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Derogación de ley de emergencia indígena: analizan plan de contingencia en Misiones
El presidente Javier Milei avanzó este martes con la derogación de la ley de emergencia indígena, lo que genera alarma en las comunidades originarias del país, donde existen al menos 254 disputas territoriales, siendo la Patagonia la región más perjudicada. En Misiones, uno de los principales conflictos se originó en la localidad de San Ignacio, por lo que las autoridades provinciales comenzaron a evaluar lineamientos para mediar entre el Estado, la población afectada y los sectores privados.
La normativa publicada en el Boletín Oficial derogó el Decreto 805/2021 y puso fin a casi dos décadas de protección frente a desalojos y la realización de relevamientos catastrales para la regularización de territorios a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), lo que se hacía efectivo mediante la Ley 26.160, vigente desde el año 2006.
Según el Ejecutivo, esta normativa generaba “conflictos territoriales y jurídicos, afectando derechos constitucionales como la propiedad privada y el control provincial de recursos naturales”.
En el documento oficial, el gobierno subrayó: “Cada día que transcurre con la suspensión de desalojos genera una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños”.
La medida se hizo oficial con el Decreto 1083/2024 y cuenta con la firma del presidente, además de Guillermo Francos, Gerardo Werthein, Luis Petri, Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.
Repudio y medidas en Misiones
Tras la derogación de la ley 26.160 de emergencia territorial indígena, fueron varias las organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios que repudiaron la medida. Fue el caso del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen- Emipa.
A través de un breve comunicado, recordaron que: “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta su preocupación y exhorta al Estado argentino a cumplir con sus deberes internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas y a promover el reconocimiento de personerías jurídicas y titulación de territorios, garantizando la consulta y consentimiento libre, previo e informado, respetando la identidad cultural, espiritualidad y buscando relaciones interculturales armónicas”.
Según información a la que pudo acceder este medio, desde la legislatura provincial “evalúan una pronta reunión de comisión” a fin de tratar el tema. Mientras que, la Dirección de Asuntos Guaraníes encamina un “plan de contingencia”.
Simultáneamente, la situación que atravesó la comunidad Mbokajaty despertó la preocupación de organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
Un reclamo a Nación desde San Ignacio
Roberto Bonetti es un vecino del Teyú Cuaré desde hace una década y en los últimos cuatro años se vio obligado a denunciar por amenazas a Rosalino Ramos, cacique de la comunidad Mbokajaty II.
Como dueño de la reserva natural Monte Adentro, aseguró en diálogo con La Voz de Misiones que sufrió “agresiones por parte de la comunidad Mbokajaty II. Siempre que iba a la reserva estaba el cacique con miembros de la comunidad amenazando con machetes. También decían que iban a prender fuego el lugar, que iban a quemar la camioneta, que me iban a matar, cortaban el camino, tumban árboles y el cartel de bienvenida”.
Al mismo tiempo, descartó la presunta construcción de un hotel en la zona, hecho que había sido denunciado en julio por la mencionada comunidad. “No hay ningún hotel que se esté construyendo. El conflicto es entre las comunidades que fueron puestas acá por intendentes de gestiones municipales anteriores y propietarios del lugar con título territorial que tienen emprendimientos y pagan impuestos”.
Tras los reiterados enfrentamientos, decidió presentar un petitorio ante el Ministerio de Justicia de la Nación pidiendo que se anule el relevamiento técnico realizado por el Inai, al cual consideró “un fraude”. En esa instancia, fue atendido por la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quienes se comprometieron a resolver la situación en ese momento.
Para finalizar, agregó que mientras regía la Ley 26.160, ahora derogada: “Lo que intentaban hacer era pasar por encima de los derechos de propiedad amparados por una ley y un relevamiento que eran un fraude”.
Otros puntos de la derogación
El decreto sostiene que la emergencia territorial frenó inversiones, limitó el uso productivo de las tierras y propició inscripciones irregulares de comunidades.
Actualmente, el gobierno reconoce 1.626 comunidades indígenas en todo el país, aunque cuestiona que muchas de ellas no cumplirían con los requisitos legales para ser consideradas como tales.
