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Ministerio de Ecología permite tala de árboles en territorio ancestral mbya

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El desmonte fue denunciado por tres comunidades en abril de 2019. Ayer, un aborigen quiso sacarle una foto a un hombre que talaba un árbol, quien le apunto con una escopeta y lo amenazó de muerte.

 

CAMPO GRANDE. En las últimas horas, salió a la luz una nueva denuncia de la comunidad mbya guaraní Ka’a Kupe, ubicada en el municipio de Campo Grande.

La comunidad viene hace años luchando para que se reconozca su propiedad sobre la tierra y que se detenga la tala de árboles nativos por parte de la empresa Carba, lo cual fue autorizado por Ecología en los últimos meses.

El último conflicto suscitado en torno a la problemática fue informado por la propia comunidad en un comunicado, en el cual sostienen que, alrededor de las 9 de la mañana de este lunes, un joven miembro de la aldea -identificado como Roberto Duarte (22)- fue a recorrer el territorio, “cuando encontró a un supuesto empleado de la empresa Carba SA cortando árboles con motosierra”.

Asimismo, agregaron que, cuando Duarte le preguntó qué hacía, al tiempo que pretendía sacarle una foto con su celular, el presunto trabajador lo amenazó a los gritos: “¡Si me sacás una foto te pego un tiro en la cabeza!”.

De esta forma, aseguraron estar “desprovistos de toda protección judicial”, víctimas de “una policía que nos ignora y un Estado provincial que no reconoce derechos”.

De larga data

La discusión por estas tierras está vigente desde abril de 2019, cuando las comunidades originarias denunciaron que el Ministerio de Ecología de Misiones autorizó el desmonte de las tierras sagradas.

En febrero de este año se desató la polémica luego de que referentes de varias aldeas protestaron frente a los tractores para que estos no avanzaran sobre la selva.

La zona afectada –un área natural de 5.000 hectáreas que se encuentra dentro de los territorios relevados y protegidos por la ley 26.160– corresponde a la comunidad Ka’a Kupe, ubicada en cercanías de la ruta provincial 7. Además, también se encuentran afectadas las comunidades Koen Ju e Yvy Chi.

Luego de los sucesos de febrero, a lo que se suma otra tala en enero, a principios de este mes las máquinas estuvieron trabajando en un sector denominado lote 5b.

Las tres comunidades participaron del proceso administrativo que autorizó el desmonte, denunciando siempre la violación de sus derechos a consulta pública sin que fueran oídos.

Se interpuso un recurso de reconsideración contra la autorización del gobierno provincial a que se realice el desmonte, “el que según nuestras normas tiene efecto suspensivo”, recalcaron desde la comunidad.  No obstante, en pleno aislamiento obligatorio, la empresa continuó con el desmonte.

Ecología de corte

El reclamo de los aborígenes sobre el avance de Carba S.A. en tierras sagradas “tiene un responsable y no es la empresa, es el Ministerio de Ecología de la provincia que continúa justificando el desmonte”, subrayó Marcelo Vasco Baigorri, periodista y miembro del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa).

Baigorri criticó “la orientación de las políticas adoptadas por el Ministerio de Ecología, que deberían reverse hacia la conservación y terminar con este tipo de conflictos que destruyen mucho más que un pedazo de selva, atacan la esencia de la relación de entre los guaraníes y el entorno natural”.

Según explicó el referente de la pastoral, la tala del monte nativo se hace en rodales -espacios determinados autorizados por Ecología- donde el desmonte es medido y minucioso sobre especies específicas.

“La empresa elige los árboles más añejos porque ya no producen tantas semillas o frutos, pero sí tienen, por su gran porte, valor comercial por la madera”, detalló el periodista y continuó: “El mbya guaraní siente esa pérdida como algo muy profundo porque ellos son parte de su entorno”.

“Lo legal no siempre es moral”, sintetizó Vasco Baigorri en referencia a las justificaciones del ministro de Ecología, Mario Vialey, sobre los permisos otorgados amparados en un Plan de Aprovechamiento de Bosques Nativos.

Con el apeo de árboles y el conflicto abierto, el ministro Vialey se refirió a la disputa con los mbya y, en declaraciones al sitio web Argentina Forestal, explicó: “Las actividades se retomaron en dos lotes de la propiedad en esta segunda etapa de la cuarentena, ya que el sector forestal está exceptuado por ser una actividad considerada de servicios esenciales por disposición provincial y nacional. Respetando el Lote 3, que fue el señalado como un lugar sagrado por una de las comunidades -de cinco que conviven con la empresa-, se autorizó a continuar con su Plan de Aprovechamiento de Bosques Nativos en la propiedad según lo previsto por la legislación vigente”.

