Judiciales
Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Diniz Rabela en una aldea mbya
El Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente dispuso la elevación a juicio de la causa por el femicidio de María Solange Diniz Rabela (22), la joven asesinada e incinerada dentro de la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty de San Vicente, en abril de 2020. El cacique Marcelo Núñez (38) enfrentará a una acusación que podría significarle una pena de prisión perpetua.
La resolución del magistrado Gerardo Casco fue firmada el 20 de octubre, tras el requerimiento formulado por el fiscal Rodolfo Cáceres y el expediente fue remitido al Tribunal Penal Uno de Oberá, cuyas autoridades ahora deberán programar una fecha para la realización del debate oral que esclarecerá el hecho y determinará la responsabilidad penal del único acusado.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la resolución establece que el cacique Núñez, también conocido como Claudio, deberá ser juzgado como presunto autor del delito de “homicidio agravado por femicidio”, figura que prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser hallado culpable.
Entre los elementos de prueba tenidos en cuenta contra el imputado se registran declaraciones testimoniales que mencionaron antecedentes de violencia de género en la pareja y otras que desestimaron por completo la coartada expuesta por el cacique al señalar que decidió cremar los restos de Diniz Rabela como protocolo de la comunidad ante fallecimientos por enfermedad, en ese caso, por supuesto covid.
Horror en la aldea
El femicidio de Diniz Rabela se descubrió entre la tarde del 16 y la madrugada del 17 de abril, dentro de la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty, ubicada a unos 30 kilómetros del casco urbano de la localidad de San Vicente.
La joven, que no era originaria y era madre de dos niños producto de una relación anterior, estaba en pareja con el cacique Claudio y hace unos siete meses había decidido mudarse a la comunidad, donde residían otros 20 miembros.
Hasta allí llegó la Policía luego de varios pedidos de ayuda por parte de los familiares de la víctima, quienes sabían que la muchacha se encontraba sin vida desde el domingo de Pascuas (12 de abril), pero desconocían en qué circunstancias se produjo el deceso, al tiempo que desconfiaban del cacique por recientes antecedentes de maltrato hacia Diniz Rabela.
A partir de ese momento se inició una investigación que terminó develando una sombría trama detrás de la muerte de la joven.
El cacique Claudio quedó inmediatamente bajo la lupa y ante las preguntas de los investigadores trazó una curiosa coartada utilizando la pandemia como pretexto. Es que el aseguró que la muchacha falleció por Covid y que por recomendación de los médicos que visitaban la comunidad decidió cremar y sepultar el cuerpo.
“Ella tuvo fiebre y tos, como se escucha en la radio. Hicieron una acusación sobre mí, pero yo jamás le haría mal a la gente de mi aldea. Murió de enfermedad”, se oyó decir al cacique en un audio enviado durante esos días de incertidumbre a un funcionario municipal dedicado a atender cuestiones mbya en la zona, al tiempo que sobre la incineración del cuerpo agregó: “Eso yo hice por orden del médico, él me dijo que habló con el jefe de la Policía y no se podía trasladar el cuerpo a ningún lado”.
Esa misma teoría el cacique Claudio la expandió dentro de la comunidad, aunque varios habitantes del lugar luego declararon y pusieron en jaque la versión del acusado al desmentir que la cremación de los cuerpos sea un procedimiento habitual en sus creencias.
Los médicos y visitantes habituales de la aldea también declararon posteriormente en la causa judicial y negaron haberle dado esas macabras instrucciones al cacique involucrado.
La investigación reconstruyó, en tanto, que el femicidio fue cometido ese domingo 12 de abril. Ese día el cacique incineró a su pareja y sepultó sus restos a unos 200 metros de la zona de viviendas.
Con esa información, los pesquisas recorrieron la comunidad, encontraron rastros de tierra removida y dieron con los restos óseos correspondientes a Diniz Rabela.
Los restos de la joven fueron sepultados a unos 200 metros de las viviendas de la comunidad.
Según describieron las fuentes en ese momento, el cuerpo estaba totalmente carbonizado, a excepción de una mano que aún presentaba vestigios de piel y otras extremidades superiores que al no ser consumidas por el fuego fueron sepultadas por el cacique.
Debido a la acción del fuego sobre el cadáver, la autopsia no pudo establecer la causal de muerte de la víctima, aunque todos los elementos recogidos hacen presumir que la joven padeció una muerte violenta previo a la incineración de sus restos.
Además, en la vivienda del cacique involucrado los pesquisas encontraron un serrucho y dos mantas con manchas de sangre.
Ante este panorama, Núñez quedó detenido y tiempo después fue procesado con la prisión preventiva.
Ahora, en las últimas semanas, el juzgado intervinientes dispuso la elevación a juicio del expediente y el cacique deberá enfrentar una dura acusación que puede significarle 35 años de prisión efectiva. El hombre permanece privado de su libertad en una celda de la Unidad Penal VII de Puerto Rico.
El cacique Marcelo Núñez está detenido en la Unidad Penal VII de Puerto Rico.
FOTO: El Territorio
La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores de la provincia emitió una resolución judicial en la que confirmó la elevación a juicio oral de la causa por el asesinato de Fabiana Sirino, la niña de 8 años que a mediados de noviembre de 2024 fue interceptada, abusada y ultimada a cuchillazos en un hecho que tiene a su vecino Nanico Muller como único imputado.
