Política
Jabornicky, el asesor detrás del proyecto político de Ramón Amarilla
Se muestra en las redes sociales en reuniones en sitios de lujo y vinculado a espacios libertarios. No tiene matrícula para ejercer, pero comanda un buffet de abogados en Posadas. Dice ser “el creador” de Ramón Amarilla como figura política, una relación que nació en los días de cárcel del expolicía y actual diputado provincial.
El abogado Alejandro Jabornicky, de 53 años, irrumpió en los medios de comunicación misioneros en el año 2003, en el marco de la causa denominada Megaestafa, un desfalco multimillonario a la Justicia de Misiones que lo tuvo entre los implicados.
A partir de allí enfrentó variadas disputas legales, período en el que acumuló 14 sanciones del Colegio de Abogados de Misiones, un proceso que concluyó en el año 2017 con la cancelación de su matrícula por parte del Superior Tribunal de Justicia.
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Desde su búnker de la avenida López y Planes, Jabornicky comanda un equipo de abogados que litigan por él en la Justicia misionera, territorio que lo tiene vedado por falta de matrícula.
Desde allí, también comandó varios armados políticos de tinte liberal libertario, a partir de su vínculo cuasi familiar con la ex jefa del Pami Misiones, Ninfa Alvarenga, íntima amiga de su pareja fallecida, de quien fue su apoderado hasta la inevitable ruptura.
Reapareció, tiempo después, en las elecciones Paso de 2023, como precandidato a senador por Fuerza Liberal, en una heterogénea lista que nucleaba a ex ninfos, elementos irradiados del PRO y figuras del puertismo residual, y que impulsaba la candidatura de Javier Milei para presidente.
Fue entonces que promovió a la actual diputada provincial del partido Por la Vida y los Valores, Rita Flores, que figuraba como precandidata a diputada nacional en las Paso de ese año, e incluso movilizó un colectivo ploteado que bautizó como el “Bondi de la Libertad” y lo paseó por la provincia.
La lista no alcanzó el piso. El armado se desintegró. Jabornicky y Flores, que habían matcheado durante la campaña electoral, abandonaron Fuerza Liberal y se replegaron al búnker de López y Planes, desde donde buscaron reposicionarse en el universo libertario, con múltiples giras a Buenos Aires, que abarcaron glamorosas veladas en Puerto Madero, visitas a diplomáticos, encuentros con figuras del gobierno, como el entonces ministro del Interior Guillermo Francos, y asientos en los mítines de Milei en el Movistar Arena porteño.
De resultas de esas giras, aterrizó en Posadas la legisladora porteña Lucía Montenegro, mileísta acérrima que saltó a la fama como la karateca silenciosa que desplegaba artes marciales en la campaña electoral de La Libertad Avanza, y se ubicó en el ojo del huracán con un evento negacionista de la dictadura que tuvo de anfitriona a la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Montenegro trajo a Misiones su partido Ahora Vos, y designó como presidenta a Flores y vicepresidente a Jabornicky. Hasta hoy, el espacio es un sello sin personería jurídica ni política, pero le permitió al abogado posadeño continuar en el ruedo, de cara a las elecciones provinciales de junio de 2025 y articular una lista ganadora en torno a Ramón Amarilla.
FIGURA. El abogado sin matrícula siempre se mantiene vigente en los medios.
Titiritero
Los 267 días de encarcelamiento de Ramón Amarilla, acusado de intento de sedición en el marco de la protesta policial de 2024, “fueron el tiempo necesario para fraguar una sociedad política que se sostiene hasta hoy”, analizó en diálogo con LVM el abogado Claudio Katiz, que fuera candidato en la lista del ex policía, que fue reemplazada por la que finalmente se consagró en las elecciones del 8 de junio pasado.
Alejandro Jabornicky afirma en charlas informales ser “el creador” del Ramón Amarilla como figura política, y ambos admiten la relación que comenzó con una visita a la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
De hecho, el buffet de Jabornicky intervino en la liberación del ex policía de la cárcel, y no hace mucho, en el streaming HDP que conduce el periodista Eduardo Pérez, el letrado devenido en político definió a Amarilla como “un líder carismático, respetado por la calle, refrendado en las urnas: un buen ejemplo”.
“Jabornicky es el gran titiritero que había armado una lista en la cual estaban estos diputados (el matrimonio Walter Ríos y Déborah Mangone, y Rita Flores, expareja de Jabornicky), él era el armador”, remarca Katiz, que fue desplazado de su lugar como candidato a legislador provincial junto a otros de los primeros promotores de Amarilla. “Pero de todo eso no dimos cuenta después”, se lamentó.
Katiz analiza lo sucedido y dispara: “Ramón Amarilla se ve que sabía de la injerencia de Jabornicky, o fue parte de ese armado del abogado. Muchos nos enteramos de todo eso tiempo después”.
