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Derogación de ley de emergencia indígena: analizan plan de contingencia en Misiones
El presidente Javier Milei avanzó este martes con la derogación de la ley de emergencia indígena, lo que genera alarma en las comunidades originarias del país, donde existen al menos 254 disputas territoriales, siendo la Patagonia la región más perjudicada. En Misiones, uno de los principales conflictos se originó en la localidad de San Ignacio, por lo que las autoridades provinciales comenzaron a evaluar lineamientos para mediar entre el Estado, la población afectada y los sectores privados.
La normativa publicada en el Boletín Oficial derogó el Decreto 805/2021 y puso fin a casi dos décadas de protección frente a desalojos y la realización de relevamientos catastrales para la regularización de territorios a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), lo que se hacía efectivo mediante la Ley 26.160, vigente desde el año 2006.
Según el Ejecutivo, esta normativa generaba “conflictos territoriales y jurídicos, afectando derechos constitucionales como la propiedad privada y el control provincial de recursos naturales”.
En el documento oficial, el gobierno subrayó: “Cada día que transcurre con la suspensión de desalojos genera una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños”.
La medida se hizo oficial con el Decreto 1083/2024 y cuenta con la firma del presidente, además de Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
Repudio y medidas en Misiones
Tras la derogación de la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, fueron varias las organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios que repudiaron la medida. Fue el caso del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen- Emipa.
A través de un breve comunicado, recordaron que: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación y exhorta al Estado argentino a cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y a promover el reconocimiento de personerías jurídicas y titulación de territorios, garantizando la consulta y consentimiento libre, previo e informado, respetando la identidad cultural, espiritualidad y buscando relaciones interculturales armónicas”.
Según información a la que pudo acceder este medio, desde la legislatura provincial “evalúan una pronta reunión de comisión” a fin de tratar el tema. Mientras que, la Dirección de Asuntos Guaraníes encamina un “plan de contingencia”.
Simultáneamente, la situación que atravesó la comunidad Mbokajaty despertó la preocupación de organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Un reclamo a Nación desde San Ignacio
Roberto Bonetti es un vecino del Teyú Cuaré desde hace una década y en los últimos cuatro años se vio obligado a denunciar por amenazas a Rosalino Ramos, cacique de la comunidad Mbokajaty II.
Como dueño de la reserva natural Monte Adentro, aseguró en diálogo con La Voz de Misiones que sufrió “agresiones por parte de la comunidad Mbokajaty II. Siempre que iba a la reserva estaba el cacique con miembros de la comunidad amenazando con machetes. También decían que iban a prender fuego el lugar, que iban a quemar la camioneta, que me iban a matar, cortaban el camino, tumban árboles y el cartel de bienvenida”.
Al mismo tiempo, descartó la presunta construcción de un hotel en la zona, hecho que había sido denunciado en julio por la mencionada comunidad. “No hay ningún hotel que se esté construyendo. El conflicto es entre las comunidades que fueron puestas acá por intendentes de gestiones municipales anteriores y propietarios del lugar con título territorial que tienen emprendimientos y pagan impuestos”.
Tras los reiterados enfrentamientos, decidió presentar un petitorio ante el Ministerio de Justicia de la Nación pidiendo que se anule el relevamiento técnico realizado por el Inai, al cual consideró “un fraude”. En esa instancia, fue atendido por la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes se comprometieron a resolver la situación en ese momento.
Para finalizar, agregó que mientras regía la Ley 26.160, ahora derogada: “Lo que intentaban hacer era pasar por encima de los derechos de propiedad amparados por una ley y un relevamiento que eran un fraude”.
Otros puntos de la derogación
El decreto sostiene que la emergencia territorial frenó inversiones, limitó el uso productivo de las tierras y propició inscripciones irregulares de comunidades.
Actualmente, el gobierno reconoce 1.626 comunidades indígenas en todo el país, aunque cuestiona que muchas de ellas no cumplirían con los requisitos legales para ser consideradas como tales.
Además, busca “recuperar la confianza de los ciudadanos en que su propiedad será respetada”, garantizando que los propietarios afectados por ocupaciones puedan retomar acciones legales para recuperar sus tierras.
Por lo pronto, diversas organizaciones defensoras de los pueblos originarios anticipan que los desalojos forzosos exacerbarán la violencia y pondrán en riesgo derechos básicos de estas comunidades.
