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El STJ limita posteos de los empleados del Poder Judicial en redes sociales

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Los ministros del máximo tribunal provincial buscan poner un freno, por ejemplo, a quienes se fotografían con expedientes y publican en horario de trabajo. La modificación del reglamento pondría en riesgo la libertad de expresión de los judiciales.

 

POSADAS. Los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones resolvieron, a través de una Acordada, modificar un artículo del Reglamento del Poder Judicial incluyendo a las redes sociales dentro de la “conducta irreprochable” que se exige a todos los empleados de ese poder del Estado.

Se trata de la modificación al Inciso 1 del Artículo 254 del Reglamento Interno, que en su ampliación incluyó a las redes sociales, al compararlas con medios tradicionales de comunicación.

En ese sentido, los magistrados consideraron que “el uso masivo y constante de las distintas plataformas digitales de comunicación ha extendido individualmente los ámbitos donde los agentes del Poder Judicial desarrollan sus conductas, en los que pueden observarse actitudes reñidas con la obligación de decoro y dignidad que se exigen a quienes son parte de este poder del Estado”.

Luego de analizar decenas de casos de empleados que se fotografiaban junto a carpetas con expedientes en las oficinas del Palacio de Justicia y en horario laboral, los ministros coincidieron en la Acordada número 73, del 11 de junio, en poner el ojo en la conducta de los trabajadores y sus publicaciones en las redes sociales.

Así, el Inciso 1 del Artículo 254 fue modificado y quedó redactado: “Observar una conducta irreprochable tanto en el desempeño de sus tareas como fuera de ellas, y el uso de las distintas plataformas digitales de comunicación”.

Ciberconducta bajo la lupa

Para el secretario general seccional Misiones de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Luis Oudín, la decisión despierta dudas y, al ser consultado por La Voz de Misiones, remarcó: “No sabemos cuál es el verdadero fin de esta medida”.

Oudín, quien además es abogado, advirtió que “la única forma de que pueda ser interpretado es dentro del contexto laboral, en cuestiones exclusivamente del trabajo mismo”.

Y es que el sindicalista observa una delgada línea que los máximos jueces provinciales podrían cruzar. “Cualquier observación de las autoridades sobre publicaciones de los empleados, por ejemplo, por quejas en las condiciones laborales, sería una intervención en el ámbito de la esfera privada”, dijo y remató: “Lo consideraríamos ciberpatrullaje y presentaríamos una demanda”.

La acordada del STJ está firmada por la presidenta del cuerpo, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y los demás ministros, Cristian Marcelo Benítez, María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Ramona Beatriz Velázquez, Jorge Antonio Rojas, Cristina Irene Leiva, Liliana Mabel Picazo y Froilán Zarza. La nueva reglamentación entrará en vigencia a partir del 1 de julio.

 

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Asistieron con abrigos y alimentos a doce comunidades mbya de San Ignacio

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Con temperaturas de un dígito, este martes la Dirección de Asuntos Guaraníes de Misiones encabezó el primer operativo Yro’y -o de invierno- en comunidades mbya de la localidad de San Ignacio y planifica nuevas reuniones con intendentes para trasladar el beneficio a otros puntos de la provincia.

La actividad consistió en la entrega de abrigos, calzados, frazadas y porciones de comida caliente, lo que alcanzó a doce aldeas y alrededor de 150 personas, durante una jornada que contó con el acompañamiento de funcionarios municipales y efectivos de la Policía de Misiones. 

El trabajo en conjunto, la prevención y la asistencia en épocas de frío extremo son fundamentales”, reconocieron desde el organismo que funciona como nexo entre comunidades originarias y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Derechos Humanos.

“Con la llegada del invierno y las temperaturas extremas, reafirmamos nuestro compromiso de prevenir y proteger a quienes más lo necesitan. Nos unimos en un operativo territorial para cuidar a nuestras comunidades mbya guaraníes ante el inicio del frío”, añadieron.

Respecto al despliegue de la asistencia ante el frío, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez detalló: “Primero hicimos un punto central con los caciques para explicarles el trabajo a realizar y después, junto a ellos, fuimos comunidad por comunidad, donde desplegamos la logística y asistimos a las familias en cada aldea”.