OTROS TIEMPOS. Ramón Amarilla y Claudio Katiz en reclamos por justicia.
Violencia
En la primera semana de septiembre de 2025, Jabornicky dinamitó todo el armado político que había conseguido articular en torno a la figura de Amarilla con el partido Por la Vida y los Valores, cuya lista fue encabezada por el expolicía y obtuvo cuatro bancas en la Legislatura provincial.
En una noche de aparente desenfreno, Jabornicky protagonizó supuestos hechos de violencia contra su pareja, Flores, y la también legisladora provincial Deborah Mangone, esposa del presidente del PVV y actual vicepresidente primero de la Legislatura, Walter Ríos, que desembocaron en la Policía y con Jabornicky detenido en un calabozo de la Comisaría Segunda, de la avenida Tambor de Tacuarí.
Según la denuncia policial, los hechos de violencia comenzaron en un restaurante árabe de la avenida López y Planes, donde el grupo acostumbraba ir a cenar luego de sus reuniones políticas en el búnker de Jabornicky, y donde el abogado, totalmente fuera de sí, profirió insultos a Flores y rompió una copa, cuyas esquirlas alcanzaron a Mangone.
En la denuncia consta que las amenazas eran del siguiente tenor: “Te voy a matar, sos una miserable. Van a tener que necesitar un ADN para identificarte. Te voy a destruir, voy a reventar tu teléfono, que encima lo compré yo. En una zanja te voy a dejar tirada”.
La situación se repitió más tarde, cuando Flores fue hasta la casa donde convivía con el acusado a retirar sus pertenencias.
El abogado contraatacó y denunció a la diputada provincial por acoso judicial, y pidió al juez que sancione a su defensora, la abogada Silvia Risko. Alegó que lo drogaron y aprovecharon su estado para robarle miles de dólares y joyas, entre otras pertenencias. “Me desvalijaron la casa”, lanzó.
El caso, que se tramita en el Juzgado de Instrucción 7 de Posadas y saltó a los medios nacionales, le significó a Jabornicky el divorcio, no solo con Flores, sino con sus socios políticos Ríos y Mangone, sobre quienes el abogado solía referirse como “mis diputados”.
ESPOSADO. Jabornicky recién llegado a la seccional 2da donde pasó tres días.
Megaestafa
La causa conocida como la Megaestafa judicial estalló en 2003 y produjo un duro golpe a una estructura delictiva que terminó con una jueza detenida, otros magistrados bajo sospecha, secretarios eyectados, y un grupo de abogados en el banquillo de los acusados. En ese escenario apareció Héctor Alejandro Jabornicky.
El escándalo que hizo detonar al Poder Judicial misionero al destapar una olla de corrupción que funcionaba en el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas y que provocaba desfalcos millonarios. También quedaron otros juzgados en la mira de los investigadores.
La causa comenzó el 29 de septiembre de 2003, a partir de una denuncia radicada ante la seccional Primera por uno de los damnificados en las maniobras de estafa que eran articuladas entre jueces, secretarios y abogados. El objetivo era saquear cuentas que se encontraban bajo custodia judicial con la complicidad de integrantes de la Justicia.
La investigación derivó en un jury a la magistrada Graciela Brígida Salvado de Sotelo, quien fue acusada como la “organizadora” de la banda, mientras que otros cinco funcionarios judiciales también fueron imputados y dos abogados.
Todos fueron acusados de formar parte de una asociación ilícita dedicada a robar dinero con extracciones de depósitos judiciales en bancos de Posadas y a medida que la investigación avanzaba se fueron sumando más nombres, entre los cuales apareció el de Jabornicky.
Según una crónica de la época publicada por el diario El Territorio, Jabornicky llegó a estar imputado por “coautor del delito de estafa calificada; sustracción y ocultamiento de documental”, aunque con el paso del tiempo, los recursos de apelación, prescripciones y más artilugios judiciales, las responsabilidades penales finalmente recayeron en los primeros seis acusados.
Por otra parte, Jabornicky no puede ejercer como abogado en la provincia por tener la matricula cancelada por una condena firme del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Misiones. Tampoco puede ser apoderado. Sin embargo, puede ejercer en causas federales.
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, salió al cruce de las publicaciones de medios nacionales que presentan la decisión de la Casa Rosada de auxiliar financieramente a 12 provincias, entre las que se encuentra Misiones, como un resarcimiento por el apoyo a las iniciativas legislativas del gobierno en el Congreso.
Safrán descargó la posición del Ejecutivo Provincial en una publicación en su cuenta de X, titulada “Defensa de los recursos misioneros en un contexto económico complejo”, donde señala que la provincia acepta los fondos anunciados por la Casa Rosada a cuenta de las deudas que Nación tiene con Misiones.
