Policiales
Andresito: changarín denunció a policías de torturarlo por ir de compras

Denunciaron ante la Comisaría de Comandante Andresito y la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura y pusieron al tanto de lo sucedido al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez y al ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer.
ANDRESITO. El sábado, Gustavo Quevedo (19), quien se dedica a realizar changas y vive en Colonia Itatí de Comandante Andresito, en el marco de la cuarentena obligada por el COVID-19, regresaba en moto a su chacra acompañado por un amigo, Daniel Antúnez, después de comprar carne para su familia, de un negocio cercano. Fueron detenidos por un grupo de integrantes de la División Infantería de Zona Norte, montados en cuatro motos de alta cilindrada.
Según relató, le pidieron que bajen y después de maltratarlos y hostigarlos para que hagan flexiones, dejaron ir a Antúnez, mientras que a Quevedo le hicieron varias preguntas y ante sus repuestas, lo trataban de mentiroso burlándose del trabajador.
Siempre según su testimonio, fue obligado a trasladar su moto hasta el Paraje Deseado, dentro de la localidad de Andresito, mientras le pegaban latigazos, amenazándolo con que si intentaba escapar le iban a disparar con el arma reglamentaria.
El joven sostuvo que al llegar al destacamento policial de Deseado, volvieron a golpearlo, le sustrajeron su moto sin labrar ningún acta y le ordenaron que regrese “calladito” caminando -a pesar de estar muy lastimado- hasta su casa de la Colonia Itatí, distante a más de 13 kilómetros de Deseado.
“Me pegaban ‘guayazos’ en la espalda”
“Yo volvía de comprar carne con un amigo, en la motito que uso para trabajar en la chacra, cuando me pararon los policías de Infantería. Les expliqué que no estábamos de paseo, sino que salimos a hacer las compras, tenía la bolsita da carne debajo del asiento de la moto; pero no me creyeron y se burlaban de nosotros”, señaló Quevedo.
Agregó que les ordenaron que hicieran 20 flexiones, lo dejaron ir a Antúnez, y a él lo obligaron a llevar su moto hasta el Destacamento de Deseado.
“Una de esas motos grandes se puso adelante y otra atrás, yo iba en el medio con mi motito que es chica, como si fuera un criminal. Me gritaban queme apure, pero como no tenía mucho espacio casi me caigo en la ruta, y me amenazaban que no se me ocurra escapar por alguna Picada porque me iban a disparar. Y en el camino me daban ‘guayazos’ con una guaya (una especie de cable de acero) en la espalda y los brazos y se reían entre ellos”, relata.
Cuando llegaron a la Unidad de Infantería le sacaron la moto y sin hacer ningún acta o documentación, le “recomendaron” que se vaya caminando hasta su casa de Colonia Itatí, advirtiéndole que no hablara sobre lo que le hicieron. “Yo estaba todo lastimado”, lamentó el joven.
Denuncia ante Comisión Provincial de Prevención de la Tortura
La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura este lunes realizará la presentación pertinente. Mientras que los legisladores ya pusieron al tanto de la situación, al ministro de Gobierno de la provincia, Marcelo Pérez y al ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer.
Protocolo de Actuación para Fuerzas de Seguridad
La Procuración General de la Nación emitió un Protocolo de Actuación para las Fuerzas de Seguridad en caso de verse obligadas a intervenir para hacerlo cumplir.
El documento, elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), que depende del Ministerio Público Fiscal, establece que los miembros de las Fuerzas no podrán “apartarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad”.
Además, subraya que sus miembros deberán abordar de forma “personal” a quienes estén rompiendo la cuarentena e identificarse con el fin de interpelarlos respecto a su presencia en ese lugar.
Remarca que la actuación policial siempre deberá dispensar buen trato y respeto, y propiciar el diálogo con las personas. Llegado el caso de no poder justificarlo, deberán acompañarlo hasta su residencia si se encuentra en las inmediaciones.
No se puede detener de manera compulsiva
La Procuración establece que “bajo ningún concepto, el personal de Seguridad podrá realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motocicletas o vehículos de grupos de personas en la vía pública, salvo que se trate de medidas de contención ante situaciones de tumultos, para las cuales se impartirán órdenes específicas de las Jefaturas de cada fuerza”.
Tampoco podrán detener “de manera compulsiva”, y deben preguntar al presunto infractor los motivos por los que se encuentra fuera de su domicilio, y ante cualquier irregularidad, informarán a la autoridad judicial interviniente. No pueden hacer traslados a comisarías o dependencias de las Fuerzas de Seguridad sin la intervención del juez o un fiscal.
El documento, que lleva como título “Facultades y límites a la actuación de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del control del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, puntualiza, que la principal tarea del personal policial y de seguridad es “garantizar que las personas que circulen sin estar debidamente autorizadas y fuera de los supuestos de desplazamientos mínimos permitidos, retornen inmediatamente a sus hogares”, especifica la PROCUVIN.
Diario Federal
Policiales
Certificados médicos truchos: cayó un cómplice y no descartan más detenciones

