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Alrededor de 40 familias reclaman servicios básicos y caminos en Cerro Romero
Cerro Romero está ubicado en el municipio de Santo Pipó. Es un rincón con historia y belleza natural con más de 80 años de antigüedad donde habitan 40 familias que construyeron una comunidad marcada por fraternidad y solidaridad.
En ese paraje reclaman servicios esenciales, ya que enfrentan una precariedad alarmante al no tener energía eléctrica, agua potable, centro de salud ni caminos transitables; condiciones básicas para garantizar una vida digna y oportunidades de desarrollo.
El dirigente provincial, presidente del partido Tierra, Techo y Trabajo, Martín Sereno, estuvo en el paraje rural junto al militante Eduardo Silveyra, y compartió una reunión con las familias que le manifestaron su enorme preocupación por esas carencias.
“Estas familias enfrentan una precariedad alarmante: sin luz, agua potable, caminos en condiciones y sin una sala de salud, que permitan una vida digna y oportunidades de desarrollo. Acompañamos sus reclamos que se suman a la deuda del Estado con las comunidades rurales en general”, dijo Sereno.
Y consideró que este “abandono estatal y municipal pone en riesgo no sólo el bienestar de las familias, sino también su capacidad de crecer y producir. El acceso a derechos fundamentales no es una dádiva o un favor: es un deber que el Estado debe cumplir, y es un compromiso con la lucha de Cerro Romero”.
En esa línea, el secretario provincial del Movimiento Evita agregó que es importante que sus voces no queden en el silencio. “Vamos a luchar junto a ellos para construir un presente y un futuro más digno para todos y todas y un presente en mejores condiciones”.

El dirigente Martín Sereno se interiorizó sobre la problemática que preocupa a las familias del Paraje
Problemas acuciantes de escolaridad
Durante la reunión, Juan Suaque, que vive desde hace diez años en el lugar, explicó que nunca llegó el tendido eléctrico de Emsa y hacerlo en forma particular es muy costoso. La comunidad realizó gestiones ante el municipio, pero no obtuvo respuestas.
Al no haber alumbrado público, tampoco pueden tramitar una bajada para las viviendas. La línea llega hasta el camino principal y viven sólo a 400 metros de la ruta provincial 6. “No estamos monte adentro, así que tampoco es tan difícil que el Estado se ocupe si tuviera voluntad de hacer algo por su pueblo”, cuestionó Juan.
La falta de electricidad a este psicólogo y docente universitario, le afecta laboral y familiarmente.
“Trabajo con la modalidad de visitas domiciliarias o telefónicas, atiendo a gente de la colonia en sus casas y a muchos que no pueden pagar la terapia, los atiendo gratis, o hacemos trueque, porque creo que la economía no puede ser una variable para la salud mental”, comentó el psicólogo.
Y agregó: “En la comunidad ayudamos en todo lo que podemos. Ahora estamos esperando que nos autoricen a usar el salón del paraje para dar apoyo escolar a los chicos y chicas, porque somos conscientes de cómo está la educación en la provincia, donde el 94% de los alumnos no alcanza los objetivos en tiempo y forma, y muchos no están alfabetizados”.
Sobre el suministro de agua, en el paraje se manejan con una perforación y un tanque de 5.000 litros que no da abasto.
“La provisión no es constante e influye la sequía y la falta de lluvia, la capacidad del tanque es insuficiente por la cantidad de vecinos que se radicaron en este cerro, sumado a que en la zona, el municipio entregó viviendas, sin prever la red de agua y al utilizar la poca que hay en Cerro Moreno resulta insuficiente para todos”, relató Juan.
También reclaman que mejoren el camino porque el municipio puso las toscas, “pero el trabajo está mal hecho, con tierra sin apisonar y cuando llueve se lava todo, y entrar con vehículo es muy complicado. Por estas carencias, es evidente el incumplimiento de los gobernantes con nosotros como ciudadanos, sin garantizarnos derechos fundamentales”, remarcó.