“A propósito de lo que ha salido publicado en algunos medios nacionales acerca del adelanto financiero que recibiremos algunas provincias, me permito explicar”, escribe el ministro de Hugo Passalacqua.
“Ante la caída de la coparticipación y la recaudación provincial —que representan una pérdida de $40.000 millones mensuales debido a la fuerte disminución de la actividad económica en el país— #Misiones ha tomado una decisión estratégica”, contextualiza Safrán.
“Aceptamos un adelanto financiero del Estado Nacional equivalente a un cuarto de lo que nos ofrecieron, pero con una premisa clara: estos fondos son, en realidad, un pago a cuenta de las deudas históricas que la Nación mantiene con nuestra provincia”, apunta.
“¿Qué nos debe Nación?”, pregunta Safrán y puntualiza: “Compromisos de Consenso Fiscal”, “Financiamiento de ANSES para la caja previsional”, y “Regalías de energía y programas de obras nacionales”.
“Este adelanto -sostiene- se cancelará en el corto plazo dentro de este año, funcionando como un puente financiero mientras seguimos gestionando y exigiendo que se destraben los fondos que legítimamente les corresponden a todos los misioneros”.
Una ganga
Además de la tierra colorada, el anticipo financiero incluye a las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Se trata de un total de $400.000 millones, distribuidos de acuerdo a la situación financiera de cada provincia y sujeto al porcentaje de coparticipación que recibe cada.
En rigor, equivale a una suerte de “préstamo”, ya que desde el equipo que trabajó en el decreto – el jefe de Gabinete Manuel Adorni, los ministros de Economía, Luis Caputo, y del Interior, Diego Santilli, y el mismo presidente Javier Milei-, se argumenta que la medida evita que las provincias “salgan al mercado para afrontar sus desafíos y corran el riesgo de endeudarse con intereses del 30% y 45% aproximadamente”, según publica el portal LPO.
“El Ejecutivo le ofrece esta posibilidad a las provincias cobrándole un 15% de interés, muy por abajo de lo que significaría endeudarse en el mercado”, señala la noticia.
Defensa de los recursos misioneros en un contexto económico complejo
A propósito de lo que ha salido publicado en algunos medios nacionales acerca del adelanto financiero que recibiremos algunas provincias, me permito explicar:
Ante la caída de la coparticipación y la… pic.twitter.com/q0YJFuTTVy
— Adolfo Safrán (@adolfosafran) April 2, 2026
El gobernador Hugo Passalacqua recibió este miércoles a productores yerbateros que avanzan en una estrategia judicial clave: una presentación en el fuero federal para declarar la inconstitucionalidad de las modificaciones que afectaron al Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). La provincia anticipó su acompañamiento institucional, en una jugada con peso político y jurídico en el actual escenario nacional.
El eje de la medida no es menor. Según confirmó el abogado que lleva adelante la causa, Federico Paldosky, serán los propios productores -a través de asociaciones- quienes impulsarán la acción judicial, mientras que el Estado provincial evalúa sumarse como respaldo. “Los actores de las acciones judiciales son los productores a través de organizaciones. Nosotros al gobierno de la provincia le hemos pedido el apoyo institucional”, explicó.
En ese marco, una de las figuras posibles es la de “amicus curiae”, que permitiría a la provincia intervenir aportando argumentos técnicos y jurídicos sin ser parte directa del litigio. “Hay distintas formas de participar apoyando la acción y también haciendo una tarea pedagógica sobre la situación”, señaló.
Antecedente provincial
El propio Passalacqua, el 29 de diciembre de 2023, instruyó a la Fiscalía de Estado a presentar ante el Juzgado Federal de Posadas una medida cautelar en defensa de las funciones históricas del Inym, que se vieron afectadas tras la entrada en vigencia del DNU 70/2023. Ese antecedente marca la línea de acción que hoy la provincia vuelve a profundizar, ahora acompañando directamente la estrategia impulsada por los productores.
Una estrategia judicial en dos frentes
La presentación incluirá una acción principal y una medida cautelar. “Es una acción y un incidente, una medida cautelar”, detalló Paldosky, quien confirmó que la presentación se concretará en el fuero federal por tratarse de una impugnación contra decisiones del Poder Ejecutivo nacional.
“Es competencia federal ya que lo que se impugna es un acto del Poder Ejecutivo nacional”, precisó.
En ese sentido, aclaró un punto clave del debate público: la diferencia entre el DNU y su reglamentación. “El DNU cambia de facto la ley original del Inym sin pasar por el Congreso. Y otra cosa es el decreto reglamentario, que es una facultad del Poder Ejecutivo”, explicó.
El corazón de la demanda: inconstitucionalidad
La estrategia judicial tomará la forma de una acción declarativa de inconstitucionalidad. “Recogemos el guante que planteó la Justicia y presentamos una acción declarativa de inconstitucionalidad”, afirmó el abogado.
