Policiales
Andresito: changarín denunció a policías de torturarlo por ir de compras
Denunciaron ante la Comisaría de Comandante Andresito y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y pusieron al tanto de lo sucedido al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez y al ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer.
ANDRESITO. El sábado, Gustavo Quevedo (19), quien se dedica a realizar changas y vive en Colonia Itatí de Comandante Andresito, en el marco de la cuarentena obligada por el COVID-19, regresaba en moto a su chacra acompañado por un amigo, Daniel Antúnez, después de comprar carne para su familia, de un negocio cercano. Fueron detenidos por un grupo de integrantes de la División Infantería de Zona Norte, montados en cuatro motos de alta cilindrada.
Según relató, le pidieron que bajen y después de maltratarlos y hostigarlos para que hagan flexiones, dejaron ir a Antúnez, mientras que a Quevedo le hicieron varias preguntas y ante sus repuestas, lo trataban de mentiroso burlándose del trabajador.
Siempre según su testimonio, fue obligado a trasladar su moto hasta el Paraje Deseado, dentro de la localidad de Andresito, mientras le pegaban latigazos, amenazándolo con que si intentaba escapar le iban a disparar con el arma reglamentaria.
El joven sostuvo que al llegar al destacamento policial de Deseado, volvieron a golpearlo, le sustrajeron su moto sin labrar ningún acta y le ordenaron que regrese “calladito” caminando -a pesar de estar muy lastimado- hasta su casa de la Colonia Itatí, distante a más de 13 kilómetros de Deseado.
“Me pegaban ‘guayazos’ en la espalda”
“Yo volvía de comprar carne con un amigo, en la motito que uso para trabajar en la chacra, cuando me pararon los policías de Infantería. Les expliqué que no estábamos de paseo, sino que salimos a hacer las compras, tenía la bolsita da carne debajo del asiento de la moto; pero no me creyeron y se burlaban de nosotros”, señaló Quevedo.
Agregó que les ordenaron que hicieran 20 flexiones, lo dejaron ir a Antúnez, y a él lo obligaron a llevar su moto hasta el Destacamento de Deseado.
“Una de esas motos grandes se puso adelante y otra atrás, yo iba en el medio con mi motito que es chica, como si fuera un criminal. Me gritaban queme apure, pero como no tenía mucho espacio casi me caigo en la ruta, y me amenazaban que no se me ocurra escapar por alguna Picada porque me iban a disparar. Y en el camino me daban ‘guayazos’ con una guaya (una especie de cable de acero) en la espalda y los brazos y se reían entre ellos”, relata.
Cuando llegaron a la Unidad de Infantería le sacaron la moto y sin hacer ningún acta o documentación, le “recomendaron” que se vaya caminando hasta su casa de Colonia Itatí, advirtiéndole que no hablara sobre lo que le hicieron. “Yo estaba todo lastimado”, lamentó el joven.
Denuncia ante Comisión Provincial de Prevención de la Tortura
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura este lunes realizará la presentación pertinente. Mientras que los legisladores ya pusieron al tanto de la situación, al ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez y al ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer.
Protocolo de Actuación para Fuerzas de Seguridad
La Procuración General de la Nación emitió un Protocolo de Actuación para las Fuerzas de Seguridad en caso de verse obligadas a intervenir para hacerlo cumplir.
El documento, elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), que depende del Ministerio Público Fiscal, establece que los miembros de las Fuerzas no podrán “apartarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad”.
Además, subraya que sus miembros deberán abordar de forma “personal” a quienes estén rompiendo la cuarentena e identificarse con el fin de interpelarlos respecto a su presencia en ese lugar.
Remarca que la actuación policial siempre deberá dispensar buen trato y respeto, y propiciar el diálogo con las personas. Llegado el caso de no poder justificarlo, deberán acompañarlo hasta su residencia si se encuentra en las inmediaciones.
No se puede detener de manera compulsiva
La Procuración establece que “bajo ningún concepto, el personal de Seguridad podrá realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motocicletas o vehículos de grupos de personas en la vía pública, salvo que se trate de medidas de contención ante situaciones de tumultos, para las cuales se impartirán órdenes específicas de las Jefaturas de cada fuerza”.
Tampoco podrán detener “de manera compulsiva”, y deben preguntar al presunto infractor los motivos por los que se encuentra fuera de su domicilio, y ante cualquier irregularidad, informarán a la autoridad judicial interviniente. No pueden hacer traslados a comisarías o dependencias de las Fuerzas de Seguridad sin la intervención del juez o un fiscal.
