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Cuánto le cuesta a un trabajador vender obligatoriamente con tarjeta de débito
Si lo hace conectando un lector al celular, debe resignar $ 42 por cada $ 1.000 que cobra. El valor de un posnet fijo. Desde este domingo, todos los profesionales independientes y trabajadores autónomos quedaron obligados a aceptar la tarjeta de débito como forma de pago. La medida de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que también afecta a todos los comercios, recibió en general el apoyo de las principales cámaras de comercios.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aconsejó a los comercios que cumplan con la obligatoriedad del uso del posnet para recibir pagos electrónicos, al tiempo que alertó a las autoridades sobre los costos que la medida entraña, especialmente en los pequeños comercios de barrio. ¿Pero cuánto le cuesta realmente a un trabajador implementar este sistema? Un relevamiento mostró que, según el sistema elegido, es posible pagar hasta $ 42 pesos por cada $ 1.000 que se cobran.
Para aquellas profesiones que trabajan en la calle como taxistas, albañiles o remises, la opción más práctica es utilizar un lector que se encastra en el teléfono móvil y permite procesar tarjetas de débito. Si se usa el de Mercado Pago, ofrecido bajo la marca “Point”, el dispositivo cuesta $ 299 y ese valor se paga por única vez. No tiene costo de alquiler mensual para el cobrador, pero las comisiones que la empresa retiene en cada operación son un poco más altas.
Pese a la obligación, todavía cuesta pagar con tarjeta en los comercios chicos. Para operaciones con tarjeta de débito, la firma acaba de reducir el cobro por operación a 4,22% con el IVA incluido. Es decir, que se paga una comisión de $ 42 por cada $ 1.000 que se venden. Su competidor es Todo Pago, que dispone de dos lectores, Todo Pago mPOS Audio, disponible a $ 99, y Todo Pago mPOS Bluetooth, a $ 300. Ambos se pueden adquirir en 3 cuotas sin interés.
En el caso de las ventas con tarjeta de débito, la comisión también es de 4,2% IVA incluido: un costo de $ 42 cada mil. Además, la aplicación promete que el dinero se acredita en la cuenta del vendedor en 48 horas.
En el caso de locales comerciales, lo más práctico puede resultar pedir un lector fijo de tarjetas, comúnmente conocido como “posnet”. En ese caso, lo que cobran las empresas es un cargo fijo por el alquiler del aparato -que ronda los $ 300 mensuales-, y luego una comisión fija sobre cada cobro realizado.
En uno de los principales operadores, LaPos, los nuevos clientes tienen el costo de alquiler bonificado para los dos primeros años, si eligen usar la que opera únicamente con tarjetas de débito. Si optan en cambio por la que también acepta plásticos de crédito, la firma bonifica el 50% del costo por los primeros seis meses, quedando un abono de $ 149,50 más IVA.
Tarjeta de débito obligatoria: para los comerciantes, el sistema aún es muy costoso. Su competidor, Posnet, ofrece también diferentes tipos de terminales y les bonifica por dos años el costo de las que son “sólo débito” a los comercios monotributistas. Allí el costo de un equipo fijo por línea telefónica es de $ 189 más IVA por mes, mientras que una fija para utilizar con el módem es de $ 369 más IVA por mes. En todos los casos, a los cargos de alquiler hay que sumarles las comisiones que retienen las empresas en cada cobro. Este arancel, en el caso de las tarjetas de débito, es del 1,1% al 1,2% del monto facturado. Es decir, al menos $ 11 por cada $ 1.000 recibidos.
La 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se desarrollará del 20 de abril al 1 de mayo en la sede norteamericana de la ONU y, en esta oportunidad, contará con la presencia de Keila Rocío Zaya, referente del pueblo mbya en Misiones.
El encuentro llevará como eje central “garantizar la salud de los Pueblos Indígenas, incluso en contextos de conflictos”, y sería la primera vez que tendrá representación de un pueblo originario de Argentina.
Keila Zaya es miembro de Tekoa Arandú, situada en la localidad de Pozo Azul, y viajará acompañada por Roxana Rivas, abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a nivel federal.
En los últimos años, Keila formó parte de las capacitaciones en derecho indígena organizadas por ambas entidades y se desempeñó como coordinadora de varios grupos de formación en Aristóbulo del Valle.
De las más de 130 comunidades mbya presentes en Misiones, la joven presentará como objeto de estudio el caso de Puente Quemado II, comandada por el cacique Santiago Ramos, que hace varios años enfrenta un conflicto territorial con la empresa forestal multinacional Arauco, por lo que continúa a la espera de servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica y el agua potable.
Con esta temática, participará del espacio Juventud, y además de Argentina, contarán con representantes de los pueblos originarios de Brasil, Paraguay, entre otros países latinoamericanos.
El Instituto San Alberto Magno de Posadas informó que, en el marco de las medidas preventivas que se activaron por las pintadas con amenazas de tiroteo escolar que aparecieron en varias escuelas de la provincia y el país, mañana habrá presencia policial y estricto control de pertenencias en el ingreso al establecimiento educativo.
La medida del colegio posadeño fue informada a través de un comunicado dirigido a padres, estudiantes y comunidad educativa en general.
“Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos tomado conocimiento de una amenaza escrita en las paredes de nuestra Institución”, consigna el comunicado de la institución.
