Policiales
Ex jugador y barra de Guaraní es el sospechoso del asesinato en la 32-33
La investigación por el crimen de Daniel Alejandro Sosa de 26 años, conocido como “Dani o “Pájaro” sigue ocupando a los investigadores de la Policía de Misiones, quienes en la víspera tomaron varias testimoniales en la chacra 32-33 para reconstruir los minutos previos al desenlace fatal.
POSADAS. Ayer, transcurridas varias horas del terrible hecho ocurrido sobre la avenida Bustamante el domingo, los vecinos no podían entender las razones que derivaron en el asesinato de una persona tan vulnerable.
Y la misma pregunta se hacían los investigadores, quienes no había identificado nítidamente el móvil del crimen.
Lo que sí se pudieron reconstruir fueron los perfiles de los detenidos implicados, quienes permanecen incomunicados a la espera de la declaración indagatoria ante el juez Ricardo Balor.
Se trata de un paraguayo Inocencio A.C., una mujer llamada Romina V. (36) y Ángel Clemente Rojas (45).
Sobre este último recaen las sospechas de ser el autor material del crimen.
Según se pudo reconstruir, en base a varias personas consultadas, se trata de un ex jugador de fútbol, quien logró salir campeón con Guaraní Antonio Franco y Crucero del Norte, pero en la actualidad vivía en condiciones similares a la persona que habría asesinado.
Algunos lo definieron como un gran delantero, aunque con poca conducta. Su paso por La Franja fue muy fugaz, en los 2000.
En Crucero del Norte se consagró campeón de la Liga Posadeña en 2004, el primero de los títulos de la institución, cuando el Colectivero se impuso por penales ante el equipo de Villa Sarita y accedió al denominado Torneo del Interior del año siguiente.
Un memorioso recordó que en ese mismo torneo, cuando Crucero jugó contra Atlético Misiones, hubo una batalla en el campo de juego y Rojas, que lo miraba desde la tribuna por una suspensión, ingresó rompiendo el portón y se trenzó a la piñas.
Devoto del Gauchito Gil y ex convicto (cumplió su condena), en una entrevista en enero del 2014, cuando participó de una celebración en el predio del santo sobre la avenida Las Américas de Garupá. Justamente allí, en el barrio Ñu Porá, tiene su domicilio.
Con tatuajes con tinta desgastada (al parecer tumberos) en ese momento Rojas contó sobre sus logros deportivos y señaló que los 12 años anteriores había viajado a Mercedes para rendirle homenaje al santo criollo en su santuario mayor.
Sin embargo, ese año suspendió su peregrinaje debido a que su mujer estaba embarazada. “Solemos ir a dedo. Al costado de la ruta 12. Por ahí pasa la gente que es muy bondadosa con los promeseros. En Mercedes se comparte todo”, contó entonces el ex futbolista.
Los años y las adicciones, dijeron los que lo conocían, los llevaron por malos senderos y en la actualidad no tenía rumbo ni hogar fijo.
Junto a la mujer detenida, quien es su pareja, cuidaba autos en cercanías a la Placita del Puente (donde fueron detenidos) y ganaban sus pesos con los negocios que allí se presentan.
Por esta razón conocían al remisero extranjero también detenido, a quien los investigadores lo señalaron como un pasero. No se sabe a ciencia cierta qué relación tenía con la víctima. Si, que en la chacra vive su suegro, padre de la detenida, y que por esa razón se encontraba en el lugar.
Momentos previos
A Sosa se le definió como una persona tranquila. Alguna noches dormía bajo el techo de un local más abajo, pero la mayoría de sus horas las pasaba custodiando de un contenedor sobre la avenida Lavalle, muy cerca del lugar, entre Bustamante y Andresito.
Sobre los momentos previos al crimen, entre las 18 y las 19, varios vecinos consultados, dijeron que la pelea comenzó en la vereda opuesta de la pollería donde el indigente encontró la muerte, en uno de los pasillos de chacra. Estaban peleando a los gritos, lo que motivó que varias personas salieran a ver qué ocurría.
