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Derogación de ley de emergencia indígena: analizan plan de contingencia en Misiones

El presidente Javier Milei avanzó este martes con la derogación de la ley de emergencia indígena, lo que genera alarma en las comunidades originarias del país, donde existen al menos 254 disputas territoriales, siendo la Patagonia la región más perjudicada. En Misiones, uno de los principales conflictos se originó en la localidad de San Ignacio, por lo que las autoridades provinciales comenzaron a evaluar lineamientos para mediar entre el Estado, la población afectada y los sectores privados.
La normativa publicada en el Boletín Oficial derogó el Decreto 805/2021 y puso fin a casi dos décadas de protección frente a desalojos y la realización de relevamientos catastrales para la regularización de territorios a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), lo que se hacía efectivo mediante la Ley 26.160, vigente desde el año 2006.
Según el Ejecutivo, esta normativa generaba “conflictos territoriales y jurídicos, afectando derechos constitucionales como la propiedad privada y el control provincial de recursos naturales”.
En el documento oficial, el gobierno subrayó: “Cada día que transcurre con la suspensión de desalojos genera una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños”.
La medida se hizo oficial con el Decreto 1083/2024 y cuenta con la firma del presidente, además de Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
Repudio y medidas en Misiones
Tras la derogación de la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, fueron varias las organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios que repudiaron la medida. Fue el caso del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen- Emipa.
A través de un breve comunicado, recordaron que: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación y exhorta al Estado argentino a cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y a promover el reconocimiento de personerías jurídicas y titulación de territorios, garantizando la consulta y consentimiento libre, previo e informado, respetando la identidad cultural, espiritualidad y buscando relaciones interculturales armónicas”.
Según información a la que pudo acceder este medio, desde la legislatura provincial “evalúan una pronta reunión de comisión” a fin de tratar el tema. Mientras que, la Dirección de Asuntos Guaraníes encamina un “plan de contingencia”.
Simultáneamente, la situación que atravesó la comunidad Mbokajaty despertó la preocupación de organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Un reclamo a Nación desde San Ignacio
Roberto Bonetti es un vecino del Teyú Cuaré desde hace una década y en los últimos cuatro años se vio obligado a denunciar por amenazas a Rosalino Ramos, cacique de la comunidad Mbokajaty II.
Como dueño de la reserva natural Monte Adentro, aseguró en diálogo con La Voz de Misiones que sufrió “agresiones por parte de la comunidad Mbokajaty II. Siempre que iba a la reserva estaba el cacique con miembros de la comunidad amenazando con machetes. También decían que iban a prender fuego el lugar, que iban a quemar la camioneta, que me iban a matar, cortaban el camino, tumban árboles y el cartel de bienvenida”.
Al mismo tiempo, descartó la presunta construcción de un hotel en la zona, hecho que había sido denunciado en julio por la mencionada comunidad. “No hay ningún hotel que se esté construyendo. El conflicto es entre las comunidades que fueron puestas acá por intendentes de gestiones municipales anteriores y propietarios del lugar con título territorial que tienen emprendimientos y pagan impuestos”.
Tras los reiterados enfrentamientos, decidió presentar un petitorio ante el Ministerio de Justicia de la Nación pidiendo que se anule el relevamiento técnico realizado por el Inai, al cual consideró “un fraude”. En esa instancia, fue atendido por la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes se comprometieron a resolver la situación en ese momento.
Para finalizar, agregó que mientras regía la Ley 26.160, ahora derogada: “Lo que intentaban hacer era pasar por encima de los derechos de propiedad amparados por una ley y un relevamiento que eran un fraude”.
Otros puntos de la derogación
El decreto sostiene que la emergencia territorial frenó inversiones, limitó el uso productivo de las tierras y propició inscripciones irregulares de comunidades.
Actualmente, el gobierno reconoce 1.626 comunidades indígenas en todo el país, aunque cuestiona que muchas de ellas no cumplirían con los requisitos legales para ser consideradas como tales.
Además, busca “recuperar la confianza de los ciudadanos en que su propiedad será respetada”, garantizando que los propietarios afectados por ocupaciones puedan retomar acciones legales para recuperar sus tierras.
Por lo pronto, diversas organizaciones defensoras de los pueblos originarios anticipan que los desalojos forzosos exacerbarán la violencia y pondrán en riesgo derechos básicos de estas comunidades.
FOTO: Agencia Tierra Viva.
Mbokajaty pidió la titulación de su tierra con un mandiocazo en la 9 de Julio
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El CGE sancionó al docente de la Comercio 8 acusado de abuso

