Ambiente
Sancionan ley que crea el fuero penal ambiental en la Justicia de Misiones
La Cámara de Representantes sancionó este jueves la ley que crea el fuero ambiental en la Justicia provincial, una instancia que coloca a Misiones a la vanguardia entre las provincias del país, y también a nivel del fuero federal.
El proyecto aprobado por unanimidad era resultado de la suma de varias iniciativas de legisladores de los diferentes bloques partidarios, y tenía dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, de octubre de 2021.
La ley crea un juzgado con asiento en Posadas, con jurisdicción en toda la provincia, dos secretarías y una fiscalía para impulsar las causas.
La nueva legislación le concede al juzgado ambiental competencia en toda acción derivada del ejercicio de defensa del ambiente, ante cualquier hecho u omisión, ilegal o arbitrario que afecte, lesione, restrinja, altere, amenace o disminuya los recursos naturales, el equilibrio de sus ecosistemas y los bienes o valores colectivos, de manera actual o inminente y sin limitación de cuantía; en los procesos cautelares ambientales; en los juicios ordinarios por reparación o remediación de daño ambiental, incluida la faz resarcitoria privada; y en todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental o regidos por legislación específica vinculada al ambiente.
Señala que la competencia del juzgado no puede ser delegada y excluye al fuero penal de toda cuestión relacionada con el medioambiente.
Asimismo, otorga a la fiscalía ambiental las funciones de promover y ejercer la tutela jurisdiccional del ambiente ante el juzgado; solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones administrativas ante organismos nacionales, provinciales o municipales; recibir denuncias y efectuar las derivaciones pertinentes, dentro del Ministerio Público y a otros entes e instituciones; coordinar acciones con las distintas dependencias judiciales y administrativas provinciales, e incluso requerir la colaboración de instituciones nacionales e internacionales especializadas.
También, celebrar acuerdos de conciliación sobre cuestiones ambientales, siempre que resulte adecuado a las circunstancias del caso o gravedad del daño; concurrir a las audiencias públicas que se llevan a cabo sobre cuestiones ambientales.
La ley le otorga al Superior Tribunal de Justicia de la provincia la autoridad de aplicación, para proceder a la distribución de tareas, turnos, reubicación o designación de secretarios y personal, y fijar la fecha de apertura del juzgado y la fiscalía creados.
La nueva normativa se suma al paquete de leyes y políticas ambientales desarrolladas en la provincia, como la ley provincial de humedales, que también sigue siendo una cuenta pendiente a nivel nacional.
Argentina
El 24 de septiembre de 2020, Argentina fue el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, que establece el acceso a la justicia ambiental, el acercamiento a la información y a la participación pública de las comunidades, pero el país todavía no cuenta con fuero ambiental en la justicia federal.
El fuero federal cuenta con una Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), creada en 2006 mediante un convenio de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio Público Federal, en el marco de la causa “Mendoza”, un fallo histórico que obligó al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a restituir los daños provocados por la contaminación del río Matanza Riachuelo, que nace en la provincia de Buenos Aires y desemboca en el río de la Plata.
La función de la Ufima es reducida, porque únicamente da apoyo sobre las líneas de investigación a las fiscalías y juzgados federales de todo el país, pero no abre expedientes de investigación. Su presupuesto, inicialmente, dependía de la Secretaría de Ambiente. Pero el convenio terminó y el MPF se hace cargo, financieramente, de esta unidad.
En 2018, las cámaras de Senadores y Diputados emitieron un proyecto de ley para crear tres juzgados federales ambientales en el norte, centro y sur del país, de una Cámara Federal de Apelaciones, tres fiscalías federales y una secretaría ambiental por cada una de las provincias. Sin embargo, la propuesta, nunca fue una prioridad en la agenda legislativa.
Actualmente, Argentina juzga los casos ambientales con base en la Ley de Residuos Peligrosos, sustentada en siete artículos del Código Penal relacionados con las afectaciones a la salud pública y también las infracciones a la norma 22.421, que es la Ley de Conservación de la Fauna.
En abril pasado, la diputada y presidenta del Bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, junto a los diputados Emilio Monzó, Sebastián García De Luca y Domingo Amaya, presentó un proyecto para la creación de la Justicia Federal para la Protección del Ambiente, similar al de 2018.
