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Alrededor de 40 familias reclaman servicios básicos y caminos en Cerro Romero

Cerro Romero está ubicado en el municipio de Santo Pipó. Es un rincón con historia y belleza natural con más de 80 años de antigüedad donde habitan 40 familias que construyeron una comunidad marcada por fraternidad y solidaridad.
En ese paraje reclaman servicios esenciales, ya que enfrentan una precariedad alarmante al no tener energía eléctrica, agua potable, centro de salud ni caminos transitables; condiciones básicas para garantizar una vida digna y oportunidades de desarrollo.
El dirigente provincial, presidente del partido Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno, estuvo en el paraje rural junto al militante Eduardo Silveyra, y compartió una reunión con las familias que le manifestaron su enorme preocupación por esas carencias.
“Estas familias enfrentan una precariedad alarmante: sin luz, agua potable, caminos en condiciones y sin una sala de salud, que permitan una vida digna y oportunidades de desarrollo. Acompañamos sus reclamos que se suman a la deuda del Estado con las comunidades rurales en general”, dijo Sereno.
Y consideró que este “abandono estatal y municipal pone en riesgo no sólo el bienestar de las familias, sino también su capacidad de crecer y producir. El acceso a derechos fundamentales no es una dádiva o un favor: es un deber que el Estado debe cumplir, y es un compromiso con la lucha de Cerro Romero”.
En esa línea, el secretario provincial del Movimiento Evita agregó que es importante que sus voces no queden en el silencio. “Vamos a luchar junto a ellos para construir un presente y un futuro más digno para todos y todas y un presente en mejores condiciones”.

El dirigente Martín Sereno se interiorizó sobre la problemática que preocupa a las familias del Paraje
Problemas acuciantes de escolaridad
Durante la reunión, Juan Suaque, que vive desde hace diez años en el lugar, explicó que nunca llegó el tendido eléctrico de Emsa y hacerlo en forma particular es muy costoso. La comunidad realizó gestiones ante el municipio, pero no obtuvo respuestas.
Al no haber alumbrado público, tampoco pueden tramitar una bajada para las viviendas. La línea llega hasta el camino principal y viven sólo a 400 metros de la ruta provincial 6. “No estamos monte adentro, así que tampoco es tan difícil que el Estado se ocupe si tuviera voluntad de hacer algo por su pueblo”, cuestionó Juan.
La falta de electricidad a este psicólogo y docente universitario, le afecta laboral y familiarmente.
“Trabajo con la modalidad de visitas domiciliarias o telefónicas, atiendo a gente de la colonia en sus casas y a muchos que no pueden pagar la terapia, los atiendo gratis, o hacemos trueque, porque creo que la economía no puede ser una variable para la salud mental”, comentó el psicólogo.
Y agregó: “En la comunidad ayudamos en todo lo que podemos. Ahora estamos esperando que nos autoricen a usar el salón del paraje para dar apoyo escolar a los chicos y chicas, porque somos conscientes de cómo está la educación en la provincia, donde el 94% de los alumnos no alcanza los objetivos en tiempo y forma, y muchos no están alfabetizados”.
Sobre el suministro de agua, en el paraje se manejan con una perforación y un tanque de 5.000 litros que no da abasto.
“La provisión no es constante e influye la sequía y la falta de lluvia, la capacidad del tanque es insuficiente por la cantidad de vecinos que se radicaron en este cerro, sumado a que en la zona, el municipio entregó viviendas, sin prever la red de agua y al utilizar la poca que hay en Cerro Moreno resulta insuficiente para todos”, relató Juan.
También reclaman que mejoren el camino porque el municipio puso las toscas, “pero el trabajo está mal hecho, con tierra sin apisonar y cuando llueve se lava todo, y entrar con vehículo es muy complicado. Por estas carencias, es evidente el incumplimiento de los gobernantes con nosotros como ciudadanos, sin garantizarnos derechos fundamentales”, remarcó.

Las familias agricultoras también reclaman caminos para sacar sus productos.
“La intendenta que no cumple sus promesas”
Ángela Correa es una productora que trabaja en su chacra del Cerro Romero y como el resto de las familias del lugar, padece la falta de servicios fundamentales.
“Para los agricultores el agua y la luz son muy necesarias. Hace más de tres años vivo acá y desde el primer día estoy peleando detrás de esa causa. La intendenta de Pipó, Claudia Acuña (FR), sabe del problema porque lo hablamos varias veces, y nunca propuso una solución. También le pedimos que tramite la creación de un Centro de Atención Primaria de la Salud, porque acá viven muchos chicos, y cuando hay una urgencia no tenemos adónde recurrir. Lo más cercano es el hospital de Roca que está a 30 kilómetros. Ella siempre responde que se está ocupando; pero los resultados de su gestión no aparecen en el paraje”, lamentó la mujer.
Detalló que sus hijos tuvieron que emigrar a la ciudad para seguir estudiando, debido a que por todo lo que falta en Cerro Romero, ahí no podían hacerlo.
“Estamos abandonados por las autoridades municipales y provinciales. Los funcionarios no se dan cuenta de que deben ocuparse porque somos los agricultores los que producimos gran parte de la riqueza de esta provincia; somos los que plantamos y cuidamos los alimentos”, afirmó Ángela.
Se quejó de que muchas veces por el mal estado del camino no pudieron trasladar los productos con el consecuente daño económico que causa. Además, por la infrecuencia del agua, muchas veces se les estropean los alimentos y tienen que darle a los animales. Reclaman a la intendenta de Santo Pipó que recorra la colonia y se acerque a ver como sufren las familias por la falta de servicios en el paraje, y lo resuelva. “Es su responsabilidad como autoridad del municipio y debe hacerse cargo”, cuestionó la productora, junto a Roque Moreira, uno de los pioneros del lugar.