FOTO: Agencia Tierra Viva.
Mbokajaty pidió la titulación de su tierra con un mandiocazo en la 9 de Julio
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Estudiantes de enfermería venden comida para su graduación en San Vicente
Un grupo de estudiantes de enfermería del Alto Uruguay realiza una venta de comidas con el objetivo de recaudar fondos para costear su acto de graduación, previsto para diciembre. En esta ocasión, ofrecen fideos caseros y pizzas prelistas para el sábado 6 de junio.
Se trata de 43 jóvenes que conformarán la primera camada de egresados de la Tecnicatura Superior en Enfermería del Instituto Saavedra, en la localidad de San Vicente. La carrera fue incorporada en 2024, cuando la institución inauguró su Departamento de Ciencias de la Salud para responder a la creciente demanda de profesionales en la región.
“Empezamos realizando ventas de fideos para recaudar fondos destinados a nuestra graduación, ya que vamos a ser la primera camada en recibirse de la carrera de Enfermería en San Vicente”, relató Gabriela en conversación con La Voz de Misiones.
Gabriela es oriunda de El Soberbio y, al igual que muchos de sus compañeros que viven en otras localidades, viaja todos los días hasta la Capital de la Madera para poder finalizar sus estudios. Por eso, afrontar los gastos de la graduación representa un gran esfuerzo para los estudiantes.
En cuanto a la iniciativa que llevan adelante, la joven contó que deben recaudar aproximadamente 8 millones de pesos para el 19 de diciembre, fecha en la que la institución les entregará sus diplomas de finalización de la carrera.
“En la primera venta conseguimos cubrir el saló”, contó Gabriela a LVM, y agregó que para el próximo sábado 6 de junio ofrecerán fideos caseros con “salsa tradicional” a un costo de $3.000 la porción, además de pizzas prelistas “súper completas” a un valor de $8.000.
Las entregas se realizarán ese mismo día en el Instituto Saavedra de San Vicente. Quienes deseen colaborar o realizar consultas pueden comunicarse con Gabriela al número 3755-748232.


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Dass Eldorado, de 1500 empleados en 2015, a 170 en 2026 y riesgo de cierre
La empresa brasileña Dass, que fabrica calzados deportivos para marcas como Adidas, Fila, Nike, y cuenta con una sede en la ciudad misionera de Eldorado desde el año 2007, atraviesa una de sus peores etapas productivas tras la baja de 50 operarios, reflejando una de las reducciones de personal más marcadas de los últimos años.
Consultado por La Voz de Misiones, Gustavo Melgarejo, delegado de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (Uticra), recordó: “Dass llegó a tener 1500 trabajadores al finalizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el año 2015. En el 2017 (con Mauricio Macri) arrancó la reducción de 1500 empleados a 350 en 2019. En el 2021 vino Alberto Fernández y aumentó el plantel a 550. Ahora, en lo que va del gobierno de Javier Milei de 550 compañeros quedaron 170 al día de hoy”.
En cuanto a los factores que habrían influido en esta disminución, explicó: “El impacto se debe a las importaciones, la baja del consumo y la pérdida del poder adquisitivo que tiene el trabajador”.
Y amplió: “Lo que nosotros siempre recalcamos es que, por ejemplo, Adidas, que es una de las marcas que produce Dass, importó 12.000.000 de pares terminados de Vietnam. Y acá Dass -que es la única fábrica que produce Adidas en Argentina- no llegó a hacer ni medio millón”.
Al mismo tiempo, vinculó la crisis con la apertura del mercado: “Vietnam es el país con mayor importación de calzados hacia Argentina y no le compra nada al país, eso hace que la situación sea compleja”.
Respecto a la producción de calzados en la actualidad, detalló que, en un principio, pensaban confeccionar 4.500 pares diarios hasta junio, pero decidieron reducir la producción a 3.000 pares diarios. Frente a una crisis que no dio tregua, la empresa propuso el retiro voluntario de 50 empleados el pasado viernes 15 de mayo, para bajar aún más la fabricación a 1.500 pares diarios y así extender la operación hasta julio.
