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Obispos expresaron “preocupación” por el conflicto docente y la situación de la educación

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La comisión permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) concluyó dos días de deliberaciones, en los que los obispos compartieron sus preocupaciones por la situación de la educación y el conflicto docente, como así también por las amenazas recibidas en el último tiempo por sacerdotes y referentes sociales por sus denuncias contra el narcotráfico.

Así lo expresó este mediodía el Episcopado a través de un comunicado de prensa, en el que consignó que, presididos por monseñor José María Arancedo, la veintena de obispos que integra la comisión había finalizado su habitual intercambio pastoral, en el que surgieron preocupaciones como la “situación de la educación y el conflicto docente”.

Si bien los obispos decidieron concluir el encuentro sin la difusión de una declaración, varios prelados se manifestaron públicamente -con variados matices- sobre el tema docente que, desde el inicio del ciclo lectivo, afecta el normal dictado de clases en distintas provincias y que está signado por la realización de un nuevo paro nacional de 48 horas convocado por Ctera.

Otro tema que surgió en el intercambio entre los obispos fue la preocupación compartida por la situación del narcotráfico y las amenazas que recibieron últimamente sacerdotes y referentes sociales vinculados a la lucha contra esa problemática.

De hecho, en las últimas horas, el obispado de Merlo-Moreno decidió el traslado del sacerdote Eduardo Farrel -hasta ahora párroco del Sagrado Corazón de Moreno- para preservar su integridad física ante las “reiteradas amenazas e intimidaciones” que sufrió desde diciembre pasado, tras haber brindado una misa en homenaje a un militante social asesinado en Moreno.

En tanto, la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP), un organismo perteneciente a la CEA, advirtió que la situación del cura Farrel “no es un caso aislado” y aseguró que, “en otros lugares del país, se viven situaciones similares aunque muchas no se den a conocer por miedo a las consecuencias de la denuncia”.

En la ciudad correntina de Itati, donde fueron detenidos el intendente y el vice junto con el jefe de la policía local por su presunta vinculación con el narcotráfico, la Iglesia venía denunciando hace tiempo las conexiones con la política y el rector de la basílica Gustavo Cadenini también tuvo que irse por los aprietes narco.

Según informó la oficina de prensa de la CEA, otros temas analizados durante estos días fueron los casos de abusos por parte de sacerdotes, para lo cual la comisión episcopal de ministerios presentó una propuesta de trabajo para la prevención de abuso de menores y adultos vulnerables, a tono con la “tolerancia cero” que impulsa el papa Francisco para estos casos.

Para elaborar la iniciativa se trabajó con especialistas en distintas disciplinas y se viajó a Chile para conocer la experiencia del Consejo Nacional de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal de ese país.

Por otro lado, los obispos también resolvieron dar su apoyo “con algunas sugerencias” al proyecto de ley nacional de libertad religiosa que impulsa el gobierno, que será enviado próximamente al Congreso.

Por último, en los próximos días, se dará a conocer el protocolo de consulta de los archivos relativos a la dictadura conservador en el Episcopado, la Nunciatura y la Secretaria de Estado del Vaticano, que fue anunciado el año pasado.

En tanto, en relación al diálogo en torno al conflicto docente que se planteó en los dos días de deliberaciones que mantuvieron en la sede porteña del Espiscopado en el barrio porteño de Retiro, los obispos expresaron su preocupación por la situación educativa.

En este sentido, en declaraciones periodísticas formuladas días pasados, el presidente de la comisión de Educación del Episcopado, monseñor Eduardo Martín, había pedido “bajar la escalada de confrontación”, y expresado la preocupación de la Iglesia por la “escalada de la violencia verbal porque aleja toda posibilidad de solución”.

Por su parte, el titular de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, había señalado el fin de semana que veía al conflicto docente “como de difícil salida”, aunque se mostró esperanzado en que las partes puedan “encontrar alguna solución” en “forma conjunta y lo más pronto posible”.

Más duro, el arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, había considerado que la razón de fondo del paro docente era “ideológica”, que los dirigentes gremiales “mantienen de rehenes a cuatro millones y medio de niños” y que, frente a eso, “las familias tendrían que manifestarse” y “exigir a los gremialistas” que comiencen las clases.

