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Brasil: Nueva denuncia penal contra el ex presidente Lula

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La Justicia brasileña aceptó este martes a trámite una nueva denuncia penal por corrupción y lavado de dinero contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que el mes pasado fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por los mismos delitos. Esta es la tercera vez que Lula pasa a la condición de reo en un proceso judicial en Brasil, aunque el ex presidente es procesado en otros dos casos igualmente por las supuestas ventajas indebidas que recibió de empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos de la petrolera estatal Petrobras.

Según Infobae, en el proceso que fue aceptado a trámite por el juez decimotercero federal de Curitiba, Sergio Moro, Lula es acusado de haberse beneficiado de las reformas millonarias que dos constructoras realizaron en una casa de campo cuya propiedad es atribuida al exmandatario en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo. Moro también aceptó la denuncia penal contra otras 12 personas implicadas en este caso, principalmente ejecutivos de las constructoras que costearon las obras.

Entre los ahora reos figuran Marcelo Odebrecht, ex presidente del grupo Odebrecht; Léo Pinheiro, ex presidente de OAS; José Carlos Bumlai, empresario muy próximo a Lula y que supuestamente intermedió las negociaciones, y Fernando Bittar, un amigo del expresidente y que figura en los documentos como el propietario de la casa. En su sentencia, el juez alegó que “no hay ningún registro de que Lula haya costeado las reformas”, en tanto que los “elementos probatorios permiten concluir” que empresas beneficiadas por los desvíos en Petrobras fueron las responsables por las obras. Según la Fiscalía, las obras en la casa de campo en Atibaia fueron costeadas por Odebrecht y OAS, dos de las empresas cuyos ejecutivos ya fueron condenados en el marco del gigantesco escándalo por los desvíos en Petrobras durante el Gobierno de Lula.

Es más, para la Fiscalía, a pocas semanas de que Lula fuera sucedido en la Presidencia por su ahijada política, Dilma Rousseff, Odebrecht y OAS aceptaron realizar gratuitamente una serie de obras en una casa de campo en Atibaia que la familia del exgobernante visitaba con frecuencia. De acuerdo con la acusación, las dos empresas realizaron en la casa de campo obras por un valor de un millón de reales (unos 312.500 dólares). Las constructoras realizaron mejorías en la residencia, construyeron una casa para los guardaespaldas de la Presidencia, un depósito, una cava y una sauna, y concluyeron obras en la piscina, la cancha de fútbol y un lago de la casa cuya escritura de propiedad está a nombre de los empresarios Jonas Suassuna y Fernando Bittar, amigos de Lula, a los que la Fiscalía considera como testaferros del ex presidente. Asimismo, la Fiscalía asegura que el costo de las obras forma parte de los sobornos que las dos empresas pagaron a cambio de adjudicarse ilegalmente seis millonarios contratos de Petrobras.

La defensa de Lula alega por su parte que la Fiscalía sabe desde hace varios meses “que la casa de campo frecuentada por el ex presidente Lula en Atibaia no le pertenece y nunca le perteneció”. Los fiscales, agrega la defensa, “también saben que Lula nunca le pidió a nadie ni autorizó a nadie a realizar obras en el inmueble”.

Se trata de otra etapa de la farsa judicial movida por la Lava Jato (como es conocida la investigación por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras) contra el expresidente”,

afirmó más tarde la asesoría de prensa de Lula en una nota publicada en la cuenta en Facebook del ex jefe de Estado.

En junio pasado, el ex mandatario fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por, supuestamente, haber recibido ventajas ilegales también de OAS. Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una “persecución política y judicial” que tendría como objetivo impedir que postule en 2018 nuevamente a la presidencia, que ejerció entre 2003 y 2011.

Sus aspiraciones a disputar la presidencia en las elecciones de 2018 dependen ahora del fallo en segunda instancia, pues, si la sentencia de Moro llega a ser ratificada, las leyes electorales le impedirían postular para cualquier cargo público.

