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Atroz testimonio de un misionero en la condena a religiosos por abuso sexual
Tras el fallo, la investigación proseguiría con las personas que intervinieron en distintas etapas de las revisiones a los menores, detectaron los abusos y no hicieron nada. Una de estas víctimas fue el chico oriundo de Misiones.
MENDOZA. El descarnado relato que hizo un misionero en cámara Gesell en 2017, fue el más atroz de los casos que se ventilaron en el juicio y condena a los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho Blanc y al jardinero Armando Gómez a 42, 45 y 18 años de prisión.
Los tres fueron hallados culpables por abusos cometidos contra niños y niñas en el Instituto Antonio Próvolo durante 12 años, desde 2004 hasta 2016, durante el proceso que se realizó en el Tribunal Penal Colegiado Nº 2 de Mendoza y que se extendió por casi cuatro meses .
El portal Infobae informó que la víctima oriunda de Misiones, hoy de 23 años, tenía 8 años cuando entró al instituto religioso para chicos sordos. A esa edad comenzaron también sus peores padecimientos.
De todos los casos que fueron llevados a juicio, el suyo demostró un nivel de atrocidad particular: según su relato, fue violado al menos ocho veces mientras estuvo en el instituto, en ocasiones hasta llegaba a desmayarse por el dolor que sufría durante esos ataques.
Padecimientos de un niño
De acuerdo a su relato, este ex alumno –de condición humilde, lejos de su familia en un pueblo cerca de la Triple Frontera– fue violado en simultáneo por el ex jardinero Gómez (49) y por otro ex trabajador del instituto, quien no llegó al juicio ya que fue declarado inimputable.
Durante algunos de esos tantos episodios de abusos, la víctima (quien es sordo) logró exteriorizar como pudo todo el sufrimiento en su cámara Gesell, lo hizo con gritos que evidenciaron su angustioso dolor.
Contó cómo en una de las oportunidades el cura Nicola Corradi, de 83 años, encontró a los dos violadores mientras atacaban al ex alumno. Lejos de hacer la denuncia correspondiente, la reacción fue la de ordenarle a Gómez y al otro ex empleado que se retiraran a sus habitaciones.
A eso se limitó la acción y reacción del cura italiano, como si se tratase de un padre que pone en penitencia a sus hijos.
Durante su declaración –registrada en 2017, que duró más de cuatro horas y media– el joven también relató otra ocasión en que fue abusado sexualmente y con acceso carnal por Corbacho.
Complicidad religiosa
El modus operandi se repitió durante varias de las violaciones que sufrió. Luego de ser abusado el joven sufría múltiples lesiones y desgarros. En ese momento entraban en escena Corradi, la monja Asunción Martínez (imputada por omisión en otra causa) o el ex monaguillo Jorge Bordón (ya condenado tras reconocer la autoría de 11 abusos) y se encargaban de trasladar al joven misionero al médico; la consulta ocurría siempre fuera del instituto, de acuerdo al relato del joven.
Más allá de esto, no existen registros en la causa ni ninguna denuncia de un profesional de la salud referidas a atenciones a un ex alumno del Próvolo por lesiones de este tipo, por lo que no se descarta que la Justicia guíe parte de los focos a estos episodios.
Ya atendido por los médicos, lo llevaban generalmente a un local de comidas rápidas y allí le compraban una hamburguesa con papas fritas. Incluso, en varias oportunidades le compraron el menú que trae un juguetito de regalo. El mismo juguetito que luego le quitaban –entre tantos otros maltratos– y por el que llegaban a forcejear con un niño de 8 años que no quería darlo.
En busca de protección
La víctima estuvo en el Próvolo mendocino entre 2004 y 2009, apenas salió regresó al Litoral junto a su familia. De hecho, mientras estaba de vacaciones en el lugar –aún siendo alumno– su madre lo llevó a un control médico porque evidenciaba dolores. “La víctima cuenta que cuando salió del chequeo, la mujer tenía un papel. Y agrega que viajaron ese mismo día a Mendoza, porque ella fue a pedir explicaciones en el instituto por lo que había observado el médico”, relató una fuente de la investigación.
Esa fue la última vez que el joven abusado pisó el Próvolo, y la penúltima que pisó suelo mendocino. La última fue en junio de 2017, cuando los abogados de las otras víctimas lograron dar con su paradero y consiguieron que regresara a la provincia de Cuyo para presentar su denuncia por lo vivido en el instituto. Lo hizo en cámara Gesell, en presencia de profesionales del Equipo de Abordaje de Abuso Sexual (EDEAS). La entrevista fue clave en la prueba acusadora que se exhibió en el proceso.
El día después a las amenazas de tiroteo escolar que aparecieron pintadas en varios colegios de la provincia, los establecimientos educativos iniciaron el viernes con presencia policial y estrictos controles de ingreso, mientras que en Puerto Rico se detectó un caso puntual que derivó en allanamientos y secuestros de armas de fuego en la casa de un estudiante.
El procedimiento se activó después de la denuncia radicada por las autoridades del Instituto Juan Pablo II, quienes dieron cuenta del caso de un alumno de tercer año que había sido señalado como autor de amenazas, con la particularidad de que tendría armas de fuego a su alcance en su casa.
