Judiciales
Rechazan domiciliaria a empleado de la Celo y ex piloto acusado de narco
El empleado de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) y ex piloto obereño, José Alberto Mrakava (49), recibió otro revés judicial y deberá continuar tras las rejas de la cárcel federal de Candelaria mientras avanza el expediente que lo tiene imputado como organizador y financista de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes.
De acuerdo a lo que pudo averiguar La Voz de Misiones, la defensa del hombre detenido en junio del año pasado solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria, pero el Juzgado Federal de Oberá se lo negó y la resolución fue apelada, tras lo cual debió intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia.
El planteo fue analizado por los magistrados de cámara, quienes en las últimas horas decidieron no hacer lugar al recurso presentado y ratificaron la decisión tomada en instancia previa.
De esta manera, los días de Mrakava en prisión continuarán y allí permanecerá a la espera que los expedientes que registra en su contra lleguen a instancia de debate oral, donde se definirá su futuro.
El ex piloto fue detenido en mayo del año pasado, cuando el Juzgado Federal de Oberá recolectó una serie de elementos de prueba que expusieron sus vínculos con José Alberto Laurencio, también obereño pero con último domicilio en Ituzaingó, donde fue capturado tras un operativo ejecutado en Corrientes en 2021.
Su consorte de causa, José Laurencio, fue detenido en 2021 tras un megaoperativo en Corrientes.
Tras el avance de la pesquisa, el 26 de agosto de 2022 Mrakava fue procesado con prisión preventiva como “autor penalmente responsable de los delitos de organización y financiación para el tráfico de estupefacientes, agravado por el número de integrantes, en concurso real con el delito de falsificación de sellos”.
Luego de ello, el 9 de noviembre pasado fue trasladado a una celda de la Colonia Penal 17 de Candelaria, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde permanece alojado.
Mrakava ya había sido detenido en 2019, cuando en un allanamiento realizado en su casa la Prefectura Naval Argentina (PNA) halló armas de fuego y 330.000 dólares, además de otras importantes sumas de dinero en pesos, reales y guaraníes.
Ese hecho le valió el inicio de causas por acopio de armas y lavado de activos, pero fue liberado al cabo de un tiempo.
Su nueva detención se debió a la vinculación con Laurencio y otro misionero identificado como Daniel Alberto Esquivel. En total, a Mrakava lo relacionan a tres grandes cargas de estupefacientes que superan las 13 toneladas de marihuana.
En la resolución de la cámara, firmada hoy, los magistrados que atendieron la cuestión describen que “los hechos atribuidos vinculan al imputado Mrakava y su consorte Laurencio como los encargados de la organización y el financiamiento de la compra de estupefacientes para introducirla al país en forma clandestina, almacenarla y transportarla a otras ciudades del país y de países vecinos”.
Y continúan: “Las investigaciones permitieron verificar el significativo rol del imputado Mrakava pues diagramaba la actividad que cumplían distintos sujetos que se desempeñaban como gestores de automotores, choferes ocasionales, mecánicos; a la par de que aportaba los medios necesarios –dinero y móviles– para adquirir estupefacientes y luego desarrollar las restantes fases o eslabones de la cadena de narcotráfico”.
Ante esta situación, los magistrados fundamentaron que no correspondía el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliario teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado, la expectativa de pena que representa su acusación y la capacidad operativa de la organización a la que presuntamente pertenece, lo cual podría traducirse en un riesgo procesal.
“La alternativa solicitada por el recurrente no logra neutralizar el riesgo procesal latente en la causa cuyas particulares aristas arrojan la existencia de un entramado de conexiones y estrechos vínculos con sujetos que operan desde la clandestinidad –tal el caso de proveedores de estupefacientes, como aquellos encargados del almacenamiento y quienes recibían las importantes cargas en los centros de distribución– que podrían suministrar los medios necesarios a efectos de que Mrakava se sustraiga del proceso”, argumentaron los magistrados intervinientes en el tramo final de la resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ).
FOTO: ARCHIVO EL TERRITORIO
Este martes, desde las 8.30, el Tribunal Penal Uno de Oberá juzgará a los dos jóvenes acusados de propinar una golpiza que derivó en la muerte de un hombre en situación de calle.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 21 de agosto de 2024 y la víctima fue identificada como Miguel Ángel García (55), un hombre que solía pasar las noches en el edificio de Rentas, ubicada sobre la avenida Sarmiento, entre calles Erasmie y 12 de Octubre de Oberá.
En ese lugar, aproximadamente a las 3 de la madrugada de aquel día, fue atacado a golpes de puños y patadas por dos jóvenes que más tarde fueron identificados como Franco Ezequiel Paz y Sergio Fabián Valenzuela, quienes finalmente fueron detenidos y ahora enfrentarán debate oral.
Como consecuencia de los golpes, García sufrió lesiones gravísimas y una semana después murió en el hospital con cuadro de hemorragia intracraneal.
Los dos acusados están imputados por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión. Uno de ellos arrastra en su prontuario una condena anterior por robo calificado. Hay nueve testigos citados a declarar.
El tribunal encargado de llevar adelante el proceso estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Graciela Heppner (subrogante). En la fiscalía intervendrá Juan Pablo Fernández Rissi, en tanto que como defensor oficial estará Matías Olivera, que aguarda acuerdo legislativo para ser designado como juez del mismo organismo.
