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Pese al Código Penal y al fallo Fal, imponen restricciones para abortos no punibles
BUENOS AIRES. La Justicia porteña restablece “restricciones” para los abortos no punibles en la Ciudad. El Tribunal Superior de Justicia decidió que vuelva a estar vigente el protocolo para la realización de abortos no punibles en los hospitales públicos. Dicho protocolo fue elaborado en 2012 por el entonces ministro de Salud, Jorge Lemus. El mismo había sido suspendido en varios de susartículos a raíz de la presentación de diversos amparos.
El Superior Tribunal de Justicia porteño por tres votos a uno, restableció el protocolo en la Ciudad de Buenos Aires que reguló la atención de los abortos legales, dictado en 2012 por el Gobierno que encabezaba entonces Mauricio Macri, y que fijó fuertes restricciones para el acceso a las interrupciones legales de embarazo, apartándose de los estándares fijados por la Corte Suprema en el fallo FAL.
En su resolución, el alto tribunal rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución 1251, firmada por quien era ministro de Salud del gobierno macrista, Jorge Lemus, que estableció un procedimiento “restrictivo” –el más restrictivo del país– frente a los pedidos de aborto previstos en el artículo 86 del Código Penal; y también rechazó el pedido de inconstitucionalidad del veto del jefe de Gobierno, respecto de la Ley 4318, sancionada por la Legislatura para regular los abortos legales. Esa norma, impulsada por el kirchnerismo, respetaba los lineamientos fijados por la Corte Suprema, en el fallo FAL, para eliminar los obstáculos arbitrarios históricamente impuestos en el país para el acceso a las interrupciones legales de embarazo, previstas desde 1921.
Lo cierto es que de aplicarse el protocolo de 2012 -la resolución 1251- una mujer violada no podría interrumpir su embarazo más allá de la semana 12. Además, en los centros de salud tendría que haber un comité interdisciplinario para que evalúe y autorice los abortos, que deben ser confirmados por la autoridad máxima del hospital. Las mayores de 14 años necesitarían la autorización de sus padres. Ese era el protocolo que armó el ministro de salud Jorge Lemus en 2012 cuando el jefe de gobierno porteño era Mauricio Macri.
“Es una sentencia claramente misógina”, cuestionó Gil Domínguez, en diálogo con Página12. Domínguez destacó que el protocolo que entrará en vigencia “es violatorio de la Constitución, de los tratados de Derechos Humanos y del fallo FAL”. Además, consideró que el fallo del STJ desconoce el carácter preventivo de los amparos colectivos y hace una interpretación errónea de los fallos de la Corte Suprema que regulan los requisitos de procedencia de las acciones colectivas. La idea es evitar el daño. Cualquier mujer puede estar en riesgo con ese protocolo restrictivo, explicó.
La sorpresiva sentencia de los jueces porteños se da en un contexto en el que el aborto legal fue rechazado por los senadores, y en una avanzada de grupos religiosos que ahora también se oponen a la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas y que se practiquen las interrupciones legales de los embarazos. Días atrás uno de esos grupos irrumpió en el Hospital Rivadavia para oponerse a este derecho que pedía una mujer.
Aborto no punible. Desde 1921, el Código Penal argentino permite el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente” (artículo 86 incisos 1 y 2 del Código).
En marzo de 2012, en el caso “F. A.L. s/ medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con contemplar una declaración jurada en que la mujer víctima e violación manifieste que l embarazo es producto de ese delito.
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La baja natalidad y sus efectos: 29% menos de niños en escuelas misioneras
“En los últimos años se registró una caída del 36% en la tasa de natalidad, lo que se traduce en caídas de aproximadamente 31% de la matrícula escolar. En Misiones, a diferencia de otras provincias, la caída fue del 29%”, explica Nahuel Navarro en un artículo sobre el impacto de la baja de nacimientos en el sistema educativo.
