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El intendente Neis y otros 46 quedaron al borde del juicio por defraudación al Estado nacional

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Se confirmó la mayoría de los procesamientos. Otros seguirán bajo investigación. Es por la causa de los fondos destinados a planes millonarios para el tratamiento de residuos. En el mismo expediente figuran Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina.

 

BUENOS AIRES y POSADAS. El intendente de la localidad misionera de Puerto Rico, Federico Neis, y otros 46 jefes comunales de distintos municipios del país, quedaron al borde de un juicio oral por defraudación al Estado nacional.

En su momento, Neis había rechazado “rotundamente que haya habido ‘malversación de fondos’ o ‘corrupción’, como se acusa, en la administración del Proyecto GIRSU en la ciudad de Puerto Rico”.

El grupo fue procesado en la causa que se investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos.

En el mismo expediente hay tres ex jefes de Gabinete kirchneristas que están procesados: Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Abal Medina, junto a otros tres ex secretarios de Ambiente.

Todos fueron procesados por el juez Claudio Bonadío en febrero pasado, porque “su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, aproximadamente de una suma aproximada de 604.529.670 de pesos, maniobra que habrían llevado a cabo junto a las autoridades nacionales”.

Del total de 92 alcaldes, a 47 le ratificaron el procesamiento y los restantes fueron separados de la causa con la disposición de que seguirán bajo investigación para profundizar su participación en las maniobras.

La medida se conoció después que la Sala I de la Cámara Federal revisó la situación de cada uno, confirmando el procesamiento para 47 de los intendentes como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Para otros 42 se dictó la falta de mérito.

Entre los procesados están Francisco “Barba” Gutiérrez y Francisco “Paco” Durañona. A otros tres les quedó firme el procesamiento directamente porque no se presentaron a tiempo a la audiencia de apelación. Uno de ellos fue Mateo Capitanich. Con eso la suma de intendentes procesados se elevó a 47.

La Cámara revocó el procesamiento de otros 42 a quienes se dictó la falta de mérito por entender que no estaban acreditados los delitos. Se determinó que hubo “incumplimientos obligacionales, pero que ameritan una investigación más profunda para poder definir el significado jurídico de dichas infracciones”.

También dispuso el sobreseimiento de dos intendentes que habían sido procesados (Marcelo Skansi y Pedro Maidana).

 

La causa

El gobierno de Cristina Kirchner implementó programas de tratamiento de basura, vía Jefatura de Gabinete. Los principales beneficiados de esos programas fueron Chaco y Río Gallegos, pero la mayoría de las obras nunca se hicieron.

El fiscal Carlos Rívolo avanzó en esta investigación, que se abrió en 2016, en donde se puso bajo la lupa el destino de 604.529.670 pesos, afectados a los llamados Programas Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (PMGIRSU).

Se cree que, en realidad, esos recursos se aprovecharon para “disimular lo que constituía, en verdad, el reparto discrecional de fondos públicos a municipios privilegiados por las autoridades a cargo del desarrollo de las políticas ambientales estatales”, según escribió la Cámara Federal en noviembre pasado.

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El ex diputado nacional Carlos Fernández asumió una subsecretaría en Salud

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Fernández

El ex diputado nacional del Frente Renovador Neo, Carlos Alberto Fernández, que finalizó su mandato en el Congreso el 10 de diciembre, asumió este lunes como subsecretario de Planificación Operativa, del Ministerio de Salud Pública de la provincia.

La presentación del médico pediatra, ex intendente de Oberá, se oficializó esta mañana durante una reunión virtual con directores de hospitales y Zonas de Salud de toda la provincia, donde el ministro de Salud de Misiones, Héctor González, formalizó la nueva conformación de su equipo.

Así, se formalizó la designación de Javier Fernando Daniel Mattivi como subsecretario de Salud, en reemplazo de Héctor Proeza, que fue como coordinador del Programa Incluir; y del obereño Fernández como subsecretario de Planificación Operativa, área que se encontraba vacante.