El documento, que lleva como título “Facultades y límites a la actuación de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del control del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, puntualiza, que la principal tarea del personal policial y de seguridad es “garantizar que las personas que circulen sin estar debidamente autorizadas y fuera de los supuestos de desplazamientos mínimos permitidos, retornen inmediatamente a sus hogares”, especifica la PROCUVIN.

Diario Federal
Judiciales
Justicia declaró crimen de lesa humanidad el homicidio de Carlos Tereszecuk
Esta mañana el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1, de Resistencia, Chaco, dio a conocer la sentencia por el derecho a la verdad considerando un crimen de lesa humanidad el secuestro y homicidio de Carlos Tereszecuk, graduado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam, secuestrado y asesinado por la dictadura cívico militar en 1976.
La audiencia fue presidida por la jueza federal Zunilda Niremperger en modalidad virtual, donde también estuvieron presentes hermanos, sobrinos y representantes del equipo argentino de Antropología Forense, de la Fiscalía Federal, de la secretaría de Derechos Humanos del Chaco y abogados querellantes.
Al mismo tiempo, la instancia fue retransmitida desde el aula magna de la Facultad de Humanidades, ante la presencia de familiares, allegados, compañeros de militancia de la misma casa de estudios, ex presos políticos y militantes de la agrupación homónima.
El fallo analizó toda la prueba recolectada, reconstruyendo que Carlos Tereszecuk , fue secuestrado los primeros días del mes de noviembre de 1976, y llevado a la Jefatura de Policía de Resistencia, siendo alojado en un primer piso acondicionado como Centro Clandestino de Detención, que era dirigido por fuerzas conjuntas la Policía del Chaco y el Ejército Argentino.
Asimismo, reseña que fue visto en pésimas condiciones de salud, por las diversas torturas que había recibido, siendo tal su deterioro físico, que no podía mantenerse en pie, ni caminar y otro detenido debió bañarlo ante la orden de sus guardiacárceles.
Además, estableció que fue asesinado y arrojado al río Paraná, de donde fue rescatado el 15 de noviembre de 1976, en la costa de Empedrado Corrientes -ubicada a 70 kilómetros río abajo de la ciudad de Resistencia, donde fue sepultado en una tumba NN e identificado en el año 2018 por el Equipo de Antropología Forense.
Finalmente, la Justicia enmarcó el secuestro, tortura y homicidio en el contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas, dirigida contra la población, y que tenía como objetivo la detención y exterminio de todo aquel que encuadrara en lo que se etiquetaba como opositores al régimen.
“Esa práctica sistemática del terrorismo de Estado se estableció que tuvo un patrón común como los cuerpos desnudos, atados con alambres en pies y manos, con disparos de ejecución en el pecho o el cráneo, con la yema de los dedos cortados para obstaculizar su individualización y con un corte importante en el abdomen para intentar que no flotaran”, detalla el documento.
La sentencia se dictó a partir de la solicitud de los familiares en su carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad, por el derecho a la verdad que reconstruya cómo fueron realmente los hechos con un sentido de reparación y que contribuya a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad.

Graciela Franzen junto a familiares y allegados a Tereszecuk en la Facultad de Humanidades
Militancia y memoria
Como muchos de los jóvenes de su tiempo, el misionero despuntó en la militancia estudiantil y en 1974 fue elegido vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social, de la Unam.
Al año siguiente, participó de la campaña electoral del Partido Autentico, y pasó a ser secretario de los diputados provinciales electos en 1975, el actual sociólogo y periodista Pablo Fernández Long y Juan El Negro Figueredo, maestro rural secuestrado por la dictadura y desaparecido desde entonces.
En 1975, Tereszecuk sufrió un intento de secuestro por parte de un grupo de tareas que se infiltró en la Cámara de Diputados, pero pudo escapar y se refugió en la provincia de Corrientes, donde, finalmente, fue captado en otro operativo.
La última vez que lo vieron con vida fue en la Jefatura de Policía de Resistencia y los testimonios hablan de que se encontraba muy deteriorado por las torturas y que ya no podía caminar.
Tras culminar la lectura de la sentencia, Sofía Tereszecuk sobrina de Carlos, dirigió unas palabras recordando a su tío, su militancia, compromiso social y a la importancia de conocer la verdad, a pesar de lo dolorosa que fue, para “cerrar un ciclo como familia y encontrar un poco de paz”.