Pequeños productores continúan con la lucha por mejores condiciones en su tierra.
Por las carencias, el riesgo del desarraigo es permanente
Los vecinos lamentan que uno de los problemas, la falta de acceso a los servicios esenciales, es siempre está presente la posibilidad del desarraigo.
En ese sentido, Flavia Fernández, que vive en el cerro hace diez años, junto a su familia se resisten a emigrar. Al principio, cuando recién llegaron, con su esposo, creyeron que contar con los servicios de luz y agua sería menos complicado. Pero al tiempo se dieron cuenta de que no hay voluntad de parte de la empresa de energía del Estado, aun así no dejan de batallar para transformar esa realidad adversa.
“Hicimos reuniones con los vecinos para apoyar el reclamo; pero no tuvimos respuestas de los funcionarios que incumplen con nuestros derechos humanos. Hace cinco años desde el municipio nos prometieron que se iban a ocupar de colocar un transformador; pero quedó en promesas. En este caso en particular, y en Misiones en general, es insólito que los funcionarios públicos, en vez de involucrarse y ocuparse de saber qué necesitan los ciudadanos, están invertidos los roles y somos nosotros los que insistimos”, lamentó.
Esa situación les genera tristeza; pero no bajan los brazos. “Confiamos en que a partir de esta reunión las autoridades del municipio nos escuchen y resuelvan las carencias. Las autoridades deben saber que en este paraje viven muchos niños y niñas, y sus derechos también están siendo vulnerados”, manifestó Flavia.
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El CGE sancionó al docente de la Comercio 8 acusado de abuso

Luego de que un grupo de estudiantes realizara una protesta en la Escuela de Comercio 8 “Granadero Lorenzo Napurey”, de Miguel Lanús, repudiando la presunta reincorporación del profesor de Matemáticas Roberto Luis D. acusado por acoso y abuso contra estudiantes, el Consejo General de Educación (CGE) decidió sancionar al docente con 90 días de suspensión y cambio de función.
La medida incluye la “no remuneración” durante dicho período y el “traslado definitivo” a un cargo “sin contacto con niños, niñas ni adolescentes”.
Las denuncias de los estudiantes, padres y docentes tuvieron lugar entre los años 2018 y 2021, y ante el inminente reintegro a la institución, los estudiantes decidieron realizar una sentada en el patio interno, ayer en horas de la mañana, en rechazo de su posible regreso a las aulas.
Ante el impacto de la medida de fuerza, el CGE realizó un sumario administrativo y emitió la resolución Nº 843/25 que establece la sanción por 90 días de suspensión -sin goce de haberes- y el retiro definitivo, lo que lo inhabilitará a ejercer como docente, tanto en la Comercio 8 como en cualquier otro establecimiento de la provincia.
En tanto, el caso caratulado como “abuso sexual simple” es investigado por el Juzgado de Instrucción N° 3 de Posadas a cargo del juez Fernando Verón.
Protestan contra profesor acusado de abuso en la Comercio 8 de Posadas
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Protestan contra profesor acusado de abuso en la Comercio 8 de Posadas

Estudiantes de la Escuela de Comercio 8 “Granadero Lorenzo Napurey”, de Miguel Lanús, repudian el reintegro de un profesor de Matemáticas acusado por “acoso, abuso verbal y físico” contra varias estudiantes entre los años 2018 y 2021.
“Hoy realizamos una protesta porque el colegio volvió a permitir el reingreso a un profesor que tiene antecedentes y denuncias por acoso y abuso contra varias alumnas. Este caso se había hecho muy popular porque una alumna había intentado suicidarse en ese entonces”, relató una de las estudiantes.
Y lamentó: “El centro directivo no hacía nada y los padres de la chica que intentó quitarse la vida tampoco le creían”.
La medida de protesta inició esta mañana y se extenderá a lo largo de la semana en la institución educativa, ubicada en avenida Las Palmeras casi ruta 12 del barrio Miguel Lanús de la capital provincial.
“Hoy era la fecha de reingreso de este profesor, se hizo la protesta, pero el profesor no apareció, así que toda esta semana mantendremos la manifestación”.
El docente apuntado fue identificado como Roberto Luis D., quien da cátedra de Matemáticas.
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Ni Una Menos, diez años: “Significa ser libre, no tener miedo y derecho a vivir”