Luego de que un grupo de estudiantes realizara una protesta en la Escuela de Comercio 8 “Granadero Lorenzo Napurey”, de Miguel Lanús, repudiando la presunta reincorporación del profesor de Matemáticas Roberto Luis D. acusado por acoso y abuso contra estudiantes, el Consejo General de Educación (CGE) decidió sancionar al docente con 90 días de suspensión y cambio de función.
La medida incluye la “no remuneración” durante dicho período y el “traslado definitivo” a un cargo “sin contacto con niños, niñas ni adolescentes”.
Las denuncias de los estudiantes, padres y docentes tuvieron lugar entre los años 2018 y 2021, y ante el inminente reintegro a la institución, los estudiantes decidieron realizar una sentada en el patio interno, ayer en horas de la mañana, en rechazo de su posible regreso a las aulas.
Ante el impacto de la medida de fuerza, el CGE realizó un sumario administrativo y emitió la resolución Nº 843/25 que establece la sanción por 90 días de suspensión -sin goce de haberes- y el retiro definitivo, lo que lo inhabilitará a ejercer como docente, tanto en la Comercio 8 como en cualquier otro establecimiento de la provincia.
En tanto, el caso caratulado como “abuso sexual simple” es investigado por el Juzgado de Instrucción N° 3 de Posadas a cargo del juez Fernando Verón.
Protestan contra profesor acusado de abuso en la Comercio 8 de Posadas
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Protestan contra profesor acusado de abuso en la Comercio 8 de Posadas

Estudiantes de la Escuela de Comercio 8 “Granadero Lorenzo Napurey”, de Miguel Lanús, repudian el reintegro de un profesor de Matemáticas acusado por “acoso, abuso verbal y físico” contra varias estudiantes entre los años 2018 y 2021.
“Hoy realizamos una protesta porque el colegio volvió a permitir el reingreso a un profesor que tiene antecedentes y denuncias por acoso y abuso contra varias alumnas. Este caso se había hecho muy popular porque una alumna había intentado suicidarse en ese entonces”, relató una de las estudiantes.
Y lamentó: “El centro directivo no hacía nada y los padres de la chica que intentó quitarse la vida tampoco le creían”.
La medida de protesta inició esta mañana y se extenderá a lo largo de la semana en la institución educativa, ubicada en avenida Las Palmeras casi ruta 12 del barrio Miguel Lanús de la capital provincial.
“Hoy era la fecha de reingreso de este profesor, se hizo la protesta, pero el profesor no apareció, así que toda esta semana mantendremos la manifestación”.
El docente apuntado fue identificado como Roberto Luis D., quien da cátedra de Matemáticas.
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Ni Una Menos, diez años: “Significa ser libre, no tener miedo y derecho a vivir”

En la tarde de hoy, más de un centenar de mujeres se apostaron frente al Mástil de la avenida Mitre para marchar hacia la plaza 9 de Julio de Posadas en el décimo aniversario del Ni Una Menos en Argentina, a fin de “concientizar y luchar contra la violencia de género” y el “socavamiento de políticas públicas por parte del Gobierno nacional y provincial”.
Independientes, docentes universitarias, estudiantes, empleadas nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), referentes del Polo Obrero, entre otras banderas sociales y políticas, dejaron fuertes mensajes aludiendo a la pérdida de fuentes de trabajo, recortes en el sector educativo y programas de salud que fueron eliminados, lo que calificaron como “violencia laboral, económica y psicológica”.
“Vamos a seguir luchando por los derechos colectivos de esas compañeras que hoy necesitan el cese de la violencia por parte de las instituciones públicas; un salario digno, condiciones laborales, por eso hoy también marchamos, para decir basta de injusticia, basta de violencia en nuestros hospitales públicos en Misiones”, enfatizó Mónica Gurina mientras la columna de manifestantes se hacía paso frente al Ministerio de Salud.
Como cada año, la convocatoria también recordó a quienes fueron víctimas de violencia en su expresión más extrema, como Lucía Maidana, Tati Piñeiro, Soledad Machuca, Claudia Benítez y Jéssica Galeano, por nombrar solo algunas de las 56 víctimas de femicidio que registró Misiones desde la instauración del Ni Una Menos en el país.

