Ambiente
Charla sobre pueblos indígenas y territorio: “La sociedad argentina es racista”
“Si luchamos podemos perder, pero si no luchamos ya perdimos”, es una de las frases que recorrió a lo largo y ancho el SUM del edificio Juan Figueredo de la Universidad Nacional de Misiones y comenzó a tejer los hilos del diálogo que atravesaría cuatro ejes esenciales: pueblos originarios, modelo extractivo, medios masivos de comunicación y democracia.
De la mano del Departamento de Comunicación Social, junto con la Cátedra Libre Eduardo Galeano Helena Villagra y el proyecto Circuito por la Memoria (CxM), y en el marco de los 50 años de la Unam y los 40 años de democracia argentina, el periodista Darío Aranda, acompañado por la doctora en Antropología Delia Ramírez, llevó adelante la conferencia Cuatro décadas de democracia: pueblos indígenas y territorio.
Darío Aranda es periodista, especializado en extractivismo (petróleo, minería, agronegocios y forestales) y escribe sobre el acontecer de los pueblos indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. Además, integra la cooperativa Agencia de Noticias Tierra Viva y trabaja para el diario Página 12 desde 2003. Es autor de los libros Argentina Originaria. Genocidios, saqueos y resistencias, de Tierra Arrasada. Petróleo, soja, pasteras y megaminería, y coautor de ¿Quiénes hacen periodismo? Trabajadoras y trabajadores de prensa (2020).
Agronegocio forestal
La doctora Ramírez fue la primera en tomar la palabra, incurriendo en el territorio para hablar sobre una temática que lleva muchos años investigando y no teme poner sobre la mesa y frente a las cámaras: el agronegocio forestal.
Resaltó la expansión del área implementada de las plantaciones de pino y eucalipto en la provincia, las políticas públicas de promoción forestal del país, a raíz de la Ley N.º 27.487 de Inversiones Forestales y Bosques Cultivados, y de la inversión extranjera.
Se refirió a Arauco como “una de las empresas de mayor acaparamiento y de agronegocio forestal” que llegó a Misiones en 1996, con crecimiento exponencial hasta 2010 y una propiedad aproximada de 230.000 hectáreas, convirtiendo a la provincia en “la segunda, si no es la primera provincia con mayor cantidad de tierras en manos extranjeras”.
La investigadora señaló que, en el Alto Paraná, es donde más tierras se han perdido a causa de las empresas forestales, denunciando que “no son solo las empresas las que han ido avanzando sobre los territorios, sino el Estado el que lo ha permitido”.
También desarrolló las estrategias actuales de apropiación y acaparamiento de tierras de las empresas extractivas, destacando una de ellas: el ambientalismo financiero.
“Ya no importan tanto la naturaleza, sino poder capitalizar esa naturaleza”, apuntó Delia.
Asimismo, compartió algunos de los testimonios de Santiago Ramos, cacique de la comunidad mbya de Puente Quemado II, ubicada en el municipio de Garuhapé.
“Desde hace 20 años, porque la empresa empezó en el 2000, nunca nos explicaron nada. No quieren saber si existe la comunidad, pero siempre tienen sus papeles donde dicen que no les afecta a las comunidades, pero sí les afectan. No hubo un convenio, no hubo diálogo, nada. Pero pusieron en su carpeta que la comunidad no se molesta, sin ningún tipo de consentimiento”.
“Nosotros ya teníamos relevado por el Ministerio del Inai y ellos hicieron otro relevamiento, nos dejaron una tirita como si fuera que nosotros vamos a vivir 100 familias en 5 hectáreas”, comentó Santiago con enojo, de acuerdo al testimonio de Delia.
“La sociedad argentina es racista”
Por su parte, Darío recuperó la importancia de las palabras y su significado: “No es lo mismo hablar de ‘recursos naturales’, ‘bienes comunes’ o ‘vida'”, afirmó, “cada uno de ellos nos posiciona en distintos lugares”.
