Información General
Alrededor de 40 familias reclaman servicios básicos y caminos en Cerro Romero
Cerro Romero está ubicado en el municipio de Santo Pipó. Es un rincón con historia y belleza natural con más de 80 años de antigüedad donde habitan 40 familias que construyeron una comunidad marcada por fraternidad y solidaridad.
En ese paraje reclaman servicios esenciales, ya que enfrentan una precariedad alarmante al no tener energía eléctrica, agua potable, centro de salud ni caminos transitables; condiciones básicas para garantizar una vida digna y oportunidades de desarrollo.
El dirigente provincial, presidente del partido Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno, estuvo en el paraje rural junto al militante Eduardo Silveyra, y compartió una reunión con las familias que le manifestaron su enorme preocupación por esas carencias.
“Estas familias enfrentan una precariedad alarmante: sin luz, agua potable, caminos en condiciones y sin una sala de salud, que permitan una vida digna y oportunidades de desarrollo. Acompañamos sus reclamos que se suman a la deuda del Estado con las comunidades rurales en general”, dijo Sereno.
Y consideró que este “abandono estatal y municipal pone en riesgo no sólo el bienestar de las familias, sino también su capacidad de crecer y producir. El acceso a derechos fundamentales no es una dádiva o un favor: es un deber que el Estado debe cumplir, y es un compromiso con la lucha de Cerro Romero”.
En esa línea, el secretario provincial del Movimiento Evita agregó que es importante que sus voces no queden en el silencio. “Vamos a luchar junto a ellos para construir un presente y un futuro más digno para todos y todas y un presente en mejores condiciones”.
El dirigente Martín Sereno se interiorizó sobre la problemática que preocupa a las familias del Paraje
Problemas acuciantes de escolaridad
Durante la reunión, Juan Suaque, que vive desde hace diez años en el lugar, explicó que nunca llegó el tendido eléctrico de Emsa y hacerlo en forma particular es muy costoso. La comunidad realizó gestiones ante el municipio, pero no obtuvo respuestas.
Al no haber alumbrado público, tampoco pueden tramitar una bajada para las viviendas. La línea llega hasta el camino principal y viven sólo a 400 metros de la ruta provincial 6. “No estamos monte adentro, así que tampoco es tan difícil que el Estado se ocupe si tuviera voluntad de hacer algo por su pueblo”, cuestionó Juan.
La falta de electricidad a este psicólogo y docente universitario, le afecta laboral y familiarmente.
“Trabajo con la modalidad de visitas domiciliarias o telefónicas, atiendo a gente de la colonia en sus casas y a muchos que no pueden pagar la terapia, los atiendo gratis, o hacemos trueque, porque creo que la economía no puede ser una variable para la salud mental”, comentó el psicólogo.
Y agregó: “En la comunidad ayudamos en todo lo que podemos. Ahora estamos esperando que nos autoricen a usar el salón del paraje para dar apoyo escolar a los chicos y chicas, porque somos conscientes de cómo está la educación en la provincia, donde el 94% de los alumnos no alcanza los objetivos en tiempo y forma, y muchos no están alfabetizados”.
Sobre el suministro de agua, en el paraje se manejan con una perforación y un tanque de 5.000 litros que no da abasto.
“La provisión no es constante e influye la sequía y la falta de lluvia, la capacidad del tanque es insuficiente por la cantidad de vecinos que se radicaron en este cerro, sumado a que en la zona, el municipio entregó viviendas, sin prever la red de agua y al utilizar la poca que hay en Cerro Moreno resulta insuficiente para todos”, relató Juan.
También reclaman que mejoren el camino porque el municipio puso las toscas, “pero el trabajo está mal hecho, con tierra sin apisonar y cuando llueve se lava todo, y entrar con vehículo es muy complicado. Por estas carencias, es evidente el incumplimiento de los gobernantes con nosotros como ciudadanos, sin garantizarnos derechos fundamentales”, remarcó.
Las familias agricultoras también reclaman caminos para sacar sus productos.
“La intendenta que no cumple sus promesas”
Ángela Correa es una productora que trabaja en su chacra del Cerro Romero y como el resto de las familias del lugar, padece la falta de servicios fundamentales.
“Para los agricultores el agua y la luz son muy necesarias. Hace más de tres años vivo acá y desde el primer día estoy peleando detrás de esa causa. La intendenta de Pipó, Claudia Acuña (FR), sabe del problema porque lo hablamos varias veces, y nunca propuso una solución. También le pedimos que tramite la creación de un Centro de Atención Primaria de la Salud, porque acá viven muchos chicos, y cuando hay una urgencia no tenemos adónde recurrir. Lo más cercano es el hospital de Roca que está a 30 kilómetros. Ella siempre responde que se está ocupando; pero los resultados de su gestión no aparecen en el paraje”, lamentó la mujer.
Detalló que sus hijos tuvieron que emigrar a la ciudad para seguir estudiando, debido a que por todo lo que falta en Cerro Romero, ahí no podían hacerlo.