El proyecto, crea cinco juzgados federales ambientales de primera instancia y una Cámara Federal de Apelaciones, organizados en cinco circunscripciones judiciales.
Misiones está incluida en la tercera circunscripción, junto a Formosa, Chaco, y Corrientes, con asiento en la capital de esta última provincia.
La Asociación Civil Orembaé interpuso una acción de amparo ante la Justicia provincial contra el ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones por la falta de respuesta a un pedido formal de acceso a información pública ambiental vinculado al Proyecto Corpus y al cumplimiento del mandato popular surgido del plebiscito de 1996.
La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial Cinco de Posadas, luego de que vencieran los plazos legales establecidos por la Ley XVI N.º 81 de Acceso a la Información Ambiental sin que el organismo provincial brindara respuesta.
Martín Ferroni, abogado de la asociación, sostuvo “no se trata de una cuestión de falta de transparencia, sino de un incumplimiento de deberes legales”. y remarcó que “el acceso a la información ambiental constituye un derecho humano reconocido tanto por la legislación argentina como por tratados internacionales”.
El pedido administrativo había sido presentado el 22 de abril y contemplaba dos ejes principales. Por un lado, se solicitó información sobre las gestiones realizadas por el Poder Ejecutivo provincial ante el gobierno nacional en cumplimiento de la Ley XI N.º 5, norma que ratifica el resultado del plebiscito realizado el 14 de abril de 1996, donde la ciudadanía misionera se expresó mayoritariamente en rechazo a la construcción de la represa Corpus Christi sobre el río Paraná.
Por otro lado, Orembaé requirió acceso a estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica y ambiental, Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), registros de participación ciudadana y demás actuaciones vinculadas al proyecto en el emplazamiento Pindo-I, documentación que -según señalaron- habría sido generada por la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip) y otros organismos intervinientes.
“La Comip está difundiendo públicamente la existencia de supuestos estudios vinculados al proyecto y queremos saber si efectivamente se realizaron conforme a los procedimientos legales establecidos por la provincia”, señaló Ferroni.
En la presentación judicial, la organización también cuestiona la intervención de la Comip sobre cuestiones ambientales y territoriales que, según afirman, corresponden al dominio originario de la provincia de Misiones. “Los bienes naturales pertenecen a la provincia y no a la Nación”, apuntó.
Asimismo, desde la asociación indicaron que la legislación vigente impide legalmente avanzar con la construcción de Corpus o cualquier otra represa sobre el tramo del río Paraná correspondiente al territorio misionero. “La Ley XI N.º 5 tiene origen en la voluntad soberana del pueblo expresada mediante plebiscito y no puede ser dejada sin efecto por una mayoría legislativa simple ni por decisiones administrativas”, planteron.
La acción judicial se fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Provincial, el artículo 43 de la Constitución Nacional, la Ley XII N.º 2 de Amparo, la Ley General del Ambiente N.º 25.675 y el Acuerdo de Escazú, tratado internacional que garantiza el acceso oportuno y efectivo a la información ambiental.
Además del amparo, Orembaé solicitó una medida cautelar urgente para que la Justicia ordene al ministerio de Ecología entregar la información requerida en un plazo máximo de cinco días hábiles.
El abogado advirtió que analiza avanzar con denuncias penales contra funcionarios responsables por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, así como realizar presentaciones ante organismos internacionales por posibles incumplimientos de las obligaciones asumidas por Argentina en el marco del Acuerdo de Escazú.
“El acceso a la información ambiental es un derecho humano y su vulneración sistemática no puede quedar sin consecuencias jurídicas”, concluyó Ferroni.
Ambientalista sobre nuevo debate por represas: “Corpus está prohibido por ley”
Para el próximo domingo 7 de junio, un grupo de activistas organiza una jornada de plantación de árboles y flores nativas en inmediaciones del arroyo Santa María, en Posadas.
La actividad, abierta a toda la comunidad, comenzará a las 14.30 y tendrá como punto de encuentro la intersección de la calle 105 y la avenida Urquiza, al lado del Corralón Municipal.