Asimismo, sobre el proceso de reanudación de las actividades, Vialey indicó que “en este tiempo se revisaron los procedimientos, y la empresa Carba S.A. tiene los planes forestales autorizados por el organismo para la extracción selectiva de bosques nativos”, dijo y remarcó: “Es una empresa que siempre mostró predisposición de participar en las mesas de negociación y aportan a los planteos propuestas superadoras. Necesitamos en Misiones más empresas como esta”.

El ministro aseguró que “este es un plan forestal antiguo, que cumplió con todas las instancias legales del proceso y fue respetuoso de todas las partes involucradas”, y planteó que “entre las mismas comunidades hay diferentes visiones e intereses, y por ello es una situación compleja de abordar para llegar a un acuerdo que atienda o conforme a todas las partes. Pero los canales de diálogo están vigentes”.

 

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Automovilista filmó un yaguareté sobre la ruta 101 en el Parque Nacional Iguazú

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José María Moravicki, oriundo de la localidad de Andresito, transitaba por la ruta 101 dentro del Parque Nacional Iguazú, cuando a pocos metros de su vehículo vio cruzar a un yaguareté sobre el camino terrado que caracteriza a esa arteria vial.

El hecho ocurrió ayer martes en horas de la mañana y el hombre no dudó en fotografiar y filmar al ejemplar para luego compartirlo en redes sociales.

En medio del asombro, Moravicki mencionó haber visto un “tigre”, pero rápidamente se dio cuenta de que se trataba de un yaguareté de gran porte, el felino más emblemático de la región y en peligro de extinción. 

La experiencia no sólo le permitió conectar visualmente con el animal, sino que también dio cuenta de la importancia de respetar los límites de velocidad establecidos en áreas protegidas, de 40 km/h, para la conservación de la fauna misionera y el cuidado de los corredores biológicos que permiten que las diferentes especies sigan habitando la selva paranaense. 

“Convengamos que nosotros lo vimos, paramos, acomodamos los celulares y lo filmamos. Si bien no hay una buena calidad en la filmación, fue algo muy, muy interesante”, afirmó Moravicki  entrevistado por Canal 12

Y profundizó: “Andresito está rodeado por parques nacionales, parques provinciales, reservas provinciales, reservas privadas. Toda la zona tiene un bioma bastante grande y el lugar donde se mueven estos animales es mucho acá. Nosotros, para salir de Andresito, siempre tenemos que pasar por algún parque”.

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Misiones tiene más de 10 millones de créditos de carbono certificados

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Misiones expuso este martes en el Senado de la Nación los avances de su programa de mercados de carbono, una iniciativa que ya logró la certificación de más de 10 millones de créditos de carbono y que busca posicionar a la provincia como referencia nacional en materia ambiental y financiamiento verde.

Durante la presentación, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, destacó que el principal “producto” que hoy genera la provincia es la conservación de su biodiversidad y la captura de carbono.

El principal producto que elabora Misiones es oxígeno. Cada bosque que conservamos captura dióxido de carbono y el mundo paga por ese producto que elabora la provincia”, expresó el funcionario al explicar el alcance del programa.

Safrán recordó que el camino comenzó en 2021 con el desarrollo del sistema de créditos de carbono, un activo ambiental reconocido internacionalmente a partir de la captura de una tonelada de dióxido de carbono. En 2024, mediante el Decreto 2179, la provincia puso en marcha el andamiaje normativo que regula el funcionamiento del esquema.

La normativa establece los mecanismos de distribución de beneficios, el reconocimiento a propietarios privados que participan del programa, la trazabilidad de los fondos y los criterios de cálculo para quienes forman parte de los proyectos. El trabajo es llevado adelante de manera conjunta entre el ministerio de Hacienda, el ministerio de Cambio Climático y el ministerio de Ecología de Misiones.

Uno de los puntos centrales del modelo misionero es la incorporación de propietarios privados al esquema provincial. Según explicó Safrán, la provincia eligió el “escenario dos”, que permite que privados puedan participar del proyecto colectivo o desarrollar iniciativas propias mediante el sistema denominado “anidamiento”.