De esa manera, visitaron las aldeas Chapa’i, Ychongy Poty, Andresito, Tacuaral, Tava Mirĩ, Yvy Poty, Tapé Põrã, Mbokajaty II, Kokuere’i I, ⁠Kokuere’i II, katupyry, ⁠Mbokajaity I y Pindoty.

Por estas horas, los organismos implicados se encuentran planificando, junto a otros intendentes, las fechas para arribar con el beneficio a otros puntos de la geografía provincial que alberga a más de 130 comunidades actualmente.

Entrega de comunida caliente en 12 comunidades mbya de San Ignacio

 

 

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El Concejo de Oberá respaldó a los yerbateros y reclamó avances judiciales

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En el marco de la sesión ordinaria realizada este martes 23 de junio, el Concejo Deliberante de Oberá dio lectura a una manifestación de apoyo al sector yerbatero denominada “Carta en Apoyo a los Productores Yerbateros”, un documento elaborado en respuesta a la compleja situación que atraviesa la actividad y a los reclamos que vienen sosteniendo los productores por precios justos para la materia prima y mejores condiciones para el desarrollo del sector.

La iniciativa fue presentada durante el espacio de “Expresiones Temáticas de la Actualidad”, uno de los segmentos de la sesión destinado al tratamiento de temas de interés social, económico y productivo. El documento lleva la firma del presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ariel Ullón; de la vicepresidenta del cuerpo Verónica Noguera  y de los concejales Marcelo Luis Sedoff, María Luisa Blum y Maximilian F. Binder, todos del bloque oficialista “Encuentro Misionero”. 

En la carta, los ediles expresaron su acompañamiento a las acciones judiciales impulsadas por distintas organizaciones de productores yerbateros que solicitaron ante la Justicia Federal una medida cautelar y la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, norma que eliminó facultades clave del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), entre ellas la de fijar precios para la materia prima.

“Queremos manifestar nuestro apoyo a quienes desempeñan sus tareas laborales dentro de este ámbito”, señala el documento, que además destaca la importancia de garantizar condiciones de equidad y sustentabilidad para una actividad que constituye uno de los principales motores económicos y sociales de Misiones.

El documento conto solo con la firma de los ediles Renovadores

La sesión, que comenzó a las 9 horas, contó con la presencia del histórico dirigente yerbatero Hugo Sand, acompañado por productores de la zona, el dirigente de la CTA Leandro Sánchez, el pastor de la Iglesia Luterana Fabián Paré y otros referentes sociales y productivos de Oberá.

Durante su intervención, Sand agradeció el respaldo institucional brindado por el cuerpo deliberativo y destacó que el reclamo excede a los productores. “Este acompañamiento no es solamente a la lucha de los productores, sino también a la de los trabajadores de la yerba mate”, afirmó.

El dirigente sostuvo además que la crisis que atraviesa el sector tiene un origen político. “El problema que tenemos en este momento es un problema político. Por eso celebramos que en este ámbito estemos discutiendo estos temas”, expresó.

En otro tramo de su exposición, reiteró el pedido al mentor de Encuentro Misionero, el diputado provincial Carlos Rovira, y a los representantes de los distintos espacios políticos, para que gestionen ante el Gobierno nacional la restitución de las facultades del Inym.

Hugo Sand durante su agradecimiento a los concejales acompañado por sus pares dirigentes de la CTA

“Le pedimos a Rovira, a los funcionarios oficialistas y también a los opositores que hablen con Javier Milei y solucionen esto. Ellos tienen la posibilidad de resolver el problema”, pidió.

Asimismo, reclamó una pronta actuación de la Justicia Federal en las causas promovidas por las asociaciones de productores contra el DNU 70/2023. “Que la Justicia no duerma sobre los expedientes. Hay miles de familias que están sufriendo. ¿Dónde están los jueces que deberían estar resolviendo este problema de inconstitucionalidad de un decreto que de necesidad y urgencia no tiene absolutamente nada?”, cuestionó.

