Policiales
Andresito: changarín denunció a policías de torturarlo por ir de compras
Denunciaron ante la Comisaría de Comandante Andresito y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y pusieron al tanto de lo sucedido al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez y al ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer.
ANDRESITO. El sábado, Gustavo Quevedo (19), quien se dedica a realizar changas y vive en Colonia Itatí de Comandante Andresito, en el marco de la cuarentena obligada por el COVID-19, regresaba en moto a su chacra acompañado por un amigo, Daniel Antúnez, después de comprar carne para su familia, de un negocio cercano. Fueron detenidos por un grupo de integrantes de la División Infantería de Zona Norte, montados en cuatro motos de alta cilindrada.
Según relató, le pidieron que bajen y después de maltratarlos y hostigarlos para que hagan flexiones, dejaron ir a Antúnez, mientras que a Quevedo le hicieron varias preguntas y ante sus repuestas, lo trataban de mentiroso burlándose del trabajador.
Siempre según su testimonio, fue obligado a trasladar su moto hasta el Paraje Deseado, dentro de la localidad de Andresito, mientras le pegaban latigazos, amenazándolo con que si intentaba escapar le iban a disparar con el arma reglamentaria.
El joven sostuvo que al llegar al destacamento policial de Deseado, volvieron a golpearlo, le sustrajeron su moto sin labrar ningún acta y le ordenaron que regrese “calladito” caminando -a pesar de estar muy lastimado- hasta su casa de la Colonia Itatí, distante a más de 13 kilómetros de Deseado.
“Me pegaban ‘guayazos’ en la espalda”
“Yo volvía de comprar carne con un amigo, en la motito que uso para trabajar en la chacra, cuando me pararon los policías de Infantería. Les expliqué que no estábamos de paseo, sino que salimos a hacer las compras, tenía la bolsita da carne debajo del asiento de la moto; pero no me creyeron y se burlaban de nosotros”, señaló Quevedo.
Agregó que les ordenaron que hicieran 20 flexiones, lo dejaron ir a Antúnez, y a él lo obligaron a llevar su moto hasta el Destacamento de Deseado.
“Una de esas motos grandes se puso adelante y otra atrás, yo iba en el medio con mi motito que es chica, como si fuera un criminal. Me gritaban queme apure, pero como no tenía mucho espacio casi me caigo en la ruta, y me amenazaban que no se me ocurra escapar por alguna Picada porque me iban a disparar. Y en el camino me daban ‘guayazos’ con una guaya (una especie de cable de acero) en la espalda y los brazos y se reían entre ellos”, relata.
Cuando llegaron a la Unidad de Infantería le sacaron la moto y sin hacer ningún acta o documentación, le “recomendaron” que se vaya caminando hasta su casa de Colonia Itatí, advirtiéndole que no hablara sobre lo que le hicieron. “Yo estaba todo lastimado”, lamentó el joven.
Denuncia ante Comisión Provincial de Prevención de la Tortura
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura este lunes realizará la presentación pertinente. Mientras que los legisladores ya pusieron al tanto de la situación, al ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez y al ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer.
Protocolo de Actuación para Fuerzas de Seguridad
La Procuración General de la Nación emitió un Protocolo de Actuación para las Fuerzas de Seguridad en caso de verse obligadas a intervenir para hacerlo cumplir.
El documento, elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), que depende del Ministerio Público Fiscal, establece que los miembros de las Fuerzas no podrán “apartarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad”.
Además, subraya que sus miembros deberán abordar de forma “personal” a quienes estén rompiendo la cuarentena e identificarse con el fin de interpelarlos respecto a su presencia en ese lugar.
Remarca que la actuación policial siempre deberá dispensar buen trato y respeto, y propiciar el diálogo con las personas. Llegado el caso de no poder justificarlo, deberán acompañarlo hasta su residencia si se encuentra en las inmediaciones.
No se puede detener de manera compulsiva
La Procuración establece que “bajo ningún concepto, el personal de Seguridad podrá realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motocicletas o vehículos de grupos de personas en la vía pública, salvo que se trate de medidas de contención ante situaciones de tumultos, para las cuales se impartirán órdenes específicas de las Jefaturas de cada fuerza”.
Tampoco podrán detener “de manera compulsiva”, y deben preguntar al presunto infractor los motivos por los que se encuentra fuera de su domicilio, y ante cualquier irregularidad, informarán a la autoridad judicial interviniente. No pueden hacer traslados a comisarías o dependencias de las Fuerzas de Seguridad sin la intervención del juez o un fiscal.
El documento, que lleva como título “Facultades y límites a la actuación de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del control del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, puntualiza, que la principal tarea del personal policial y de seguridad es “garantizar que las personas que circulen sin estar debidamente autorizadas y fuera de los supuestos de desplazamientos mínimos permitidos, retornen inmediatamente a sus hogares”, especifica la PROCUVIN.