Fuente: Infobae

https://www.lavozdemisiones.com/2017/07/13/condenaron-a-lula-a-nueve-anos-y-seis-meses-de-prision-por-corrupcion/

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Luis Petri anunció que el Ejército reforzará la frontera seca con Brasil

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ejército frontera seca

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, anunció ayer el envío de equipos de control y vigilancia del Ejército Argentina para reforzar la seguridad en las zonas de Misiones que tienen frontera internacional con Brasil.

La noticia fue dada anoche, durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en el canal A24, y tiene correlación con el contexto de la escalada de violencia que se registra en Río de Janeiro, donde la Policía local ejecutó un operativo sin precedentes contra el grupo narcocriminal Comando Vermelho que culminó con más de 120 muertes y decenas de desaparecidos.

“Así como la Armada controla la zona económica exclusiva y la Fuerza Aérea los cielos, el Ejército debe colaborar con la Gendarmería para cuidar las fronteras”, adelantó Petri, que recientemente fue electo diputado nacional por La Libertad Avanza en Mendoza.

Y en ese marco dio el anuncio: “Vamos a reforzar la Operación Roca en Misiones”.

Según explicó el titular de la cartera de Defensa, la ideal inicial era reforzar las fronteras en Formosa, pero debido a lo ocurrido en Brasil decidieron alterar el plan y dar ese paso en Misiones.

“Estaba previsto primero ir a Formosa, pero en lugar de eso vamos a enviar equipos de control y vigilancia del Ejército a Misiones para reforzar la frontera con Brasil, teniendo en cuesta este desbande que la ministra (Patricia Bullrich) dice que puede llegar a ocurrir”, agregó.

Sobre el operativo, señaló que “en Bernardo de Irigoyen se van a desplegar secciones de vigilancia, apoyo logístico, obtención de información y apoyo aéreo porque van a ir dos helicópteros. También van a ir a Iguazú. Son equipos de control, de obtención de información. Son operaciones de defensa en frontera. Es legítimo y es válido”.

Ese mismo día, pero más temprano, la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también hizo un anuncio relacionado al mismo tema y activó una “alerta máxima” en las fronteras.

Todas estas decisiones tienen vinculación directa con la megaoperación que ejecutó la Policía de Río de Janeiro contra el Comando Vermelho en las favelas Penha y Complexo do Alemão, dejando un saldo de al menos 123 muertos, entre ellos 13 agentes.

Tras la masacre, donde los narcos también respondieron con fusiles, granadas y drones, el gobierno brasileño decretó estado de emergencia y movilizó al Ejército. Autoridades temen fuga masiva hacia fronteras vecinas, incluida Argentina.

Activaron una alerta máxima en las fronteras de Misiones tras masacre de Río

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Activaron una alerta máxima en las fronteras de Misiones tras masacre de Río

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masacre de río

En un contexto de creciente inestabilidad regional marcado por la reciente escalada de violencia en Río de Janeiro, donde la Policía local ejecutó un operativo sin precedentes contra el grupo narcocriminal Comando Vermelho, que culminó con más de 130 muertes y decenas de desaparecidos, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció este martes la activación de una “alerta máxima” en las fronteras argentinas.

La medida, impulsada por la -hasta ahora- ministra Patricia Bullrich, busca prevenir el posible desplazamiento de miembros de bandas narcotraficantes hacia territorio nacional, con un enfoque especial en la Triple Frontera –el área compartida entre Argentina, Brasil y Paraguay– y otros pasos fronterizos clave de la provincia de Misiones, como la frontera seca de Bernardo de Irigoyen con sus vecinas ciudades brasileñas de Dionisio Cerqueira y Barracao.