En la tarde de hoy, más de un centenar de mujeres se apostaron frente al Mástil de la avenida Mitre para marchar hacia la plaza 9 de Julio de Posadas en el décimo aniversario del Ni Una Menos en Argentina, a fin de “concientizar y luchar contra la violencia de género” y el “socavamiento de políticas públicas por parte del Gobierno nacional y provincial”.
Independientes, docentes universitarias, estudiantes, empleadas nucleadas en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), referentes del Polo Obrero, entre otras banderas sociales y políticas, dejaron fuertes mensajes aludiendo a la pérdida de fuentes de trabajo, recortes en el sector educativo y programas de salud que fueron eliminados, lo que calificaron como “violencia laboral, económica y psicológica”.
“Vamos a seguir luchando por los derechos colectivos de esas compañeras que hoy necesitan el cese de la violencia por parte de las instituciones públicas; un salario digno, condiciones laborales, por eso hoy también marchamos, para decir basta de injusticia, basta de violencia en nuestros hospitales públicos en Misiones”, enfatizó Mónica Gurina mientras la columna de manifestantes se hacía paso frente al Ministerio de Salud.
Como cada año, la convocatoria también recordó a quienes fueron víctimas de violencia en su expresión más extrema, como Lucía Maidana, Tati Piñeiro, Soledad Machuca, Claudia Benítez y Jéssica Galeano, por nombrar solo algunas de las 56 víctimas de femicidio que registró Misiones desde la instauración del Ni Una Menos en el país.

Trabajadores del teatro también se encolumnaron en el Ni Una Menos
Pese a que en esta oportunidad hubo menor convocatoria, adjudicada a “la crisis económica” que “dificulta los traslados” y un contexto al que caracterizaron como “cruel y desalentador”, esta vez la marcha abrazó una nueva voz. Se trata de Maylen Silva (20), estudiante de Trabajo Social, quien asistió acompañada por una compañera de carrera.
Consultada por La Voz de Misiones, Silva reflexionó sobre los motivos que la impulsaron a sumarse: “Tuve muchas amigas que pasaron por experiencias que me hubiese gustado que puedan expresarlas. Para dar confianza a más chicas a que se animen a hablar y participar, que sepan que no están solas. A las que no se animan a hablar que sepan que hay gente que la está apoyando y defendiendo a pesar de que no tengan un entorno cercano que lo haga. Siento que estás marchas son muy importantes para que vean que estas situaciones se visibilizan”.
En cuanto a los logros del movimiento, resaltó: “Creo en lo que se está logrando, falta mucho, pero se está dejando de naturalizar la violencia. Estuvo por mucho tiempo naturalizada la violencia contra las mujeres y desde que arrancó el movimiento la gente comenzó a darse cuenta de que no está bien. Falta mucha justicia, mucha igualdad, muchos derechos por seguir conquistando, pero al menos hay un acompañamiento detrás de estás situaciones”.

A 12 años del hecho, el caso Lucía Maidana continúa impune sin avance judicial
Finalmente, compartió la apreciación de haber participado del Ni Una Menos por primera vez: “Me dejó la sensación de que nadie está solo, no estamos solas. Para mi Ni Una Menos significa ser libre, no tener miedo y el derecho a vivir”.
“Desguace de derechos” y “aumento de discursos de odio”
Como cada año, la docente universitaria Elena Maidana fue una de las referentes que acompañó la marcha en todo su recorrido. Frente a Casa de Gobierno se tomó unos minutos para dialogar con La Voz de Misiones y analizar la situación por la que atraviesan las mujeres y disidencias:
“Tanto a nivel nacional como a nivel provincial lo que se ve es un desguace profundo. Pensando en el Ni Una Menos, todas aquellas políticas de apoyo a las víctimas, programas como el Acompañar, las líneas para denunciar y hacer nexo; toda esa red que se había armado está prácticamente desguazada”.
Y agregó: “El programa ENIA para evitar los embarazos adolescentes fue uno de los primeros que desapareció, todo el personal quedó en la calle. Desapareció el ministerio y junto con él los programas, proyectos, espacios… entonces las consecuencias son nefastas”.
Al mismo tiempo, resaltó: “Tampoco hay información, no se produce información. Hasta el año antepasado se hacía un registro de los femicidios y en este momento ya no -salvo La Casa del Encuentro que es del propio movimiento feminista- en general no hay informes, oficiales mucho menos. Entonces, no hay información, no hay apoyo, no hay financiamiento y a eso agregale las acusaciones, los discursos de odio que alimentan y profundizan la crueldad machista”.
Al ser consultada sobre las formas y espacios disponibles para frenar el flagelo, mencionó “las mismas redes de apoyo y el trabajo que se hace desde los medios de comunicación alternativos que van generando discursos y acciones para, de algún modo, sostener. Se trata de resistir, persistir. El panorama es desalentador, pero al mismo tiempo es bueno porque tratamos de estar y sostener una lucha que tiene años. No hay otra que seguir sosteniendo la llamita y seguir pasando la llama de generación en generación”.
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