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Macri envía un proyecto para eliminar la colimba definitivamente

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El Gobierno analiza enviar al Congreso un proyecto para derogar el servicio militar obligatorio, que fue acotado sólo parcialmente en 1994 por una ley sancionada durante la presidencia de Carlos Menem, en una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Juventud y que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Defensa.

Según anticiparon a Télam dos fuentes oficiales, la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, a cargo de la ex diputada Paula Bertol, ultima detalles en estos días y ordenó a asesores técnicos de su equipo su revisación.

En los considerados del anteproyecto -al que tuvo acceso la agencia oficial-, se explica que en la norma de 1994 técnicamente “el servicio militar obligatorio sigue vigente, puede ser puesto en práctica en tiempos de guerra, crisis o emergencia nacional. Estas condiciones son definidas por las autoridades del Estado en cualquier momento, bajo criterio exclusivo del Poder Ejecutivo”.

“Está en carpeta, aunque todavía es muy pronto para decir cuándo será el momento elegido para enviarlo al Parlamento, eso depende de varios factores”, explicaron a Télam desde Casa Rosada.

Desde el oficialismo también informaron que el anteproyecto fue analizado por el ministro de Defensa, Julio Martínez, y luego de que le diera su aval, fue derivado por Jefatura de Gabinete a la oficina de Bertol, quien suele ajustar los detalles legales, junto con Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico).

En un guiño al electorado joven, el equipo del subsecretario de Juventud de la Nación, Pedro Robledo, confeccionó el anteproyecto hace dos meses, al advertir que la posibilidad de una conscripción obligatoria aún es una normativa vigente, contenida en la ley 24.429 (llamada ley del Servicio Militar Voluntario).

Según la lay actual, “en caso que el Ministerio de Defensa no cubriera los cupos solicitados con los voluntarios, podría solicitar al Ejecutivo una convocatoria obligada”, con previo permiso parlamentario.

“El sistema de sorteo pasó a convertirse (en 1994) en inscripción abierta, para quienes deciden seguir la carrera militar asalariada. Sin embargo, esto no significa que el Servicio Militar no esté vigente, sino que sólo fue suspendido en cuanto a su obligatoriedad. Además, debe señalarse que la conscripción militar obligatoria no ha sido en absoluto abolida”, consigna el anteproyecto.

Por lo tanto, se le pide al Congreso con esta iniciativa en su artículo 1ro derogar los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 33 de la ley 24.429, desterrando “la mera posibilidad de volver a caer en errores pasados, como puede ser cercenar derechos humanos intrínsecos como la libertad física y psíquica de la libre elección personal del propio destino”.

El artículo 2 del borrador propone incorporar un artículo 29 bis a la 24.429 en el que se determina que “en caso que se decrete conflicto armado de carácter internacional, se le permite al Poder Ejecutivo, previa conformidad del Congreso, convocar a aquellos soldados voluntarios que habiendo sido dados de baja, integren la reserva”.

“El objetivo de este proyecto es que el Congreso apruebe una ley definitiva que no deje lugar a dudas ni a interpretaciones abiertas: el servicio no debe ser obligatorio, ni aún en situación de emergencia. La existencia de los artículos a derogar establecen la posibilidad latente de volver a un viejo régimen que sólo ha causado penurias”, concluye.

La “colimba”, como se lo conoció popularmente (apócope de correr, limpiar y barrer), fue instaurada en 1901 mediante el Estatuto Militar Orgánico (ley 4.301) y dado parcialmente de baja en 1994 tras el escándalo del asesinato del conscripto Omar Carrasco por parte de sus superiores en la unidad militar neuquina de Zapala.

Desde entonces, durante 22 años, no hubo modificaciones a este régimen legal por parte de ninguno de los oficialismos que llegaron a la Casa Rosada, aunque sí fue eje de debate.

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La Justicia intimó al gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

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El juez federal Martín Cormick le dio cinco días al gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU) y advirtió que podría penalizar económicamente a los funcionarios por cada día de demora.

Se trata de la segunda medida judicial presentada este año ante el incumplimiento de la ley, la primera fue a finales de marzo, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal solicitó la “inmediata aplicación” del financiamiento universitario y la actualización salarial docente luego de tres semanas de paro nacional universitario en las facultades públicas de todo el país.

Se trata de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso de la Nación el 21 de agosto de 2025, la cual garantiza la actualización de gastos de funcionamiento y salarios docentes/no docentes. Sin embargo, no fue aplicada hasta el momento.

En los últimos días, el Frente Sindical de Universidades Nacionales  convocó a 23 días de paro en todo el país como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria prevista para el jueves 15 de octubre.  

En este contexto, el magistrado Cormick dejó en claro que entendía que el gobierno nacional le había mentido cuando pidió que levantara la medida cautelar que él mismo había dictado en diciembre pasado a pedido de las universidades.

“Verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”, sostiene el documento.

Juez federal Martín Cormick

En octubre del año pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una batalla en los tribunales para que Milei cumpla con la LFEU. El 23 de diciembre pasado, Cormick dictó una medida cautelar para que el gobierno pagara lo que adeudaba. 

La decisión del juez fue confirmada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En tanto, el 25 de junio pasado, la Corte ratificó –con su habitual parsimonia– lo que había resuelto Cormick.

