimen militar el 10 de diciembre de 1983.
El hermano Toco murió en 2022, acosado por denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, por privaciones ilegítimas de la libertad contra seis trabajadores de Las Marías, Ramón Aguirre, Marcelo Acuña, Pablo de la Cruz Franco, Juan Gómez, Carlos Arturo Escobar y Héctor Sena; y la desaparición de otros dos dirigentes sindicales de su yerbatera, Nery Pérez y Marcelo Peralta.
Hijo de Víctor Navajas Centeno y María Silvia Artaza, el empresario de quien el herrero bonaerense asegura ser su hijo, había nacido en la localidad correntina de Santo Tomé y tenía 73 años cuando falleció en 2002.
En su trayectoria como empresario y dirigente del sector, fue fundador de la Cámara Argentina del Té e integró el directorio de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (Crym), organismo creado en 1935 y desmantelado durante el menemismo en octubre de 1991, cuya desaparición desembocó en una crisis yerbatera sin precedentes y llevó a la conformación del Inym, extinto en sus funciones por el decreto 70/23 del presidente Javier Milei.
Según reconstruye un obituario publicado por el diario porteño La Nación en los días de su deceso, Pablo Navajas Artaza hizo la escuela primaria en Virasoro, la secundaria en el Colegio Ward de Buenos Aires y se graduó en Ciencias Agrarias en la Universidad de Lousiana, Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con Bárbara McNeil, de cuya unión nacieron los herederos que enfrentan la demanda por filiación en el juzgado local.
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