Nacionales
Macri envía un proyecto para eliminar la colimba definitivamente
El Gobierno analiza enviar al Congreso un proyecto para derogar el servicio militar obligatorio, que fue acotado sólo parcialmente en 1994 por una ley sancionada durante la presidencia de Carlos Menem, en una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Juventud y que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Defensa.
Según anticiparon a Télam dos fuentes oficiales, la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, a cargo de la ex diputada Paula Bertol, ultima detalles en estos días y ordenó a asesores técnicos de su equipo su revisación.
En los considerados del anteproyecto -al que tuvo acceso la agencia oficial-, se explica que en la norma de 1994 técnicamente “el servicio militar obligatorio sigue vigente, puede ser puesto en práctica en tiempos de guerra, crisis o emergencia nacional. Estas condiciones son definidas por las autoridades del Estado en cualquier momento, bajo criterio exclusivo del Poder Ejecutivo”.
“Está en carpeta, aunque todavía es muy pronto para decir cuándo será el momento elegido para enviarlo al Parlamento, eso depende de varios factores”, explicaron a Télam desde Casa Rosada.
Desde el oficialismo también informaron que el anteproyecto fue analizado por el ministro de Defensa, Julio Martínez, y luego de que le diera su aval, fue derivado por Jefatura de Gabinete a la oficina de Bertol, quien suele ajustar los detalles legales, junto con Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico).
En un guiño al electorado joven, el equipo del subsecretario de Juventud de la Nación, Pedro Robledo, confeccionó el anteproyecto hace dos meses, al advertir que la posibilidad de una conscripción obligatoria aún es una normativa vigente, contenida en la ley 24.429 (llamada ley del Servicio Militar Voluntario).
Según la lay actual, “en caso que el Ministerio de Defensa no cubriera los cupos solicitados con los voluntarios, podría solicitar al Ejecutivo una convocatoria obligada”, con previo permiso parlamentario.
“El sistema de sorteo pasó a convertirse (en 1994) en inscripción abierta, para quienes deciden seguir la carrera militar asalariada. Sin embargo, esto no significa que el Servicio Militar no esté vigente, sino que sólo fue suspendido en cuanto a su obligatoriedad. Además, debe señalarse que la conscripción militar obligatoria no ha sido en absoluto abolida”, consigna el anteproyecto.
Por lo tanto, se le pide al Congreso con esta iniciativa en su artículo 1ro derogar los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 33 de la ley 24.429, desterrando “la mera posibilidad de volver a caer en errores pasados, como puede ser cercenar derechos humanos intrínsecos como la libertad física y psíquica de la libre elección personal del propio destino”.
El artículo 2 del borrador propone incorporar un artículo 29 bis a la 24.429 en el que se determina que “en caso que se decrete conflicto armado de carácter internacional, se le permite al Poder Ejecutivo, previa conformidad del Congreso, convocar a aquellos soldados voluntarios que habiendo sido dados de baja, integren la reserva”.
“El objetivo de este proyecto es que el Congreso apruebe una ley definitiva que no deje lugar a dudas ni a interpretaciones abiertas: el servicio no debe ser obligatorio, ni aún en situación de emergencia. La existencia de los artículos a derogar establecen la posibilidad latente de volver a un viejo régimen que sólo ha causado penurias”, concluye.
La “colimba”, como se lo conoció popularmente (apócope de correr, limpiar y barrer), fue instaurada en 1901 mediante el Estatuto Militar Orgánico (ley 4.301) y dado parcialmente de baja en 1994 tras el escándalo del asesinato del conscripto Omar Carrasco por parte de sus superiores en la unidad militar neuquina de Zapala.
Desde entonces, durante 22 años, no hubo modificaciones a este régimen legal por parte de ninguno de los oficialismos que llegaron a la Casa Rosada, aunque sí fue eje de debate.
Nacionales
Desde el viernes aumentan valores para tramitar el DNI y el pasaporte
El Registro Nacional de las Personas (Renaper), dependiente del Ministerio del Interior, oficializó un aumento en los aranceles para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino.
La medida, establecida mediante la Resolución 19/2026 del Ministerio y la Disposición 106/2026 del Renaper, entrará en vigencia a partir de este viernes 6 de marzo de 2026 en todo el país.
El objetivo de esta actualización tarifaria es “sostener la prestación eficiente de los servicios, garantizar altos estándares tecnológicos, de diseño y seguridad en los documentos”, y “alinearse con valores de referencia regionales para documentos análogos”.
