La Región
Brasil: Nueva denuncia penal contra el ex presidente Lula
La Justicia brasileña aceptó este martes a trámite una nueva denuncia penal por corrupción y lavado de dinero contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que el mes pasado fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por los mismos delitos. Esta es la tercera vez que Lula pasa a la condición de reo en un proceso judicial en Brasil, aunque el ex presidente es procesado en otros dos casos igualmente por las supuestas ventajas indebidas que recibió de empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos de la petrolera estatal Petrobras.
Según Infobae, en el proceso que fue aceptado a trámite por el juez decimotercero federal de Curitiba, Sergio Moro, Lula es acusado de haberse beneficiado de las reformas millonarias que dos constructoras realizaron en una casa de campo cuya propiedad es atribuida al exmandatario en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo. Moro también aceptó la denuncia penal contra otras 12 personas implicadas en este caso, principalmente ejecutivos de las constructoras que costearon las obras.
Entre los ahora reos figuran Marcelo Odebrecht, ex presidente del grupo Odebrecht; Léo Pinheiro, ex presidente de OAS; José Carlos Bumlai, empresario muy próximo a Lula y que supuestamente intermedió las negociaciones, y Fernando Bittar, un amigo del expresidente y que figura en los documentos como el propietario de la casa. En su sentencia, el juez alegó que “no hay ningún registro de que Lula haya costeado las reformas”, en tanto que los “elementos probatorios permiten concluir” que empresas beneficiadas por los desvíos en Petrobras fueron las responsables por las obras. Según la Fiscalía, las obras en la casa de campo en Atibaia fueron costeadas por Odebrecht y OAS, dos de las empresas cuyos ejecutivos ya fueron condenados en el marco del gigantesco escándalo por los desvíos en Petrobras durante el Gobierno de Lula.
Es más, para la Fiscalía, a pocas semanas de que Lula fuera sucedido en la Presidencia por su ahijada política, Dilma Rousseff, Odebrecht y OAS aceptaron realizar gratuitamente una serie de obras en una casa de campo en Atibaia que la familia del exgobernante visitaba con frecuencia. De acuerdo con la acusación, las dos empresas realizaron en la casa de campo obras por un valor de un millón de reales (unos 312.500 dólares). Las constructoras realizaron mejorías en la residencia, construyeron una casa para los guardaespaldas de la Presidencia, un depósito, una cava y una sauna, y concluyeron obras en la piscina, la cancha de fútbol y un lago de la casa cuya escritura de propiedad está a nombre de los empresarios Jonas Suassuna y Fernando Bittar, amigos de Lula, a los que la Fiscalía considera como testaferros del ex presidente. Asimismo, la Fiscalía asegura que el costo de las obras forma parte de los sobornos que las dos empresas pagaron a cambio de adjudicarse ilegalmente seis millonarios contratos de Petrobras.
La defensa de Lula alega por su parte que la Fiscalía sabe desde hace varios meses “que la casa de campo frecuentada por el ex presidente Lula en Atibaia no le pertenece y nunca le perteneció”. Los fiscales, agrega la defensa, “también saben que Lula nunca le pidió a nadie ni autorizó a nadie a realizar obras en el inmueble”.
Se trata de otra etapa de la farsa judicial movida por la Lava Jato (como es conocida la investigación por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras) contra el expresidente”,
afirmó más tarde la asesoría de prensa de Lula en una nota publicada en la cuenta en Facebook del ex jefe de Estado.
En junio pasado, el ex mandatario fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión por, supuestamente, haber recibido ventajas ilegales también de OAS. Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una “persecución política y judicial” que tendría como objetivo impedir que postule en 2018 nuevamente a la presidencia, que ejerció entre 2003 y 2011.
Sus aspiraciones a disputar la presidencia en las elecciones de 2018 dependen ahora del fallo en segunda instancia, pues, si la sentencia de Moro llega a ser ratificada, las leyes electorales le impedirían postular para cualquier cargo público.
Fuente: Infobae
La senadora paraguaya y parlamentaria del Mercosur, Lilian Samaniego, criticó las nuevas exigencias migratorias establecidas por el gobierno argentino y opinó que “atentan contra la integración regional”.
La parlamentaria paraguaya se refirió a la reforma migratoria del DNU 366/2025 del presidente Javier Milei en la reciente sesión del Parlasur y abogó por su revisión, en virtud de los “lazos históricos comunes” entre ambos países.