El 10 de junio pasado, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, le informó a Cormick que se había llegado a un acuerdo entre el CIN, la Subsecretaría de Políticas Universitarias y los gremios. En las actas, se afirmaba que el gobierno iba a transferir 24,33% a las universidades para el pago de salarios –21% en junio y un 3% adicional en octubre–, se comprometía a actualizar en un 20% los gastos de funcionamiento y a incrementar la partida para los hospitales universitarios.

Después de que el gobierno nacional presentara el acta como para desinflar el reclamo ante los tribunales, el CIN contestó que la suscripción de ese documento no implicaba renunciar a la posición que mantenía y que era una “gota en medio del océano de los incumplimientos del Poder Ejecutivo”.

El 21 de agosto pasado, hubo una audiencia en la que el Poder Ejecutivo volvió a pedir que Cormick levantara la cautelar. El argumento que invocaba el gobierno era que, como había hecho transferencias parciales en favor de las universidades, había desaparecido el requisito del peligro en la demora.

La posición del gobierno no convenció al juez, que el 1 de septiembre rechazó la pretensión de la administración libertaria. En ese momento, Cormick le recordó al Ministerio de Capital Humano que ya había establecido que la cautelar regiría hasta tanto dictara una sentencia definitiva. Lo que piden las universidades es que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 del gobierno de Milei, a través del cual suspendió materialmente el cumplimiento de la LFEU.

Tanto el 1 como el 17 de septiembre hubo reuniones entre el Gobierno, gremios y universidades, pero en ninguno de los encuentros se llegó a acuerdo alguno. La semana pasada, Capital Humano presentó un escrito en el que afirmaba que los sueldos docentes habían aumentado un 226,80% entre diciembre de 2023 y junio de este año.

Desde el CIN respondieron que el Gobierno intentaba engañar al juez: que la única oferta que había hecho desde que comenzó la gestión fue la de junio y que ni siquiera había terminado de pagarla. Según los cálculos de las universidades, hay un desfasaje del 35%.

Universitarios convocan a la quinta marcha ante el incumplimiento de la ley

 

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El 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del papa León XIV

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La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó hoy en la sede del ministerio de Seguridad la reunión para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV y transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional en ocasión de la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, durante la reunión se analizó la posibilidad de avanzar en un esquema de “feriados locales/provinciales” para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre que serán comunicados oficialmente en los próximos días .

La funcionaria estuvo acompañada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y transmitió la definición del gobierno nacional ante representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de Caba, provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Asimismo, Karina Milei anunció que al evento en el Palacio Libertad que se celebrará el domingo por la tarde, serán invitados los 24 mandatarios provinciales al igual que diputados y senadores de todos los partidos políticos.

Finalmente, se repasaron aspectos logísticos, de seguridad y de comunicación y se informó que quienes serán voluntarios registrados para la ayuda peregrina contarán con el beneficio de pasajes gratis en la red Sube de transporte público durante los días que el Santo Padre esté en nuestro país.

Cabe destacar que cada una de las jurisdicciones asume la responsabilidad presupuestaria de sus respectivos eventos.

Estuvieron presentes por la Conferencia Episcopal Argentina, su presidente, monseñor Marcelo Colombo; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Por parte del gobierno nacional, también estuvieron el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.

Karina Milei encabezó la reunión para coordinar acciones ante la visita del sumo pontífice.

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El médico misionero Richard Malan fue designado presidente del Incucai

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richard malan incucai

El médico misionero Richard Malan fue designado como nuevo presidente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), según informó este viernes el gobierno nacional.

La designación fue formalizada mediante el Decreto 971/2026, publicado en el Boletín Oficial, y representa el desembarco de Malan en la conducción del organismo nacional encargado de coordinar las políticas vinculadas con la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina. Hasta ahora, el profesional se desempeñaba como vicepresidente del instituto, cargo que ocupaba desde 2023.

Malan es médico especialista en Clínica Médica, Hemoterapia e Inmunohematología y Gestión de Servicios de Salud. Entre 2006 y 2020 estuvo al frente del Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos de Misiones y, entre 2009 y 2020, dirigió el organismo provincial de Donación y Trasplante (Cucaimis).

Durante su gestión en Misiones impulsó la creación del Laboratorio de Inmunología y Trasplante y del Banco de Tejidos. Según destacó el gobierno nacional, durante esos años se registró un crecimiento sostenido en materia de donación y trasplante, que permitió alcanzar la denominada lista de espera cero para trasplantes de córneas en la provincia.

Además, desde 2016 se desempeña como profesor a cargo de la Cátedra de Medicina del Trasplante de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de las Misiones.

Trayectoria

Malan se incorporó al Incucai en 2020, donde estuvo al frente del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas y participó en el desarrollo de nuevos centros de trasplante de médula ósea en hospitales públicos.

También lideró el proyecto de creación del Laboratorio Nacional de Inmunogenética, destinado a facilitar el acceso a estudios inmunogenéticos y de histocompatibilidad para pacientes con indicación de trasplante.

Con su designación, Malan reemplazará a Carlos Soratti, quien deja la presidencia del Incucai después de casi dos décadas al frente del organismo, con distintos períodos de gestión desde 2003.

El mismo decreto designó a Gabriela Hidalgo, hasta ahora directora del Incucai, como vicepresidenta del Directorio del organismo.

Trasplante de órganos en Misiones: 113 en espera y 183 en proceso de inscripción

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