Por su parte, Javier Gortari, ex decano de la Facultad de Humanidades, expresó: “Lo que hemos presenciado fue un acto de reparación y de justicia. Creo que nos da ánimos para seguir trabajando por la memoria, la verdad y la justicia en todo lo ocurrido durante la última dictadura y para continuar en democracia, tratando de insistir en lograr aquellos derechos por los cuales tanto lucharon aquellos compañeros y compañeras”.
Seguidamente, Graciela Franzen recordó: “Yo fui compañera de militancia de Carlos, mi hermano fue compañero en el seminario y con la familia Tereszecuk tenemos una gran amistad, lucha y compañerismo. Para mi recordar a Carlos y a los 30 mil es decir presente hoy, pero ¿cómo tenemos que estar presentes? ¿cómo tenemos que honrarlo hoy?; en las plazas, en las calles, en las manifestaciones, en los reclamos, cuando tenemos que votar porque no nos merecemos un gobierno traidor a la patria”.
La lectura de la sentencia por la verdad, sobre el homicidio de Carlos Tereszecuk como crimen de lesa humanidad, fue declarada de interés provincial por la Cámara de Representantes de Misiones.

Graciela Franzen y Jorge Trainer, ambos presos políticos durante la dictadura
Sentencia por la verdad del crimen de lesa humanidad de Carlos Tereszecuk
Policiales
Fallecido en despiste de camioneta en Mártires es un empresario obereño
En la mañana de hoy, el empresario Oscar Hugo Garay, de 80 años, conducía su camioneta Porsche Cayenne sobre la ruta 103 a la altura de la localidad de Mártires, cuando su vehículo despistó y se incendió por completo, provocando su muerte en el acto.
Se trata del impulsor de la reconocida empresa de transportes Garay, radicada en esa ciudad, quien al momento del siniestro transitaba en dirección Oberá – Santa Ana y, por causas que aún se investigan, perdió el control y volcó sobre la banquina derecha.
Luego de las pericias realizadas y las verificaciones del dominio del vehículo, familiares del conductor se hicieron presentes en el lugar y confirmaron que la víctima era Oscar Garay, el reconocido empresario obereño.
Por disposición del Juzgado de Instrucción de Oberá, se autorizó la entrega del cuerpo a sus familiares para velatorio y posterior inhumación.
En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Mártires dependiente de la Unidad Regional II, junto a personal de las Divisiones Bomberos de Oberá y Santa Ana, quienes extinguieron el fuego.
La Policía Científica realiza las pericias correspondientes y el Juzgado de Instrucción de Oberá dispuso las actuaciones de rigor para determinar las causas del hecho.
Camioneta despistó y se prendió fuego en Mártires: un fallecido
Judiciales
Podría caerse el juicio a Pablo Schoenfisch por autoincriminación de su padre
La autoincriminación de Arnoldo Schoenfisch (67) puso en un embrollo el juicio oral contra su hijo Pablo (23), acusado de asesinar a su madre Faustina Antúnez (54) y de herir a su padre en un presunto ataque parricida registrado en 2020 en Santiago de Liniers, y el tribunal decidió suspender la continuidad del proceso, aunque la decisión final se comunicará mañana cuando se resuelvan los planteos efectuados por la fiscalía y la defensa del joven imputado.
La segunda audiencia del debate oral comenzó esta mañana, minutos después de las 10, cuando los magistrados Adriana Andino, Atilio León y Eduardo Jourdan -subrogante- ingresaron a la sala del Tribunal Penal Uno de Eldorado con una resolución que disponía remitir las declaraciones de Arnoldo Schoenfisch a la fiscalía de instrucción de turno para que se investigue su autoincriminación y que, en consecuencia, el presente juicio se suspenda hasta que se dirima la situación procesal del hombre que pidió ser imputado en lugar de su hijo.
En el escrito, la jueza Andino argumentaba que la decisión obedecía a “resguardar las garantías del proceso”, mientras que León ahondó en que la incriminación merecía “una nueva mirada de parte del órgano encargado de la instrucción”. Jourdan, en tanto, adhirió a los votos precedentes y por unanimidad se resolvió la suspensión del debate, aunque las partes, además de oponerse efectuaron nuevos planteos que obligaron a diferir para mañana la decisión final.
