Judiciales
Generación Zoe: Cositorto exige su libertad y convocó a una marcha
El ex CEO de la organización, acusado de estafa y asociación ilícita, pidió que lo acompañen en su reclamo de justicia. Leonardo Cositorto convocó a una marcha desde la cárcel en la que está preso, acusado de estafa y asociación ilícita por su participación en Generación Zoe.
“Convocamos a todo el mundo, a todos los ciudadanos que nos acompañen, van a cumplirse tres meses desde que Cositorto estuvo en Villa María por última vez, prestando declaración indagatoria ante la fiscal Juliana Companys. En este lapso vino dando entrevistas a distintos medios, principalmente radiales.
El ex CEO de la organización dijo que en esta causa detuvieron a 25 personas “de manera ilegal”. Opinó que es así porque, según entiende, se tiene “sólo una denuncia por un atraso en el pago a uno de los clientes de Villa María”.
“Nos limpiaron del mercado. Seguramente hay empresarios que se sintieron amenazados por el crecimiento exponencial de Zoe”, declaró. “Lo único que hizo la fiscal es desmembrar a Zoe. Hoy hay 30 mini Zoes porque la gente sigue haciendo trading y sigue invirtiendo”, agregó.
En una extensa entrevista, también convocó a participar de una marcha pública para respaldar su reclamo. Esta marcha fue anunciada para el miércoles 27 de julio, a las 11:00 horas, en la ciudad de Córdoba.
La cita es en la esquina más tradicional para las manifestaciones en la capital provincial: frente al shopping Patio Olmos. “Hay un montón de gente detenida de manera ilegal que no la pueden seguir teniendo detenida”, insistió.
“Yo pido la libertad de los 4.000 detenidos de los que están acá en Bouwer nada más. Ni hablemos de Argentina y el tremendo negocio que genera acá esta Justicia totalmente corrupta”, concluyó en una entrevista con Radio Universidad de Córdoba.
Leonardo Cositorto permanece a esta fecha detenido en la cárcel de Bouwer, cerca de la ciudad de Córdoba, por orden de la fiscal de Villa María, Juliana Companys. Junto a él hay otros acusados por los delitos de estafa y asociación ilícita.
En Villa María, el funcionamiento de Zoe era liderado por Claudio Álvarez, quien también fue detenido, junto a varios integrantes de su familia.
En tanto en mayo, durante la audiencia de imputación, la Justicia de Goya decidió dictarle la prisión preventiva por tiempo ilimitado a Cositorto porque consideró que existían indicios firmes de que había cometido una serie de estafas con un sistema piramidal y era la cabeza de una asociación ilícita.
En Goya, Corrientes son 110 los clientes de Generación Zoe que acudieron a la Justicia ante la imposibilidad de recuperar el dinero invertido. Desde la firma les ofrecían ganancias del 7% mensual en dólares y generaron otras líneas de inversión para que la gente no retirara el capital ni los intereses. Para eso ofrecían ganancias aún más elevadas.
Judiciales
Admitió que intentó matar a su ex y firmó un abreviado por 14 años de prisión
Un hombre imputado por intento de femicidio contra su ex pareja en un paraje de Salto Encantado en 2023 aceptó su culpa y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 14 años de prisión.
El debate contra Marino Ángel Dutra (42) debía comenzar mañana ante el Tribunal Penal Uno de Oberá, pero la audiencia fue suspendido en virtud de un acuerdo rubricado entre el imputado, su abogado defensor y el fiscal Juan Pablo Fernández Rissi.
De esta manera, Dutra se reconoció culpable y aceptó ser condenado a 14 años de prisión como autor de los delitos de femicidio agravado por el vínculo y por la violencia de género en grado de tentativa, desobediencia judicial y daño, acuerdo que ahora debe ser homologado por el tribunal integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y un tercer vocal subrogante.
El hecho que debía ventilarse en debate oral ocurrió el 6 de abril de 2023, cuando Dutra irrumpió en la vivienda de su ex pareja en el paraje Cerro Moreno de Salto Encantado y atacó a cuchillazos a la mujer.
La víctima, de 32 años en aquel entonces, sufrió al menos dos lesiones punzo-cortantes, una en un brazo y otra en el abdomen, heridas que requirieron de atención médica urgente en el hospital de Aristóbulo del Valle.
Después del ataque, el acusado escapó del lugar y fue capturado horas después, instancia donde además se confirmó que para perpetrar el ataque incumplió una medida de restricción de acercamiento que estaba vigente por una denuncia por violencia de género radicada previamente.
Ahora, más de tres años después de aquel hecho, Dutra admitió su culpabilidad y deberá continuar tras las rejas un largo tiempo más.
Judiciales
Johan Bodji, el “rey de las mulas narco”, y su banda serán juzgados en Posadas
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas albergará en agosto uno de los juicios más importantes del año: un surinamés conocido como ‘el rey de las mulas’, un empresario farmacéutico con antecedentes y otros cinco imputados, entre ellos una joven misionera, serán juzgados por integrar una sofisticada organización narco transnacional que enviaba cocaína a Europa y como contraprestación recibía drogas sintéticas para comercializas en Argentina.