El anuncio se produce apenas un día después de un megaoperativo policial en las favelas de Río de Janeiro, que dejó al menos 132 muertos y más de 80 detenidos en enfrentamientos con el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase de aquellos que evidentemente se deben estar moviendo de lugar desde la centralidad del conflicto en Río”, declaró Bullrich durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

La funcionaria enfatizó que el refuerzo implica controles exhaustivos en los ingresos del norte del país, con comunicación constante entre las fuerzas argentinas y sus pares brasileños.

Una ‘alerta máxima’ significa mirar con cuatro ojos a todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no, por supuesto, no confundiendo turistas. Es un modelo de alerta”, agregó, precisando que el foco estará puesto “en la triple frontera y en Tancredo Neves”, donde se registran “mucho movimiento”.

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Yacyretá confirmó la continuidad de las obras en Aña Cuá

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Aña Cuá

El Comité Ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) confirmó, este miércoles en Asunción, la reanudación de las obras de maquinización del brazo Aña Cuá, luego de aprobar de forma definitiva las garantías presentadas por el consorcio Aña Cuá WRT, integrado por las empresas Webuild, Rovella y Tecnoedil.

Los directores de ambas márgenes de la Binacional, Luis Benítez Cuevas, de Paraguay, y Alfonso Peña, de Argentina, encabezaron la reunión de hoy en la capital paraguaya, y destacaron “destacaron el avance técnico y administrativo alcanzado, que garantiza la reanudación plena de los trabajos”, según informó la EBY.

“La continuidad de Aña Cuá representa un paso clave para el desarrollo energético y económico de la región”, sostuvo la Entidad Binacional en un comunicado publicado en su página web. “La obra permitirá incrementar la capacidad de generación eléctrica de Yacyretá en un valor estimado de USD 80 millones anuales, fortaleciendo la matriz energética binacional y contribuyendo a la sustentabilidad económica de la Entidad”, reseñó.

La publicación aseguró que “el proyecto impulsará la reactivación productiva en las ciudades de Ayolas (Paraguay) e Ituzaingó (Argentina), a través de la contratación de más de 900 trabajadores y la movilización de proveedores locales de bienes y servicios, generando un efecto multiplicador en ambas márgenes del río Paraná”.

Según la información, “los componentes electromecánicos presentan un grado de avance muy significativo, lo que permitirá que la primera de las tres turbinas Kaplan entre en funcionamiento durante el año 2028”.

“Estamos muy contentos por este paso trascendental que estamos dando”, afirmó el director paraguayo, de acuerdo al parte de prensa. “Aña Cuá representa mucho para nuestros dos países: más trabajo, más ingresos, más comercio y, sobre todo, más energía, que es lo que necesitamos para desarrollarnos y atraer inversiones industriales”, expresó Benítez Cuevas.

El argentino Peña subrayó, por su parte, “el valor estratégico de la obra y su alineamiento con los objetivos de desarrollo federal y eficiencia en la gestión”.

“La continuidad de Aña Cuá refleja una decisión política firme y sostenida: avanzar con proyectos que generan energía limpia, empleo genuino y desarrollo federal”, señaló el director argentino.

“Bajo una lógica de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión, este emprendimiento fortalece la integración con la República del Paraguay y demuestra que, cuando los recursos se administran con criterio y visión, es posible concretar obras que transforman realidades y promueven el progreso de ambos países”, manifestó.

Paralización

Las obras del brazo Aña Cua se habían interrumpido a fines de diciembre de 2023, debido a problemas financieros y cambiarios en Argentina, y también se mencionan despidos masivos que ocurrieron alrededor de esa fecha.

La información periodística de la época menciona la devaluación del peso argentino, resuelta a fines de diciembre de 2023 por el recién asumido presidente Javier Milei, y los problemas financieros del consorcio constructor, como las razones que llevaron a paralizar las obras.

La interrupción afectó entonces a unos 1.200 trabajadores paraguayos y argentinos, y provocó una crisis económica en las zonas de influencia de la represa.

El Comité Ejecutivo de la EBY, reunido en Asunción, este miércoles.

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