Es Patricio Downes, quien se desempeñó en varios medios de Misiones y en el diario porteño Clarín. Calificó como “histórico” un fallo reciente contra un grupo de represores que lo detuvieron y torturaron hace “42 años, 8 meses y 27 días”, en Rosario.

POSADAS. En una columna, el periodista santafesino Patricio Downes, de amplia trayectoria en medios de Misiones y en el diario porteño Clarín, revivió sus vivencias como víctima de la detención ilegal y torturas a las fue sometido en la dictadura cívico militar de 1976.

“Histórica condena en videconferencia por delitos de lesa humanidad y abuso sexual en un centro clandestino”, es el título del trabajo publicado en el portal Misiones on Line, referido al fallo judicial que se conoció el pasado jueves en Santa Fe.

El trabajo periodístico relata:

“Pasaron 42 años, 8 meses y 27 días desde que la “patota” del represor Agustín Feced entró a mi casa en el centro de Rosario, rompió y robó lo que encontró a su paso y me hundió en la sangrienta catacumba del Servicio de Informaciones de la Policía de Santa Fe.

Antes lastimaron a tres de mis hermanos que vivían conmigo y que luego fueron liberados. De mi hogar también se llevaron a Esther Cristina Bernal, luego dirigente de CTERA y diputada provincial por el PJ en Misiones. Y a su hija, entonces de 3 años.

Compartí con otros secuestrados días de dolor, de solidaridad y también de angustia. Esta se acentuaba cuando veíamos a exmilitantes que se pasaron de bando, como José “El Pollo” Baravalle, quien en 2008 se quitó la vida en Italia al ser rodeado por la policía ante un pedido argentino de extradición.

Por el SI pasaron 2.000 detenidos-desaparecidos. Fue entonces una gracia de Dios estar vivo este jueves 14 de mayo para presenciar el fallo de prisión perpetua para integrantes de esa “patota” cobarde, perversa y asesina.

Veredicto histórico, por dos razones. El tribunal falló en sesión virtual, por videoconferencia. Y porque por primera vez en la Argentina, además de la condena por delitos de lesa humanidad, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario tuvo en cuenta el abuso sexual contra detenidas durante la dictadura cívico-militar.

En la jerga tribunalicia fue el final de la causa Feced III y IV, por la que estos asesinos ya habían recibido condenas anteriores. Se hilo conductor fue Agustín Feced, el comandante de Gendarmería de quien aseguran que murió y fue enterrado en Formosa en 1986.

Para los represores José Rubén Lofiego y Mario Alfredo Marcote, el tribunal dictó prisión perpetua por homicidio, torturas y abuso sexual. Es la primera vez que ocurre.

A prisión perpetua también fueron condenados Ramón Rito Vergara, Ramón Telmo Alcides Ibarra, José Scortecchini y Ernesto Vallejos. La justicia federal los encontró culpables, como a Lofiego y Marcote, de los delitos contra 188 víctimas.

Además recibieron condenas Héctor Gianola y Eduardo Dugour, a 22 años; Julio Héctor Fermoselle, a 18 años y Lucio Nast a 16 años de prisión. El único que no contaba con ninguna condena previa era Gianola.

Agradezco a Dios que me dio vida suficiente para dar testimonio de sus crímenes. Y a los valientes jueces que enjuiciaron a estos asesinos y a los abogados y familiares que nunca dejaron de luchar.

Sin odio ni rencor

No me mueven el rencor ni el odio, pero no puedo olvidar que son culpables entre otros crímenes del asesinato a sangre fría de mi amigo Eduardo Bracaccini cuyo cuerpo arrojaron al costado de la Autopista Rosario-Santa Fe. Lo destrozaron en la tortura y lo balearon en las afueras de la ciudad.

Debo también mi vida a compañeros y amigos que lograron sacarme de Rosario luego de ser liberado. Entre ellos el periodista y dirigente del gremio docente santafesino Santiago Serrati, el entrerriano de Paraná, Rubén Graf, y mi compañero de la secundaria Miguel Angel “Tucho” Aguirre, arquitecto, músico, cantante y exprimera voz de Los Trovadores.

Durante años no pude conciliar el sueño a horario. Temía el secuestro, la tortura, la agresión, en plena madrugada. Se inauguró un tiempo de inestabilidad. Solo la compañía de los amigos misioneros, luego de mi mudanza aquí, amortiguó tanta angustia.

Entre los querellantes se contaron María Inés Luchetti, esposa del asesinado exdiputado nacional Leonardo Bettanin, Juan José Gollán, hermano de Daniel Gollán, actual ministro de Salud en el gobierno bonaerense, y la mamá de Eduardo, Gladys Bonafede de Braccacini.

Y el apellido Bracaccini, de una familia de Casilda, me lleva al otro responsable, el presbítero católico Eugenio Zitelli. Este era capellán policial y me interpeló cuando yo estaba torturado y vendado. Me agregó más sufrimiento ver allí al capellán policial, el de la misma fe católica que yo mantengo.

Pude constatar que era Zitelli, porque a principios de los ’60 había sido teniente cura de mi tío, el padre Juan Ignacio Downes. Sacerdote de gran fe y compromiso con los fieles, mi tío fue secretario del cardenal Antonio Caggiano, y luego párroco de las ciudades santafesinas de Peyrano, Melincué, Weelright y Rufino, antes de fallecer en 1962 víctima de leucemia.

Marcas y protagonistas

Tenía grabado el rostro de Zitelli, quien me levantó la venda para ver mi rostro, porque conocía sus anteojos de gruesa armazón. Esto me permitió testimoniar cómo recorría el área del centro clandestino de detención e interrogaba a los presos como hizo con la esposa de Bettanin y su suegra.

Actuó como un torturador más, cuando alentó esperanzas a los familiares de Eduardo Bracaccini, sus vecinos de Casilda. Nunca les dio verdad ni consuelo sabiendo que atravesaba el infierno de la tortura y se encaminaba a la muerte.

Zitelli fue procesado como partícipe necesario de torturas, secuestros y desapariciones.Por chicanas judiciales, en especial del juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, su vida se extinguió en 2018 antes de ser condenado por la justicia humana.

Este jueves 14 de mayo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario fue calificar los delitos que allí se juzgaron como “crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un genocidio”. Lo integraron los jueces de Cámara Subrogantes, doctores Lilia Graciela Carnero, Eugenio Martínez Ferrero y y Aníbal Pineda.

La misma jueza recordó antes de dar el veredicto que “las fuerzas de seguridad, iglesias, poder judicial, medios de comunicación, sindicatos, partidos políticos, etc.” habían formado parte del entramado de “una de las etapas más oscuras” de la historia de la República”.

(*) Los subtítulos fueron agregados como complemento del escrito original.

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