El profesor de Ciencia Política y coordinador del Centro de Educación Ambiental de Misiones analizó el informe de Argentinos por la Educación y sostuvo que, ante este escenario, el sistema educativo debería avanzar hacia una “reconversión educativa” que permita contener a la cantidad de docentes actualmente disponibles para una población estudiantil que, en los próximos años, será considerablemente menor.

Nahuel Navarro, Profesor.
“Nacen menos personas y eso ya no es un debate”, afirma Navarro. En su análisis se pregunta por las causas de este fenómeno y remarca que, mientras a nivel nacional la caída de la natalidad, lo que genero una baja en la matricula que ronda en el 31%, en Misiones el descenso es del 29%, un dato que ubica a la provincia en una situación distinta a la de otras jurisdicciones.
En ese sentido, plantea que la disminución de niños en edad de asistir a sala de cinco podría transformarse en una oportunidad para ampliar la cobertura educativa temprana.
“La caída de la natalidad nos permite pensar que esas salas donde ya no habrá suficientes niños puedan ser ocupadas por chicos de tres años. La capacidad instalada que ya tenemos en infraestructura puede aprovecharse para universalizar la sala de tres”, explicó.
Según el docente, el objetivo principal es anticiparse a una posible crisis laboral dentro del sistema educativo.
Evitar una crisis de empleo docente
En diálogo con La Voz de Misiones, Navarro sostiene que es necesario impulsar instancias de actualización y reconversión formativa para los docentes que ya trabajan en el sistema, de modo que puedan desempeñarse en salas de tres años y en otros espacios de educación inicial.
“De esa manera no perderíamos a los trabajadores que ya están insertos en el sistema. Si no actuamos a tiempo, es muy posible que tengamos una crisis de empleo sin precedentes”, advirtió.
Navarro recordó que los maestros y maestras de nivel inicial dependen de la existencia de matrícula para sostener sus cargos. Si la cantidad de niños continúa disminuyendo, muchos docentes podrían quedarse sin posibilidades de inserción laboral.
“Vamos a tener menos matrícula para contener a los trabajadores que hoy están adentro del sistema. Si ampliamos la cobertura a los tres años, se incorpora una masa de estudiantes que hoy no está contemplada”, señaló.
Actualmente, solo una parte de los niños de tres años accede al sistema educativo, lo que abre un margen importante para ampliar la escolarización temprana.
La situación de los institutos de formación docente
El profesor también alertó sobre la cantidad de institutos que forman docentes de educación inicial en la provincia.
“Hoy existen quince institutos de formación docente que dictan la carrera de educación inicial. Esa es una masa de trabajadores que posiblemente salga a buscar empleo dentro de cuatro años, cuando se gradúen, y quizás no lo encuentren”, explicó.
Como los profesorados tienen una duración de cuatro años, Navarro remarcó que el impacto de la caída de la natalidad no se verá de inmediato, sino en el mediano plazo.
“El problema de hoy lo vamos a ver en cuatro años”, resumió.
Por ello, propone no cerrar los profesorados, sino reconvertir parte de su oferta académica hacia programas de actualización para docentes en ejercicio.
“Una opción es transformarlos en espacios de capacitación permanente para quienes ya están trabajando. Mientras algunos docentes están en el aula, otros podrían capacitarse mediante sistemas de rotación”, indicó.
La importancia de la estimulación temprana
Más allá de la cuestión laboral, Navarro destacó el valor pedagógico de ampliar el acceso a la educación desde los tres años y advirtió sobre las desigualdades que existen entre los niños que ingresan tempranamente al sistema y aquellos que recién lo hacen en sala de cuatro, cuando comienza la obligatoriedad.
“Hay que aprovechar la infraestructura ya instalada para asegurar la universalización del acceso a la sala de tres, no solo por una cuestión laboral, sino por el impacto que tiene en las generaciones futuras”, afirmó.