Además, busca “recuperar la confianza de los ciudadanos en que su propiedad será respetada”, garantizando que los propietarios afectados por ocupaciones puedan retomar acciones legales para recuperar sus tierras.
Por lo pronto, diversas organizaciones defensoras de los pueblos originarios anticipan que los desalojos forzosos exacerbarán la violencia y pondrán en riesgo derechos básicos de estas comunidades.
FOTO: Agencia Tierra Viva.
Mbokajaty pidió la titulación de su tierra con un mandiocazo en la 9 de Julio
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Huellas de Género y el trabajo contra la violencia en ámbitos laborales
La Asociación Civil Huellas de Género surgió en el año 2020 y años más tarde cobró relevancia tras abordar un caso de abuso de poder que involucró al entonces defensor del pueblo de Posadas Alberto Penayo contra un grupo de mujeres que formaban parte del organismo. Recientemente volvió a la escena tras repudiar un caso de violencia de género protagonizada por Bruno Zapelli (35), empleado provincial en el Parque del Conocimiento.
Al ser consultada por La Voz de Misiones, María Fernanda Fedeli, quien preside el espacio, recordó: “Huellas de Género se constituye en el 2020, cuando un grupo de mujeres de distintos ámbitos y profesiones decidieron unirse para combatir la violencia contra las mujeres y disidencias”.
En el 2021 recibió su matrícula legal (A- 4981) otorgada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Misiones. “En ese momento había hecho pública la denuncia al ex Defensor del Pueblo de la ciudad de Posadas por violencia política por razones de género, lo que motivó que otras mujeres se solidarizaran dadas sus propias experiencias y decidieran aportar para evitar que más mujeres sean víctimas”.
Y añadió: “Si bien acompañamos la violencia de género en todas sus manifestaciones, hacemos foco en la violencia política en los ámbitos laborales, tomando en cuenta que en su mayoría son instituciones y organismos del Estado”.
En este contexto, Fedeli advirtió que Misiones se encuentra en estado de emergencia desde el año 2020, registrando la tasa de femicidios más alta en cinco años.
“Esto no es casualidad dado el voraz recorte presupuestario a nivel nacional para ejecutar políticas de prevención, asistencia, acompañamiento y eliminación de este fenómeno social”, apuntó.
Y aseveró: “Así también la violencia simbólica es “reforzada” con los discursos negacionistas y de minimización de la realidad, que buscan convalidar la ausencia del Estado nacional, y un sistema cultural de opresión y dominación sobre las mujeres, desarticulando además los sistemas de protección de las provincias, profundizando cada vez más una realidad que vulnera y mata a las mujeres”.
Los casos
A mediados del 2023, al menos seis trabajadoras de la Defensoría del Pueblo de Posadas denunciaron al entonces titular del organismo, Alberto Penayo, por presunto “abuso de poder y violencia de género”, lo que incluyó: violencia verbal, faltas de respeto, discriminación, amenazas y acoso sexual; entre otras acusaciones señaladas por las denunciantes.
En ese momento el tema fue abordado durante una conferencia de prensa que organizó la asociación civil Huellas de Género Misiones, desde donde acompañaron y asesoraron a las presuntas víctimas. La causa había quedado en manos del Ministerio del Trabajo y evaluaron presentarla ante la Justicia penal, pero solamente quedó en un dictamen del Inadi.
Recientemente, el movimiento feminista y popular argentino Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) y Huellas de Género se pronunciaron luego de que se hiciera pública la historia de violencia y hostigamiento ejercida por el empleado del Parque del Conocimiento Bruno Zapelli (35) contra su ex pareja María José Huminiuk (32), a lo largo del último año y medio.
En ese comunicado, resaltaron: “La alarmante recurrencia de casos graves de violencia de género en nuestra provincia y ciudad (Posadas) nos sitúa en una emergencia social que no puede seguir siendo negada ni minimizada”.
Y agregaron: “Esta emergencia se agrava aún más en un contexto nacional donde el Estado ha decidido retirarse de sus responsabilidades, desmantelar políticas públicas de género, sembrar discursos de odio y abandonar a las mujeres y disidencias a su suerte”.
