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Rechazan domiciliaria a empleado de la Celo y ex piloto acusado de narco

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El empleado de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo) y ex piloto obereño, José Alberto Mrakava (49), recibió otro revés judicial y deberá continuar tras las rejas de la cárcel federal de Candelaria mientras avanza el expediente que lo tiene imputado como organizador y financista de una banda dedicada al tráfico de estupefacientes.

De acuerdo a lo que pudo averiguar La Voz de Misiones, la defensa del hombre detenido en junio del año pasado solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria, pero el Juzgado Federal de Oberá se lo negó y la resolución fue apelada, tras lo cual debió intervenir la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia.

El planteo fue analizado por los magistrados de cámara, quienes en las últimas horas decidieron no hacer lugar al recurso presentado y ratificaron la decisión tomada en instancia previa.

De esta manera, los días de Mrakava en prisión continuarán y allí permanecerá a la espera que los expedientes que registra en su contra lleguen a instancia de debate oral, donde se definirá su futuro.

El ex piloto fue detenido en mayo del año pasado, cuando el Juzgado Federal de Oberá recolectó una serie de elementos de prueba que expusieron sus vínculos con José Alberto Laurencio, también obereño pero con último domicilio en Ituzaingó, donde fue capturado tras un operativo ejecutado en Corrientes en 2021.

Su consorte de causa, José Laurencio, fue detenido en 2021 tras un megaoperativo en Corrientes.

Tras el avance de la pesquisa, el 26 de agosto de 2022 Mrakava fue procesado con prisión preventiva como “autor penalmente responsable de los delitos de organización y financiación para el tráfico de estupefacientes, agravado por el número de integrantes, en concurso real con el delito de falsificación de sellos”.

Luego de ello, el 9 de noviembre pasado fue trasladado a una celda de la Colonia Penal 17 de Candelaria, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde permanece alojado.

Mrakava ya había sido detenido en 2019, cuando en un allanamiento realizado en su casa la Prefectura Naval Argentina (PNA) halló armas de fuego y 330.000 dólares, además de otras importantes sumas de dinero en pesos, reales y guaraníes.

Ese hecho le valió el inicio de causas por acopio de armas y lavado de activos, pero fue liberado al cabo de un tiempo.

Su nueva detención se debió a la vinculación con Laurencio y otro misionero identificado como Daniel Alberto Esquivel. En total, a Mrakava lo relacionan a tres grandes cargas de estupefacientes que superan las 13 toneladas de marihuana.

En la resolución de la cámara, firmada hoy, los magistrados que atendieron la cuestión describen que “los hechos atribuidos vinculan al imputado Mrakava y su consorte Laurencio como los encargados de la organización y el financiamiento de la compra de estupefacientes para introducirla al país en forma clandestina, almacenarla y transportarla a otras ciudades del país y de países vecinos”.

Y continúan: “Las investigaciones permitieron verificar el significativo rol del imputado Mrakava pues diagramaba la actividad que cumplían distintos sujetos que se desempeñaban como gestores de automotores, choferes ocasionales, mecánicos; a la par de que aportaba los medios necesarios –dinero y móviles– para adquirir estupefacientes y luego desarrollar las restantes fases o eslabones de la cadena de narcotráfico”.

Ante esta situación, los magistrados fundamentaron que no correspondía el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliario teniendo en cuenta la gravedad del hecho investigado, la expectativa de pena que representa su acusación y la capacidad operativa de la organización a la que presuntamente pertenece, lo cual podría traducirse en un riesgo procesal.

“La alternativa solicitada por el recurrente no logra neutralizar el riesgo procesal latente en la causa cuyas particulares aristas arrojan la existencia de un entramado de conexiones y estrechos vínculos con sujetos que operan desde la clandestinidad –tal el caso de proveedores de estupefacientes, como aquellos encargados del almacenamiento y quienes recibían las importantes cargas en los centros de distribución– que podrían suministrar los medios necesarios a efectos de que Mrakava se sustraiga del proceso”, argumentaron los magistrados intervinientes en el tramo final de la resolución publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ).

 

FOTO: ARCHIVO EL TERRITORIO

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Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”

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Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.

Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.

“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.

Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.

“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.

Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.

“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.

“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.

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La fiscalía pidió el sobreseimiento de Peyer, intendente denunciado por abuso

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Tras el analizar el compendio de pruebas recabadas, entre las que se sumó ayer la declaración indagatoria del propio acusado, el fiscal Héctor Simón solicitó este jueves el sobreseimiento total y definitivo de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy mismo retomó sus funciones tras tomarse una licencia de 30 días para ponerse a disposición de la Justicia y someterse a la investigación abierta en su contra.

El pedido fue planteado ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien ahora deberá resolver la situación conforme a los elementos que obran en el expediente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas abierto en febrero pasado, tras una denuncia radicada contra el intendente por parte de una trabajadora del concejo deliberante de Caraguatay.

En su presentación, la mujer acusó al jefe comunal por dos episodios puntuales. En uno afirmó que Peyer se sobrepasó con miramientos y tocamientos indebidos, mientras que en el segundo hecho fue sometida sexualmente.

En la indagatoria de ayer, el alcalde negó cada una de las acusaciones y en su defensa sostuvo que el día en que la muchacha afirma haber sido abusada él se encontraba en otro lugar.

Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia

 

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Este miércoles indagan a Mario Peyer, intendente denunciado por abuso

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Mario peyer abuso

El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.

La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.

Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.

La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).

Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.

Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.

Denuncia y causa

La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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