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Inflación de febrero fue de 2,9%: los mayores aumentos fueron en agua y luz

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inflación febrero

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó esta tarde que la inflación de febrero igualó el registro del mes pasado con 2,9% y los precios acumulan un aumento de 5,9% en lo que va del año.

Según el organismo, la división con mayor incremento en febrero fue la de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 6,8%; seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con 3,3%, al igual que Bienes y servicios varios.

En contrapartida, no se registró modificaciones en la sección que contempla Prendas de vestir y Calzados, mientras que Bebidas alcohólicas experimentó aumentos de apenas 0,6%.

En cuanto al análisis de los aumentos por región, el índice nacional se ubicó por encima de lo registrado en Gran Buenos Aires (2,6%) y por debajo del Noereste (3,1%).

Inflación de enero fue de 2,9% y la suba de alimentos fue del 4,7% en el mes

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

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El gobierno promulgó la reforma laboral y los cambios rigen desde hoy

A una semana de la sanción en el Congreso de la Nación, el gobierno promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral y los cambios comienzan a regir a partir de hoy.

El Poder Ejecutivo puso en vigencia la Ley 27.802, a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 137/2026, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

La norma, compuesta por 25 capítulos, introduce cambios en las relaciones de trabajo, principalmente, en indemnizaciones, salarios, vacaciones, jornada laboral, derechos sindicales y flexibiliza las condiciones de contratación.

Sobre las indemnizaciones, la Ley reduce la base de cálculo y deja de considerar dentro de las mismas vacaciones, aguinaldo, propinas o premios. Quedará un tope salarial como base de remunerativa, que no puede exceder tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. De esta manera, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3%. También habilita a las Pymes el pago en cuotas.

Los salarios podrán abonarse en dinero -en moneda nacional o extranjera- o en especie, mediante provisión de habitación o alimentos. Además, se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que podrá ser acordado en convenios colectivos, regionales o por empresa, y contemplarse como una retribución vinculada al mérito personal del trabajador o a su productividad.

Según la norma, el empleador deberá otorgar las vacaciones entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período. También se prevé que empleador y trabajador puedan convenir el fraccionamiento de las vacaciones con una antelación no menor a 30 días, con períodos mínimos de siete días.

En relación con las horas extras y el banco de horas, el artículo 197 bis incorporado establece que el empleador y trabajadores “podrán acordar voluntariamente un régimen de compensación de horas extraordinarias”, el cual deberá formalizarse por escrito.

El texto señala, además, que “dicho régimen deberá respetar los descansos mínimos legales, asegurando en todo momento la protección, beneficio e interés del trabajador”.

Asimismo, la reforma establece porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas según la actividad: los servicios esenciales deberán garantizar una cobertura del 75% y los considerados trascendentales, del 50%. Además, amplía las actividades alcanzadas y dispone que, tras una conciliación obligatoria, los sindicatos presenten con anticipación el plan de la medida de fuerza. También establece que las asambleas de trabajadores deberán contar con autorización previa del empleador.

La nueva legislación aclara que sus disposiciones no alcanzan a empleados de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios, prestadores independientes de plataformas tecnológicas ni a contratistas regidos por el Código Civil y Comercial, salvo que una norma específica los incluya.

La Reforma Laboral es ley: senadores misioneros votaron a favor

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Paro nacional universitario por 96 horas en reclamo de ley de financiamiento

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La Conadu Histórica, convocó a un paro nacional por 96 horas, desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20, en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso de la Nación y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei.

Sin embargo, los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) proponen que el cese de actividades sea “por tiempo indeterminado”, hasta que se aplique la ley y se concrete el pago de un aumento del 51% adeudado por la recomposición salarial.

De todas maneras, la medida será ejecutada conjuntamente el 16, en tanto, el día 20 se concretará una nueva asamblea general para evaluar los pasos a seguir. Mientras tanto, el gobierno nacional presentó un nuevo proyecto de ley, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó la ley original.

En ese sentido, los universitarios plantean que la nueva maniobra oficialista busca “no acatar la Ley”, ya que “es una modificación que desconoce la deuda y nos da un aumento del 12%, en lugar del 51% adeudado y encima en tres cuotas a pagar hasta octubre de 2026”, expresó Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la UBA en diálogo con Noticias Argentinas.

En ese contexto, planean convocar a una marcha federal antes del tratamiento de la modificación en el Congreso.

Milei suspendió ejecución de las leyes Garrahan y financiamiento universitario

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