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El macrismo prepara un paquete para atenuar el duro revés de las PASO

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Se incluiría algún alivio a las cargas impositivas. También la suba del míno de Ganancias y de las retenciones al campo. Y también beneficios a las pymes. Se anunciaría el jueves, especulando con el fin de semana y el 19, no laborable.

BUENOS AIRES (Agencias y diarios). El gobierno de Mauricio Macri intentará atenuar los efectos del revés electoral en las PASO con un paquete de medidas que incluiría una suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, una suba de las retenciones al campo y nuevos beneficios a las pymes.

El anuncio se concretaría el jueves, en una reunión ampliada del Gabinete Nacional, con el fin de obtener una rápida repercusión al día siguiente y, en caso de dudas, aprovechar el fin de semana y hasta el día no laborable del lunes de 19 para encarar los ajustes necesarios, según se supo.

Fuentes de la Casa de Gobierno señalaron a medios nacionales como Infobae: “Estamos analizando el costo fiscal. No hay nada definido. Está en pleno trabajo”, al confirmar los motivos del encuentro urgente que convocó el Presidente al mediodía y que se extendió hasta la tarde.

Al llamado asistieron los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Producción, Dante Sica, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, quienes discutieron el paquete de medidas con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente Mauricio Macri.

La diferencia de 15 puntos en favor de la fórmula Fernández-Kirchner y el impacto que este triunfo tuvo en los mercados, y que ya comenzó a tener en los precios, empeoró el escenario económico.

El panorama resultante obligó al Gobierno a tomar decisiones en favor de la clase media. El gran dilema que se viene discutiendo desde ayer es de dónde sacar los fondos, ya que la expectativa era llegar con lo justo a la meta de equilibrio primario pactada con el FMI.

Estas son las medidas que se evalúan por estas horas y se comunicarían en breve:

Retenciones

El Gobierno apelará a una nueva suba de retenciones a las exportaciones para financiar el resto del paquete. Los derechos se incrementarán de $4 a $6 por dólar exportado para las ventas al exterior de soja, maíz y trigo, aseguraron fuentes oficiales. La explicación es que con la suba de la divisa se licuó el impacto del impuesto, por lo que para el sector se termina compensando.

Ganancias

Con estos fondos, el Gobierno financiará una suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, una medida clave para beneficiar a la clase media, decepcionada con la administración de Macri por el ajuste realizado y la fuerte pérdida de poder adquisitivo. Trascendió que el piso a partir del cual los trabajadores comenzarán a pagar Ganancias subiría de $38.301 a $70.000 para un asalariado que no tiene cargas de familia ni aplica ninguna deducción por gastos.

Pymes

Además, el Gobierno evalúa anunciar nuevos créditos subsidiados para las pequeñas y medianas empresas. Concretamente, en la cartera que dirige Sica se estudiaba desde hace tiempo lanzar una nueva línea de descuento de cheque a una tasa mucho más baja que la de mercado, pero lo venía posponiendo por falta de recursos. En el actual contexto, es otra de las medidas que están sobre la mesa de discusión.

AFIP

Un nuevo plan de pagos de la AFIP también sería parte del paquete económico que se anunciará esta semana. Desde la entidad evitaron referirse al tema, pero el objetivo sería aliviar algo más la carga impositiva que tienen las empresas, especialmente las pymes.

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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Renunció Cúneo Libarona y lo reemplazará Juan Mahiques como ministro de Justicia

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El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y titular de la Asociación Internacional de Fiscales, Juan Bautista Mahiques, dará el salto al Poder Ejecutivo tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, según anunció el propio presidente Javier Milei.

Esta mañana alrededor de las 10, el mandatario argentino recibió al ministro de Justicia saliente, Mariano Cúneo Libarona, para resolver la conducción de la cartera luego de varios intentos del abogado mediático por renunciar al cargo, lo que finalmente se concretó este mediodía. 

Si bien en la danza de nombres para el reemplazo figuraba el ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y el fiscal federal Carlos Stornelli, el presidente anunció a través de su cuenta de X la designación de Mahiques, quien inmediatamente expresó su agradecimiento por nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”.

Por su parte, el nuevo ministro de Justicia, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, expresó: “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”. 

Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.

Asimismo, agradeció también a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.

El responsable de Justicia también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.  

“La Argentina -recalcó- necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”.

Finalmente destacó: “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”.

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