Luego de hacerse público el caso, Zapelli se presentó en la comisaría y el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, desde donde la Justicia emitió una serie de restricciones y lo dejó en libertad.

Integrantes de la asociación civil Huellas de Género Misiones
Objetivos
Desde su consolidación, Huellas de Género propone promover acciones e incidir en políticas en pos de la defensa de los derechos de las mujeres y disidencias, combatir la violencia y construir parámetros de igualdad y dignidad entre mujeres y hombres.
Para esto, desarrollan capacitaciones en distintas organizaciones, campañas de prevención y visibilización de la temática. Además, realizan acompañamiento, asesoramiento y gestión en los distintos procesos de denuncia, conformación de espacios de contención y debate para temas inherentes a las mujeres.
Ejemplo de esto fue el programa de teatro desarrollado en 2021, denominado “Covalencia Femenina”, efectuado en colaboración con el Instituto de Teatro Independiente (Ipti) y la Asociación de Actores y Actrices Delegación Misiones, que finalmente fue declarado de interés municipal este año.
Todas estas acciones son realizadas de manera voluntaria, sin fines de lucro y se sostienen gracias a donaciones y cuotas societarias. Al mismo tiempo, Huellas de Género trabaja de manera mancomunada con la red federal Mumalá, el Ministerio de Trabajo y Empleo y el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec).
Integrantes
La actual comisión directiva presidida por Fedeli cuenta con doce miembros entre titulares y suplentes, mayoritariamente mujeres, entre ellas: Silvina Davids (vicepresidente), Miriam Roxana Amarilla (secretaria), Graciela Franchini (tesorera), Silvia Esther Romero y Graciela Cordero (vocales titulares).
También acompañan los cargos suplentes de la comisión directiva Diego Toledo y Javier Perrault (creador de contenidos para redes).
Al mismo tiempo, la organización es integrada por cargos suplentes, ocupados por personas disidentes como Nazarena Fleitas, Fabiana Tatarinoff y Emma Aylen Verón de la comunidad transgénero.
Finalmente, cuenta con un órgano de fiscalización a cargo de Lidia Karasek y Sandra Barrios, quienes evalúan y organizan la nómina de socias/os y colaboradores voluntarios que acompañan las actividades de la organización. En tanto, la asesora legal de la organización es Valeria Ocampo, abogada penalista y especialista en género.
Mumalá tras caso Zapelli: “Estamos en emergencia ante la violencia de género”
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Verano 2026: recomendaciones de seguridad para ingreso a ríos y arroyos
Con el inicio del mes de diciembre y el incremento de las temperaturas, varios campings y balnearios abrieron sus puertas para el disfrute de saltos, arroyos y ríos a lo largo y ancho de la provincia. Si bien cada espacio cuenta con su reglamento interno, la Policía de Misiones brindó algunos consejos para disfrutar del verano de manera segura y responsable.
Desde la División de Rescates Complejos remarcaron la importancia de elegir siempre los lugares habilitados para el ingreso, respetar la cartelería con sus respectivas señalizaciones y las indicaciones de los guardavidas.
Al mismo tiempo, aconsejaron no nadar lejos de la costa y evitar el ingreso a las aguas luego de la ingesta de comida y/o bebidas alcohólicas.
Al mismo tiempo, recordaron no perder de vista a los niños y prestar atención al sentido e intensidad de la corriente de agua, las piedras y desniveles, sobre todo en arroyos y balnearios naturales.
En caso de emergencias, los bañistas podrán llamar al 911 o 101.
Playas posadeñas
Respecto a los balnearios de la capital provincial, días atrás la Municipalidad de Posadas emitió un comunicado en el que también brindó una serie de recomendaciones para veranear en las playas de la ciudad: El Brete y Costa Sur.
En estos casos se encuentra prohibido el ingreso con mascotas a las zonas destinadas al baño, como también la tenencia de envases de vidrio en la zona de playa.
En cuanto a la presencia de rayas en las franjas de aguas quietas recordaron “ingresar al agua arrastrando los pies para evitar accidentes” y consultar siempre a los guardavidas ante cualquier duda.