“Nunca quise hacer daño, fue un accidente y quiero pedir disculpas a la familia”, expresó esta mañana Rodrigo Dias Da Silva (27) en el inicio del juicio oral donde se determinará su responsabilidad por chocar y matar al gendarme Chato Barreto a bordo de una camioneta repleta de cigarrillos de contrabando dos años atrás en Santa Ana.
Da Silva llegó a esta instancia detenido y así continuará debido a que el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por Gustavo Cardozo y Enrique Bosch (subrogante), prorrogó su prisión preventiva.
En la audiencia de hoy se leyó el auto de elevación a juicio del expediente, se resolvieron cuestiones preliminares planteadas por las partes y el tribunal le dio al imputada la posibilidad de declarar. Da Silva rechazó la oportunidad, aunque si aprovechó para dar unas palabras.
“Durante mucho tiempo se habló mucho de mí, pero no soy malo. Sé que el cigarrillo no es un delito mayor, yo nunca tuve quise hacer daño, lo que hice fue un accidente, fue todo muy rápido y salió mal”, expresó el joven oriundo de Oberá, aunque con domicilio en San Vicente ante el tribunal.
Y, entre lágrimas, pidió perdón: “Quiero pedirle disculpas a la familia y mis condolencias. Nunca, jamás, quise hacer daño”.
El debate oral continuará el próximo lunes con la declaración de los primeros testigos citados. En la fiscalía interviene Pablo Di Loreto, en tanto que también abogadas representantes de Defensorías Públicas de Víctimas, mientras que Da Silva es defendido por el letrado particular Carlos Luis Ferreyra.
Dias Da Silva no declaró y solo se limitó a expresar disculpas por el hecho.
Fuga, choque y muerte
El hecho que se ventila en debate ocurrió hace exactamente dos años, sobre la ruta provincial 103, poco después del ingreso al Parque Temático de la Cruz de Santa Ana.
Robert David “Chato” Barreto (31) era uno de los gendarmes apostados sobre la ruta cuando Da Silva embistió el control vehicular a toda velocidad.
Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta Volkswagen Amarok avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.
En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.
El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.
La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.
Contrabandista que chocó y mató a un gendarme irá a juicio el lunes
Exactamente dos años después del hecho, el joven contrabandista que en pleno intento de fuga chocó y mató a un gendarme en Santa Ana irá a juicio oral y enfrentará una acusación que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.
El debate se realizará en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas y comenzará el lunes 14 de septiembre, exactamente dos años después del hecho que acabó con la vida del cabo Robert David “Chato” Barreto (31), un centinela con más de doce años en la institución y padre de dos hijos.
El imputado, por su parte, es Rodrigo Dias Da Silva (27), quien se encuentra imputado y procesado con prisión preventiva por los delitos de “encubrimiento de contrabando, resistencia a la autoridad y homicidio doblemente calificado cometido a un miembro de la fuerza de seguridad para procurar la impunidad, en concurso ideal”, figura que prevé prisión perpetua.
El juicio oral será presidido por la magistrada Ruth María Ponce de León e integrado por sus pares Fabián Gustavo Cardozo y Enrique Jorge Bosch (subrogante). En representación de la fiscalía, en tanto, actuará Pablo Ricardo Di Loreto, mientras que como defensor de Da Silva estará el abogado particular Carlos Luis Ferreyra.
Para la primera audiencia está pautada la lectura del requerimiento de elevación a juicio y la indagatoria al acusado, que tendrá la posibilidad de declarar o abstenerse, para luego avanzar en la producción de prueba. Se prevén varias jornadas más para la declaración de los testigos citados.
Chato Barreto llevaba doce años en la GNA y era padre de dos hijos.
Crimen en la ruta
El hecho que se encuentra en investigación se registró el 14 de septiembre del 2024, cuando una Volkswagen Amarok cargada con 20 millones de cigarrillo de contrabando evadió un control sobre la ruta provincial 103, a la altura de Santa Ana, pero en plena maniobra su conductor embistió a uno de los gendarmes apostados sobre la arteria.
El uniformado atropellado fue Chato Barreto y tras el impacto la camioneta Amarok continuó su marcha sin control hasta volcar en una banquina de la ruta y en esas circunstancias fue detenido Da Silva.
Según la reconstrucción del hecho, Barreto estaba apostado sobre la doble línea amarilla de la ruta, al lado de un cono vial, y al ver que la camioneta avanzaba en contramano corrió hacia la banquina para resguardarse.
En esas circunstancias, fue embestido, quedó tendido sobre el capot y fue arrastrado varios metros hasta que se produjo el despiste de la camioneta y fue despedido violentamente.
El gendarme atropellado quedó severamente herido al costado de la ruta y alcanzó a ser asistido, aunque falleció horas después en el hospital.
La camioneta que era conducida por Da Silva tenía pedido de secuestro por robo en la ciudad bonaerense de Quilmes y en su interior transportaba 20.000 paquetes de cigarrillos Eight valuados en más de 22 millones de pesos.
Tras la muerte de Barreto, la fuerza federal rindió diversos homenajes y en su honor bautizó con su nombre la Plaza de Armas del Escuadrón 11 de GNA en San Ignacio.
El homenaje a Barreto se realizó en marzo del año pasado.
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