Diario Federal
Judiciales
Masi, abuso y amenazas, la imputación al comerciante del Mercado Concentrador
Roberto Ramón Pereira (57), el hombre que estuvo seis años preso por abuso de menores y volvió a ser detenido el jueves pasado por el mismo delito, se abstuvo a declarar esta mañana por el nuevo caso y fue imputado por “producción de archivos Masi, abuso sexual y amenazas”.
Tal como estaba previsto, el comerciante que tenía a su cargo un vivero en el Mercado Concentrador fue trasladado este lunes hacia el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Miguel Mattos.
Antes de pasar frente al juez, el implicado designó un abogado particular para que se haga cargo de su defensa y luego se abstuvo de declarar, tal como lo ampara su derecho.
En la misma audiencia fue notificado de los hechos que se investigan, de las pruebas que se registran en su contra y provisoriamente fue imputado por los delitos de “producción de material de abuso sexual infantil (Masi), delito contra la integridad sexual y amenazas”.
De esta manera, Pereira continuará detenido mientras avanza la investigación que lo tiene nuevamente tras las rejas desde el jueves pasado, cuando un niño de 12 años reveló los vejámenes que sufría era llevado a la casa del hombre sobre calle Soria, casi avenida Santa Cruz, donde supuestamente el ahora sospechoso le iba a enseñar “a arreglar sillones”.
Abuso y filmación
Según el relato del niño, contado por su madre en una entrevista con La Voz de Misiones, el menor empezó a ir a la casa de Pereira en diciembre y en las primeras visitas ya se habrían concretado los abusos que, además, fueron filmados para que luego utilizar esas imágenes como extorsión.
“Además de grabarle, después que abusaba de él le mostraba videos suyos con otros chicos. Le decía que le gustan los chicos mayores de 10 años. Así que hay más víctimas y por eso cuando vinimos a buscarlo queríamos recuperar si o si el celular, ahí está toda la evidencia”, contó la madre del pequeño.
El domicilio del sospechoso fue allanado el viernes a la tarde y en el lugar los investigadores incautaron tres aparatos telefónicos, un pen drive, un disco rígido y bajo la almohada de su cama hallaron un sugestivo elemento que podría ser clave: un ajo con un papel escrito con el nombre de un menor de edad.
Todos los dispositivos quedaron en manos de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), cuyo personal será el encargado de realizar las pericias correspondientes en busca de más pruebas que puedan robustecer la acusación. También servirán, en todo caso, para comprobar la existencia de más víctimas.
En su contra, además, Pereira cuenta con un severo antecedente. En 2016 fue detenido por el mismo delito y por esa causa en 2018 firmó un acuerdo de juicio abreviado en el que se declaró culpable y fue condenado a seis años de prisión.
El hombre purgó esa pena en un complejo penitenciario de la provincia y en 2024 recuperó la libertad. Ahora está nuevamente preso, enfrentando un expediente que podría significarle una pena mucho mayor.
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Policiales
Dos iguazuenses murieron en un despiste sobre ruta 12 en Corrientes
Dos integrantes de una familia iguazuense murieron y otros tres resultados heridos en el despiste de una camioneta con la que viajaban desde Itatí (Corrientes) hacia su ciudad de origen.
El trágico hecho ocurrió ayer a la mañana, cerca de las 6.30, sobre la ruta nacional 12, a la altura de la localidad de Loreto, unos 120 kilómetros después de haber iniciado el viaje desde Itatí.
Los misioneros viajaban en una camioneta Renault Oroch y en un tramo de extensa ruta terminaron despistando hacia la banquina, donde dieron algunos vuelcos.
Como consecuencia del siniestro, fallecieron su conductor Felipe Neri García (66) y una acompañante que viajaba en el asiento trasero Marisa Ester Gómez (73).
Los demás viajantes, un hombre de 41 años, una mujer y un niño, resultaron heridos y debieron ser internados, aunque se encontrarían fuera de peligro, según consignó el medio local Diario Época.
En el caso interviene el fiscal de Investigaciones Concretas de la localidad de Santa Rosa, a cargo de Daniel Lezcano.
Policiales
Encontraron un cadáver flotando en el Paraná frente a Costa Sur
El cuerpo sin vida de un hombre de 53 años fue encontrado esta mañana en el río Paraná, frente a Costa Sur, en Posadas, y la Policía investiga las circunstancias del hecho.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el cadáver estaba flotando en el agua, en cercanías a la bajada de lanchas, donde fue visto por transeúntes casuales que reportaron el suceso a las autoridades.
En el lugar trabajaron agentes de la División Rescate de Bomberos y de la Prefectura Naval Argentina (PNA), quienes extrajeron el cuerpo del cauce y más tarde fue identificado como Ricardo César Ferreira (53).
Por disposición de las autoridades en turno, los restos fueron trasladados a la morgue judicial, donde será sometido a un examen de autopsia para determinar de manera fehaciente las causas de muerte.
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