En ambos balnearios los baños públicos se mantienen abiertos durante toda la jornada y el servicio de guardavidas está operativo todos los días de 8 a 20, con infraestructura preparada para recibir a miles de visitantes.
Además, Costa Sur ofrece un sector gastronómico con food trucks, parque infantil y diversas comodidades, mientras que el Complejo Costa Sur dispone de bar, quinchos, estacionamiento y una pileta con juegos para los más chicos.
Foto: Misiones Online
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Mumalá tras caso Zapelli: “Estamos en emergencia ante la violencia de género”
El movimiento feminista y popular argentino Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) se pronunció luego de que se hiciera pública la historia de violencia y hostigamiento ejercida por Bruno Zapelli (35) contra su ex pareja María José Huminiuk (32), a lo largo del último año y medio. Instaron al Poder Judicial y a los organismos competentes a actuar con máxima celeridad, rigor y responsabilidad, investigando y aplicando las sanciones correspondientes.
A través de un comunicado la organización expresó su “solidaridad profunda, absoluta e incondicional” y su “más enérgico repudio ante los hechos de violencia que atraviesa María José”, por lo que advirtió: “estamos en emergencia ante la violencia de género”.
El documento también lleva la firma de la asociación civil misionera Huellas de Género, por lo que apuntaron contra el contexto de violencia que se percibe a lo largo y ancho de la provincia: “La alarmante recurrencia de casos graves de violencia de género en nuestra provincia y ciudad (Posadas) nos sitúa en una emergencia social que no puede seguir siendo negada ni minimizada”.
“Esta emergencia se agrava aún más en un contexto nacional donde el Estado ha decidido retirarse de sus responsabilidades, desmantelar políticas públicas de género, sembrar discursos de odio y abandonar a las mujeres y disidencias a su suerte”, recordaron.
Llamado a las instituciones
En el mismo documento reconocieron que “la situación de María José nos interpela de manera urgente y profunda” ya que “su testimonio es un espejo que obliga a toda la sociedad y a las instituciones a actuar”.
“La violencia de género, en cualquiera de sus formas, es inadmisible e intolerable. Exigimos una respuesta institucional firme, articulada y con perspectiva de género, que garantice la protección integral de María José y de todas las mujeres e identidades feminizadas que atraviesan situaciones de violencia”, abogaron.
Al mismo tiempo, apuntaron a la Justicia: “Instamos al Poder Judicial y a todos los organismos intervinientes a actuar con máxima celeridad, rigor y responsabilidad, investigando y aplicando las sanciones correspondientes. Recordamos que la inacción, la dilación o la falta de perspectiva de género constituyen formas de violencia institucional”.
“La huella que queremos dejar es la de una sociedad que responde a la emergencia. La valentía de María José nos convoca a exigir justicia y a proteger a quienes hoy están en riesgo. No podemos seguir contando casos sin que haya una respuesta contundente. Llamamos a la comunidad posadeña y misionera a transformar esta emergencia en acción colectiva y responsabilidad compartida. Pedimos evitar la revictimización, actuar con respeto y empatía, y denunciar cualquier situación de violencia. Hoy más que nunca necesitamos una sociedad organizada que acompañe, que exija y que no mire para otro lado”, concluyeron.
Mumalá en cifras
Mumalá es un movimiento que lucha por la igualdad de género, la justicia social y los derechos de mujeres y diversidades LGBTIQ+, a través de la organización en barrios, la visibilización de violencias (femicidios, transfemicidios, etc.) con su Observatorio, y la incidencia en políticas públicas para construir una sociedad justa, federal e inclusiva.
Según datos de su último relevamiento, desde el 1 de enero al 25 de noviembre de este año, 157 niños y adolescentes quedaron sin madre, el 65% de los femicidios se cometieron en la vivienda de las víctimas, mientras que las armas de fuego y las armas blancas fueron las modalidades más utilizadas.
Mayoritariamente, los femicidas eran conocidos de las víctimas. Además de los 231 femicidios registrados, que implican uno cada 34 horas, hubo otros 901 intentos de femicidios.
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