Para el DNI destinado a argentinos, el primer ejemplar para recién nacidos hasta los seis meses de edad seguirá siendo gratuito. En cambio, los trámites como el primer ejemplar desde los seis meses hasta los cinco años, las actualizaciones obligatorias a los cinco, ocho y catorce años, los cambios de domicilio, rectificaciones de datos, adopciones u otros ejemplares nuevos pasarán a costar $10.000, lo que representa un incremento del 33,3% respecto al valor anterior de 7.500 pesos.
Las modalidades urgentes agregan recargos sobre esa base: el exprés totalizará $26.000, el de 24 horas llegará a $41.000 y el al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, alcanzará los $57.000. Para personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales costarán $20.000.
En cuanto al pasaporte para argentinos, el trámite ordinario con entrega regular subirá a $100.000, un incremento aproximado del 42,8% desde los $70.000 previos. Las opciones más rápidas también se ajustan: el exprés costará $200.000 y el de resolución inmediata o al instante llegará a $330.000.
Quienes hayan abonado cualquier trámite de DNI o pasaporte antes del 5 de marzo de 2026 no deberán abonar la diferencia con las nuevas tarifas.
Nacionales
Camarógrafo detenido por la PFA fuera del Congreso: “Me pegaban patadas”
Nacionales
Después de 80 años Fate cierra definitivamente: 920 empleados despedidos
La empresa argentina de fabricación y exportación de neumáticos fundada en 1940, Fate S.A.I.C.I, anunció el fin de sus operaciones en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires, obligando el despido de 920 empleados.
El anuncio fue dado por la empresa este miércoles 18 de febrero, cuya medida se habría ejecutado de manera inmediata con el cese de la actividad en el predio que ocupa 40 hectáreas y hasta hace poco tuvo una capacidad productiva que superó los cinco millones de neumáticos por año.
Se trata de la mayor planta del país y su cierre responde a un contexto de crisis industrial afectada por la apertura comercial que generó un mayor impacto de las importaciones.
Al explicar los motivos de la decisión, la firma expresó a través de un comunicado que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.
La empresa propiedad de la familia Madanes Quintanilla remarcó que no se trata de un concurso preventivo de acreedores, ni se contempla una reestructuración o un plan de salvataje, sino que es un cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente.
Según el portal Noticias Argentinas, fuentes cercanas a la firma afirmaron que “es un cierre definitivo y se le paga a todo el mundo lo que corresponde. A empleados, proveedores, bancos. Se liquida todo y se baja la persiana”.
Por estas horas, el gobierno pidió una reunión con sus directivos con el objetivo de alcanzar la conciliación obligatoria.

Comunicado de cierre/Fate
La industria en crisis
El cierre no fue un evento repentino, sino el resultado de una erosión sistemática de la competitividad que la empresa venía denunciando desde mayo de 2024. Los factores que terminaron por dinamitar la estructura productiva de Fate se pueden resumir en tres ejes críticos:
Importaciones chinas: a mediados de 2025, el mercado local se vio saturado por un récord de 860.000 cubiertas importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios de origen chino obligó a Fate a rebajar sus productos un 15%, destruyendo sus márgenes de ganancia.
El laberinto macroeconómico: la combinación de una sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias y la falta de incentivos para la exportación dejó a la firma fuera de juego frente a competidores regionales y globales.
Conflictividad y productividad: la dirección de la empresa señaló reiteradamente que el costo laboral y la baja productividad, sumados a una relación gremial desgastada, hicieron que fabricar un neumático en Argentina fuera significativamente más caro que importarlo.
En este marco, la compañía repasó su recorrido histórico señalando que “a lo largo de más de ocho décadas FATE construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad”.
En esa línea, remarcó que “fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”.
A su vez, el comunicado recordó que “Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país”, y agregó que “esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante”.
Asimismo, desde la compañía se despidieron agradeciendo al manifestar que “expresamos nuestro profundo agradecimiento a quienes nos acompañaron en este recorrido: nuestros colaboradores, clientes, proveedores y a todos aquellos que confiaron en nuestra industria”.
Tras el cierre consumado, el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate, se enfocará directamente en los negocios que lleva adelante con Aluar, en la producción de aluminio.
Informe revela que en la era Milei se cerraron más de 20.000 empresas
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