“El cuidado de nuestro entorno es un compromiso colectivo”, expresó en sus redes sociales el grupo Defensa del Árbol Posadas. En esa línea, invitaron a la comunidad a “participar de la próxima actividad de restauración ambiental y plantación que llevaremos a cabo”.
Además, señalaron que la jornada está destinada a personas de todas las edades y que “no se requiere experiencia previa”. Durante la actividad, se realizará la plantación de “más árboles nativos” alrededor del arroyo y la creación de canteros de flores para “mariposas, aves e insectos”.
“El objetivo es seguir fortaleciendo el corredor biológico urbano y concienciar sobre la importancia de preservar nuestros cursos de agua y la flora nativa para nuestro ecosistema”, destacaron desde el grupo en la publicación.
Por último, recomendaron asistir con “ganas de colaborar”, ropa cómoda, protección solar y agua. En caso de lluvia, la actividad será reprogramada.
Cabe destacar que no es la primera intervención de especies nativas que realiza Defensa del Árbol Posadas en el predio. El año pasado llevaron adelante una primera etapa con el objetivo de la “preservación de este hábitat natural tan valioso como lo es un arroyo urbano, el cual alberga y albergará más biodiversidad de gran importancia para nuestro ecosistema”.
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La Reserva Natural Tenondé, ubicada en San Ignacio, amplió su superficie protegida tras la incorporación de otras 25 hectáreas adquiridas por la Fundación Hábitat y Desarrollo. Con esta nueva incorporación, el área alcanza las 75 hectáreas de conservación y se afianza como la reserva más importante de Misiones y del país en protección de microendemismos y especies únicas vinculadas al bioma de Cerrado.
El lugar resguarda uno de los ambientes más singulares de la Argentina: el bioma de Cerrado, considerado un “hotspot” o punto caliente de biodiversidad. Aunque este ecosistema es muy frecuente en Brasil, su presencia es escasa y marginal en países como Paraguay, Bolivia y Argentina, lo que convierte a Tenondé en un sitio estratégico para la conservación ambiental.
En sus pastizales, humedales e islas de bosques fueron identificadas ocho de las doce especies endémicas recientemente declaradas Monumento Natural Provincial de Misiones. Algunas de ellas existen únicamente en esa región del sur de San Ignacio.
La singularidad ecológica del área motivó a la Fundación Hábitat y Desarrollo a adquirir las primeras hectáreas en 2019 y avanzar desde entonces en la ampliación de la reserva. El director de Conservación de la organización, Gustavo Aparicio, explicó al medio ambientalista Paranaense, que el crecimiento fue posible gracias a un proyecto financiado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
“Estimamos que en Tenondé tenemos cerca del 20% del ambiente único de Cerrado”, señaló Aparicio, quien además remarcó que actualmente uno de los principales desafíos es el control de especies invasoras y el avance de plantas leñosas sobre los pastizales donde habitan los endemismos.
En paralelo, Aparicio y el investigador Héctor Keller -doctor en Recursos Naturales y especialista en flora misionera- mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio de Ecología para avanzar en la formalización de la reserva y definir estrategias de conservación para las especies protegidas.
Aparicio y Keller con el subsecretario de Ecología, Facundo Ringa, y el director de Áreas Protegidas, Fabio Malosh.
En comunicación con La Voz de Misiones, Keller, quien descubrió y clasificó las doce especies exclusivas declaradas Monumento Natural Provincial, destacó la importancia de la ampliación territorial. “Con esto se está afianzando como la reserva más importante de Misiones y del país con microendemismos”, afirmó.
“No conozco otro sector de Argentina que reúna una superficie tan pequeña con tantas especies endémicas creciendo en ella”, sostuvo Keller.
Entre las especies exclusivas del lugar se encuentra la conocida “mentita campera”, además de otras plantas asociadas a las areniscas del Cerrado misionero. Según explicó el investigador, muchas de estas especies tienen una distribución extremadamente reducida y podrían desaparecer si el ecosistema pierde sus características naturales.
“La incorporación de 25 hectáreas tiene un alto impacto porque amplía el hábitat para especies en peligro y aumenta notablemente la diversidad de flora y fauna de la reserva”, finalizó.
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