El presidente Javier Milei avanzó este martes con la derogación de la ley de emergencia indígena, lo que genera alarma en las comunidades originarias del país, donde existen al menos 254 disputas territoriales, siendo la Patagonia la región más perjudicada. En Misiones, uno de los principales conflictos se originó en la localidad de San Ignacio, por lo que las autoridades provinciales comenzaron a evaluar lineamientos para mediar entre el Estado, la población afectada y los sectores privados.

La normativa publicada en el Boletín Oficial derogó el Decreto 805/2021 y puso fin a casi dos décadas de protección frente a desalojos y la realización de relevamientos catastrales para la regularización de territorios a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), lo que se hacía efectivo mediante la Ley 26.160, vigente desde el año 2006.

Según el Ejecutivo, esta normativa generaba “conflictos territoriales y jurídicos, afectando derechos constitucionales como la propiedad privada y el control provincial de recursos naturales”.

En el documento oficial, el gobierno subrayó: “Cada día que transcurre con la suspensión de desalojos genera una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños”.

La medida se hizo oficial con el Decreto 1083/2024 y cuenta con la firma del presidente, además de Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.

Repudio y medidas en Misiones

Tras la derogación de la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, fueron varias las organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios que repudiaron la medida. Fue el caso del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen- Emipa.

A través de un breve comunicado, recordaron que: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación y exhorta al Estado argentino a cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y a promover el reconocimiento de personerías jurídicas y titulación de territorios, garantizando la consulta y consentimiento libre, previo e informado, respetando la identidad cultural, espiritualidad y buscando relaciones interculturales armónicas”.

Según información a la que pudo acceder este medio, desde la legislatura provincial “evalúan una pronta reunión de comisión” a fin de tratar el tema. Mientras que, la Dirección de Asuntos Guaraníes encamina un “plan de contingencia”.

Simultáneamente, la situación que atravesó la comunidad Mbokajaty despertó la preocupación de organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).

Un reclamo a Nación desde San Ignacio

Roberto Bonetti es un vecino del Teyú Cuaré desde hace una década y en los últimos cuatro años se vio obligado a denunciar por amenazas a Rosalino Ramos, cacique de la comunidad Mbokajaty II.

Como dueño de la reserva natural Monte Adentro, aseguró en diálogo con La Voz de Misiones que sufrió “agresiones por parte de la comunidad Mbokajaty II. Siempre que iba a la reserva estaba el cacique con miembros de la comunidad amenazando con machetes. También decían que iban a prender fuego el lugar, que iban a quemar la camioneta, que me iban a matar, cortaban el camino, tumban árboles y el cartel de bienvenida”.

Al mismo tiempo, descartó la presunta construcción de un hotel en la zona, hecho que había sido denunciado en julio por la mencionada comunidad. “No hay ningún hotel que se esté construyendo. El conflicto es entre las comunidades que fueron puestas acá por intendentes de gestiones municipales anteriores y propietarios del lugar con título territorial que tienen emprendimientos y pagan impuestos”.

Tras los reiterados enfrentamientos, decidió presentar un petitorio ante el Ministerio de Justicia de la Nación pidiendo que se anule el relevamiento técnico realizado por el Inai, al cual consideró “un fraude”. En esa instancia, fue atendido por la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes se comprometieron a resolver la situación en ese momento.

Para finalizar, agregó que mientras regía la Ley 26.160, ahora derogada: “Lo que intentaban hacer era pasar por encima de los derechos de propiedad amparados por una ley y un relevamiento que eran un fraude”.

Otros puntos de la derogación

El decreto sostiene que la emergencia territorial frenó inversiones, limitó el uso productivo de las tierras y propició inscripciones irregulares de comunidades.

Actualmente, el gobierno reconoce 1.626 comunidades indígenas en todo el país, aunque cuestiona que muchas de ellas no cumplirían con los requisitos legales para ser consideradas como tales.

Además, busca “recuperar la confianza de los ciudadanos en que su propiedad será respetada”, garantizando que los propietarios afectados por ocupaciones puedan retomar acciones legales para recuperar sus tierras.

Por lo pronto, diversas organizaciones defensoras de los pueblos originarios anticipan que los desalojos forzosos exacerbarán la violencia y pondrán en riesgo derechos básicos de estas comunidades.

FOTO: Agencia Tierra Viva.

Mbokajaty pidió la titulación de su tierra con un mandiocazo en la 9 de Julio

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