El docente explicó que diversos estudios vinculan la estimulación temprana con un mejor desarrollo del lenguaje y de la comprensión lectora.
“La estimulación temprana permite que un niño llegue al primer grado con un vocabulario mucho más amplio, con mayor capacidad para comprender consignas, interpretar situaciones y desarrollar aprendizajes complejos”, señaló.
Aclaró que esto no significa que un niño de seis años mantenga una conversación como un adulto, sino que dispone de mejores herramientas para interpretar textos, resolver problemas y desenvolverse en el ámbito escolar.
En relación con los resultados educativos, Navarro recordó que los informes de Argentinos por la Educación muestran que una parte importante de los alumnos de tercer grado presenta dificultades para comprender lo que lee.
“Muchas veces los niños leen de manera fluida, pero cuando se les hacen preguntas específicas sobre el contenido, aparecen problemas de comprensión e interpretación”, explicó.
Frontera, bilingüismo y diversidad cultural
Finalmente, el especialista vinculó estos desafíos con la particular condición fronteriza de Misiones, una provincia atravesada por la multiculturalidad y el contacto permanente con otros idiomas.
“Misiones tiene una riqueza cultural enorme. Existen escuelas interculturales bilingües y sería muy interesante contar con investigaciones específicas que permitan medir cómo influye esa diversidad lingüística en la comprensión y los aprendizajes”, sostuvo.
Navarro, oriundo de San Javier, contó que creció en un entorno donde el portugués forma parte de la vida cotidiana.
“Vengo de una zona de frontera y manejo el portugués de manera fluida. Entiendo y puedo comunicarme. Quizás los niños que crecen en esos entornos procesan más de un idioma y eso podría influir en sus formas de comprensión”, reflexionó.
No obstante, aclaró que se trata de una hipótesis que debería ser estudiada con rigor académico. Aun así, considera que la diversidad lingüística de Misiones representa un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad para diseñar políticas públicas educativas acordes a la realidad provincial.
“Cada región tiene su propia interculturalidad y su propio sistema lingüístico. El desafío es que las políticas educativas contemplen y valoren esa riqueza cultural propia de Misiones”, concluyó.
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Por pronóstico de lluvias, postergaron el regreso de evacuados en El Soberbio
El Comité de Crisis de El Soberbio y la Policía de Misiones postergaron el regreso de familias evacuadas tras una nueva evaluación de la situación ante el pronóstico de precipitaciones para lo que resta de esta semana.
Durante un encuentro realizado ayer martes, las autoridades resolvieron, de común acuerdo con los vecinos de El Soberbio, mantener la evacuación preventiva hasta que existan condiciones seguras para el retorno.
Previamente, realizaron un nuevo relevamiento de las zonas afectadas por la crecida del río Uruguay y acordaron postergar el regreso de las familias evacuadas, debido al pronóstico de nuevas lluvias y a las condiciones que aún presentan los sectores comprometidos.
El pasado jueves 23 de julio el comité de crisis evacuó a 41 familias, integradas por 104 personas, provenientes de los barrios Unión, Santa María, Galeano y Chivilcoy, y desde entonces no regresaron a sus hogares. Cuatro de ellas fueron albergadas y asistidas en los centros de evacuados habilitados y las otras alojadas en las casas de familiares y amigos.
La decisión de no regresar fue adoptada luego de evaluar el estado del terreno y las previsiones meteorológicas, priorizando la seguridad de los vecinos. Además, la medida fue consensuada con las propias familias afectadas, que manifestaron su conformidad con permanecer temporalmente fuera de sus hogares ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.
En este contexto, la Policía de Misiones mantiene el despliegue preventivo dispuesto por el Ministerio de Gobierno, con patrullajes permanentes, asistencia a los evacuados y monitoreo constante de la evolución de la situación junto al Comité de Crisis.
Por el momento, no está previsto el regreso de las familias durante los próximos días, mientras continúan las evaluaciones para garantizar un retorno seguro.