“Estamos abandonados por las autoridades municipales y provinciales. Los funcionarios no se dan cuenta de que deben ocuparse porque somos los agricultores los que producimos gran parte de la riqueza de esta provincia; somos los que plantamos y cuidamos los alimentos”, afirmó Ángela.
Se quejó de que muchas veces por el mal estado del camino no pudieron trasladar los productos con el consecuente daño económico que causa. Además, por la infrecuencia del agua, muchas veces se les estropean los alimentos y tienen que darle a los animales. Reclaman a la intendenta de Santo Pipó que recorra la colonia y se acerque a ver como sufren las familias por la falta de servicios en el paraje, y lo resuelva. “Es su responsabilidad como autoridad del municipio y debe hacerse cargo”, cuestionó la productora, junto a Roque Moreira, uno de los pioneros del lugar.
Pequeños productores continúan con la lucha por mejores condiciones en su tierra.
Por las carencias, el riesgo del desarraigo es permanente
Los vecinos lamentan que uno de los problemas, la falta de acceso a los servicios esenciales, es siempre está presente la posibilidad del desarraigo.
En ese sentido, Flavia Fernández, que vive en el cerro hace diez años, junto a su familia se resisten a emigrar. Al principio, cuando recién llegaron, con su esposo, creyeron que contar con los servicios de luz y agua sería menos complicado. Pero al tiempo se dieron cuenta de que no hay voluntad de parte de la empresa de energía del Estado, aun así no dejan de batallar para transformar esa realidad adversa.
“Hicimos reuniones con los vecinos para apoyar el reclamo; pero no tuvimos respuestas de los funcionarios que incumplen con nuestros derechos humanos. Hace cinco años desde el municipio nos prometieron que se iban a ocupar de colocar un transformador; pero quedó en promesas. En este caso en particular, y en Misiones en general, es insólito que los funcionarios públicos, en vez de involucrarse y ocuparse de saber qué necesitan los ciudadanos, están invertidos los roles y somos nosotros los que insistimos”, lamentó.
Esa situación les genera tristeza; pero no bajan los brazos. “Confiamos en que a partir de esta reunión las autoridades del municipio nos escuchen y resuelvan las carencias. Las autoridades deben saber que en este paraje viven muchos niños y niñas, y sus derechos también están siendo vulnerados”, manifestó Flavia.
La 25º sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas se desarrollará del 20 de abril al 1 de mayo en la sede norteamericana de la ONU y, en esta oportunidad, contará con la presencia de Keila Rocío Zaya, referente del pueblo mbya en Misiones.
El encuentro llevará como eje central “garantizar la salud de los Pueblos Indígenas, incluso en contextos de conflictos”, y sería la primera vez que tendrá representación de un pueblo originario de Argentina.
Keila Zaya es miembro de Tekoa Arandú, situada en la localidad de Pozo Azul, y viajará acompañada por Roxana Rivas, abogada del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), a nivel federal.
En los últimos años, Keila formó parte de las capacitaciones en derecho indígena organizadas por ambas entidades y se desempeñó como coordinadora de varios grupos de formación en Aristóbulo del Valle.
De las más de 130 comunidades mbya presentes en Misiones, la joven presentará como objeto de estudio el caso de Puente Quemado II, comandada por el cacique Santiago Ramos, que hace varios años enfrenta un conflicto territorial con la empresa forestal multinacional Arauco, por lo que continúa a la espera de servicios básicos, como el acceso a la energía eléctrica y el agua potable.
Con esta temática, participará del espacio Juventud, y además de Argentina, contarán con representantes de los pueblos originarios de Brasil, Paraguay, entre otros países latinoamericanos.
El Instituto San Alberto Magno de Posadas informó que, en el marco de las medidas preventivas que se activaron por las pintadas con amenazas de tiroteo escolar que aparecieron en varias escuelas de la provincia y el país, mañana habrá presencia policial y estricto control de pertenencias en el ingreso al establecimiento educativo.
La medida del colegio posadeño fue informada a través de un comunicado dirigido a padres, estudiantes y comunidad educativa en general.
“Nos dirigimos a ustedes para informarles que hemos tomado conocimiento de una amenaza escrita en las paredes de nuestra Institución”, consigna el comunicado de la institución.
En ese marco, añadieron que “queremos transmitir tranquilidad informando que se han activado de inmediato los Protocolos de Seguridad Jurisdiccionales. Se ha radicado la denuncia formal ante las autoridades policiales correspondientes”.
“Como medida preventiva para el día 17 de abril, se dispondrá de la presencia de personal policial, control estricto de identidad en puerta y revisión de pertenencias según normativa vigente”, detallaron respecto a las medidas inmediatas a tomar para la jornada de mañana viernes.
Como cierre, hicieron un llamado a la prevención y solicitaron que los padres entablen un vínculo de diálogo con sus hijos.
