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Mbyas y productores denuncian apeo e intentos de usurpación en Alberdi

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A través de un comunicado, el Movimiento Agrario de Misiones (Mam) alertó sobre “graves hechos de apeo ilegal de madera nativa y una ocupación irregular y violenta de tierras” contra cuatro familias de pequeños productores e integrantes de la comunidad mbya El Chapá en Colonia Alberdi.

Los denunciantes aseguran que se encuentran asentados en esa localidad desde hace décadas y en los últimos tres años fueron objeto de constante “intimidación” y “tensión” por parte de los supuestos propietarios, quienes estarían “ligados directamente a una funcionaria provincial”.

Por este motivo, desde el año 2022 las familias de agricultores han radicado denuncias policiales y penales ante el Juzgado de Instrucción Dos, la secretaría N°2 IV Circunscripción Judicial de Jardín América, como también elevaron reclamos al Ministerio de Ecología, pero aseguran que “la problemática continúa”.

Los lotes en disputa, según la nomenclatura registrada de la Dirección General de Catastro, son el 94B y el 943D (Departamento San Ignacio, Municipio Gobernador Roca, Campos de Rocas).

Ataques registrados

Una de las productoras afectadas es Mabel Acosta, quien adquirió sus tierras hace décadas: “Producimos yerba en ese monte, de manera agroecológica, porque trabajamos con una cooperativa. De pronto apareció un gendarme, de nombre José Miguel Kerm, quien nos amenazó, nos intimidó y más tarde nos quemó una casa que teníamos en el lugar. Hicimos la denuncia correspondiente en la Comisaría de Roca”.

Sin embargo, con el paso del tiempo “la invasión y el robo” de madera se acentuó: “Como en esa zona no hay puente no podíamos ir frecuentemente, solíamos recorrer la zona los fines de semana, después de trabajar en la cooperativa. Íbamos a plantar cúrcuma, todo bajo el monte, porque somos ecologistas”.

Intervención con personal policial

Fue durante una de esas visitas cuando se produjo un nuevo ataque de los supuestos propietarios. Acosta y su familia registraron en videos y fotografías el violento episodio: “hubo empujones, amenazas y quemaron la segunda casa que empezamos a construir“.

La mujer contó que las persecuciones persistieron y lamentó que realizó una denuncia al Ministerio de Ecología, pero el organismo provincial no puso freno a la situación: “Siguen haciendo lo que quieren, sacando madera, con el dueño del aserradero Rosenthal, sacan madera con camiones todos los días”.

Complicidad política

Según denuncian desde el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), en los hechos de apeo ilegal e intento de apropiación irregular de miles de hectáreas, está involucrada directamente, como supuesta propietaria, Mariana Mira, quien desde 2021 a la fecha se desempeña como directora general de Catastro de la Provincia.

Explican que, llamativamente, de pronto los lotes, ocupados desde hace décadas por productores que se dedican a la agricultura familiar y por comunidades mbya guaraní, aparecieron a nombre de Mira, padre de la mencionada funcionaria de Catastro, quien, de ese modo, pasó a ser la supuesta “heredera” y que incluso habrían modificado planos para favorecerla.

Desde el MAM observan que el hecho no es aislado: “Otros episodios similares se han denunciado en los últimos dos años”. Y alertan que el propósito de los invasores es extraer la abundante madera nativa que existe en el lugar.

Acosta denunció que la propia directora de Catastro, está involucrada directamente en el asunto: “Funcionarios públicos provinciales están metidos en este desastre que está pasando en la provincia de Misiones. Ellos les dan información y hasta operarios. Yo misma fui a hablar con Mariana Mira para decirle que vendiera al Movimiento Agrario esas tierras para convertir al espacio en una reserva natural. Lamentablemente están invadiendo todo, persiguiendo y amenazando a agricultores e indígenas. Y quien se pone al frente de todo esto es un agente de Gendarmería, prepotente, con machete y revólver. Y así siguen tumbando los montes, con total impunidad, en evidente connivencia con el poder político y el poder judicial”.

Acosta comentó que colocaron un portón en su propiedad y montaron allí una guardia con personal de seguridad armados.

“Somos mujeres y estamos trabajando en viveros, labores cotidianas con nuestras gallinas, nuestros frutales, en total armonía y respeto por el ambiente. Todos los animales fueron muertos. Tenemos miedo y no queremos que ocurra lo mismo que en Eldorado y Puerto Libertad, donde se produjeron invasiones similares para plantar monocultivos de pino. Yo sé bien que Mira es pariente de Urrutia y juntos tienen un pacto para la apropiación y explotación de estas tierras. Se están repartiendo entre unos pocos las tierras que debieran ser para todos los misioneros”.

Mira respondió que era heredera de una extensión total de 163 hectáreas, de las cuales la mitad pertenece a otra pequeña productora familiar, Perla Viñabski, quien reside en el lugar desde hace 48 años. La invasión comenzó allí y se fue adentrando cada vez más.

