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Ambiente

Sancionan ley que crea el fuero penal ambiental en la Justicia de Misiones

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La Cámara de Representantes sancionó este jueves la ley que crea el fuero ambiental en la Justicia provincial, una instancia que coloca a Misiones a la vanguardia entre las provincias del país, y también a nivel del fuero federal.

El proyecto aprobado por unanimidad era resultado de la suma de varias iniciativas de legisladores de los diferentes bloques partidarios, y tenía dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, de octubre de 2021.

La ley crea un juzgado con asiento en Posadas, con jurisdicción en toda la provincia, dos secretarías y una fiscalía para impulsar las causas.

La nueva legislación le concede al juzgado ambiental  competencia en toda acción derivada del ejercicio de defensa del ambiente, ante cualquier hecho u omisión, ilegal o arbitrario que afecte, lesione, restrinja, altere, amenace o disminuya los recursos naturales, el equilibrio de sus ecosistemas y los bienes o valores colectivos, de manera actual o inminente y sin limitación de cuantía; en los procesos cautelares ambientales; en los juicios ordinarios por reparación o remediación de daño ambiental, incluida la faz resarcitoria privada; y en todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental o regidos por legislación específica vinculada al ambiente.

Señala que la competencia del juzgado no puede ser delegada y excluye al fuero penal de toda cuestión relacionada con el medioambiente.

Asimismo, otorga a la fiscalía ambiental las funciones de promover y ejercer la tutela jurisdiccional del ambiente ante el juzgado; solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones administrativas ante organismos nacionales, provinciales o municipales; recibir denuncias y efectuar las derivaciones pertinentes, dentro del Ministerio Público y a otros entes e instituciones; coordinar acciones con las distintas dependencias judiciales y administrativas provinciales, e incluso requerir la colaboración de instituciones nacionales e internacionales especializadas.

También, celebrar acuerdos de conciliación sobre cuestiones ambientales, siempre que resulte adecuado a las circunstancias del caso o gravedad del daño; concurrir a las audiencias públicas que se llevan a cabo sobre cuestiones ambientales.

La ley le otorga al Superior Tribunal de Justicia de la provincia la autoridad de aplicación, para proceder a la distribución de tareas, turnos, reubicación o designación de secretarios y personal, y fijar la fecha de apertura del juzgado y la fiscalía creados.

La nueva normativa se suma al paquete de leyes y políticas ambientales desarrolladas en la provincia, como la ley provincial de humedales, que también sigue siendo una cuenta pendiente a nivel nacional.

Argentina

El 24 de septiembre de 2020, Argentina fue el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, que establece el acceso a la justicia ambiental, el acercamiento a la información y a la participación pública de las comunidades, pero el país todavía no cuenta con fuero ambiental en la justicia federal.

El fuero federal cuenta con una Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), creada en 2006 mediante un convenio de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio Público Federal, en el marco de la causa “Mendoza”, un fallo histórico que obligó al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a restituir los daños provocados por la contaminación del río Matanza Riachuelo, que nace en la provincia de Buenos Aires y desemboca en el río de la Plata.

La función de la Ufima es reducida, porque únicamente da apoyo sobre las líneas de investigación a las fiscalías y juzgados federales de todo el país, pero no abre expedientes de investigación. Su presupuesto, inicialmente, dependía de la Secretaría de Ambiente. Pero el convenio terminó y el MPF se hace cargo, financieramente, de esta unidad.

En 2018, las cámaras de Senadores y Diputados emitieron un proyecto de ley para crear tres juzgados federales ambientales en el norte, centro y sur del país, de una Cámara Federal de Apelaciones, tres fiscalías federales y una secretaría ambiental por cada una de las provincias. Sin embargo, la propuesta, nunca fue una prioridad en la agenda legislativa.