Trabajadores del teatro también se encolumnaron en el Ni Una Menos
Pese a que en esta oportunidad hubo menor convocatoria, adjudicada a “la crisis económica” que “dificulta los traslados” y un contexto al que caracterizaron como “cruel y desalentador”, esta vez la marcha abrazó una nueva voz. Se trata de Maylen Silva (20), estudiante de Trabajo Social, quien asistió acompañada por una compañera de carrera.
Consultada por La Voz de Misiones, Silva reflexionó sobre los motivos que la impulsaron a sumarse: “Tuve muchas amigas que pasaron por experiencias que me hubiese gustado que puedan expresarlas. Para dar confianza a más chicas a que se animen a hablar y participar, que sepan que no están solas. A las que no se animan a hablar que sepan que hay gente que la está apoyando y defendiendo a pesar de que no tengan un entorno cercano que lo haga. Siento que estás marchas son muy importantes para que vean que estas situaciones se visibilizan”.
En cuanto a los logros del movimiento, resaltó: “Creo en lo que se está logrando, falta mucho, pero se está dejando de naturalizar la violencia. Estuvo por mucho tiempo naturalizada la violencia contra las mujeres y desde que arrancó el movimiento la gente comenzó a darse cuenta de que no está bien. Falta mucha justicia, mucha igualdad, muchos derechos por seguir conquistando, pero al menos hay un acompañamiento detrás de estás situaciones”.

A 12 años del hecho, el caso Lucía Maidana continúa impune sin avance judicial
Finalmente, compartió la apreciación de haber participado del Ni Una Menos por primera vez: “Me dejó la sensación de que nadie está solo, no estamos solas. Para mi Ni Una Menos significa ser libre, no tener miedo y el derecho a vivir”.
“Desguace de derechos” y “aumento de discursos de odio”
Como cada año, la docente universitaria Elena Maidana fue una de las referentes que acompañó la marcha en todo su recorrido. Frente a Casa de Gobierno se tomó unos minutos para dialogar con La Voz de Misiones y analizar la situación por la que atraviesan las mujeres y disidencias:
“Tanto a nivel nacional como a nivel provincial lo que se ve es un desguace profundo. Pensando en el Ni Una Menos, todas aquellas políticas de apoyo a las víctimas, programas como el Acompañar, las líneas para denunciar y hacer nexo; toda esa red que se había armado está prácticamente desguazada”.
Y agregó: “El programa ENIA para evitar los embarazos adolescentes fue uno de los primeros que desapareció, todo el personal quedó en la calle. Desapareció el ministerio y junto con él los programas, proyectos, espacios… entonces las consecuencias son nefastas”.
Al mismo tiempo, resaltó: “Tampoco hay información, no se produce información. Hasta el año antepasado se hacía un registro de los femicidios y en este momento ya no -salvo La Casa del Encuentro que es del propio movimiento feminista- en general no hay informes, oficiales mucho menos. Entonces, no hay información, no hay apoyo, no hay financiamiento y a eso agregale las acusaciones, los discursos de odio que alimentan y profundizan la crueldad machista”.
Al ser consultada sobre las formas y espacios disponibles para frenar el flagelo, mencionó “las mismas redes de apoyo y el trabajo que se hace desde los medios de comunicación alternativos que van generando discursos y acciones para, de algún modo, sostener. Se trata de resistir, persistir. El panorama es desalentador, pero al mismo tiempo es bueno porque tratamos de estar y sostener una lucha que tiene años. No hay otra que seguir sosteniendo la llamita y seguir pasando la llama de generación en generación”.
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