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Pese al Código Penal y al fallo Fal, imponen restricciones para abortos no punibles
BUENOS AIRES. La Justicia porteña restablece “restricciones” para los abortos no punibles en la Ciudad. El Tribunal Superior de Justicia decidió que vuelva a estar vigente el protocolo para la realización de abortos no punibles en los hospitales públicos. Dicho protocolo fue elaborado en 2012 por el entonces ministro de Salud, Jorge Lemus. El mismo había sido suspendido en varios de susartículos a raíz de la presentación de diversos amparos.
El Superior Tribunal de Justicia porteño por tres votos a uno, restableció el protocolo en la Ciudad de Buenos Aires que reguló la atención de los abortos legales, dictado en 2012 por el Gobierno que encabezaba entonces Mauricio Macri, y que fijó fuertes restricciones para el acceso a las interrupciones legales de embarazo, apartándose de los estándares fijados por la Corte Suprema en el fallo FAL.
En su resolución, el alto tribunal rechazó un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución 1251, firmada por quien era ministro de Salud del gobierno macrista, Jorge Lemus, que estableció un procedimiento “restrictivo” –el más restrictivo del país– frente a los pedidos de aborto previstos en el artículo 86 del Código Penal; y también rechazó el pedido de inconstitucionalidad del veto del jefe de Gobierno, respecto de la Ley 4318, sancionada por la Legislatura para regular los abortos legales. Esa norma, impulsada por el kirchnerismo, respetaba los lineamientos fijados por la Corte Suprema, en el fallo FAL, para eliminar los obstáculos arbitrarios históricamente impuestos en el país para el acceso a las interrupciones legales de embarazo, previstas desde 1921.
Lo cierto es que de aplicarse el protocolo de 2012 -la resolución 1251- una mujer violada no podría interrumpir su embarazo más allá de la semana 12. Además, en los centros de salud tendría que haber un comité interdisciplinario para que evalúe y autorice los abortos, que deben ser confirmados por la autoridad máxima del hospital. Las mayores de 14 años necesitarían la autorización de sus padres. Ese era el protocolo que armó el ministro de salud Jorge Lemus en 2012 cuando el jefe de gobierno porteño era Mauricio Macri.
“Es una sentencia claramente misógina”, cuestionó Gil Domínguez, en diálogo con Página12. Domínguez destacó que el protocolo que entrará en vigencia “es violatorio de la Constitución, de los tratados de Derechos Humanos y del fallo FAL”. Además, consideró que el fallo del STJ desconoce el carácter preventivo de los amparos colectivos y hace una interpretación errónea de los fallos de la Corte Suprema que regulan los requisitos de procedencia de las acciones colectivas. La idea es evitar el daño. Cualquier mujer puede estar en riesgo con ese protocolo restrictivo, explicó.
La sorpresiva sentencia de los jueces porteños se da en un contexto en el que el aborto legal fue rechazado por los senadores, y en una avanzada de grupos religiosos que ahora también se oponen a la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas y que se practiquen las interrupciones legales de los embarazos. Días atrás uno de esos grupos irrumpió en el Hospital Rivadavia para oponerse a este derecho que pedía una mujer.
Aborto no punible. Desde 1921, el Código Penal argentino permite el aborto en dos supuestos: cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo es producto de una “violación o atentado al pudor contra una mujer idiota o demente” (artículo 86 incisos 1 y 2 del Código).
En marzo de 2012, en el caso “F. A.L. s/ medida autosatisfactiva”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló que toda mujer embarazada como resultado de una violación tiene derecho a acceder a un aborto no punible sin importar su capacidad intelectual, sin requerirse autorización judicial previa para acceder a la práctica y sin que exista obligación de realizar la denuncia penal del delito sino que basta con contemplar una declaración jurada en que la mujer víctima e violación manifieste que l embarazo es producto de ese delito.
Ante el aumento del caudal del río Iguazú como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región, la empresa concesionaria de los servicios en el Parque Nacional Iguazú informó el cierre preventivo del circuito Garganta del Diablo.
La compañía Iguazú Argentina comunicó la medida a través de sus redes sociales oficiales, donde explicó que el cierre preventivo fue dispuesto con el objetivo de “garantizar la seguridad de los visitantes” que recorren el atractivo turístico.
En esa línea, la concesionaria indicó que se realizarán “monitoreos constantes para evaluar su reapertura”. Asimismo, precisó que los circuitos Superior e Inferior de las Cataratas permanecen habilitados para los visitantes.
Las intensas lluvias que en las últimas horas obligaron al cierre preventivo del circuito Garganta del Diablo, en el Parque Nacional Iguazú, también provocaron complicaciones en el centro y este de Misiones. Entre las medidas adoptadas por las autoridades, este miércoles se dispuso el cierre preventivo del acceso al Parque Provincial Moconá debido a la crecida del arroyo Yabotí.