Según informó la cartera ministerial en sus redes sociales, acompañaron la presentación de los nuevos funcionarios, los subsecretarios de Apoyo y Logística, Carlos Báez; de Atención Primaria y Salud Ambiental, Danielo Román Silva; de Recursos Humanos y Planificación, Rodolfo Fernández Sosa; y de Gestión Administrativa y Financiera, Alejandro Paczkovski.

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El Senado le dio dictamen al Presupuesto tal como salió de Diputados

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Presupuesto

El gobierno consiguió este viernes al mediodía en el Senado el dictamen de la Ley de Presupuesto 2026, que obtuvo media sanción el miércoles en Diputados, aunque no pudo volver a incluir el capítulo 11 que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, rechazado en la cámara baja en la votación en particular.

El despacho cosechó 11 firmas en la Comisión de Presupuesto del Senado, que preside el jujeño Ezequiel Atauche, y se espera que el proyecto baje al recinto el próximo viernes 26, donde se descuenta que el oficialismo intentará forzar la incorporación al texto del capítulo eliminado por la Cámara de Diputados.

Si bien, la espada del gobierno en el Senado, Patricia Bullrich, declaró a los periodistas que la esperaban a la salida del edificio que el Presupuesto “se votará tal cual vino de Diputados”, son varios los medios porteños que hablan de una ofensiva navideña de La Libertad Avanza (LLA) sobre los gobernadores para restituir al proyecto, por lo menos parcialmente, lo establecido en el capítulo eliminado, en especial la derogación de las leyes sobre discapacidad y universidades, que la Casa Rosada considera “deficitarias”.

La prensa porteña atribuye la “cautela” de Bullrich al hecho de que “muy pocos de los aliados del gobierno quieren volver a discutir los artículos perdidos” y porque, además, si se reabriera el texto se correría el riesgo de que la oposición pidiera otras modificaciones, como la eliminación del artículo 30, que elimina el piso del 6% obligatorio para inversión en Educación.

Sin embargo, horas antes, el ministro del Interior, Diego Santilli, adelantó que el gobierno iba a insistir con modificar el texto en el recinto. “Hay que corregirlo en el Senado”, afirmó y apunto, directamente, contra la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario: “La discusión está en dos leyes que tienen que ver con el exceso por arriba de la norma y que puede generarte el desequilibrio hacia adelante, entonces hay que corregirlo en el Senado”, explicó en declaraciones radiales.

Inocencia

Durante la reunión de la Comisión que preside Atauche, los senadores recibieron al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expuso los principales lineamientos técnicos del proyecto y respondió las consultas de los parlamentarios.

Guberman señaló que la presentación del Presupuesto representa “un paso importante” y afirmó que el proyecto se apoya en tres ejes centrales: el acompañamiento social sin intermediación; la recuperación y modernización de las capacidades en defensa y seguridad; y un proceso de transformación del Estado orientado a acompañar el crecimiento del sector privado.

El secretario de Hacienda del gobierno de Javier Milei detalló, además, la distribución del gasto prevista para 2026: el 45% se destinará a previsión social, pensiones y jubilaciones; el 16 % a asistencia social; el 11% a salarios del sector público; y el 9 % al pago de intereses de la deuda, lo que concentra el 82% del Presupuesto. “El 18% restante corresponde, entre otros rubros, a subsidios al transporte y la energía y al gasto universitario”, explicó.

Un rato antes, junto a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, se firmó el dictamen de la Ley de Inocencia fiscal, que también tuvo media sanción en Diputados el miércoles y se tratará el 26 próximo en el recinto. Después, el Senado cerrará hasta febrero, cuando retomará la discusión de la reforma laboral y la ley de glaciares.

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Presupuesto: misioneros votaron capítulo contra discapacidad y universidades

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diputados

Los siete diputados misioneros acompañaron la derogación de las leyes de emergencia por discapacidad y financiamiento universitario, al votar esta madrugada por el Capítulo 11, del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que contenía el artículo 75, que dejaba sin efecto ambas normativas, vetadas por Javier Milei, pero insistidas por el Congreso con mayoría calificada y, por lo tanto, vigentes.