“El Estado moderno argentino se funda sobre un genocidio y la lógica de apropiación que existió en esos tiempos, se extendió hasta nuestros días”, expresó Aranda, remarcando que el genocidio de los pueblos originarios no terminó y que en la actualidad seguimos observando poblaciones sometidas al extractivismo.
Asimismo, manifestó que en el periodismo se hace mucho hincapié en las consecuencias de estas “prácticas genocidas”, como ser el hambre, la falta de acceso a la salud, la falta de agua, pero poco se habla sobre los motivos: “Les están arrebatando sus territorios”.
“La sociedad argentina es racista para con los pueblos originarios y nos tenemos que hacer cargo”, sostuvo.
“Tres presidentes distintos, Cristina, Macri y Alberto, expresaron lo mismo en sus discursos: ‘Los argentinos provenimos de los barcos’, cuando en Argentina existen -y ya existían- 38 pueblos originarios”, recordó el periodista.
Darío insiste en recuperar los triunfos y las luchas de los pueblos originarios de distintos puntos del país, invitando a los periodistas en particular, y a la sociedad en general, a acercarse a esos territorios para conocer de cerca lo que está sucediendo: “Ignorante no es no saber, es no querer aprender”, reconoció.
“Hoy el Estado argentino reconoce que hay 38 pueblos indígenas producto de su lucha. Antes solo se decía que había 16”, compartió Darío.
“El modelo extractivo mata”
Retomando la conversación sobre el modelo extractivo, Aranda se refirió a ello como “un modelo que exporta naturaleza que no va a volver y la exporta a bajo precio, descuidando su valor real”.
“El modelo extractivista contamina, roba la tierra, enferma y mata, no es sólo un modelo económico”, resaltó.
“Pero pareciera que existen territorios de sacrificios y poblaciones sacrificables”, determinó.
Por otra parte, el periodista denunció que la actividad extractivista que se practica en el país es, en gran parte, para tratar de pagar la deuda externa: “A más extractivismo, menos democracia, porque somete a los territorios”, soslayó.
Medios masivos de comunicación
Para Darío es importante contar lo que pasa con mirada crítica y eso lo lleva a reflexiones diarias sobre su propia práctica periodística y el “establishment”, como lo denominó, de los medios masivos de comunicación en el país.
“Los medios masivos de comunicación ya no son importantes por lo que dicen, sino por lo que ocultan, la pauta mata al periodismo”, resaltó Aranda.
A su vez, dirigiéndose a los estudiantes de la licenciatura en comunicación presentes, reflexionó que “no hay que dar nada masticado cuando escribimos, hay que dejar que la gente saque sus propias conclusiones”.
“Nos forman para ser mano de obra barata de los grandes medios, creemos nuestros propios medios comunitarios y nuestras propias agendas para hablar de lo que en realidad nos importa”, remarcó el periodista.
“Llegue el gobierno que llegue, para defender nuestros derechos, vamos a tener que estar en las calles”, sintetizó.
El Ministerio de Ecología informó el fallecimiento de Elecha, una hembra de yaguareté monitoreada en la zona de Puerto Esperanza, cuyo seguimiento formaba parte de las tareas de conservación de la especie en la selva misionera.
Según informaron desde la cartera, el alerta se activó a partir de la señal emitida por el collar satelital que el ejemplar portaba desde el año pasado, lo que permitió una rápida intervención conjunta de técnicos del Proyecto Yaguareté y guardaparques provinciales.
Tras el hallazgo, se realizaron pericias y una necropsia en Güirá Oga, donde se determinó que la causa de muerte fue una infección generalizada derivada de heridas compatibles con el ataque de otro felino, ante lo cual quedó descartada la intervención humana en el fallecimiento del animal.
Desde el equipo técnico precisaron que Elecha fue registrada por primera vez en 2014 y tenía al menos 16 años, una edad considerada avanzada para la especie, y que durante más de una década fue uno de los ejemplares monitoreados dentro del corredor verde misionero, aportando información clave para las estrategias de conservación del yaguareté en la provincia.