A partir de pistas obtenidas con pericias a un teléfono celular, la Policía de Misiones concretó viernes la detención de un supuesto cómplice del psiquiatra imputado por la confección de certificados médicos truchos.
De acuerdo a lo consignado por la fuerza provincial, el nuevo implicado se trata de Héctor Gabriel O. (44), quien aparece señalado como “el nexo” entre el médico y los interesados que adquirían los certificados falsas a cambio de dinero.
La detención se efectuó en un domicilio de la chacra 152 de Posadas y el nuevo sospechoso quedó bajo la lupa a partir de pistas obtenidas mediante las pericias realizadas por el personal de la Dirección Cibercrimen al aparato telefónico del psiquiatra Ramón Manuel G. (70).
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves 4 de septiembre, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La pesquisa comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una investigación interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención al Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte.
Hasta el momento se pudo determinar que el médico emitía certificados falsos a cambio de dinero, que eran utilizados para defraudar a organismos públicos como el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, el Ministerio de Educación y el Servicio Penitenciario Federal, además de empresas privadas como Casino Club. Asimismo, se investiga que esas constancias también habrían sido utilizadas en demandas civiles de gran magnitud.
Desde la Unidad Regional I informaron que la investigación continúa en curso y que no se descartan nuevas detenciones, dado que la causa apunta a un entramado delictivo con múltiples implicados.
Con cámara oculta descubren a psiquiatra que firmaba certificados truchos
Policiales
Abogada de Rita Flores: “Jabornicky miente y es un ser violento”

“El señor Jabornicky miente. Es un violento, un oportunista y se cree impune. Nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, retrucó la abogada Silvia Risko, que esta mañana confirmó que tanto Rita Flores como la también diputada electa Débora Mangnone se constituyeron bajo su representación como querellantes particulares en la causa por violencia de género contra el letrado Alejandro Jabornicky.
La respuesta se dio en el marco de una conferencia de prensa que Risko realizó en su estudio jurídico y se da horas después de las declaraciones públicas efectuadas por el abogado denunciado, quien acusó a su ex pareja Flores, a Magnone y al marido de esta Walter Ríos, todos ellos diputados electos por el partido Por la Vida y los Valores, de “drogarlo” para robarle dinero y apartarlo del armado político.
En representación de las denunciantes, Risko hoy respondió sin vacilar: “El señor Alejandro Jabornicky miente. Miente y es un ser violento, agresor y oportunista”.
Ante los medios presentes, la letrada confirmó que tanto Flores como Magnone ya fueron admitidas como querellantes particulares en el expediente que se investiga bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos.
“Se presentó hoy el escrito y nos han incorporado. Aparte de la denuncia y por citación del juzgado ellas ya han concurrido a ratificar los hechos e hicieron la reserva para ampliación de las medidas a tomar”, precisó Risko, que también supo desempeñarse como legisladora provincial.
Si bien evitó expresarse sobre los hechos puntualmente incorporados en la denuncia, Risko apuntó contra Jabornicky al señalar que “esta persona considera ve a la mujer como una cosa o una banca en este momento. Por eso digo que miente, que es violento y un oportunista además”.
“¿Quién es él?”
Para ella, la versión brindada por al acusado no es más que un intento de desviar el foco de atención: “Todo debemos tener en cuenta que esto es una causa por violencia de género. Este ser se cree tan impune como para después pretender, con sus declaraciones públicas, desviar la atención hacia lo político partidario. No lo podemos permitir porque es invalidar nuevamente a la señora Rita Flores”.
“Resulta que ahora sale a denunciar públicamente cosas muy graves, como que lo drogaron. Fíjense el mecanismo, de victimizarse cuando es el agresor. Cuando dice que es una operación política yo me pregunto ¿quién es él? ¿qué partido tiene? Ni siquiera tiene matrícula como abogado”, disparó.
Risko detalló que Flores cuenta con una restricción de acercamiento a su favor y también recibió un botín de pánico entregado por el 911.
La perimetral se extiende también hacia la hija menor de edad de Flores y hacia la propia Magnone.
“La verdad que tanto Rita, como su hija y como la señora Magnone sienten terror”, aseveró la abogada y expuso: “Si ellas, con el nivel de protagonismo que tienen sufren este tipo de actos impunemente, públicamente, de una manera descarnada como en la que fueron tratadas, ¿qué dejamos para la mujer del barrio San Lorenzo que no tiene la visibilidad que puede tener este caso por las personas de las que se trata?. Por eso debemos ir hasta las últimas consecuencias”.
“Hoy Rita está mal, siente terror. Rita perdió la paz mental hace tres años cuando comenzó la relación con esta persona. Está siendo contenido y va a seguir siendo contenida con un equipo interdisciplinario porque en este estudio jurídico brindamos servicios integrales a víctimas de violencia, trabajamos como hay que trabajar. Ella tiene 34 años y yo conozco muy bien la invalidación de las mujeres en la política, del partido que sea, del sector que sea. Es bueno que hagamos algo entre todos y todas”, cerró.
La diputada Flores amplió denuncia contra Jabornicky y recibió botón antipánico
Judiciales
Recibió 15 años de prisión por abusar de dos hijastras en San Javier

Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
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