Con el río en baja, familias de El Soberbio seguirán evacuadas por prevención
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IPS borró campaña sobre diagnósticos y Familias TEA pidió echar a responsables
Tras el rechazo de la Fundación Familias TEA Misiones a la campaña “Tu hijo no es un diagnóstico”, difundida por el departamento de Salud Mental del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo eliminó de sus redes sociales la publicación realizada el último jueves.
En ese contexto, este lunes la fundación presentó un pedido formal al gobierno provincial para que cese la “violencia institucional” que atribuye al IPS y solicitó la “remoción” e “inhabilitación” de los funcionarios responsables del área.
La fundadora de Familias TEA Misiones, Patricia Zarza, elevó esta mañana una nota formal al gobernador Hugo Passalacqua y al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, en la que exigió la “inmediata intervención del Poder Ejecutivo, la apertura de sumarios administrativos y la remoción e inhabilitación de los directivos” del departamento de Salud Mental del organismo público, encabezado por Constanza Logegaray.
En su presentación, Zarza sostuvo que el organismo “ha utilizado canales y recursos públicos para perpetrar una campaña oficial de desinformación, violencia psicológica e institucional y estigmatización”, según se desprende del documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones.
Seguidamente, la activista por los derechos de las personas con discapacidad sostiene que la campaña difundida por el área del IPS “destruye décadas de políticas de concientización, revictimiza a los grupos familiares y configura un supuesto de discriminación estructural propiciada por el propio Estado”.
En otro apartado del escrito, Zarza afirmó que la situación se “agrava” por la “omisión deliberada” y la “negligencia inexcusable” del presidente del IPS, Lisandro Benmaor.
Asimismo, la activista argumentó que, previo a la presentación ante el Poder Ejecutivo, se comunicó “formalmente” y de manera “fundamentada” con Benmaor, a quien advirtió sobre “la gravedad jurídica, civil y administrativa de las publicaciones emitidas por el organismo”.
“La respuesta inicial de la máxima autoridad de la obra social provincial fue el silencio absoluto, la inacción y la desidia”, arremetió Zarza en su escrito, al que acompañó con capturas de pantalla del reclamo que realizó a Benmaor a través de WhatsApp.
En esa línea, la referente de Familias TEA Misiones apuntó que el “único resorte” que impulsó al organismo a retirar “la infame publicación” fue la exposición del hecho en la prensa.
Por otra parte, expuso que la campaña de Salud Mental del IPS “no constituye una opinión teórica inocua”, sino que representa, según su planteo, un acto de “violencia simbólica” y una posible incitación a la discriminación, en el marco de las leyes nacionales N° 26.485 y N° 23.592.
Además, sostuvo que la difusión del mensaje institucional habilitó la reproducción de discursos de odio y expresiones de desprecio hacia las familias cuidadoras de personas con condiciones neurobiológicas del desarrollo.
Zarza también adjuntó al pedido formal la serie de flyers publicados por el departamento en sus redes oficiales y posteriormente eliminados, en los que detalló, punto por punto, las “vulneraciones” a normativas nacionales e internacionales en las que, según denunció, habría incurrido el organismo.
Medidas exigidas
Finalmente, en la presentación elevada al Poder Ejecutivo, Zarza reclamó el cese definitivo de la campaña y la prohibición de su reiteración en los canales oficiales del IPS, además de una retractación pública institucional por parte de su presidente, Lisandro Benmaor.
Asimismo, exigió la apertura de sumarios administrativos y la separación de los responsables del área de Salud Mental, a quienes atribuyó “violencia institucional”, falta de idoneidad y mal desempeño de funciones.
Entre otros puntos, solicitó una reestructuración de las capacitaciones internas del organismo con perspectiva de discapacidad, neurodiversidad y derechos humanos, en articulación con organizaciones especializadas en la temática.
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