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El STJ limita posteos de los empleados del Poder Judicial en redes sociales

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Los ministros del máximo tribunal provincial buscan poner un freno, por ejemplo, a quienes se fotografían con expedientes y publican en horario de trabajo. La modificación del reglamento pondría en riesgo la libertad de expresión de los judiciales.

 

POSADAS. Los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones resolvieron, a través de una Acordada, modificar un artículo del Reglamento del Poder Judicial incluyendo a las redes sociales dentro de la “conducta irreprochable” que se exige a todos los empleados de ese poder del Estado.

Se trata de la modificación al Inciso 1 del Artículo 254 del Reglamento Interno, que en su ampliación incluyó a las redes sociales, al compararlas con medios tradicionales de comunicación.

En ese sentido, los magistrados consideraron que “el uso masivo y constante de las distintas plataformas digitales de comunicación ha extendido individualmente los ámbitos donde los agentes del Poder Judicial desarrollan sus conductas, en los que pueden observarse actitudes reñidas con la obligación de decoro y dignidad que se exigen a quienes son parte de este poder del Estado”.

Luego de analizar decenas de casos de empleados que se fotografiaban junto a carpetas con expedientes en las oficinas del Palacio de Justicia y en horario laboral, los ministros coincidieron en la Acordada número 73, del 11 de junio, en poner el ojo en la conducta de los trabajadores y sus publicaciones en las redes sociales.

Así, el Inciso 1 del Artículo 254 fue modificado y quedó redactado: “Observar una conducta irreprochable tanto en el desempeño de sus tareas como fuera de ellas, y el uso de las distintas plataformas digitales de comunicación”.

Ciberconducta bajo la lupa

Para el secretario general seccional Misiones de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Luis Oudín, la decisión despierta dudas y, al ser consultado por La Voz de Misiones, remarcó: “No sabemos cuál es el verdadero fin de esta medida”.

Oudín, quien además es abogado, advirtió que “la única forma de que pueda ser interpretado es dentro del contexto laboral, en cuestiones exclusivamente del trabajo mismo”.

Y es que el sindicalista observa una delgada línea que los máximos jueces provinciales podrían cruzar. “Cualquier observación de las autoridades sobre publicaciones de los empleados, por ejemplo, por quejas en las condiciones laborales, sería una intervención en el ámbito de la esfera privada”, dijo y remató: “Lo consideraríamos ciberpatrullaje y presentaríamos una demanda”.

La acordada del STJ está firmada por la presidenta del cuerpo, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, y los demás ministros, Cristian Marcelo Benítez, María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Ramona Beatriz Velázquez, Jorge Antonio Rojas, Cristina Irene Leiva, Liliana Mabel Picazo y Froilán Zarza. La nueva reglamentación entrará en vigencia a partir del 1 de julio.

 

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Asuntos Guaraníes propone mesa de diálogo por conflicto territorial en Garuhapé

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El ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, propuso la conformación de una mesa de diálogo entre el empresario Alfredo Ruff, los referentes de la comunidad Puente Quemado II y los organismos competentes, para dar respuestas al conflicto territorial que derivó en el traslado y la demora de ocho mbyas en la comisaría local, durante la jornada de ayer martes.

Todo comenzó con la denuncia del mencionado empresario por “usurpación de territorio” contra la comunidad mbya Puente Quemado II. Seguidamente, por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, la comunidad fue allanada y durante el operativo fue detenido el cacique Santiago Ramos, junto a otros siete integrantes de la aldea.

Esta situación generó repudio por parte de diferentes sectores sociales y organizaciones defensoras de los derechos indígenas, por lo que el Ministerio de Derechos Humanos, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, convocó a una mesa de diálogo a fin de llegar a un acuerdo entre las partes. 

A través de un comunicado, el organismo que funciona como nexo entre el gobierno y las comunidades mbya aseguró que, en primera instancia, “se hizo presente en el lugar” con el objetivo de conocer detalles del conflicto.

“Este ministerio, a través de la Dirección de Asuntos Guaraníes, informa que se hizo presente en el lugar a fin de interiorizarse sobre la situación, respecto de la cual tomó conocimiento a través de publicaciones de circulación pública, no habiéndo recibido hasta el momento comunicación formal alguna”, puntualizó.

Al mismo tiempo, convocó a las partes: “Con el objetivo de contribuir a la paz social y evitar la escalada del conflicto, este organismo propuso de manera inmediata la conformación de una mesa de diálogo entre las partes involucradas y los organismos competentes, priorizando las vías institucionales y el respeto mutuo”.

“El Ministerio de Derechos Humanos y la Dirección de Asuntos Guaraníes reafirman su compromiso con el acompañamiento institucional en el territorio, el diálogo intercultural y la búsqueda de soluciones pacíficas, en el marco del respeto a los derechos humanos y la convivencia social”, concluyó.