Artilugio
El primero en oponerse a la medida fue el fiscal Federico Rodríguez, quien insistió en que la incriminación del padre del imputado carecía de fundamentos y correspondía a “un nuevo artilugio para dilatar el proceso” craneado por la defensa integrada por los abogados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga.
Rodríguez recordó que en la antesala del juicio el hombre presentó un escrito firmado por escribanía en el que declaraba la misma confesión, pero todo fue desestimado por las autoridades correspondientes y entonces consideró que el debate debe continuar con la exclusión como prueba de la declaración de Schoenfisch padre.
En respuesta al “esquema defensivo”, el fiscal pidió que efectivamente las actuaciones de ayer sean remitidas a la fiscalía de instrucción, pero, en este caso, no para investigar la veracidad de la versión autoincriminatoria, sino para avanzar sobre la posibilidad de que se hayan cometidos delitos de “calumnias, falsedad ideológica y falso testimonio”.

El tribunal y las partes, cara a cara, decidiendo el futuro del juicio para esclarecer el hecho registrado en Santiago de Liniers.
Pedido de excarcelación
El letrado De Sá, por su parte, también tomó la palabra y sostuvo que “la defensa recién conoció al testigo ayer”, mientras que Alvarenga pidió revocar la suspensión del debate al considerar que el juicio debe continuar y que la “hipótesis alternativa” debe ser analizada recién al culminar el proceso.
Subsidiariamente pidió que, en caso de que la suspensión se haga efectiva, el imputado Pablo Schoenfish sea excarcelado y aguarde en libertad hasta tanto se defina toda esta situación iniciada a partir de la autoincriminación de Arnoldo, ex intendente de Santiago de Liniers.
“Estábamos acostados con mi esposa y discutimos un poco. Estaba un poco desorientado. Agarré el arma, la asesiné y después me quise suicidar. Pasó lo que tenía que pasar. Pablo es inocente, yo hice todo y yo tengo que ser el imputado”, fue la declaración que hizo detonar el proceso y podría hacer caer el debate.
El tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 8.30 para analizar los planteos de las partes y comunicar la decisión final.
La causa
La nueva versión expuesta por Arnoldo Schoenfisch, que tras el hecho quedó con ceguera, es contraria a lo expuesto en el requerimiento de elevación a juicio formulada por el fiscal Edgar Francisco Doldán y firmada por el magistrado Roberto Saldaña, ex juez de Instrucción Uno de Eldorado.
La hipótesis acusatoria sostiene que en la madrugada del 14 de mayo de 2020, Pablo Schoenfisch atacó a sus padres mientras dormían, efectuándoles disparos a corta distancia. Como consecuencia del hecho, Antúnez perdió la vida y Arnoldo quedó con secuelas permanentes.
Según lo plasmado en ese documento, el acusado mantenía una relación conflictiva con sus padres, motivada por desavenencias y mal comportamiento del muchacho, cuestión que fue ratificada por varios familiares y amigos del imputado al momento de declarar como testigos en la etapa investigativa.

Arnoldo Schoenfisch quedó con ceguera tras el hecho que se investiga.
Incluso, hay testimonios que apuntan sobre una posible premeditación del muchacho, quien ante varios de sus amigos y parientes manifestó abiertamente las intenciones de matar a sus padres con dichos como “voy a matar a toda esta mierda” o “cualquier día de estos le voy a pegar un tiro al viejo de mierda”.
A pesar de ello, el expediente remarca que las sospechas se centraron en él desde el primer momento, cuando los investigadores supieron que la primera expresión de Arnoldo Schoenfisch tras sufrir el ataque y pedir ayuda fue: “Pablito se mandó una cagada”.
No es todo. Durante el transcurso de la causa apareció otro integrante de la familia que recordó que semanas antes del hecho, en el marco de un asado, Pablo Schoenfisch le consultó cómo se podía ocultar los rastros de pólvora que deja la acción de percutir un arma de fuego y la respuesta fue la utilización de un guante.
El testimonio cobra mayor relevancia al mencionar que un par de guantes negros de cuerina fueron encontrados ocultos en una cajonera ubicada en la habitación donde el sospechoso durmió durante la noche del crimen.
Además, sus propios amigos relataron que el joven solía mostrarse e incluso disparar con un revólver calibre 38, el mismo que fue utilizado para perpetrar el crimen que ahora busca ser esclarecido.
Giro en caso Schoenfisch: el acusado se defendió y su padre se autoincriminó
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