A lo largo de su vida Elecha tuvo varias camadas, entre ellas Ararokái, su descendencia más directa, quien continuará su legado en la selva misionera.
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El Juzgado Federal de Posadas hizo lugar a una medida cautelar de no innovar en el marco de una acción de amparo ambiental y ordenó suspender las obras de refulado de arena en la Isla del Medio, en el río Paraná.
La resolución se dictó en la causa iniciada por la Asociación Civil Orembaé, a través de su apoderado legal Martín Ferroni, que tenía como objetivo frenar las trabajos de relleno, movimientos de suelos y disposición de materiales no autorizados, como la utilización de neumáticos en desuso, que amenazan el ecosistema del Río Paraná.
En la demanda, la ONG planteó que las intervenciones se realizan sin contar con estudios de impacto en el ambiente ni la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), requisitos exigidos por la legislación vigente.
En tanto, el fallo señala que existen elementos que acreditan, de manera preliminar, la ejecución de obras en la isla sin los procedimientos ambientales obligatorios, lo que “constituye” una situación de “ilegalidad manifiesta”.
Además, el juzgado evaluó la existencia de riesgo de daño ambiental y la posibilidad de que los efectos sean de difícil o imposible reversión, por lo que consideró cumplidos los requisitos para dictar la medida cautelar de No Innovar solicitada por Orembaé.
La resolución dispone mantener el estado actual de la Isla del Medio hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión y ordena a la Prefectura Naval Argentina (PNA) a realizar tareas de control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la medida.
Asimismo, la decisión alcanza a la Asociación de Protectores de la Isla del Medio (Apim) y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a quienes son atribuidas las obras cuestionadas y que deberán ser notificadas formalmente.
La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas.
“Esta resolución representa un resguardo fundamental al derecho de participación ciudadana frente a la arbitrariedad de las vías de hecho”, sostuvo el abogado Martín Ferroni, en un comunicado de la ONG tras conocerse el fallo judicial.
Y añadió: “El juzgado ha sido categórico: no se puede excluir a la comunidad de la gestión de un ecosistema que nos pertenece a todos, como el Río Paraná, ni avanzar con obras que eluden las instancias obligatorias de audiencia pública y fiscalización social”.
Sobre la irreversibilidad de las trabajos que se realizan en la Isla del Medio, Ferroni apuntó: “Cada día de obra consolidaba un daño que sería técnica económicamente imposible de deshacer. El principio precautorio nos permite hoy actuar antes de que el perjuicio sea irreparable”.
También destacó quela resolución es un “acto de justicia ambiental que antepone la protección del patrimonio común a cualquier formalismo procesal”.
FALLO CAUTELAR OREMBAEONG acciona contra Ecología por posible daño ambiental en la Isla del Medio
Clarisa Neztor se hizo cargo de las pintadas realizadas en la Casa de Gobierno y en la fachada de la Legislatura de Misiones. Según relató, el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, entre la 1 y las 2, e indicó que tras la acción fue ubicada por la Policía y notificada de una causa por “daños”.
En comunicación con La Voz de Misiones, la activista se identificó: “Sí, soy yo, Clarita. Soy activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental y lucho por la defensa del agua desde siempre”.
Sobre lo ocurrido, explicó: “Lo que hicimos fue vincular con aerosol la Casa de Gobierno con mensaje muy claro, sin ofensa, sin agresión. Los mensajes son muy claritos: ‘La ley de glaciares no se toca, los glaciares no se venden’”.
La activista cuestionó el modo en que se presentó el hecho en distintos medios como un acto de vandalismo. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua”, sostuvo y agregó que la intervención buscó visibilizar una problemática: “Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.
Clarisa integra el movimiento “Rebelión o Extinción” (Extinction Rebellion), una red internacional que impulsa acciones de presión pública bajo el enfoque de la acción directa no violenta”.
Clarisa se presentó como activista socioambiental y estudiante avanzada de ingeniería ambiental.