Consultada por la situación, Viñabski expresó que “El primer día que vinieron entraron y dijeron que todo esto era de ellos”. Contó que el problema comenzó en 2022 cuando estos desconocidos empezaron a colocar alambres y a retirar todas las plantaciones de yerba, pino y frutales, de las familias que viven y trabajan esas tierras desde hace décadas.

También mencionó que sacaron camiones de madera nativa, especialmente cargas de la especie paraíso, por lo que la mujer realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría de Gobernador Roca. Luego, fue amenazada y los supuestos propietarios le advirtieron que no volviera a ingresar porque si lo hacía la iban a disparar.

Viñabski enfatizó que la mensura de sus tierras se efectivizó hace muchos años y que ya completó los pagos correspondientes.

Señaló que en los últimos años los invasores hicieron caminos y puentes, con la finalidad de trasladar la madera nativa sustraída. Y dijo que, como a ella no le tomaban las denuncias de manera particular, debió proceder con un abogado, quien formalizó las presentaciones judiciales ante el Juzgado de Jardín América. Los problemas persistieron y ante cada nuevo atropello Viñabski radica nuevas denuncias.

Extracción de madera nativa

“Pese a todas las denuncias siguen trabajando, tumbando monte y sacando maderas. Es todo un tema con esa gente. No sé qué es lo que tienen, que tienen tanta autoridad. Queda demostrado una vez más que las leyes no se cumplen para los pobres y sólo se ampara a los más ricos. Y, a todo esto, el Ministerio de Ecología autoriza a los ocupantes que tumben el monte y hace la vista gorda ante toda la destrucción que están provocando”, manifestó la productora.

En el caso de la comunidad mbya guaraní El Chapa, cuenta con la carpeta de territorio relevado a través de la Ley 26160, del Programa Nacional Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Allí, se les reconoce más de 600 hectáreas y los lotes en conflicto corresponde a zonas de tránsito, recolección y caza.

Trasfondo histórico

Los procesos de regularización de las tierras en esas secciones de Colonia Alberdi comenzaron formalmente en 2010, cuando tales propiedades aún se encontraban bajo la titularidad dominial de Rudecindo Roca (primer gobernador del Territorio de Misiones y hermano del por entonces presidente Julio Argentino Roca, quien compró 265.180 hectáreas en 1881).

En su primera fase, el proyecto se desarrolló con la participación articulada del Ministerio del Agro y la Producción de la Provincia, la Subsecretaría de Tierras y Colonización del Ministerio de Ecología, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM) y la intendencia de Colonia Alberdi, por entonces a cargo del Juan González.

“El objetivo fue que las familias agrícolas poseedoras de lotes en Colonia Alberdi que tuvieran como propietarios o titulares dominiales a la familia Roca, consiguieron la titularización de sus tierras de manera gratuita”, se informó en una publicación del diario El Territorio en septiembre de 2016.

Se precisó entonces que la primera tarea fue rastrear a los herederos de Rudecindo Roca, los que fueron identificados como Julia Blanca Roca y Lencisa de López. María Teodosia Roca y Lencisa de Watson Hutton, Rudecindo Roca y Murguerza y Virginia Rogelia Muguerza de Roca. De esta manera se iniciaron las demandas de usucapión o prescripción adquisitiva (veinteañales).

Fuente: Movimiento Agrario de Misiones (MAM)

Apeo ilegal en Piñalito: “Es un hecho aislado que por su magnitud nos alertó”

 

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Referente mbya recibió su carnet oficial de guardafauna en Fracrán

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Ramón Alberto Sánchez es integrante de la comunidad mbya ubicada en el municipio de Fracrán y recientemente el ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones le entregó el carnet de guardafauna con indumentaria específica destinada al cuidado y la preservación de especies, amenazadas por la caza, en territorio.

“Para mí es un orgullo. Ahora tengo un documento que avala lo que voy a hacer, que es el cuidado de la fauna. Tanto la comunidad como la gente en general pueden ver lo poco que queda de la fauna y flora, por eso le pedimos que respeten porque sin ellos nosotros no vivimos, no respiramos. Cuando el monte estaba completo era distinto, no como hoy, por eso pido que dejen que viva porque tiene vida como nosotros”, afirmó Sánchez durante la entrega del documento.

En tanto, desde la cartera ambiental, reconocieron que su incorporación formal “fortalece el sistema de fiscalización y cuidado de la fauna silvestre en la provincia, reafirmando el compromiso institucional con una gestión ambiental inclusiva y con identidad territorial”.

Al ser consultado por La Voz de Misiones, el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez expresó que se trataría del segundo guardafauna mbya dentro de ese municipio. El primero fue Ramón Sayas: “Hace más de 20 años Ramón vive en una propiedad de las 900 hectáreas que le había entregado la provincia con título de propiedad y desde entonces resguarda la zona”.

En Misiones, el rol del guardafauna es estratégico: se encarga de la “prevención y control de la caza furtiva, la protección de especies silvestres, la fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente y la promoción del uso sostenible de los recursos naturales”. 

En ese sentido, su tarea se orienta a preservar el equilibrio de los ecosistemas y a garantizar que la biodiversidad provincial se mantenga como patrimonio común.