Actualmente, Argentina juzga los casos ambientales con base en la Ley de Residuos Peligrosos, sustentada en siete artículos del Código Penal relacionados con las afectaciones a la salud pública y también las infracciones a la norma 22.421, que es la Ley de Conservación de la Fauna.

En abril pasado, la diputada y presidenta del Bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, junto a los diputados Emilio Monzó, Sebastián García De Luca y Domingo Amaya, presentó un proyecto para la creación de la Justicia Federal para la Protección del Ambiente, similar al de 2018.

El proyecto, crea cinco juzgados federales ambientales de primera instancia y una Cámara Federal de Apelaciones, organizados en cinco circunscripciones judiciales.

Misiones está incluida en la tercera circunscripción, junto a Formosa, Chaco, y Corrientes, con asiento en la capital de esta última provincia.

 

Ambiente

Referente mbya recibió su carnet oficial de guardafauna en Fracrán

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Ramón Alberto Sánchez es integrante de la comunidad mbya ubicada en el municipio de Fracrán y recientemente el ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones le entregó el carnet de guardafauna con indumentaria específica destinada al cuidado y la preservación de especies, amenazadas por la caza, en territorio.

“Para mí es un orgullo. Ahora tengo un documento que avala lo que voy a hacer, que es el cuidado de la fauna. Tanto la comunidad como la gente en general pueden ver lo poco que queda de la fauna y flora, por eso le pedimos que respeten porque sin ellos nosotros no vivimos, no respiramos. Cuando el monte estaba completo era distinto, no como hoy, por eso pido que dejen que viva porque tiene vida como nosotros”, afirmó Sánchez durante la entrega del documento.

En tanto, desde la cartera ambiental, reconocieron que su incorporación formal “fortalece el sistema de fiscalización y cuidado de la fauna silvestre en la provincia, reafirmando el compromiso institucional con una gestión ambiental inclusiva y con identidad territorial”.

Al ser consultado por La Voz de Misiones, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez expresó que se trataría del segundo guardafauna mbya dentro de ese municipio. El primero fue Ramón Sayas: “Hace más de 20 años Ramón vive en una propiedad de las 900 hectáreas que le había entregado la provincia con título de propiedad y desde entonces resguarda la zona”.

En Misiones, el rol del guardafauna es estratégico: se encarga de la “prevención y control de la caza furtiva, la protección de especies silvestres, la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente y la promoción del uso sostenible de los recursos naturales”. 

En ese sentido, su tarea se orienta a preservar el equilibrio de los ecosistemas y a garantizar que la biodiversidad provincial se mantenga como patrimonio común.

Además del trabajo de control, los guardafaunas cumplen una función clave en la educación y concientización ambiental, actuando como vínculo entre el Estado y las comunidades locales. 

Desde Ecología, enfatizaron: “La participación de integrantes de pueblos originarios fortalece la mirada intercultural en la gestión de los recursos naturales y potencia el conocimiento tradicional como herramienta de conservación”. 

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Ambiente

ONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio

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ONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio

La Asociación Civil Orembaé presentó un recurso de amparo ambiental contra el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, encabezado por el ministro Martín Recamán, para que la cartera informe sobre los trabajos de refulado llevados a cabo en los últimos meses de 2025 en la Isla del Medio, en el río Paraná.

La medida de la ONG surgió a partir de la viralización en redes de imágenes aéreas que mostraban la utilización de neumáticos en desuso como método de contención para el vertido de arena en la Isla, sumando a la falta de una respuesta formal por parte de la cartera ante el pedido de informe ambiental presentado el pasado 10 de diciembre sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que habilitaron la obra en el lugar.

“Nosotros no tenemos certeza de que esto sea así o no; por eso es que estamos pidiendo a Ecología que nos informe sobre los estudios de impacto ambiental que se deberían haber hecho para este trabajo”, sostuvo el apoderado de la asociación Orembaé, Martín Ferroni, en conversación con La Voz de Misiones sobre el posible daño ambiental en la Isla del Medio.