También señaló que la acción fue en consenso y en simultáneo en otros puntos del país. “Fue una decisión en general. Nos basamos en la acción directa no violenta para ejercer presión y que los políticos se pongan a la altura de la crisis hídrica, climática y ecológica”, añadió.
Si bien en su relato utiliza el plural al referirse a la acción, y según fuentes de la investigación también se sospecha de la participación de dos mujeres y un hombre, la entrevistada se responsabilizó por lo ocurrido y sostuvo que fue ella sola quien realizó las pintadas.
Respecto a los motivos, sostuvo que la medida responde a la falta de respuestas institucionales: “Uno presenta una nota en todos los ministerios, en la casa de gobernación y en la legislatura y jamás tuve ninguna devolución”. En esa línea, indicó: “Lo que hice fue de alguna manera visibilizar y responsabilizar a los senadores y a los diputados”.
En su planteo, también apuntó contra los legisladores nacionales de Misiones por su voto positivo. “Los tres senadores de Misiones, (Sonia) Rojas Decut, (Carlos) Arce y (Martín) Goerling, votaron a favor de la reforma de la Ley de Glaciares”, y agregó “los misioneros no saben lo que los políticos de Misiones votan en el Congreso”. En esa línea, sostuvo que su accionar buscó “visibilizar y responsabilizar” a quienes acompañaron la iniciativa.
Daño
En ese marco, y según lo trascendido, por orden del magistrado interviniente, Clarisa Neztor fue notificada formalmente por la Policía y se realizó en el marco de una causa penal por el delito de “daño”.
En relación a lo sucedido el día después de las pintadas expresó que “me tuvieron ahí como tres o cuatro horas detenida en la calle. No me dejaron llamar a mi abogado, no me dejaron llamar a nadie y eran todas personas de civil, solo uno me mostró la placa de policía”.
“Tengo una causa. Me dijeron que esto va a ir a juzgado y el juez va a dictaminar si soy culpable o inocente”, además expresó: “Me hicieron firmar una nota que no me dejaron ni leerla”.
La activista reivindicó su accionar. “Esto no es una vandalización, esto es una defensa por el agua. Pintar una pared luego se tapa, pero los glaciares destruidos no”.
Actualmente, señaló que se encuentra fuera de la provincia: “Ahora me volví a Buenos Aires porque me estoy por recibir. Tengo miedo de estar en Misiones”.
De Posadas al activismo ambiental
Clarisa Neztor tiene 36 años, nació en Posadas y residió en la provincia durante gran parte de su vida. Su trayectoria está vinculada a causas ambientales y a la participación en asambleas y acciones públicas junto a comunidades locales, incluyendo reclamos vinculados al uso del suelo y el impacto de actividades productivas.
Se formó en el ámbito de la ingeniería, primero en la orientación química en Misiones y luego en el área ambiental y desarrolló un perfil ligado a la investigación y al estudio de problemáticas climáticas. Desde joven mostró interés por temas vinculados a la naturaleza y el ambiente, incluso participando en espacios de comunicación y divulgación.
Además de su actividad como activista, también desarrolla actividades artísticas, vinculadas principalmente a la pintura de paisajes. En su recorrido, combinó instancias de formación autodidacta con participación en organizaciones ambientales.
Su participación en acciones públicas incluye intervenciones en espacios urbanos, manifestaciones y actividades de visibilización de problemáticas ambientales tanto en la provincia como a nivel nacional.
El video y el argumento
La organización ambientalista Rebelión o Extinción difundió un video donde se observa el momento en que Clarisa Neztor, quien ya había asumido públicamente la autoría, realiza pintadas en la Casa de Gobierno y en los ventanales de la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones.
El material, publicado en formato reel en Instagram, muestra a la activista durante la acción y refuerza su pertenencia al espacio. Según había expresado previamente, el hecho forma parte de una serie de intervenciones impulsadas por la organización en distintas provincias del país, en el marco de acciones de visibilización ambiental en repudio a la reforma a la Ley de Glaciares.
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