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¿Necesidad o discriminación? Misiones prohíbe policías de baja estatura
En las últimas horas, un par de lectores se comunicaron con la redacción de La Voz de Misiones enojados por haber sido rechazados para el ingreso a la escuela de policías de la provincia de Misiones.
“Me dejaron afuera porque soy bajita y mi sueño era ser policía”, señaló una de las seguidoras, pero en forma clara y contundente dentro de los requisitos para el ingreso figura que la altura mínima de 1,70 m para varones, y 1,65 m para mujeres.
Ahora bien, se nos plantea el siguiente interrogante: ¿Es necesario tener una medida mínima para ser un buen policía?, ¿O es un anacronismo discriminatorio?
La noticia ha servido para abrir una discusión sobre el sentido que tiene, a estas alturas, medir en centímetros la capacitación para un puesto de trabajo que no sea el de jugador de básquet o vóley. Es cierto que la autoridad ha gustado siempre de exhibir un aspecto imponente, incluso amenazador, pero parece evidente que la nueva imagen policial busca más una proximidad amable que la fuerza bruta.
En principio no tiene ningún sentido establecer límites a la estatura, ni por arriba ni por abajo, salvo que hubiera una necesidad que lo justificara. Solo es defendible en una concepción anticuada de la Policía que requería agentes altos, tontos y fuertes: altos para ver bien, tontos para que no pensaran y fuertes para poder pegar buenos palazos. Ahora mismo lo que requiere es policías inteligentes, preparados y con habilidades sociales para solventar problemas, porque la mayor parte de su actividad no se produce, afortunadamente, persiguiendo delincuentes, sino resolviendo todo tipo de conflictos.
En Misiones, se exige una altura de 170 centímetros a los hombres y 165 a las mujeres para ingresar en la Policía provincial, mientras que para ingresar a la Policía Federal la altura mínima de los hombres es de 165 cm y las mujeres 160 cm. En los últimos tiempos a nivel mundial han bajado en cinco centímetros esta exigencia e incluso en muchos países ya no se estipula una altura mínima, como es el caso de varios países sudamericanos.
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Garganta del Diablo cerrada preventivamente por crecida del río Iguazú
Ante el aumento del caudal del río Iguazú como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la región, la empresa concesionaria de los servicios en el Parque Nacional Iguazú informó el cierre preventivo del circuito Garganta del Diablo.
La compañía Iguazú Argentina comunicó la medida a través de sus redes sociales oficiales, donde explicó que el cierre preventivo fue dispuesto con el objetivo de “garantizar la seguridad de los visitantes” que recorren el atractivo turístico.
En esa línea, la concesionaria indicó que se realizarán “monitoreos constantes para evaluar su reapertura”. Asimismo, precisó que los circuitos Superior e Inferior de las Cataratas permanecen habilitados para los visitantes.
Las intensas lluvias que en las últimas horas obligaron al cierre preventivo del circuito Garganta del Diablo, en el Parque Nacional Iguazú, también provocaron complicaciones en el centro y este de Misiones. Entre las medidas adoptadas por las autoridades, este miércoles se dispuso el cierre preventivo del acceso al Parque Provincial Moconá debido a la crecida del arroyo Yabotí.

FOTO PRINCIPAL: El Territorio
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Alegramed dejará de funcionar y será reemplazada por otra aplicación
La plataforma de telemedicina que se convirtió en el principal canal digital de acceso al sistema público de salud en Misiones desde la pandemia, Alegramed, dejará de funcionar en los próximos días, por lo que el gobierno prepara una aplicación propia que permita darle continuidad al servicio de consultas virtuales, turnos y acceso a resultados de estudios.
El cierre definitivo fue anunciado por la misma aplicación a través de un mensaje de alerta a los usuarios, en el que, bajo el rótulo “Información importante” se puede leer: “Esta App dejará de funcionar. Pronto vas a poder usar una nueva aplicación del Gobierno Provincial”.
Desde el gobierno, sostienen que el desafío será “garantizar que la transición resulte imperceptible para los cientos de miles de usuarios del servicio que ahora tendrá un cambio de proveedor tecnológico”.