“Solicitamos a los señores tutores, dialogar con sus hijos sobre la responsabilidad en el uso de redes sociales y recordar que este tipo de actos tienen consecuencias legales graves. También, controlar los elementos que los estudiantes traen a la Institución desde sus casas”, pidieron.
Comunicado del SPEPM
A raíz de los hechos registrados en establecimientos de la capital provincial, el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) emitió un comunicado en el que expresó su acompañamiento a las “autoridades institucionales” y las facultó a adoptar las actuaciones correspondientes para “erradicar” la problemática, que, según se indicó, estaría vinculada a un reto viral entre adolescentes.
En ese marco, el organismo formuló una serie de consideraciones para las autoridades educativas que registren amenazas de “tiroteos” en colegios de gestión privada en la provincia.
En primer lugar, recomendó realizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Fiscal, específicamente en la fiscalía de menores a cargo de la fiscal María Laura Álvarez.
Asimismo, indicó que las instituciones deberán informar a padres, madres y/o tutores que, “en caso de llevarse a cabo este tipo de acciones por parte de un/a alumno/a, las mismas serán consideradas como falta ‘muy grave’, pudiendo la institución adoptar las medidas judiciales, pedagógicas y administrativas que estime pertinentes”.
Por último, se señaló la necesidad de llevar adelante “las averiguaciones internas necesarias para detectar el origen del problema, sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a la Justicia”.
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Guillermo Leumann, empresario del transporte e integrante de Fatap a nivel nacional, en una nota periodística explicó la crisis del transporte urbano en Posadas y la incertidumbre por el pago de sueldos o para sostener la operación en condiciones normales.
Durante una entrevista con Radio República, Leumann, referente de Tipoka, describió al sistema de transporte público asfixiado por atrasos en compensaciones y subsidios, a los que calificó como “irrisorios” frente a un escenario general de costos en alza que ya dejó de ser manejable.
“El subsidio provincial, que viene con un atraso significativo en el cálculo o estudios de costos en virtud del cual aplican las compensaciones. El subsidio general municipal, concretamente a las empresas del sistema integrado de las empresas de Posadas, prácticamente tiene números que han quedado históricamente atrasados”, sostuvo.
Explicó, además, que el problema no es exclusivo de Misiones, sino que atraviesa a buena parte del interior del país, donde los servicios vienen acumulando desequilibrios por falta de reconocimiento real de costos y demoras en los pagos estatales.
En el caso puntual de Posadas, Leumann puso la lupa sobre los aportes municipales al sistema integrado. “Las cuatro empresas de Posadas perciben mensualmente 2 millones, 2 millones 500 mil pesos por subsidio general municipal”, señaló y describió a la cifra como “prácticamente simbólica” frente al volumen de gastos operativos.
También cuestionó la escasa compensación por gratuidades y beneficios que el sistema debe absorber, mientras la prestación sigue exigiendo combustible, mantenimiento, salarios y frecuencias.
En esa línea, Leumann sostuvo que el boleto de Posadas, hoy en $1.380, sigue estando entre los más bajos del país y remarcó que el verdadero problema no pasa por discutir solamente la tarifa, sino por la falta de compensaciones adecuadas del Estado.
“No hay más recursos para sostener la operación de una manera adecuada, con las frecuencias que el usuario merece o para renovar el material rodante en tiempo y forma”, sentenció.
A esa ecuación le sumó otro frente delicado: el aumento del combustible, la dificultad para conseguir precio cierto en algunos abastecimientos y la nueva pauta salarial firmada en marzo, con retroactivos incluidos.
“Entre el salvaje incremento del precio del combustible, sumado en nuestro caso a la pauta paritaria de la Fatap, ni siquiera podemos proyectarnos al primer semestre”, determinando que la combinación de esos factores deja a las empresas sin margen financiero inmediato.
“No saben qué puede pasar este miércoles”, anticipó el empresario atribuyendo la decisión de la continuidad al resultado de la reunión de Fatap que se está realizando hoy por la tarde.
A la escasez de recursos para atender la nueva obligación salarial se le suma el crecimiento del transporte informal, al que definió como una competencia desleal que se profundiza en tiempos de crisis.
“Entonces los cierres de negocio, la pérdida de actividad, la pérdida de trabajo, trae aparejado que el que tiene una moto o un auto, necesita trabajar y saca la moto, dos cascos, y sale a transportar gente por el mismo precio del boleto, con todo el riesgo que eso significa”, cuestionó Leumann.
“Al comerciante le aparecen los manteros en la vereda, a nosotros estos manteros del transporte, compiten de esta manera generando un riesgo enorme para el usuario”, planteó.
En ese contexto, el reclamo que dejó planteado fue concreto: revisar con seriedad las compensaciones, actualizar estudios de
Al Finalizar Leumann resumió el cuadro de situación: “el transporte en Posadas sigue funcionando, pero cada vez con menos margen y más incertidumbre”.
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