Las familias agricultoras también reclaman caminos para sacar sus productos.
“La intendenta que no cumple sus promesas”
Ángela Correa es una productora que trabaja en su chacra del Cerro Romero y como el resto de las familias del lugar, padece la falta de servicios fundamentales.
“Para los agricultores el agua y la luz son muy necesarias. Hace más de tres años vivo acá y desde el primer día estoy peleando detrás de esa causa. La intendenta de Pipó, Claudia Acuña (FR), sabe del problema porque lo hablamos varias veces, y nunca propuso una solución. También le pedimos que tramite la creación de un Centro de Atención Primaria de la Salud, porque acá viven muchos chicos, y cuando hay una urgencia no tenemos adónde recurrir. Lo más cercano es el hospital de Roca que está a 30 kilómetros. Ella siempre responde que se está ocupando; pero los resultados de su gestión no aparecen en el paraje”, lamentó la mujer.
Detalló que sus hijos tuvieron que emigrar a la ciudad para seguir estudiando, debido a que por todo lo que falta en Cerro Romero, ahí no podían hacerlo.
“Estamos abandonados por las autoridades municipales y provinciales. Los funcionarios no se dan cuenta de que deben ocuparse porque somos los agricultores los que producimos gran parte de la riqueza de esta provincia; somos los que plantamos y cuidamos los alimentos”, afirmó Ángela.
Se quejó de que muchas veces por el mal estado del camino no pudieron trasladar los productos con el consecuente daño económico que causa. Además, por la infrecuencia del agua, muchas veces se les estropean los alimentos y tienen que darle a los animales. Reclaman a la intendenta de Santo Pipó que recorra la colonia y se acerque a ver como sufren las familias por la falta de servicios en el paraje, y lo resuelva. “Es su responsabilidad como autoridad del municipio y debe hacerse cargo”, cuestionó la productora, junto a Roque Moreira, uno de los pioneros del lugar.

Pequeños productores continúan con la lucha por mejores condiciones en su tierra.
Por las carencias, el riesgo del desarraigo es permanente
Los vecinos lamentan que uno de los problemas, la falta de acceso a los servicios esenciales, es siempre está presente la posibilidad del desarraigo.
En ese sentido, Flavia Fernández, que vive en el cerro hace diez años, junto a su familia se resisten a emigrar. Al principio, cuando recién llegaron, con su esposo, creyeron que contar con los servicios de luz y agua sería menos complicado. Pero al tiempo se dieron cuenta de que no hay voluntad de parte de la empresa de energía del Estado, aun así no dejan de batallar para transformar esa realidad adversa.
“Hicimos reuniones con los vecinos para apoyar el reclamo; pero no tuvimos respuestas de los funcionarios que incumplen con nuestros derechos humanos. Hace cinco años desde el municipio nos prometieron que se iban a ocupar de colocar un transformador; pero quedó en promesas. En este caso en particular, y en Misiones en general, es insólito que los funcionarios públicos, en vez de involucrarse y ocuparse de saber qué necesitan los ciudadanos, están invertidos los roles y somos nosotros los que insistimos”, lamentó.
Esa situación les genera tristeza; pero no bajan los brazos. “Confiamos en que a partir de esta reunión las autoridades del municipio nos escuchen y resuelvan las carencias. Las autoridades deben saber que en este paraje viven muchos niños y niñas, y sus derechos también están siendo vulnerados”, manifestó Flavia.

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La baja natalidad y sus efectos: 29% menos de niños en escuelas misioneras
“En los últimos años se registró una caída del 36% en la tasa de natalidad, lo que se traduce en caídas de aproximadamente 31% de la matrícula escolar. En Misiones, a diferencia de otras provincias, la caída fue del 29%”, explica Nahuel Navarro en un artículo sobre el impacto de la baja de nacimientos en el sistema educativo.