En ese marco, añadieron que “queremos transmitir tranquilidad informando que se han activado de inmediato los Protocolos de Seguridad Jurisdiccionales. Se ha radicado la denuncia formal ante las autoridades policiales correspondientes”.
“Como medida preventiva para el día 17 de abril, se dispondrá de la presencia de personal policial, control estricto de identidad en puerta y revisión de pertenencias según normativa vigente”, detallaron respecto a las medidas inmediatas a tomar para la jornada de mañana viernes.
Como cierre, hicieron un llamado a la prevención y solicitaron que los padres entablen un vínculo de diálogo con sus hijos.
“Solicitamos a los señores tutores, dialogar con sus hijos sobre la responsabilidad en el uso de redes sociales y recordar que este tipo de actos tienen consecuencias legales graves. También, controlar los elementos que los estudiantes traen a la Institución desde sus casas”, pidieron.
Comunicado del SPEPM
A raíz de los hechos registrados en establecimientos de la capital provincial, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las “autoridades institucionales” y las facultó a adoptar las actuaciones correspondientes para “erradicar” la problemática, que, según se indicó, estaría vinculada a un reto viral entre adolescentes.
En ese marco, el organismo formuló una serie de consideraciones para las autoridades educativas que registren amenazas de “tiroteos” en colegios de gestión privada en la provincia.
En primer lugar, recomendó realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, específicamente en la fiscalía de menores a cargo de la fiscal María Laura Álvarez.
Asimismo, indicó que las instituciones deberán informar a padres, madres y/o tutores que, “en caso de llevarse a cabo este tipo de acciones por parte de un/a alumno/a, las mismas serán consideradas como falta ‘muy grave’, pudiendo la institución adoptar las medidas judiciales, pedagógicas y administrativas que estime pertinentes”.
Por último, se señaló la necesidad de llevar adelante “las averiguaciones internas necesarias para detectar el origen del problema, sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Justicia”.
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Guillermo Leumann, empresario del transporte e integrante de Fatap a nivel nacional, en una nota periodística explicó la crisis del transporte urbano en Posadas y la incertidumbre por el pago de sueldos o para sostener la operación en condiciones normales.
Durante una entrevista con Radio República, Leumann, referente de Tipoka, describió al sistema de transporte público asfixiado por atrasos en compensaciones y subsidios, a los que calificó como “irrisorios” frente a un escenario general de costos en alza que ya dejó de ser manejable.
“El subsidio provincial, que viene con un atraso significativo en el cálculo o estudios de costos en virtud del cual aplican las compensaciones. El subsidio general municipal, concretamente a las empresas del sistema integrado de las empresas de Posadas, prácticamente tiene números que han quedado históricamente atrasados”, sostuvo.
Explicó, además, que el problema no es exclusivo de Misiones, sino que atraviesa a buena parte del interior del país, donde los servicios vienen acumulando desequilibrios por falta de reconocimiento real de costos y demoras en los pagos estatales.
En el caso puntual de Posadas, Leumann puso la lupa sobre los aportes municipales al sistema integrado. “Las cuatro empresas de Posadas perciben mensualmente 2 millones, 2 millones 500 mil pesos por subsidio general municipal”, señaló y describió a la cifra como “prácticamente simbólica” frente al volumen de gastos operativos.
También cuestionó la escasa compensación por gratuidades y beneficios que el sistema debe absorber, mientras la prestación sigue exigiendo combustible, mantenimiento, salarios y frecuencias.
En esa línea, Leumann sostuvo que el boleto de Posadas, hoy en $1.380, sigue estando entre los más bajos del país y remarcó que el verdadero problema no pasa por discutir solamente la tarifa, sino por la falta de compensaciones adecuadas del Estado.
“No hay más recursos para sostener la operación de una manera adecuada, con las frecuencias que el usuario merece o para renovar el material rodante en tiempo y forma”, sentenció.
A esa ecuación le sumó otro frente delicado: el aumento del combustible, la dificultad para conseguir precio cierto en algunos abastecimientos y la nueva pauta salarial firmada en marzo, con retroactivos incluidos.
“Entre el salvaje incremento del precio del combustible, sumado en nuestro caso a la pauta paritaria de la Fatap, ni siquiera podemos proyectarnos al primer semestre”, determinando que la combinación de esos factores deja a las empresas sin margen financiero inmediato.
“No saben qué puede pasar este miércoles”, anticipó el empresario atribuyendo la decisión de la continuidad al resultado de la reunión de Fatap que se está realizando hoy por la tarde.
A la escasez de recursos para atender la nueva obligación salarial se le suma el crecimiento del transporte informal, al que definió como una competencia desleal que se profundiza en tiempos de crisis.
“Entonces los cierres de negocio, la pérdida de actividad, la pérdida de trabajo, trae aparejado que el que tiene una moto o un auto, necesita trabajar y saca la moto, dos cascos, y sale a transportar gente por el mismo precio del boleto, con todo el riesgo que eso significa”, cuestionó Leumann.
“Al comerciante le aparecen los manteros en la vereda, a nosotros estos manteros del transporte, compiten de esta manera generando un riesgo enorme para el usuario”, planteó.
En ese contexto, el reclamo que dejó planteado fue concreto: revisar con seriedad las compensaciones, actualizar estudios de
Al Finalizar Leumann resumió el cuadro de situación: “el transporte en Posadas sigue funcionando, pero cada vez con menos margen y más incertidumbre”.
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