Dada la sensibilidad y los factores de riesgo detectados, la Justicia tomó acciones inmediatas y libró órdenes de allanamiento en varios inmuebles relacionados al menor y en uno de ellos, sobre calle Paraná, los agentes policiales efectivamente encontraron dos armas que serían propiedad del padre del estudiante.
En el lugar se secuestraron un revólver calibre 32 largo, un pistolón calibre 28, trece cartuchos de escopeta y cinco teléfonos celulares, entre otros dispositivos electrónicos, que serán sometidos a pericias por parte del personal de Cibercrimen, cuyos agentes participaron en la investigación digital.
Según detallaron fuentes consultadas, el estudiante fue descrito como un “alumno de mal comportamiento” en la institución. El chico presenció parte del procedimiento y fue trasladado al Cemoas, donde quedará alojado 24 horas a disposición de la Justicia.
En Posadas, en tanto, hubo otro procedimiento similar, aunque en esta ocasión el objetivo no fue el secuestro de armas de fuego, sino de teléfonos celulares utilizados en el marco de una amenaza de muerte puntual de una estudiante hacia otra compañera de su curso.
En este escenario, el ministerio de Gobierno, encabezado por Marcelo Pérez, prepara una conferencia de prensa a realizarse el próximo lunes para exponer y dar cuenta de las labores preventivas realizadas a lo largo y ancho de la provincia respecto al tema.
Hasta el momento, la principal línea investigativa apunta a que las pintadas con amenazas responden a un reto viral de Tik Tok que tuvo onda expansiva en todo el país.
Amenazas en colegios: San Alberto con policías y revisión de mochilas mañana
La 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se desarrollará del 20 de abril al 1 de mayo en la sede norteamericana de la ONU y, en esta oportunidad, contará con la presencia de Keila Rocío Zaya, referente del pueblo mbya en Misiones.
El encuentro llevará como eje central “garantizar la salud de los Pueblos Indígenas, incluso en contextos de conflictos”, y sería la primera vez que tendrá representación de un pueblo originario de Argentina.
Keila Zaya es miembro de Tekoa Arandú, situada en la localidad de Pozo Azul, y viajará acompañada por Roxana Rivas, abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a nivel federal.
En los últimos años, Keila formó parte de las capacitaciones en derecho indígena organizadas por ambas entidades y se desempeñó como coordinadora de varios grupos de formación en Aristóbulo del Valle.
De las más de 130 comunidades mbya presentes en Misiones, la joven presentará como objeto de estudio el caso de Puente Quemado II, comandada por el cacique Santiago Ramos, que hace varios años enfrenta un conflicto territorial con la empresa forestal multinacional Arauco, por lo que continúa a la espera de servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica y el agua potable.
Con esta temática, participará del espacio Juventud, y además de Argentina, contarán con representantes de los pueblos originarios de Brasil, Paraguay, entre otros países latinoamericanos.
El Instituto San Alberto Magno de Posadas informó que, en el marco de las medidas preventivas que se activaron por las pintadas con amenazas de tiroteo escolar que aparecieron en varias escuelas de la provincia y el país, mañana habrá presencia policial y estricto control de pertenencias en el ingreso al establecimiento educativo.
La medida del colegio posadeño fue informada a través de un comunicado dirigido a padres, estudiantes y comunidad educativa en general.
“Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos tomado conocimiento de una amenaza escrita en las paredes de nuestra Institución”, consigna el comunicado de la institución.
En ese marco, añadieron que “queremos transmitir tranquilidad informando que se han activado de inmediato los Protocolos de Seguridad Jurisdiccionales. Se ha radicado la denuncia formal ante las autoridades policiales correspondientes”.
“Como medida preventiva para el día 17 de abril, se dispondrá de la presencia de personal policial, control estricto de identidad en puerta y revisión de pertenencias según normativa vigente”, detallaron respecto a las medidas inmediatas a tomar para la jornada de mañana viernes.
Como cierre, hicieron un llamado a la prevención y solicitaron que los padres entablen un vínculo de diálogo con sus hijos.
“Solicitamos a los señores tutores, dialogar con sus hijos sobre la responsabilidad en el uso de redes sociales y recordar que este tipo de actos tienen consecuencias legales graves. También, controlar los elementos que los estudiantes traen a la Institución desde sus casas”, pidieron.
Comunicado del SPEPM
A raíz de los hechos registrados en establecimientos de la capital provincial, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las “autoridades institucionales” y las facultó a adoptar las actuaciones correspondientes para “erradicar” la problemática, que, según se indicó, estaría vinculada a un reto viral entre adolescentes.
En ese marco, el organismo formuló una serie de consideraciones para las autoridades educativas que registren amenazas de “tiroteos” en colegios de gestión privada en la provincia.
En primer lugar, recomendó realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, específicamente en la fiscalía de menores a cargo de la fiscal María Laura Álvarez.
Asimismo, indicó que las instituciones deberán informar a padres, madres y/o tutores que, “en caso de llevarse a cabo este tipo de acciones por parte de un/a alumno/a, las mismas serán consideradas como falta ‘muy grave’, pudiendo la institución adoptar las medidas judiciales, pedagógicas y administrativas que estime pertinentes”.
Por último, se señaló la necesidad de llevar adelante “las averiguaciones internas necesarias para detectar el origen del problema, sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Justicia”.
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