Finalmente, los concejales remarcaron, en el documento expuesto, que la cuestión reviste una trascendencia institucional y colectiva que afecta a miles de familias misioneras, por lo que consideraron necesario que el Poder Judicial analice el planteo con especial atención y celeridad.

Debate sobre la yerba en Oberá: “El problema es político y el impacto, social”

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Concejales denuncian tanque con barro y cuatro días sin agua en Piray

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Dos concejales del bloque Juntos Podemos denunciaron el estado “deplorable” en el que se encuentra el servicio de agua potable en Puerto Piray, ante la presencia de barro en uno de los tanques, el corte del suministro durante al menos cuatro días y la ausencia de respuestas por parte de las autoridades afines y el gobierno local. 

Todo comenzó en horas de la noche del pasado miércoles 17 de junio, cuando el servicio de agua fue interrumpido debido a una presunta “falla temporal”, que luego terminó convirtiéndose en una emergencia sanitaria y social.

“Con el correr de las horas, los vecinos agotaron las reservas almacenadas en sus tanques domiciliarios y muchos debieron recurrir a juntar agua de lluvia para poder higienizarse o realizar tareas básicas del hogar”, repudiaron los concejales a través de un comunicado.

Y alertaron: “Puerto Piray atraviesa una de las peores crisis de abastecimiento de agua de los últimos años. A pesar de contar con dos plantas potabilizadoras y de administrar un presupuesto millonario, la localidad lleva más de cuatro días consecutivos sin agua potable, dejando a cientos de familias en una situación desesperante”.

En este contexto, apuntaron contra el municipio: “Mientras miles de vecinos sobreviven sin agua potable, la Municipalidad guarda silencio y la crisis expone una grave falta de planificación”. 

Escalada del conflicto

La situación alcanzó un punto crítico durante el fin de semana, cuando los concejales Elizabeth Mercado y Adrián Duarte, recorrieron los sectores afectados para constatar el estado del sistema de abastecimiento y escuchar los reclamos de los vecinos.

En el tanque de almacenamiento, desde donde se distribuye el agua a toda la localidad, hallaron una estructura completamente vacía y con más de un metro de barro acumulado en su interior, además de residuos y animales: “Una imagen que refleja el nivel de abandono y falta de mantenimiento de una infraestructura esencial para la salud pública”, consideraron.

Tanque municipal cubierto con barro en Puerto Piray

La recorrida continuó en la toma de agua sobre el río Paraná, lugar donde se realiza la captación y potabilización del recurso. Allí tampoco encontraron explicaciones ni respuestas concretas sobre cuándo se normalizará el servicio.

Nos preocupa profundamente la nula información brindada por la Intendencia y su gabinete. Los vecinos no saben qué está ocurriendo realmente ni cuánto tiempo más deberán esperar para recuperar un servicio básico y esencial”, manifestó la concejal Mercado.

La edil también cuestionó la falta de previsión de la gestión municipal, ya que tras el recorrido constataron que una de las bombas se encontraba fuera de servicio y la situación se agravó cuando la segunda dejó de funcionar, obligando a enviar ambas a reparación.

“La crisis vuelve a poner bajo la lupa las prioridades de la administración municipal. Mientras el Ejecutivo destinó cerca de 100 millones de pesos a la adquisición de camionetas, no logró garantizar el funcionamiento de un sistema que abastece de agua a toda la comunidad”, concluyeron los ediles.

Repudio vecinal

Durante la jornada del domingo, un grupo de vecinos autoconvocados se manifestó frente al edificio municipal exigiendo soluciones urgentes. Sin embargo, tampoco obtuvieron respuestas oficiales.

Este lunes, pese a las intensas lluvias registradas en la zona, la realidad sigue siendo la misma: “Puerto Piray continúa sin agua y sin explicaciones”, señalaron.

Quienes encabezan el reclamo sostienen que la crisis no puede atribuirse únicamente a una falla técnica, sino que “lo ocurrido deja al descubierto una combinación de falta de planificación, ausencia de mantenimiento preventivo, escasa inversión en infraestructura crítica y una preocupante falta de comunicación con la comunidad”, remarcaron.

 

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