El dictamen de la Cámara se firmó en la mañana de este miércoles y ratifica la medida dispuesta por el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, que dispuso la elevación a juicio del expediente que tiene a Marcelo Daniel “Nanino” Muller (35) procesado con prisión preventiva por “abuso sexual agravado por el uso de arma y homicidio agravado criminis causa”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
De esta manera, la causa regresa al juzgado de origen que, a su vez, deberá remitir el expediente hacia el Tribunal Penal Uno de Oberá para que fije fecha para la realización del debate oral donde se juzgará la responsabilidad del sospechoso detenido.
Fabiana Sirino alcanzó a identificar a su agresor antes de morir.
El crimen
Fabiana tenía 8 años y era hija de agricultores. El viernes 15 de noviembre de 2024 salió de la escuela y regresaba a su casa en el barrio Paraíso de 25 de Mayo cuando fue interceptada por el camino.
Su femicida la trasladó a un monte de la zona, donde la violó y le asestó treces puñaladas en diversas partes del cuerpo, aunque la niña no murió en el instante. Fabiana alcanzó a ser encontrada por su propia familia y mientras era llevada al hospital reconoció a su agresor.
“Fue Nanico, él me hizo esto”, fueron sus palabras. Más tarde murió de un shock hipovolémico ocasionado por las múltiples lesiones.
Gracias a ese aporte, dado con su último suspiro, la Policía activó un operativo para detener a Muller, quien continúa detenido bajo una acusación que puede llevarlo a pasar el resto de su vida en la cárcel y ser recordado como el autor de uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de Misiones.
Nanico se abstuvo de declarar y fue imputado por el femicidio de Fabiana
El maestro del Instituto Adventista Alta Gracia, detenido desde el 23 de junio por delito contra la integridad sexual de una alumna, recibió otra denuncia por un hecho similar y mañana enfrentará una nueva audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Juan Manuel Monte.
La nueva presentación en contra de Pedro N. (55) fue radicada ayer a la mañana en la sede del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, dependencia que ahora suma cuatro denuncias en contra del mismo sospechoso, aunque el número podría aumentar debido a que se aguarda la recepción de los expedientes iniciados en el Juzgado de Instrucción Tres.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el docente continúa detenido y su defensa ya planteó un pedido de excarcelación, aunque el trámite recién será resuelto una vez que el implicado comparezca a otra indagatoria por la última denuncia recibida en su contra.
En la audiencia de la semana pasada el maestro se abstuvo de declarar y allí mismo fue formalmente imputado por hechos que configurarían abuso sexual simple.
Esa misma imputación recayó contra él en 2015, cuando fue denunciado por lo mismo y ante otra alumna del Alta Gracia, institución que ante los hechos recientes informó su “desvinculación inmediata”.
Por esa denuncia anterior Pedro N. afrontó un proceso judicial que e extendió durante varios años hasta que en 2018 se le dictó falta de mérito y dos años más tarde recibió el sobreseimiento, aunque esa resolución aún no está firme por lo que su situación es pasible de cambiar conforme al avance de esta nueva investigación.
Su situación actual ahora depende del avance la pesquisa que instruye el juez Monte, quien aguarda el resultado de pericias telefónicas y el informes de las cámaras Gesell efectuadas con las niñas denunciantes.
Maestro detenido por abuso había sido denunciado por lo mismo en 2015
El Tribunal Penal Uno de Posadas, en un fallo dividido, resolvió rechazar el pedido de cese de prisión preventiva o, de forma subsidiaria, el otorgamiento de arresto domiciliario para el ex diputado provincial Germán Kiczka (46), que de esta manera continuará cumpliendo su pena de 14 años de prisión por delitos con archivos Masi en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
Fueron los magistrados Gustavo Bernie y César Yaya (subrogante) los que votaron contra el pedido formulado por el abogado defensor Gonzalo De Paula, mientras que Viviana Cukla opinó en disidencia. La jueza rechazó el cese de la prisión preventiva, pero se mostró a favor del otorgamiento de la prisión domiciliaria con tobillera.
Previo a la decisión de los jueces, el fiscal Vladimir Glinka también había dictaminado en contra del pedido defensivo, alegando, entre otras cosas, que un arresto domiciliario implicaba un riesgo de fuga.
En su dictamen, el fiscal consideró que “no resultaba posible equiparar la situación de una persona imputada sin sentencia condenatoria con la de quien ya fue condenado, aun cuando el pronunciamiento no se encontrara firme. Sobre esa base, consideró que la sentencia condenatoria no firme, la gravedad de la pena impuesta y el estado procesal de la causa constituían elementos relevantes para ponderar la subsistencia del riesgo de elusión procesal. En particular, sostuvo que la prisión domiciliaria con control electrónico no neutralizaría adecuadamente el riesgo de fuga”.
De esta manera, el ex diputado condenado a 14 años de prisión como autor de los delitos de “tenencia, facilitación y distribución de archivos con material de abuso sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años en concurso real”, continuará purgando su pena en la cárcel de Cerro Azul.
La sentencia emitida en abril del año pasado fue recurrida y aguarda un análisis del Superior Tribunal de Justicia (STJ), razón por la cual la condena aún no está firme, argumento utilizado para solicitar el cese de la prisión preventiva.
El tratamiento del pedido formulado por la defensa comenzó en paralelo al anuncio de una huelga de hambre anunciada por los hermanos Germán y Sebastián Kiczka (48) luego de una requisa en la que detectaron que tenían dispositivos electrónicos ocultos en su celda a fines de mayo.
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