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Crimen de El Palomar: absolvieron por el beneficio de la duda a las condenadas a perpetua

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Sostuvo la Corte Suprema que “correspondía absolver a ambas imputadas a fin de evitar que una situación de indefinición reñida con el derecho de defensa y el debido proceso se siguiera dilatando en el tiempo”.

BUENOS AIRES y POSADAS (Diarios, agencias y redacción de LVM). La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, absolvió a Cristina Liliana Vázquez (foto) y a Lucía Cecilia Rojas por el homicidio de Ersélide Leila Dávalos, cometido en 2001 en el barrio El Palomar de Posadas.

Vázquez y Rojas habían sido condenadas a prisión perpetua, aunque en intervención anterior la Corte ya había ordenado al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia que revisara esta condena.

El máximo órgano de administración de Justicia del país también había dispuesto que su homónimo en Misiones tratara los descargos por los que las imputadas sostenían su inocencia con respecto al hecho por el que habían sido condenadas.

Sin embargo la Corte misionera con otra integración, volvió a revisar la sentencia de condena y la confirmó.

Ahora la Corte Suprema entendió que en la sentencia que confirmó la condena no se había tratado en forma adecuada el descargo de Vázquez y Rojas por el que sostenían no ser responsables del hecho que se les atribuyera.

Remarcó que la revisión del fallo había sido deficitaria en tanto se había apartado de las constancias de la causa, desatendiendo prueba producida al no ponderarla ni confrontarla desde la perspectiva del principio de culpabilidad.

También aludió a que fue desatendida la garantía de presunción de inocencia, convalidando un doble estándar de valoración probatoria, en desmedro de dichos principios al efectuarse un análisis parcial y sesgado de la prueba.

Consideró asimismo que la causa resultó ser un ejemplo de un proceso indebido en el que se negó la vigencia del principio de inocencia y la aplicabilidad al caso del in dubio pro reo y que ello se debía a la revisión parcial y sesgada que se había hecho del fallo.

El máximo tribunal sostuvo que si no hay un debido proceso, entonces no puede existir el respeto a la garantía de la defensa y al derecho a ser oído y si esa garantía se encuentra ausente, no hay posibilidad de garantizar la presunción de inocencia.

Por ello, la Corte entendió que tras más de nueve años de procedimiento recursivo todavía la sentencia apelada no cumplía con el derecho de las imputadas a que su condena fuera revisada de conformidad con los mandatos que derivan de la mencionada presunción de inocencia.

Además, dispuso que en función de ello, aplicando el beneficio de la duda, concluyó que correspondía absolver a ambas imputadas a fin de evitar que una situación de indefinición reñida con el derecho de defensa y el debido proceso se siguiera dilatando en el tiempo.

En su voto conjunto, los ministros manifestaron que la aplicación del principio in dubio pro reo permitió arribar a una solución que –aunque en forma tardía- pone fin a la injusticia con dos personas que han pasado varios años encarceladas. En este sentido, remarcaron que ésta era la única respuesta judicial posible y expedita hacia quienes hasta ahora estuvieron condenadas.

Vázquez y Rojas se encontraban hasta ahora privadas de su libertad sin sentencia firme, en el caso de Rojas desde hace más de catorce años y, en el caso de Vázquez, desde hace más de once.

Policiales

Desbaratan red de usura en Posadas: tres detenidos y 350 tarjetas incautadas

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red usura

Mediante dos allanamientos simultáneos ejecutados anoche en un barrio de Itaembé Guazú en Posadas, la Policía desbarató una red de usura y detuvo a tres sospechosos, al tiempo que decomisó 350 tarjetas de débito y tres camionetas, entre otros elementos de interés para la causa.

De acuerdo a la información difundida, la pesquisa estuvo a cargo del personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional X, en conjunto con los agentes de la Brigada de Investigaciones del Nodo de Seguridad Itaembé Guazú, quienes mediante labores encubiertas siguieron el rastro de una banda dedicada a realizar prácticas de usura y retención indebida de documentación en perjuicio de familias vulnerables.

De esta manera, con los datos reunidos con las tareas de campo, anoche solicitaron órdenes de allanamiento y con el aval de la Justicia irrumpieron en dos inmuebles ubicados en el barrio 508 Viviendas.

Allí concretaron la detención de tres sospechosos identificados como Andrés A. R. (43), Andrés B. (39) y Susana M. (43), quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia.

En los procedimientos además se incautaron elementos comprometedores para la banda, como ser 350 tarjetas de débito con sus respectivas contraseñas de cajero y 25 documentos nacionales de identidad que habrían sido retenidos para garantizar el cobro de préstamos con intereses exorbitantes. También se hallaron cuadernos, anotaciones y registros contables que forman parte del circuito financiero informal investigado.

No fue lo único. Los efectivos recuperaron una gran cantidad de electrodomésticos y bienes de uso cotidiano presuntamente entregados por las víctimas como forma de pago ante la imposibilidad de afrontar los intereses impuestos por los prestamistas.

Según precisaron, todos los elementos serán inventariados y puestos a disposición del Juzgado para avanzar con la identificación de damnificados y la restitución correspondiente.

Como parte del operativo también fueron secuestrados cuatro vehículos vinculados a la maniobra, entre ellos una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota SW4 y un Fiat Fiorino, todos utilizados por la organización en la actividad investigada.

Las pesquisas continúan bajo supervisión judicial para determinar si existen otros domicilios involucrados, nuevas víctimas y eventuales integrantes del circuito usurero, sin descartarse nuevas medidas en las próximas horas.

Los allanamientos fueron realizados en el barrio 508 Viviendas de Itaembé Guazú.

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Cultura

Yerba Canchada vuelve para despedir el año a pura cumbia y baile en el Galpón

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La agrupación posadeña Yerba Canchada vuelve al concierto antes de que termine el año y será con una fiesta el sábado 27 de diciembre en El Galpón de la murga (Pedro Méndez 2260).

El show se llama “N’el Patio”, con la idea de mixturar el ritmo afrolatino con impronta litoraleña para una fiesta popular como viene planteando la banda desde trece años.

Las entradas tienen lotes con valores anticipados al 3764652874 : el Lote 1 tiene un costo de $15.000 o 2 por $28.000 hasta el 12 de diciembre. Luego se habilitará el Lote 2 a $18.000 o 2 por $35.000 hasta el 26 de diciembre. Finalmente, el costo en puerta será de $20.000.

En esta edición especial, la fiesta contará con la presencia de D Cerro DJ. Habrá una puesta visual, especialmente diseñada para acompañar el clima veraniego que propone el concepto del concierto.

Yerba Canchada publicó hasta el momento solo el disco “Juira los Argeles” (2016), bajo el auspicio del Instituto Nacional de Música (Inamu) y contiene diez canciones de 33 minutos en total, con éxitos propios como “Barro Ñaú”, “Caña de limón” o “La Kambá”.

El grupo está integrado por Matías Juañuk en voz y guitarra criolla, Maxi Juañuk en guitarra eléctrica y coros, Micho Acuña en el bajo y coros, Valeria Berend en acordeón, Leandro Yahni en teclados y los percusionistas Mauricio Ovando, Omar Gauna, Matías Dutra y Jerónimo Brítez.

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Judiciales

Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.

Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.

En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.

En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.

La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.

La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.

Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.

Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.

Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”

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