Una de las vecinas señaló que al salir vio como Daniel Sosa (26) discutía con su agresor y este lo llevó increpándolo hasta la calle, donde casi lo atropella un vehículo.
En esa instancia, aseguró que amenazó con llamar al 911 si no terminaban con el escándalo, pero que eso no fue suficiente: al llegar al techo del comercio le asestó las estocadas mortales.
“‘Eso te pasa por ser boca grande o abrir la boca’, le decía cuando peleaban. No entiendo cómo pueden hacer algo así, ni a una persona que entra en tu casa te animas a hacerle eso”, agregó indignada y dando una posible pista sobre las razones del crimen.
Según reconstruyó la investigación, luego de concretase el ataque mortal, los tres implicados huyeron del lugar, aunque fueron atrapados minutos más tarde.
La Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones interceptó al ex futbolista y su pareja y le secuestraron un destornillador y un teléfono celular que serán peritados.
En el vehículo de Inocencio A.C., un Nissan Wingroad que fue interceptado por Gendarmería Nacional en el puente internacional, se secuestró un cuchillo que también será analizado.
Las múltiples heridas y el celular
En una entrevista con Mirta (22), quien vio cómo el asesino huía en el auto incautado luego de matar al hombre. La joven dijo que el homicida huyó al grito de “la vida no es fácil”.
Desarrolló que estaba llegando a su casa cuando vio que se estacionó en el lugar el vehículo, aunque aclaró que no “vi cuando lo apuñaló; vi a un hombre cuando estaba subiendo al auto y que empezó a gritar que la vida no era fácil. Ahí miró y había un tipo tirado”.
“Esperé un ratito a que se vayan, miré la patente y ahí me acerqué a ver qué pasó con el hombre. En eso veo que tiene dos puñaladas y dificultad para respirar. Ya le estaba costando”, amplió. Entonces llegó la ayuda de un ciclista, quien se encargó de llamar a la Policía.
“Fue una situación horrible, no paraba de sangrar y miraba un punto fijo. Yo le gritaba que no se duerma, que se quede despierto”, dijo aún conmovida.
Contó que otras personas intentaron reanimarlo y al moverlo pudo apreciar que tenía dos lesiones de arma blanca en la zona costal. La víctima, señalaron voceros, tenía varias heridas punzocortantes y aliento etílico.
Esto, a consideración de los profesionales, indicaría que no se trató de una agresión para un robo porque en ese caso “le iba a dar sólo una puntada”. De todas formas, buscan establecer si Sosa tenía celular, ya que no fue hallado.
El Territorio.
Un joven de 25 años falleció anoche tras permanecer diez días internado en estado crítico como consecuencia de la puñalada que recibió durante un ataque registrado en la localidad de Alba Posse.
La víctima se trata de Mario Dornelles (25), cuyo deceso se confirmó anoche en el hospital Samic de Oberá, donde estaba internado desde el 16 de noviembre, cuando fue blanco de un grave ataque por parte de otros tres jóvenes que ahora serán investigados por homicidio.
De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, el hecho ocurrió en el paraje San Francisco de Asís, en Alba Posse, donde Dornelles caminaba junto a otro muchacho a la vera de la ruta provincial 8 y fueron emboscados por tres sujetos.
En esa instancia, ambos jóvenes fueron agredidos y Dornelles recibió una puñalada en la zona del tórax que derivó en su internación en estado crítico.
Tras el ataque, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrillajes en zona de monte del paraje Libertad, donde horas más tarde detuvieron a los tres sospechosos: Josías D. S. (28), Elías D. S. (19) y Walter Nahuel E. (23).
En ese procedimiento también se secuestraron una motocicleta Corven Mirage 110, un casco y un machete que habría sido utilizado en la agresión.
Con la confirmación del fallecimiento de Dornelles, se dio aviso al juez interviniente, quien dispuso la autopsia en la Morgue Judicial de Posadas para determinar la causa precisa de la muerte, mientras que los tres detenidos continúan a disposición de la Justicia.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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