El profesor de Ciencia Política y coordinador del Centro de Educación Ambiental de Misiones analizó el informe de Argentinos por la Educación y sostuvo que, ante este escenario, el sistema educativo debería avanzar hacia una “reconversión educativa” que permita contener a la cantidad de docentes actualmente disponibles para una población estudiantil que, en los próximos años, será considerablemente menor.

Nahuel Navarro, Profesor.
“Nacen menos personas y eso ya no es un debate”, afirma Navarro. En su análisis se pregunta por las causas de este fenómeno y remarca que, mientras a nivel nacional la caída de la natalidad, lo que genero una baja en la matricula que ronda en el 31%, en Misiones el descenso es del 29%, un dato que ubica a la provincia en una situación distinta a la de otras jurisdicciones.
En ese sentido, plantea que la disminución de niños en edad de asistir a sala de cinco podría transformarse en una oportunidad para ampliar la cobertura educativa temprana.
“La caída de la natalidad nos permite pensar que esas salas donde ya no habrá suficientes niños puedan ser ocupadas por chicos de tres años. La capacidad instalada que ya tenemos en infraestructura puede aprovecharse para universalizar la sala de tres”, explicó.
Según el docente, el objetivo principal es anticiparse a una posible crisis laboral dentro del sistema educativo.
Evitar una crisis de empleo docente
En diálogo con La Voz de Misiones, Navarro sostiene que es necesario impulsar instancias de actualización y reconversión formativa para los docentes que ya trabajan en el sistema, de modo que puedan desempeñarse en salas de tres años y en otros espacios de educación inicial.
“De esa manera no perderíamos a los trabajadores que ya están insertos en el sistema. Si no actuamos a tiempo, es muy posible que tengamos una crisis de empleo sin precedentes”, advirtió.
Navarro recordó que los maestros y maestras de nivel inicial dependen de la existencia de matrícula para sostener sus cargos. Si la cantidad de niños continúa disminuyendo, muchos docentes podrían quedarse sin posibilidades de inserción laboral.
“Vamos a tener menos matrícula para contener a los trabajadores que hoy están adentro del sistema. Si ampliamos la cobertura a los tres años, se incorpora una masa de estudiantes que hoy no está contemplada”, señaló.
Actualmente, solo una parte de los niños de tres años accede al sistema educativo, lo que abre un margen importante para ampliar la escolarización temprana.
La situación de los institutos de formación docente
El profesor también alertó sobre la cantidad de institutos que forman docentes de educación inicial en la provincia.
“Hoy existen quince institutos de formación docente que dictan la carrera de educación inicial. Esa es una masa de trabajadores que posiblemente salga a buscar empleo dentro de cuatro años, cuando se gradúen, y quizás no lo encuentren”, explicó.
Como los profesorados tienen una duración de cuatro años, Navarro remarcó que el impacto de la caída de la natalidad no se verá de inmediato, sino en el mediano plazo.
“El problema de hoy lo vamos a ver en cuatro años”, resumió.
Por ello, propone no cerrar los profesorados, sino reconvertir parte de su oferta académica hacia programas de actualización para docentes en ejercicio.
“Una opción es transformarlos en espacios de capacitación permanente para quienes ya están trabajando. Mientras algunos docentes están en el aula, otros podrían capacitarse mediante sistemas de rotación”, indicó.
La importancia de la estimulación temprana
Más allá de la cuestión laboral, Navarro destacó el valor pedagógico de ampliar el acceso a la educación desde los tres años y advirtió sobre las desigualdades que existen entre los niños que ingresan tempranamente al sistema y aquellos que recién lo hacen en sala de cuatro, cuando comienza la obligatoriedad.
“Hay que aprovechar la infraestructura ya instalada para asegurar la universalización del acceso a la sala de tres, no solo por una cuestión laboral, sino por el impacto que tiene en las generaciones futuras”, afirmó.