Samaniego valoró el protocolo firmado por Paraguay y Argentina para avanzar con el control integrado en los puestos fronterizos, porque “será en beneficio de los ciudadanos de a pie”, y cuestionó la decisión del gobierno argentino de endurecer las condiciones de ingreso al país, agregando requisitos que antes no existían, como el seguro médico obligatorio.
En opinión de la parlamentaria paraguaya, el gobierno de Milei “va de contramano a estas intenciones de agilización, como poner mayores requisitos, como un seguro médico, para las personas que cruzan la frontera”.
“Es importante advertir que poner requisitos demás atenta contra la integración regional, que diría debe ser la consigna”, afirmó Samaniego.
“A lo largo de la historia, Paraguay y Argentina han compartido mucho más que una frontera”, historió la parlamentaria del vecino país y enumeró: “Sangre, trabajo, canciones, palabras, sueños y en muchas ciudades argentinas uno cruza la calle y escucha el guaraní”.
“Con el respeto absoluto a la soberanía de nuestros países, levanto mi voz para que las decisiones políticas no rompan los lazos hermanados que nos ha hecho grandes como región, y que en el momento de reglamentar tengan en cuenta todo lo que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestros vínculos con la Argentina”, señaló y concluyó: “No existen paraguayos que no tengan vínculos con los argentinos”.
Un numeroso grupo de paseros, en su mayoría motociclistas, realizan un corte total del tránsito a mitad del puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con la ciudad de Encarnación, Paraguay.
Aparentemente, la medida de fuerza comenzó por los controles de la Aduana Argentina y el cobro por parte del personal de “coimas” para el traslado de mercadería.
“Nosotros no somos perritos de ellos, no le debemos un centavo a ningún agente, ni a ningún gendarme, aduanero, ni a ningún jefe. Estamos hartos de que los compañeros todos los días son maltratados por esa gente porque tiene su chaleco azul”, reclama una pasera oriunda de Paraguay a efectivos del vecino país en medio del cruce internacional.
En esa línea, la mujer sostiene que “todos, tanto argentinos como paraguayos, trabajamos en el paso y vivimos del paso, no le robamos a nadie un centavo y por qué ellos tienen que poner límites de compra”.
La pasera argumenta que todos los trabajadores tienen sus vehículos con los papeles “en regla” y pregunta “cuál es el problema con ellos -en referencia a los trabajadores de la Aduana Argentina-. No se puede llevar una colcha porque sos paraguayo, pata sucia, raja de acá no te quiero ver”.
Por último, la mujer denuncia que “no se puede llevar nada porque ellos no quieren. Si llevas una colcha, un termo, un par de zapatillas tenés que pagar 200 mil pesos porque a ellos se le da la gana, dónde hay un estatuto que diga que porque llevaste una colcha, un termo y dos zapatillas se tiene que pagar 200 mil pesos, eso quiero que me expliquen”.
La medida de fuerza de los paseros, tanto argentinos como paraguayos, inició alrededor de las 8.30 por tiempo indeterminado.
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FOTO Y VIDEO: Fabián Sánchez
Un camión con seis árboles de olivos contrabandeados desde Misiones fue interceptado e incautado mientras circulaba por la BR-163, en el acceso a Santo Antonio Do Sudoeste, ciudad brasileña ubicada en la frontera con San Antonio.
El procedimiento se dio anoche, alrededor de las 20, durante un operativo conjunto que inició tras una información obtenida por el área de inteligencia de la 3a Compañía de la 21a BPM que apuntaba sobre el paso de un camión por camino rural que habitualmente suele ser utilizado para el tráfico ilegal.
Con ese dato, los uniformados salieron de recorrida por la ciudad hasta que finalmente ubicaron el vehículo que en su caja transportaba seis árboles de olivos originarios de Argentina pero que en Brasil tienen un valor de entre 40.000 y 100.000 reales cada uno.
Los ejemplares eran transportados sin ningún tipo de documentación de respaldo y el conductor de la camioneta afirmó desconocer el origen de los árboles, aduciendo que solamente se hizo cargo del traslado a pedido de terceros. El destino final eran San Pablo.
Según informó el portal Radio da Fronteira, los árboles fueron incautados y trasladados hacia la Receita Federal en Santo Antonio do Sudoeste, donde quedarán a disposición de la Justicia. El conductor del vehículo, en tanto, fue llevado a declarar ante las autoridades.
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