Pedido de informes

El abogado comentó a LVM que la solicitud de informes a Ecología se concretó a principios de diciembre del año pasado. La cartera tenía 15 días para responder el planteo y, cumplido el plazo, la ONG procedió a requerir la información judicialmente.

“Ahí debería constar la cuestión de los materiales que se están usando, su origen, los responsables del proyecto y si en el estudio de impacto hay recomendaciones para la mitigación de los impactos negativos, quiénes están monitoreando esos impactos y si se han hecho inspecciones de parte de Ecología respecto al cumplimiento del plan establecido”, detalló Ferroni.

En esa línea, el abogado explicó que en el derecho ambiental argentino rige el principio precautorio. Este establece que la falta de certeza científica no es obstáculo para no actuar; por el contrario, ante la duda o la falta de información, se debe intervenir.

“Por eso rige el principio precautorio. Primero, porque tiene rango constitucional al haber sido sancionado tras la Convención de Río 92; y por otro lado, porque también se establece en el Acuerdo de Escazú, que es mucho más reciente e involucra a los países latinoamericanos y del Caribe. Allí se consagra el acceso a la información pública ambiental como un derecho humano y, en base a eso, es que le estamos haciendo el planteo a Ecología”, argumentó Ferroni en relación al amparo ambiental interpuesto contra la cartera provincial.

La presentación de la Asociación Orembaé se realizó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas, a cargo del magistrado Marcelo Escalante.

Posible daño ambiental

En un comunicado de prensa, la ONG describió el riesgo “crítico” para el ecosistema hídrico que podría ocasionar la utilización de neumáticos en desuso, los cuales se habrían usado para la contención del refulado realizado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la Isla del Medio.

“Toxemia hídrica: la inmersión de caucho libera metales pesados y químicos que contaminan el agua y afectan a la fauna del río”, puntualizó la organización en primer lugar.

En segundo término, explicó el daño por los microplásticos causado por la “degradación del material, que genera partículas imposibles de remover que ingresan en la cadena alimentaria”.

Además, como tercer punto, Orembaé afirmó que la utilización de neumáticos ocasionarían un riesgo sanitario, debido a que “acumulados en los márgenes son criaderos potenciales de vectores de enfermedades como el dengue”.

“La falta de transparencia del Ministerio de Ecología ante la evidencia de estas prácticas es alarmante. La justicia debe garantizar que el Estado exhiba los estudios que, supuestamente, avalan el uso de residuos sólidos como neumáticos en una obra pública o privada sobre el río Paraná”, cierra el comunicado de la organización.

La EBY restaura la Isla del medio y clubes náuticos marchan por desalojos

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Denuncian contaminación en un arroyo del Tabay por mortandad de aves

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Denuncian contaminación en un arroyo del Tabay por mortandad de aves

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones inició una investigación tras una denuncia por un presunto hecho de contaminación hídrica en un arroyo perteneciente a la cuenca del Tabay, en la localidad de Colonia Oasis.

La presentación fue realizada por un vecino, quien alertó sobre la posible relación entre el estado del curso de agua y la mortandad de aves de corral de su propiedad.

En respuesta a la denuncia, personal de la Dirección de Recursos Vitales acudió hasta el lugar para realizar el relevamiento correspondiente. Durante la inspección, los técnicos constataron la presencia de cadáveres de patos y gansos en los márgenes del arroyo.

Según informó la cartera ecológica, para determinar las causas del hecho y evaluar la calidad del recurso hídrico, el personal tomó muestras del agua directamente del cause y el material recolectado fue remitido al laboratorio central de la provincia, ubicado en el Parque Industrial de Posadas, donde se llevará adelante los análisis técnicos pertinentes.

Desde el organismo indicaron que, una vez obtenidos los resultados, continuarán con las actuaciones de acuerdo a lo establecido por la normativa ambiental vigente.

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