El docente explicó que diversos estudios vinculan la estimulación temprana con un mejor desarrollo del lenguaje y de la comprensión lectora.
“La estimulación temprana permite que un niño llegue al primer grado con un vocabulario mucho más amplio, con mayor capacidad para comprender consignas, interpretar situaciones y desarrollar aprendizajes complejos”, señaló.
Aclaró que esto no significa que un niño de seis años mantenga una conversación como un adulto, sino que dispone de mejores herramientas para interpretar textos, resolver problemas y desenvolverse en el ámbito escolar.
En relación con los resultados educativos, Navarro recordó que los informes de Argentinos por la Educación muestran que una parte importante de los alumnos de tercer grado presenta dificultades para comprender lo que lee.
“Muchas veces los niños leen de manera fluida, pero cuando se les hacen preguntas específicas sobre el contenido, aparecen problemas de comprensión e interpretación”, explicó.
Frontera, bilingüismo y diversidad cultural
Finalmente, el especialista vinculó estos desafíos con la particular condición fronteriza de Misiones, una provincia atravesada por la multiculturalidad y el contacto permanente con otros idiomas.
“Misiones tiene una riqueza cultural enorme. Existen escuelas interculturales bilingües y sería muy interesante contar con investigaciones específicas que permitan medir cómo influye esa diversidad lingüística en la comprensión y los aprendizajes”, sostuvo.
Navarro, oriundo de San Javier, contó que creció en un entorno donde el portugués forma parte de la vida cotidiana.
“Vengo de una zona de frontera y manejo el portugués de manera fluida. Entiendo y puedo comunicarme. Quizás los niños que crecen en esos entornos procesan más de un idioma y eso podría influir en sus formas de comprensión”, reflexionó.
No obstante, aclaró que se trata de una hipótesis que debería ser estudiada con rigor académico. Aun así, considera que la diversidad lingüística de Misiones representa un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad para diseñar políticas públicas educativas acordes a la realidad provincial.
“Cada región tiene su propia interculturalidad y su propio sistema lingüístico. El desafío es que las políticas educativas contemplen y valoren esa riqueza cultural propia de Misiones”, concluyó.
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Por pronóstico de lluvias, postergaron el regreso de evacuados en El Soberbio
El Comité de Crisis de El Soberbio y la Policía de Misiones postergaron el regreso de familias evacuadas tras una nueva evaluación de la situación ante el pronóstico de precipitaciones para lo que resta de esta semana.
Durante un encuentro realizado ayer martes, las autoridades resolvieron, de común acuerdo con los vecinos de El Soberbio, mantener la evacuación preventiva hasta que existan condiciones seguras para el retorno.
Previamente, realizaron un nuevo relevamiento de las zonas afectadas por la crecida del río Uruguay y acordaron postergar el regreso de las familias evacuadas, debido al pronóstico de nuevas lluvias y a las condiciones que aún presentan los sectores comprometidos.
El pasado jueves 23 de julio el comité de crisis evacuó a 41 familias, integradas por 104 personas, provenientes de los barrios Unión, Santa María, Galeano y Chivilcoy, y desde entonces no regresaron a sus hogares. Cuatro de ellas fueron albergadas y asistidas en los centros de evacuados habilitados y las otras alojadas en las casas de familiares y amigos.
La decisión de no regresar fue adoptada luego de evaluar el estado del terreno y las previsiones meteorológicas, priorizando la seguridad de los vecinos. Además, la medida fue consensuada con las propias familias afectadas, que manifestaron su conformidad con permanecer temporalmente fuera de sus hogares ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.
En este contexto, la Policía de Misiones mantiene el despliegue preventivo dispuesto por el Ministerio de Gobierno, con patrullajes permanentes, asistencia a los evacuados y monitoreo constante de la evolución de la situación junto al Comité de Crisis.
Por el momento, no está previsto el regreso de las familias durante los próximos días, mientras continúan las evaluaciones para garantizar un retorno seguro.