El Capítulo 11 no pasó, sin embargo, el filtro legislativo y fue rechazado en la votación en particular, por 123 votos negativos, 117 positivos y 2 abstenciones. Entre los votos afirmativos, se anotaron Diego Hartfield y Maura Gruber, de La Libertad Avanza (LLA); Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Colo Vancsik y Alberto Arrúa, del Frente Renovador Neo; y Emmanuel Bianchetti, del PRO Misiones.

Es cierto que el interbloque de Innovación Federal, que integran los Neo con tres diputados salteños y preside Arrúa, revalidó en el recinto la disidencia expresada en Comisión con respecto al artículo 75, un gesto que se diluyó, minutos después, en el momento de la votación.

La Renovación Neo había acompañado la sanción de ambas leyes en el Congreso. Desde el trabajo en las comisiones, el tratamiento en Diputados y el Senado; e, incluso, sumó a los dos tercios que tumbaron los vetos de Milei, que no tuvo más opción que promulgarlas, aunque nunca las aplicó.

En un comunicado, subido este jueves en sus redes sociales, el  Frente Renovador Neo justificó el acompañamiento al proyecto de Presupuesto del gobierno y volvió a dejar constancia de la disidencia expresada por Innovación Federal en el recinto. ,

“Entendemos que un país necesita un presupuesto aprobado para garantizar previsibilidad, orden institucional y reglas claras en el uso de los recursos públicos”, reza el pronunciamiento y afirma: “Un Estado sin presupuesto es un Estado sin rumbo”.

“Al mismo tiempo, marcamos con claridad nuestros límites: las universidades públicas y las personas con discapacidad no pueden quedar sin respaldo ni financiamiento. Por eso, sostuvimos una disidencia responsable, que combine estabilidad institucional con la defensa de derechos sensibles”, señala en otro párrafo.

“Esa es nuestra manera de construir: responsabilidad para gobernar, compromiso para cuidar lo esencial”, finaliza.

Recortes aprobados  

Con la aprobación en general del Presupuesto 2026, los diputados nacionales de Misiones convalidaron un amplio paquete de recortes en educación y salud que, a diferencia del rechazado artículo 75, forman parte de la propuesta que pasó al Senado.

El Capítulo 2, aprobado por 130 votos afirmativos, 101 negativos y 13 abstenciones, es motosierra en estado puro: elimina el piso del 6% del PBI para educación, establecido en la Ley 26.206 de Educación Nacional; los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, creado por la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, para el sostenimiento de unas 1.500 escuelas técnicas de todo el país.

Se trata de un fondo destinado específicamente a mejorar la infraestructura y equipamiento de las escuelas técnicas, capacitar docentes y actualizar currículas, adquirir insumos y maquinaria para talleres y laboratorios, y promover la articulación entre educación y demandas productivas regionales.

Fueron varios los diputados que advirtieron en el recinto que, sin este fondo, las escuelas técnicas corren riesgos para su funcionamiento, como obsolescencia de equipos, falta de insumos básicos y dificultades en mantenimiento.

Fuentes sindicales docentes, como Amet y Ctera, señalaron que, si bien, el proyecto de Presupuesto de Milei enuncia un aumento nominal del 8% real en educación general, la inversión educativa total equivale el 0,75% del PBI, el más bajo en décadas.

En lo referente a salud, la ley sancionada en Diputados, dispone recortes a los programas de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual (ITS), cuya atención en Misiones se concentra en el Hospital Baliña, de Posadas.

En materia de financiamiento, establece un recorte aproximado del 38% respecto a años previos, según análisis de la Fundación Huésped; reduce el número de personas atendidas con tratamientos antirretrovirales, de 79.000 en 2024 a 71.500 proyectadas para 2026; dispone menos tratamientos para tuberculosis y hepatitis C; elimina a cero la asignación para compras de PrEP (profilaxis preexposición) y PEP (postexposición), materiales educativos, preservativos, test rápidos y reactivos para diagnóstico.

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