La detención de los ocho miembros de la comunidad se realizó ayer en horas de la mañana y la demora en la comisaría local finalizó por la tarde, en respuesta a una orden emitida por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico. 

Organizaciones como Emipa y la Red Eclesial del Gran Chaco Guaraní (REGCHAG) repudiaron la medida y el operativo, que además de las detenciones incluyó el traslado de mujeres, niños y niñas, “en condiciones que evidencian la ausencia de garantías básicas, falta de información clara sobre las actuaciones y el incumplimiento de protocolos específicos para pueblos indígenas”, expresaron. 

Detienen a ocho mbyas por conflicto territorial en Garuhapé

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El gobernador Passalacqua inaugura sesiones en la Legislatura misionera

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El gobernador Hugo Passalacqua encabeza este 1º de mayo la apertura de sesiones en la Legislatura misionera, donde presentará un informe sobre la situación actual de su administración y expondrá los objetivos planteados para el futuro.

Al comenzar su discurso, expresó: “Hoy, como cada primero de mayo, nos reunimos para dar cuenta del camino que venimos transitando. Por primera vez en mucho tiempo, atravesamos un contexto inédito, sumamente complejo y desafiante, que nos obliga día a día a buscar soluciones reales”.

“Seguramente no les estaré diciendo nada nuevo pero vale recordar que esa multicrisis es social, productiva, financiera, tecnológica y básicamente de valores, todo ocurriendo al mismo tiempo”, añadió.

Se espera que el mandatario realice un repaso de la gestión que encabeza junto al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, con un balance del funcionamiento del Estado provincial, la ejecución del Presupuesto, las necesidades públicas y sus soluciones inmediatas, además de los principales lineamientos políticos, económicos y de gestión para el nuevo período legislativo.

De esta manera, dan inicio al 54° período legislativo en la Cámara de Representantes y la presentación podrá seguirse mediante una transmisión en vivo.

La Legislatura misionera convocó a sesión especial para el 1° de mayo

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Yerbateros misioneros expusieron la crisis del sector en el Congreso

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Los representantes del sector yerbatero de la provincia de Misiones: Jorge Skripczuk, Jorge Lizznienz, y el abogado  Federico Padolski viajaron a Buenos Aires este jueves para exponer en el Congreso de la Nación.

A partir de la invitación de la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, los productores participaron en la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara Baja donde estuvieron acompañados por el presidente de la entidad, Gastón Borsini y otros directivos.

Los yerbateros reunidos con Basterra

Durante la reunión, los productores presentaron ante el titular de la comisión, Luis Basterra, un informe sobre las condiciones de la actividad productiva de la yerba mate tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en el marco del gobierno nacional.

“Expusimos sobre las condiciones de los productores de yerba mate y la desfavorable situación frente a la industria, con un Inym sin facultades. Además, el abogado explicó el estado de las acciones judiciales que impulsamos junto a asociaciones y cooperativas”, señaló Skripczuk.

El dirigente remarcó la importancia del respaldo de entidades nacionales con representación federal, como la CGP y Coninagro, para visibilizar la problemática del sector.

Vamos a seguir buscando el acompañamiento de todos los actores que entienden que la cadena yerbatera está en detrimento. Los productores no logramos margen económico, los tareferos también atraviesan dificultades y las pequeñas industrias y cooperativas se encuentran en una situación compleja”.

En relación al Inym, Skripczuk indicó que no hay respuestas por parte de su conducción actual y sostuvo que la crisis podría revertirse con la restitución de sus facultades.

“No tenemos respuestas de (Rodrigo) Correa, representante de Nación en el Instituto, y la desregulación responde al Gobierno nacional. Para nosotros, la única salida es recuperar nuestra herramienta. No solo para fijar precios, sino también para restablecer funciones que permitan equilibrar el sistema yerbatero”, expresó.

Estrategia y medidas

La demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional y la medida cautelar buscan la nulidad de artículos del DNU y del Decreto 812/2025 vinculados a la actividad yerbatera.

En cuanto a las medidas inmediatas, planteó la necesidad de “sujetar la hoja verde en la chacra” para intentar mejorar el precio de la materia prima. Pedimos a los productores que no cosechen o que mantengan la producción en planta el mayor tiempo posible, o que comercialicen de manera gradual”, detalló.

Finalmente, se refirió a los cortes de ruta impulsados por algunos sectores y marcó diferencias. “No estamos de acuerdo con los cortes de ruta. No buscamos afectar a quienes transitan. Nuestra postura es continuar el reclamo a través de las organizaciones, las cooperativas y la vía judicial”, concluyó.

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