FOTO PRINCIPAL: El Territorio
La plataforma de telemedicina que se convirtió en el principal canal digital de acceso al sistema público de salud en Misiones desde la pandemia, Alegramed, dejará de funcionar en los próximos días, por lo que el gobierno prepara una aplicación propia que permita darle continuidad al servicio de consultas virtuales, turnos y acceso a resultados de estudios.
El cierre definitivo fue anunciado por la misma aplicación a través de un mensaje de alerta a los usuarios, en el que, bajo el rótulo “Información importante” se puede leer: “Esta App dejará de funcionar. Pronto vas a poder usar una nueva aplicación del Gobierno Provincial”.
Desde el gobierno, sostienen que el desafío será “garantizar que la transición resulte imperceptible para los cientos de miles de usuarios del servicio que ahora tendrá un cambio de proveedor tecnológico”.
La aplicación fue creada por el empresario Augusto Marini, también fundador de Cale Group, con el objetivo de articular agendas médicas, turnos, historia clínica digital, estudios complementarios, teleconsultas, circuitos hospitalarios y múltiples procesos administrativos que hoy forman parte del funcionamiento cotidiano del sistema sanitario misionero.
En este sentido, la migración implica preservar información clínica, mantener la continuidad asistencial y evitar interrupciones en servicios utilizados diariamente por miles de pacientes.
El contrato de Alegramed fue ejecutado a través de la Fundación Parque de la Salud y contemplaría un esquema de pagos cercano a los US$ 9 por cada usuario registrado. Sobre una base estimada de 350.000 personas inscriptas -de los cuales entre 60.000 y 100.000 son usuarios activos cada mes-, la cifra superaría los US$ 3 millones financiados con recursos públicos por fuera de la estructura tradicional del Ministerio de Salud.
La decisión de desarrollar una aplicación propia apunta a eliminar ese gasto, sosteniendo los mismos servicios con recursos del Estado.
Pedido de informes
Semanas atrás, la diputada provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Rosi Kurtz, realizó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo provincial brinde precisiones sobre el funcionamiento y financiamiento de Alegramed.
Recientemente, fue una de las primeras figuras políticas en reaccionar ante el cierre de la plataforma digital que utiliza el sistema público de salud provincial.
“Alegramed deja de funcionar. Durante meses pedimos explicaciones sobre su contratación, su funcionamiento y el destino de los fondos públicos invertidos. También recibimos reclamos de cientos de misioneros que no lograban acceder a turnos o sufrían fallas en el sistema”, expresó Kurtz a través de su cuenta personal de Instagram.
“Hoy, con el anuncio de su finalización, quedan muchas preguntas sin responder: ¿Cuánto dinero público se invirtió en Alegramed?, ¿Cuál fue el balance de ese contrato?, ¿Quiénes fueron los responsables de esta decisión? y ¿Qué alternativa tendrán ahora los pacientes para obtener turnos?”, planteó.
Y concluyó: “La salud pública no puede depender de proyectos improvisados. Los misioneros merecen transparencia, planificación y un sistema que realmente funcione. Vamos a seguir exigiendo respuestas”.
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Se oficializó un nuevo aumento del boleto de colectivos urbano e interurbano del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (Situm), que rige desde este lunes para los servicios de Posadas, Garupá y Candelaria tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
La actualización quedó plasmada en la Resolución 002 de la Comisión Ejecutiva Coordinadora del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano y en la Disposición 076 de la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación.
Con los nuevos cuadros tarifarios, el boleto urbano en la capital misionera pasó a costar $1.560 para quienes abonen con Sube o la aplicación y $2.000 para los usuarios que paguen sin el sistema electrónico.
En Garupá y Candelaria, en tanto, la tarifa del transporte urbano quedó fijada en $1.670 para quienes abonen con SUBE u otro medio de pago electrónico, mientras que ascenderá a $2.300 para quienes no utilicen esos sistemas.
En cuanto a los recorridos interurbanos, el viaje entre Posadas y Garupá pasó a valer $2.040 con tarjeta y $2.800 sin ella. Para el tramo Posadas-Candelaria, el boleto quedó establecido en $2.380 con Sube o Subí Misionero y en $3.100 sin el sistema electrónico. En tanto, el recorrido entre Garupá y Candelaria tendrá un costo de $2.040 con tarjeta y $2.800 para quienes abonen sin ella.
En los fundamentos de la medida, las autoridades sostuvieron que la readecuación tarifaria responde al incremento de los costos que demanda la prestación del servicio.
En ese sentido, señalaron que el proceso inflacionario generó aumentos en los precios de los combustibles, insumos, salarios y demás servicios necesarios para garantizar el funcionamiento del transporte público.
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