La aplicación fue creada por el empresario Augusto Marini, también fundador de Cale Group, con el objetivo de articular agendas médicas, turnos, historia clínica digital, estudios complementarios, teleconsultas, circuitos hospitalarios y múltiples procesos administrativos que hoy forman parte del funcionamiento cotidiano del sistema sanitario misionero.
En este sentido, la migración implica preservar información clínica, mantener la continuidad asistencial y evitar interrupciones en servicios utilizados diariamente por miles de pacientes.
El contrato de Alegramed fue ejecutado a través de la Fundación Parque de la Salud y contemplaría un esquema de pagos cercano a los US$ 9 por cada usuario registrado. Sobre una base estimada de 350.000 personas inscriptas -de los cuales entre 60.000 y 100.000 son usuarios activos cada mes-, la cifra superaría los US$ 3 millones financiados con recursos públicos por fuera de la estructura tradicional del Ministerio de Salud.
La decisión de desarrollar una aplicación propia apunta a eliminar ese gasto, sosteniendo los mismos servicios con recursos del Estado.
Pedido de informes
Semanas atrás, la diputada provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Rosi Kurtz, realizó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo provincial brinde precisiones sobre el funcionamiento y financiamiento de Alegramed.
Recientemente, fue una de las primeras figuras políticas en reaccionar ante el cierre de la plataforma digital que utiliza el sistema público de salud provincial.
“Alegramed deja de funcionar. Durante meses pedimos explicaciones sobre su contratación, su funcionamiento y el destino de los fondos públicos invertidos. También recibimos reclamos de cientos de misioneros que no lograban acceder a turnos o sufrían fallas en el sistema”, expresó Kurtz a través de su cuenta personal de Instagram.
“Hoy, con el anuncio de su finalización, quedan muchas preguntas sin responder: ¿Cuánto dinero público se invirtió en Alegramed?, ¿Cuál fue el balance de ese contrato?, ¿Quiénes fueron los responsables de esta decisión? y ¿Qué alternativa tendrán ahora los pacientes para obtener turnos?”, planteó.
Y concluyó: “La salud pública no puede depender de proyectos improvisados. Los misioneros merecen transparencia, planificación y un sistema que realmente funcione. Vamos a seguir exigiendo respuestas”.
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Aumentó el boleto en Posadas, Garupá y Candelaria
Se oficializó un nuevo aumento del boleto de colectivos urbano e interurbano del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano (Situm), que rige desde este lunes para los servicios de Posadas, Garupá y Candelaria tras su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.
La actualización quedó plasmada en la Resolución 002 de la Comisión Ejecutiva Coordinadora del Sistema Integrado de Transporte Metropolitano y en la Disposición 076 de la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación.
Con los nuevos cuadros tarifarios, el boleto urbano en la capital misionera pasó a costar $1.560 para quienes abonen con Sube o la aplicación y $2.000 para los usuarios que paguen sin el sistema electrónico.
En Garupá y Candelaria, en tanto, la tarifa del transporte urbano quedó fijada en $1.670 para quienes abonen con SUBE u otro medio de pago electrónico, mientras que ascenderá a $2.300 para quienes no utilicen esos sistemas.
En cuanto a los recorridos interurbanos, el viaje entre Posadas y Garupá pasó a valer $2.040 con tarjeta y $2.800 sin ella. Para el tramo Posadas-Candelaria, el boleto quedó establecido en $2.380 con Sube o Subí Misionero y en $3.100 sin el sistema electrónico. En tanto, el recorrido entre Garupá y Candelaria tendrá un costo de $2.040 con tarjeta y $2.800 para quienes abonen sin ella.
En los fundamentos de la medida, las autoridades sostuvieron que la readecuación tarifaria responde al incremento de los costos que demanda la prestación del servicio.
En ese sentido, señalaron que el proceso inflacionario generó aumentos en los precios de los combustibles, insumos, salarios y demás servicios necesarios para garantizar el funcionamiento del transporte público.
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