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Restituyeron la tenencia de su bebé a joven mbya de Eldorado
En una audiencia, las partes llegaron a un acuerdo por un régimen de tenencia compartida, por lo cual Fátima González podrá volver con su hijo a la comunidad Tekoa Ysyry.
ELDORADO. En una audiencia realizada el martes último, el juez de Familia de la Capital del Trabajo resolvió restituir a la joven mbya Fátima González la tenencia de su bebé.
Asimismo, se indicó que la mamá acordó un régimen compartido de tenencia.
El niño había sido entregado a su abuela en una audiencia previa, de la cual se pidió la nulidad, ya que la mujer no contó con un intérprete, como marca la ley. Esta vez, estuvieron garantizados los derechos de la joven a un intérprete intercultural.
La joven madre mbya estuvo asistida por defensores y se pudo aportar una mirada interdisciplinaria para la resolución de un conflicto que atentó contra derechos del niño y de su madre.
El juez Juan José Palacio requirió la presencia de Dalmacio Ramos, mburuvichá de la comunidad Tekoa Ysyry, en la cual reside Fátima González.
Además, estuvieron presentes la promotora sanitaria de la comunidad, Susana Benítez y la antropóloga Ana María Gorosito Kramer actuó como perito.
La abuela del niño, María Villalba, y José María Aguiar, padre del niño, también participaron de la audiencia.
Asimismo, el juez requirió informes de la Dirección de Acción Social de Mado Delicia, de la Dirección de Asuntos Guaraníes y de la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
Las múltiples voces que se expresaron en la audiencia aportaron a la concreción de un acuerdo que permitió que Fátima pudiera volver a la comunidad con su hijo, retomando así una etapa de revinculación del niño con su madre en el ámbito de su comunidad Tekoa Ysyry y de la cultura a la que ambos pertenecen.
El acuerdo prevé un régimen de tenencia compartida, al que pudo llegarse a través del diálogo entre las partes, cuyo objetivo principal -según planteó el juez- es garantizar el bienestar del niño.
Desde el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, ámbito desde el cual se ejerció la defensa de Fátima González, ponderaron el camino del diálogo intercultural y la necesidad de que las instituciones del Estado generen los ámbitos de consulta y escucha que sean pertinentes para abordar casos que impliquen a miembros de los pueblos originarios a los fines de preservar sus derechos culturales.
“El diálogo es la forma de resolución de conflictos, es la vía privilegiada por los miembros del pueblo guaraní”, destacó José Luis Fuentes, parte del equipo de defensa de Fátima.
“El Juzgado debió abrir la mirada a la interculturalidad que atraviesa el caso y nuestro equipo puso a su disposición el conocimiento interdisciplinario que debe requerirse cada vez que se comprometan derechos indígenas”, agregó Roxana Rivas, otra de las abogadas.
“En una provincia como la nuestra, la obligación del Estado y en este caso del Poder Judicial es incorporar la perspectiva indígena en todas las decisiones que se tome y estén afectados derechos de los integrantes de las comunidades originarias. Si la perspectiva y el derecho vigente indígena hubieran sido considerados desde el primer momento, todo el daño se hubiera evitado”, advirtieron desde el espacio de derechos humanos.
Por su, parte, la antropóloga Ana María Gorosito Kramer destacó: “Una vez más, estos lamentables conflictos se producen ante la ausencia total del organismo específico que debería haber intervenido en cada caso. La Dirección de Asuntos Guaraníes, cuyo informe fuera requerido oportunamente por su señoría ya desde el momento de la primera audiencia en el mes de noviembre, no ha contestado ni se ha hecho presente de alguna manera. A la extrema vulnerabilidad de los miembros del pueblo guaraní, agravada en este caso por la situación de niñez y género, se suma la repetida y alarmante inacción el Poder Ejecutivo de Misiones, con una dependencia cuya existencia absorbe parte del presupuesto provincial anual pero que, en los hechos, tiene una existencia meramente ornamental y simbólica”.
Foto: ilustrativa.
Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.
De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.
De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.
Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.
En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.
No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.
Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.
Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.
Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.
Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.
La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).
El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.
Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.
En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.
Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.
El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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