La presentación no será menor en términos técnicos: contará con 128 páginas de desarrollo jurídico, a las que se suma una cautelar de más de 60 páginas, además de un amplio cuerpo probatorio. “Hay muchísimas pruebas: informes, pericias, documentación institucional, el plan estratégico yerbatero”, indicó.
Tres ejes para cuestionar el DNU 70/23
El planteo se apoya en tres grandes bloques:
Falta de motivación: “El DNU, en lo que respecta al capítulo yerbatero, no tiene fundamentos concretos”.
Desviación de poder: “Se utilizó una facultad constitucional para beneficiar intereses particulares y no el interés general”.
Cambio en la naturaleza del INYM: “El DNU transforma al instituto en un apéndice de la gran industria”.
Según explicó el letrado, esto ya tiene efectos concretos: “Hoy ni siquiera es posible fijar precios de referencia, y eso se fundamenta en el DNU y su reglamentación”.
Alcance y respaldo
La presentación se enfocará exclusivamente en el capítulo yerbatero del decreto. “No tenemos legitimación para cuestionar todo el DNU, solo los artículos vinculados a la actividad yerbatera”, aclaró.
Del encuentro también participaron el ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori; Gustavo Hein, presidente de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones (Fedecoop) e integrante de la conducción de Coninagro. Además, la medida contará con el acompañamiento de organizaciones del sector productivo a nivel nacional, como la Confederación General de la Producción (CGP) de la República Argentina, la misma que su presidente, Gastón Borsini, en una reunión días atrás, le entregó al gobernador bonaerense Axel Kicillof un documento sobre la situación del sector yerbatero a partir de la desregulación .
En este escenario, la judicialización del conflicto -ahora con el acompañamiento de la provincia- se posiciona como una estrategia central para restituir herramientas regulatorias que garanticen condiciones más equitativas en una de las principales economías regionales del país.
En un contexto nacional donde la intervención del Estado es fuertemente cuestionada, el reclamo yerbatero trasciende lo sectorial y escala al plano institucional. La disputa por el precio de la hoja verde y por el rol del Estado en la regulación de la actividad ingresa así de lleno en el terreno judicial, marcando un punto de inflexión en el conflicto.
- Foto de portada gentileza Economis
El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Misiones, Diego Hartfield, anunció que iniciará acciones legales contra el presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (Imac) y espada digital de la Renovación, Roque Gervasoni, por el resposteo en sus redes sociales de un video fake en su contra.
“Me llama la atención que un funcionario del Gobierno de Passalacqua replique videos falsos sobre mí”, dijo el ex tenista obereño, entrevistado por Radio UP, en referencia a un material viralizado esta semana, donde se acusa a Hartfield y al diputado provincial y presidente de LLA Misiones, Adrián Nuñez, de volar a Buenos Aires desde Apóstoles en jets privados pagados por la Anses y el Inym.
“Voy a avanzar con acciones legales contra Gervasoni, que hace una semana también había dicho que yo facilito la vuelta de los genocidas”, adelantó Hartfield.
“El modus operandi de estas cuentas, que no tienen un nombre, generalmente lo que hacen es, como hay un tema que está viralizado; por ejemplo, lo de los vuelos privados; entonces tiran un tema y la inteligencia de las redes sociales lo manijea mucho porque la gente se prende”, explicó.
“Cuando fue lo del caso Espert, algunos decían que yo tenía vínculos con Fred Machado. Entonces, esa es la manera de golpear, porque son videos que se viralizan mucho”, añadió.
“Pero, a mí lo que me llama la atención es que un funcionario del gobierno de Passalacqua lo postee y lo replique como si fuera una verdad total”, se quejó. “Me parece que el gobernador podría, de alguna manera, mandar una señal, educativa, de algún tipo de apercibimiento a su funcionario”, agregó.
“Yo voy a hacer acciones legales porque no es un dato menor”, lanzó el legislador obereño. “Una cosa es que un video de alguien que no sabemos quién es, y otra cosa es que un funcionario del gobierno, el señor Gervasoni, que ya había dicho hace una semana que yo facilito la vuelta de los genocidas, ahora repite esto”, distinguió Hartfield y afirmó: “Creo que amerita una denuncia penal y que él explique a la Justicia por qué dice esto”.
El ex tenista desmintió, asimismo, que desde LLA Misiones se haya amenazado de muerte al hijo del presidente del Imac, que, ayer, en otro posteo de Facebook, subió dos capturas de pantalla del usuario Lucho4x4, seudónimo de Luis Burg, a quien Gervasoni describió como “tipo violento”, que “tiene una casa de computación en San Vicente” y cuya hermana “trabaja para Martín Arjol“.
“Yo te puedo asegurar que La Libertad Avanza no tiene nada que ver con eso”, afirmó Hartfield.
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