Con el río en baja, familias de El Soberbio seguirán evacuadas por prevención
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IPS borró campaña sobre diagnósticos y Familias TEA pidió echar a responsables
Tras el rechazo de la Fundación Familias TEA Misiones a la campaña “Tu hijo no es un diagnóstico”, difundida por el departamento de Salud Mental del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo eliminó de sus redes sociales la publicación realizada el último jueves.
En ese contexto, este lunes la fundación presentó un pedido formal al gobierno provincial para que cese la “violencia institucional” que atribuye al IPS y solicitó la “remoción” e “inhabilitación” de los funcionarios responsables del área.
La fundadora de Familias TEA Misiones, Patricia Zarza, elevó esta mañana una nota formal al gobernador Hugo Passalacqua y al vicegobernador Lucas Romero Spinelli, en la que exigió la “inmediata intervención del Poder Ejecutivo, la apertura de sumarios administrativos y la remoción e inhabilitación de los directivos” del departamento de Salud Mental del organismo público, encabezado por Constanza Logegaray.
En su presentación, Zarza sostuvo que el organismo “ha utilizado canales y recursos públicos para perpetrar una campaña oficial de desinformación, violencia psicológica e institucional y estigmatización”, según se desprende del documento al que tuvo acceso La Voz de Misiones.
Seguidamente, la activista por los derechos de las personas con discapacidad sostiene que la campaña difundida por el área del IPS “destruye décadas de políticas de concientización, revictimiza a los grupos familiares y configura un supuesto de discriminación estructural propiciada por el propio Estado”.
En otro apartado del escrito, Zarza afirmó que la situación se “agrava” por la “omisión deliberada” y la “negligencia inexcusable” del presidente del IPS, Lisandro Benmaor.
Asimismo, la activista argumentó que, previo a la presentación ante el Poder Ejecutivo, se comunicó “formalmente” y de manera “fundamentada” con Benmaor, a quien advirtió sobre “la gravedad jurídica, civil y administrativa de las publicaciones emitidas por el organismo”.
“La respuesta inicial de la máxima autoridad de la obra social provincial fue el silencio absoluto, la inacción y la desidia”, arremetió Zarza en su escrito, al que acompañó con capturas de pantalla del reclamo que realizó a Benmaor a través de WhatsApp.
En esa línea, la referente de Familias TEA Misiones apuntó que el “único resorte” que impulsó al organismo a retirar “la infame publicación” fue la exposición del hecho en la prensa.
Por otra parte, expuso que la campaña de Salud Mental del IPS “no constituye una opinión teórica inocua”, sino que representa, según su planteo, un acto de “violencia simbólica” y una posible incitación a la discriminación, en el marco de las leyes nacionales N° 26.485 y N° 23.592.
Además, sostuvo que la difusión del mensaje institucional habilitó la reproducción de discursos de odio y expresiones de desprecio hacia las familias cuidadoras de personas con condiciones neurobiológicas del desarrollo.
Zarza también adjuntó al pedido formal la serie de flyers publicados por el departamento en sus redes oficiales y posteriormente eliminados, en los que detalló, punto por punto, las “vulneraciones” a normativas nacionales e internacionales en las que, según denunció, habría incurrido el organismo.
Medidas exigidas
Finalmente, en la presentación elevada al Poder Ejecutivo, Zarza reclamó el cese definitivo de la campaña y la prohibición de su reiteración en los canales oficiales del IPS, además de una retractación pública institucional por parte de su presidente, Lisandro Benmaor.
Asimismo, exigió la apertura de sumarios administrativos y la separación de los responsables del área de Salud Mental, a quienes atribuyó “violencia institucional”, falta de idoneidad y mal desempeño de funciones.
Entre otros puntos, solicitó una reestructuración de las capacitaciones internas del organismo con perspectiva de discapacidad, neurodiversidad y derechos humanos, en articulación con organizaciones especializadas en la temática.
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