Judiciales
Tabarez y Escobar fueron condenados a prisión perpetua por el caso Guirula
El Tribunal Penal Dos de Posadas dictó sentencia este mediodía y condenó a prisión perpetua a dos de los seis policías acusados por la muerte del albañil Carlos Guirula, registrada hace once años durante un procedimiento policial que inició por disturbios en motel de la ciudad.
La máxima pena recayó sobre Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), quienes fueron declarados responsables del delito de “tortura agravada seguida de muerte”.
De los restantes acusados, Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Carlos Alberto Da Silva (34) fueron condenados a 4 años de prisión por el delito de “omisión”, ante lo cual recuperaron la libertad porque ya pasaron esa misma cantidad de años en prisión preventiva. En el caso de Allosa fue absuelto por la acusación de “vejaciones”.
Por último, Carlos Alberto Zidorak (37) y Claudio Marcelo Servián fueron absueltos por el beneficio de la duda de la acusación por omisión efectuada por el fiscal Vladimir Glinka.
De esta manera, Tabarez y Escobar quedaron detenidos y a partir de hoy empezarán a purgar sus condenas en diferentes unidades penitenciarias de la provincia, mientras que los demás imputados salieron libres del tribunal.
Ricardo Rafael Escobar también recibió perpetua. Antes de la sentencia pidió disculpas.
Antes del veredicto, todos los acusados hicieron uso de la última palabra y todos pidieron disculpas a la familia a Guirula.
Fue la primera vez que se oyó la voz de Tabarez durante el juicio oral que tuvo más de diez jornadas. “Sé que todos estaban esperando mi palabra. Quiero pedir disculpas a la familia, lo ocurrió esa noche fue una tragedia de para todos. Siento que el corazón se me va a salir del pecho”, expresó al comienzo y luego indicó “pido clemencia para mí, para mi familia y para cada uno de nosotros”.
Los últimos en hablar fueron Servian y Da Silva, quienes además de pedir perdón a la familia de la víctima, señalaron que cada uno de los acusados debía “hacerse cargo de sus participaciones y responsabilidades”.
La sentencia se oyó este mediodía, minutos después de las 13, tras una audiencia que incluyó un último alegato defensivo, a cargo de la letrada Mónica Olivera, abogada del policía Escobar, como así también la etapa de réplicas y dúplicas.
Da Silva fue condenado a 4 años de prisión, el mismo tiempo que estuvo en prisión preventiva, ante lo cual quedó libre.
Después de ello, el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos, dispusieron un cuarto intermedio para deliberar, proceso que se extendió durante más de una hora.
Tras la sentencia, los dos imputados condenados a prisión perpetua salieron esposados y atravesando un cordón de agentes penitenciarios hasta ingresar al móvil que los iba a trasladar a sus lugares de detención.
Entre los demás acusados hubo sensaciones diferentes: lágrimas de alivio, puños apretados y abrazos de agradecimiento para con sus abogados defensores y con sus familiares fuera del recinto.
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Pisotones y patadas
El fallo del tribunal se ajustó en gran parte a lo solicitado por el fiscal Glinka en su alegato del jueves pasado, instancia en la que consideró que tanto Tabarez como Escobar fueron los autores de las agresiones que derivaron en las lesiones que ocasionaron la muerte de la víctima.
El fiscal repasó que todo comenzó ese 19 de mayo a la madrugada, cuando Guirula se negó a pagar dos petacas de whisky que había consumido durante su estadía en el motel Park, lugar al cual llegó junto a dos amigos y dos trabajadoras sexuales.
“Es verdad que Guirula se opuso y estuvo mal. Pero cuando le pusieron las esposas se terminó el procedimiento. Todo lo que vino después de ser esposado es delito y los acusados deben responder por ello”, planteó.
Y a partir de ahí desarrolló la parte central de su teoría del caso. El fiscal dio por acreditado que con la víctima esposada y en el suelo, Tabarez la pisó la cabeza primero y luego le aplicó al menos cuatro patadas.
Sobre Escobar, apuntó que también efectuó patadas al detenido y lo acusó de ir “saltando” sobre la espalda de la víctima durante el traslado del hombre hacia la comisaría en la caja de la Toyota Hilux.
Asoció, además, las mecánicas de esas agresiones con los resultados de la autopsia y vinculó el accionar de Tabarez con el edema cerebral y las tres fracturas costales que perforaron el pulmón izquierdo de Guirula.
Para Glinka, los saltos de Escobar sobre la víctima ocasionaron la fractura lineal de seis cosquillas del lado derecho y se basó en los forenses para concluir que cada una de esas lesiones por separado ya revestían carácter de letal, aunque era atendibles en caso de recibir una asistencia médica urgente.
A Saravia Allosa, por su parte, le adjudicó el lanzamiento de gas pimienta contra la víctima, como así también la omisión de no haber impedido las agresiones de Tabarez y Escobar, misma responsabilidad que le atribuyó a los otros tres imputados.
Caso Guirula: el fiscal pidió perpetua para dos de los seis policías imputados
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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