Luego de negociar el retiro voluntario con la patronal, las partes acordaron que las liquidaciones se realizarían bajo el régimen indemnizatorio anterior, evitando las modificaciones de la reciente reforma laboral. “La indemnización de esos 50 compañeros dados de baja fue al 100% con la ley vieja en un solo pago. Se puede decir que no se les quitó ningún centavo”, aclaró Melgarejo.

En 2021 vino el presidente Alberto Fernández y anunció un aumento en el plantel de trabajadores.
Quiebre y nuevos horizontes
En enero de 2025 Dass despidió a 400 empleados y cerró la planta que funcionaba en Coronel Suárez, en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, desde mediados de la década del 2000.
Tras el cierre, buscó unificar sus operaciones en su planta ubicada en Eldorado, sin embargo, también en la sede misionera, la crisis operativa y productiva no hizo más que agravarse con el paso del tiempo ante el cambio de estrategia comercial impulsado por las políticas del Gobierno nacional.
Frente a este panorama, la empresa reunió la maquinaria que funcionaba en Buenos Aires y la trasladó a Paraguay, donde continúa su desarrollo con 600 operarios, en un país donde rige solamente 1% de tributo único sobre el valor agregado y 0% de impuesto a la renta empresarial, dividendos y aranceles en bienes de capital.
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Compromiso Humanidades competirá por el decanato el 10 de junio
Con el objetivo de revalorizar el rol de docentes, no-docentes y estudiantes, Compromiso Humanidades competirá con la Lista 1 durante las elecciones generales del 10 de junio, ante el Frente Docente por la Educación Pública, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Fhycs) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam).
A través de un breve posteo en sus redes sociales, invitaron a participar de los comicios a los integrantes de la comunidad universitaria que figuren en los padrones definitivos, tanto estudiantes regulares, graduados, docentes y no docentes a fin de “apoyar un espacio que apuesta a la construcción colectiva de un modo diferente”.
“En Compromiso Humanidades nos mueve el sentido comunitario. Queremos una institución donde el diálogo y la participación sean genuinos y donde se reconozca el valor de cada docente, cada trabajador no docente y cada estudiante”, sumaron.
Y ahondaron: “Por una gestión transparente y plural, te invitamos a conocer nuestra plataforma, sumarte a este espacio colectivo y acompañar nuestra fórmula de decano y vicedecana”.
La Lista 1 de Compromiso Humanidades es representada por Jorge Raúl Servián, como candidato a decano y María del Rosario Millán como vicedecana.
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Ambos competirán ante la Lista 2 del Frente Docente por la Educación Pública encabezada por Cristian Andrés Garrido, quien apuesta por un segundo mandato como decano de la mencionada casa de estudios y Zulma Fabiana Cabrera como vicedecana.
En tanto, el claustro docente presentó tres listas para cargos del Consejo Directivo. Por un lado, la Lista 1 Compromiso Humanidades representada por Carlos Alberto Clerici como primer consejero docente, la Lista 2 del Frente Docente por la Educación Pública con Carlos Javier Balustra y la Lista 3 del Frente Universitario por la Dignidad encabezada por Esther Lucía Schvorer.
Por su parte, el claustro No docente cuenta con una sola lista denominada Reencuentro No docente que lleva a Héctor Aníbal Coria como candidato a primer consejero no docente.
En tanto, el claustro Estudiantil presentó cinco listas. Por un lado, Política Obrera Juventud + Independientes encabezada por Cristian Emanuel Silva como candidato a primer consejero estudiantil. La Lista 2 de Estudiantes en Defensa de la Educación Pública representada por Karen Antonella Duarte, la Lista 3 Fuerza 1918 encabezada por Camila Belén Arzamendia, la Lista 4 Agrupación Más Compromiso con Camila De los Milagros Giménez y la Lista 5 Bandera Roja + Independientes que lleva a Tomás Salvador González Villalba como primer consejero estudiantil.
Finalmente, el claustro de graduados cuenta con dos listas. Compromiso en Red Graduados con Graciela Beatriz Argüello como candidata a primer consejero graduado y la Lista 2 Frente Graduados por la Educación Pública representada por Andrea Carolina Prieto.
Cabe recordar que la Lista 1, que lleva la fórmula a decanato y vice conformada por Servián y Millán, tiene el acompañamiento de las listas 1 del claustro docente y del claustro de graduados, en tanto en el claustro de estudiantes se encuentra alineada a la lista 4 “Agrupación Más Compromiso”.
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