Además del trabajo de control, los guardafaunas cumplen una función clave en la educación y concientización ambiental, actuando como vínculo entre el Estado y las comunidades locales. 

Desde Ecología, enfatizaron: “La participación de integrantes de pueblos originarios fortalece la mirada intercultural en la gestión de los recursos naturales y potencia el conocimiento tradicional como herramienta de conservación”. 

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ONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio

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ONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio

La Asociación Civil Orembaé presentó un recurso de amparo ambiental contra el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, encabezado por el ministro Martín Recamán, para que la cartera informe sobre los trabajos de refulado llevados a cabo en los últimos meses de 2025 en la Isla del Medio, en el río Paraná.

La medida de la ONG surgió a partir de la viralización en redes de imágenes aéreas que mostraban la utilización de neumáticos en desuso como método de contención para el vertido de arena en la Isla, sumando a la falta de una respuesta formal por parte de la cartera ante el pedido de informe ambiental presentado el pasado 10 de diciembre sobre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que habilitaron la obra en el lugar.

“Nosotros no tenemos certeza de que esto sea así o no; por eso es que estamos pidiendo a Ecología que nos informe sobre los estudios de impacto ambiental que se deberían haber hecho para este trabajo”, sostuvo el apoderado de la asociación Orembaé, Martín Ferroni, en conversación con La Voz de Misiones sobre el posible daño ambiental en la Isla del Medio.

Pedido de informes

El abogado comentó a LVM que la solicitud de informes a Ecología se concretó a principios de diciembre del año pasado. La cartera tenía 15 días para responder el planteo y, cumplido el plazo, la ONG procedió a requerir la información judicialmente.

“Ahí debería constar la cuestión de los materiales que se están usando, su origen, los responsables del proyecto y si en el estudio de impacto hay recomendaciones para la mitigación de los impactos negativos, quiénes están monitoreando esos impactos y si se han hecho inspecciones de parte de Ecología respecto al cumplimiento del plan establecido”, detalló Ferroni.

En esa línea, el abogado explicó que en el derecho ambiental argentino rige el principio precautorio. Este establece que la falta de certeza científica no es obstáculo para no actuar; por el contrario, ante la duda o la falta de información, se debe intervenir.

“Por eso rige el principio precautorio. Primero, porque tiene rango constitucional al haber sido sancionado tras la Convención de Río 92; y por otro lado, porque también se establece en el Acuerdo de Escazú, que es mucho más reciente e involucra a los países latinoamericanos y del Caribe. Allí se consagra el acceso a la información pública ambiental como un derecho humano y, en base a eso, es que le estamos haciendo el planteo a Ecología”, argumentó Ferroni en relación al amparo ambiental interpuesto contra la cartera provincial.

La presentación de la Asociación Orembaé se realizó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas, a cargo del magistrado Marcelo Escalante.

Posible daño ambiental

En un comunicado de prensa, la ONG describió el riesgo “crítico” para el ecosistema hídrico que podría ocasionar la utilización de neumáticos en desuso, los cuales se habrían usado para la contención del refulado realizado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en la Isla del Medio.

“Toxemia hídrica: la inmersión de caucho libera metales pesados y químicos que contaminan el agua y afectan a la fauna del río”, puntualizó la organización en primer lugar.

En segundo término, explicó el daño por los microplásticos causado por la “degradación del material, que genera partículas imposibles de remover que ingresan en la cadena alimentaria”.

Además, como tercer punto, Orembaé afirmó que la utilización de neumáticos ocasionarían un riesgo sanitario, debido a que “acumulados en los márgenes son criaderos potenciales de vectores de enfermedades como el dengue”.

“La falta de transparencia del Ministerio de Ecología ante la evidencia de estas prácticas es alarmante. La justicia debe garantizar que el Estado exhiba los estudios que, supuestamente, avalan el uso de residuos sólidos como neumáticos en una obra pública o privada sobre el río Paraná”, cierra el comunicado de la organización.

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Denuncian contaminación en un arroyo del Tabay por mortandad de aves

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Denuncian contaminación en un arroyo del Tabay por mortandad de aves

El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones inició una investigación tras una denuncia por un presunto hecho de contaminación hídrica en un arroyo perteneciente a la cuenca del Tabay, en la localidad de Colonia Oasis.

La presentación fue realizada por un vecino, quien alertó sobre la posible relación entre el estado del curso de agua y la mortandad de aves de corral de su propiedad.

En respuesta a la denuncia, personal de la Dirección de Recursos Vitales acudió hasta el lugar para realizar el relevamiento correspondiente. Durante la inspección, los técnicos constataron la presencia de cadáveres de patos y gansos en los márgenes del arroyo.

Según informó la cartera ecológica, para determinar las causas del hecho y evaluar la calidad del recurso hídrico, el personal tomó muestras del agua directamente del cause y el material recolectado fue remitido al laboratorio central de la provincia, ubicado en el Parque Industrial de Posadas, donde se llevará adelante los análisis técnicos pertinentes.

Desde el organismo indicaron que, una vez obtenidos los resultados, continuarán con las actuaciones de acuerdo a lo establecido por la normativa ambiental vigente.

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