“El comienzo fue difícil porque existía desconfianza y muchos creían que la provincia quería apropiarse de las tierras o avanzar sobre intereses privados. Después de mucho trabajo de concientización, hoy solamente hay once parcelas excluidas”, indicó.

Actualmente participan empresas forestales y propietarios privados de distintos puntos de la provincia, quienes podrán acceder a beneficios económicos de acuerdo a una fórmula polinómica que contempla el tamaño de la propiedad, la zona donde se encuentra, el nivel de conservación y las calificaciones ambientales obtenidas.

Misiones se encuentra en la etapa final del proceso de certificación bajo los estándares reconocidos por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. La auditoría internacional ya otorgó la aprobación final para certificar 10,9 millones de créditos de carbono correspondientes al período 2017-2022 y habilitó el inicio de la segunda etapa de certificación.

“Son créditos de muy buena calidad”, remarcó Safrán, al señalar que existen consultoras internacionales que ubican a los bonos misioneros entre los de mayor valoración ambiental.

En relación al manejo de los fondos, el ministro explicó que los recursos serán administrados mediante un fideicomiso a cargo del Banco Macro. Ese esquema contempla tres cuentas específicas.

La primera estará destinada al financiamiento de proyectos de la sociedad civil, municipios, universidades, comunidades indígenas y emprendedores vinculados a iniciativas verdes. La segunda será para los propietarios privados que participan del programa y recibirán beneficios económicos según los criterios establecidos por la provincia. La tercera estará enfocada en fortalecer las acciones del Ministerio de Ecología vinculadas a la reducción de la deforestación.

“El programa paga por reducir la deforestación y reconoce el esfuerzo del habitante misionero en el uso y conservación del ambiente”, sostuvo el funcionario.

Los créditos de carbono pueden comercializarse tanto en mercados regulados como no regulados. En el mercado voluntario los valores rondan los 5 dólares por crédito, mientras que en el regulado las empresas obligadas a compensar su impacto ambiental deben adquirir estos activos a mejores precios.

Safrán aseguró que este sistema representa una nueva dinámica de creación de riquezas “sin costo fiscal” y una oportunidad para que Misiones transforme la conservación ambiental en una fuente genuina de ingresos.

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La Unam realizará estudios ambientales en la Isla del Medio

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La Unam realizará estudios ambientales en la Isla del Medio

La Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales (FCEQyN) de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) llevará adelante estudios ambientales en la Isla del Medio, ubicada sobre el río Paraná frente a la ciudad de Posadas.

Se trata de un convenio de cooperación firmado entre la casa de estudios y la Asociación Civil Protectores de la Isla del Medio (Apim). El acuerdo fue rubricado el pasado 12 de mayo por el decano de la facultad, Dardo Marti, y el presidente de la organización, Carlos Eduardo Kowalczyk.

Según informó la facultad, la iniciativa contempla la recolección de datos, el análisis de indicadores ambientales y la elaboración de informes técnicos sobre este espacio natural.

Las tareas serán desarrolladas desde la Maestría en Gestión Ambiental de la FCEQyN y estarán coordinadas por la Dra. Graciela Gavazzo, junto al Mgter. Carlos Kusmeluk y el maestrando Lic. Víctor Llano.

Entre los objetivos del proyecto fijaron establecer una línea de base de parámetros ambientales del agua, inventariar las comunidades biológicas presentes en los ecosistemas terrestres y acuáticos de la isla, e identificar las actividades que se desarrollan en el área.

“La propuesta busca fortalecer el vínculo entre universidad y organizaciones de la sociedad civil, promoviendo la generación de conocimiento científico aplicado al estudio y preservación de los ambientes naturales de la provincia”, afirmaron desde la casa de estudios.

La Isla

La Isla del Medio formaba parte de un conjunto de pequeñas islas ubicadas frente a la capital provincial. Sin embargo, la elevación de la cota del río Paraná tras el llenado del embalse de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), entre 2005 y 2006, redujo considerablemente su superficie.

A partir de 2013, vecinos, ambientalistas y navegantes comenzaron tareas de recuperación y preservación del lugar, impulsando campañas de limpieza, forestación y protección de las costas.

Dos años después quedó formalizada la APIM, que desde entonces trabaja en el mantenimiento del área y en la promoción de actividades recreativas y de educación ambiental.

 

La Justicia Federal ordenó frenar trabajos de refulado en la Isla del Medio

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