Se estima que, de no mediar imprevistos o recursos judiciales que obliguen a modificar lo estipulado, las audiencias se desarrollen entre el 19 y el 21 de agosto próximo, con varios de los imputados conectados en forma telemática, como será el caso de Johan Bodji (52), también conocido como Dominique Harry Rayngs –entre otras identidades-, sindicado líder de la organización y actualmente detenido bajo el régimen de presos de alto riesgo en el cárcel federal de Ezeiza.
La figura de Bodji es que la que concentra la mayor atención. El extranjero fue catalogado como “el rey de las mulas” y sobre él recae una imputación como organizador y financista de “tráfico ilícito de estupefacientes, bajo la modalidad de comercio agravado por la intervención de tres o más personas”, además de otros delitos atribuidos como falsificación de documentos públicos y desobediencia.
El otro imputado de alto perfil es Ricardo Francisco Bruno (62), el “farmacéutico”, que aparece como “coautor” de las maniobras de narcotráfico y que entre sus antecedentes registra una condena por venta de medicamentos truchos y otra como “partícipe secundario” en el homicidio de Miriam Alencar Da Silva, una joven brasileña que en 2017 murió al no poder expulsar 66 de las 94 cápsulas de éxtasis que había ingerido para ser utilizada como transporte humano de droga.
Los demás acusados son Jorge Antonio Sandoval (47); Crainer Odyllie Abauna (37), de nacionalidad surinamesa; Jackeline Polo Carlo (41), peruano; Karen Aldana Guzmán (27), oriunda de Chaco; y la misionera Carla Luján Grondona (22). Todos están imputados como coautores de tráfico de estupefacientes.
Bruno, Sandoval, Polo Carlo y Abauna se repartían tareas vinculadas a la logística, coordinación, acompañamiento y seguimiento de las mulas, entre cuales figura la chaqueña Guzmán, mientras que la misionera Grondona cumplía funciones como apoyo logístico en Bernardo de Irigoyen, localidad en frontera seca con Brasil que la organización utilizaba como punto fijo en la hoja de ruta de los “corres humanos” con droga que llegaban hasta ciudades como Lisboa, Madrid y Paris.
Dada la complejidad de la causa, el debate contará con una doble acusación, integrada por los fiscales propios del TOF y por fiscales de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), tal como ocurrió en el juicio oral contra el narco-sicario Néstor Fabián “El Negro” Rojas (50), condenado a prisión perpetua en septiembre de 2024.

Valijas con éxtasis incautadas en San José en 2023, hecho que dio origen a toda la investigación.
San José, el origen
El expediente llega a esta instancia luego de que el Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la magistrada Verónica Skanata, firmara el requerimiento de elevación a juicio formulado el 12 de junio del año pasado por la fiscal federal Silvina Gutiérrez y el fiscal coadyudante de Procunar Martín Uriona.
La investigación fue el desprendimiento de un hecho registrado el 7 de junio de 2023, cuando en el puesto Centinela de San José la Gendarmería detuvo a una pareja de jóvenes bonaerenses que viajaban desde Bernardo de Irigoyen hacia Ciudad de Buenos Aires en un colectivo con 23,425 kilogramos de MDA o éxtasis.
La pareja fue detenida, imputada, procesada y más tarde condenada a penas de cinco años de prisión en en juicio abreviado, pero lo más sustancioso provino después, gracias al peritaje de sus teléfonos celulares, aparatos de donde surgieron las pistas iniciales para develar todo el ardid y dar con todos los eslabones de la estructura criminal.
En principio se estableció que los pasajeros detenidos ese 7 de junio de 2023 habían sido parte de esta estructura, pero no eran los únicos y que las maniobras continuaban ejecutándose.
La investigación continuó en silencio y los fiscales siguieron solicitando medidas hasta que descubrieron que a mediados de octubre de 2024 se iba a llevar adelante otro ardid, para el cual iban a ser utilizadas dos jóvenes chaqueñas, una de las cuales ya tenía experiencia y conocimientos sobre el itinerario a realizar como sobre la ingesta de las cápsulas.
Las pistas fueron certeras y el otro episodio clave ocurrió el 17 de octubre de 2024, cuando las dos mulas chaqueñas fueron atrapadas en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción a punto de embarcar un vuelo hacia Madrid, España, con droga en sus estómagos.
Las chicas llevaban 154 cápsulas de cocaína en su interior y apenas confirmada la maniobra, los investigadores argentinos profundizaron la pesquisa contra el resto de los involucrados, concretando una decena de allanamientos en distintos puntos del país y capturando a los involucrados que ahora serán juzgados en el TOF posadeño.

Cápsulas de cocaína que las mulas transportaban hacia Europa en sus estómagos.
Va cocaína, llega éxtasis
Para ese entonces los investigadores intervinientes ya conocían al detalle el ardid desplegado, solo faltaba dar el golpe. La reconstrucción realizada consigna que la organización liderada por Bodji reclutaba jóvenes en situación de vulnerabilidad para utilizarlas como mulas para traficar cocaína hacia Europa, para luego recibir drogas sintéticas como contraprestación por el servicio.
La hoja de ruta era la siguiente. La primera etapa unía Buenos Aires con Bernardo de Irigoyen. Desde allí, las mulas iban hacia San Pablo -o Asunción-, donde ingerían las cápsulas y tomaban un vuelo que normalmente hacía escala en Natal antes de aterrizar en ciudades europeas como Lisboa, Madrid o Paris. El itinerario de regreso, en tanto, incluía una estadía en Isla Martinica, en pleno caribe, como “mini-vacaciones” o retribución por el éxito de la maniobra, además del pago de hasta dos millones de pesos por viaje.
El extenso expediente cuenta con una amplia carga probatoria, que incluye tareas de vigilancia, escuchas telefónicas, chats recuperados, transacciones bancarias, informes de aerolíneas y registros migratorios como los que ubican a Bodji en territorio misionero en varias oportunidades.
El surinamés se manejaba libremente por todo el país utilizando una serie de documentos apócrifos mediante los cuales burlaba los controles migratorios, dado que sobre su identidad verdadera pesaba una prohibición de reingreso permanente a la Argentina por una causa narco de 2010, cuando también arbitró los medios necesarios para enviar una mula desde Ezeiza a Vietnam.
Entre los chats recuperados surgen conversaciones donde al menos una de las chicas utilizadas como “correo humano” admite dedicarse a estas actividades ilícitas desde hace ocho años y también se desprenden operaciones fallidas: como cuando una de ellas no pudo ingerir las 112 cápsulas solicitadas o como cuando dos jóvenes “rebotaron” en el aeropuerto de París y debieron aguantarse varios días con las bochas en su estómago, con el elevado riesgo que eso representaba.
La investigación tienen a un total de 18 involucrados identificados, aunque son siete los que irán a juicio en esta causa que se ventilará en debate oral en Posadas, los demás están detenidos en Paraguay, mientras que otros se encuentran prófugos.

Bolsas de drogas sintéticas incautadas en los allanamientos realizados en Bernardo de Irigoyen en 2024.
Irigoyen, ruta clave para red internacional de mulas de cocaína y éxtasis
Judiciales
La Justicia suspendió desalojo de escuela campesina Ñande Kokue en Montecarlo
El Juzgado Civil y Comercial Tres de Eldorado resolvió suspender de manera provisoria el desalojo en los lotes 48 y 49 de Montecarlo, previsto para este jueves, lo que habría afectado a 112 familias de campesinos que asisten a la escuela de formación agroecológica aledaña, espacio que sería trasladado a otra zona próximamente.
Luego de la mesa de diálogo concretada el pasado lunes 8 de junio, entre campesinos y docentes de la escuela Ñande Kokue, donde funciona el Bachillerato Provincial (BOP) 126, el ministro de Gabinete Carlos “Kako” Sartori, entre otras autoridades del gobierno provincial, el juzgado interviniente decidió postergar el desalojo “atento a las delicadas circunstancias sociales y humanas relevadas en las actuaciones efectuadas”.
En la resolución, a la que accedió La Voz de Misiones, la Justicia determinó que “corresponde imperioso destacar la preeminencia del orden institucional y el compromiso social que debe guiar la actividad jurisdiccional”.
En ese contexto, también advirtió sobre la configuración social del grupo en cuestión y la necesidad de garantizar los derechos humanos básicos: “Ante situaciones que evidencian un estado de vulnerabilidad de los sujetos que concurren -menores y adultos, días sábados- al inmueble, el servicio de justicia no puede permanecer ajeno a las derivaciones materiales de sus pronunciamientos, resultando indispensable articular mecanismos de contención interinstitucional que resguarde los derechos fundamentales en juego”.
En este sentido, asumieron el compromiso de diseñar y ejecutar medidas de apoyo específicas, por lo que también reiteraron la inmediata intervención a los organismos competentes: la secretaría de Niñez del municipio, la Dirección de Acción Social municipal, el Ministerio de Educación de la provincia, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Gobierno e intendencia municipal.
A estos se sumarían la Secretaría de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la provincia y la Dirección de Catastro del municipio, a fin de adoptar las “medidas conducentes para la reubicación de las actividades de formación en oficios”, que actualmente se desarrollan en el mencionado espacio.
Finalmente, el juzgado interviniente dictaminó que, las instituciones mencionadas deberán informar, dentro del plazo de tres días de notificados, las acciones implementadas y, posteriormente, remitir informes periódicos cada cinco días hasta la efectiva solución de la situación planteada.
De esta manera, la sentencia de desalojo, firme ante la Cámara de Apelaciones, quedó suspendida provisoriamente, lo que “no altera ni afecta la firmeza de la sentencia de desalojo, limitándose exclusivamente a diferir temporalmente su ejecución material a fin de posibilitar la intervención coordinada, y de carácter urgente, de los organismos estatales involucrados en resguardo de la paz social y la tutela judicial efectiva para efectivizar la desocupación del inmueble”.
Abren mesa de diálogo entre La Misionera y campesinos de Montecarlo
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