Provinciales
La dueña de Samsa congela inversiones en Posadas y pone sus acciones en venta
Por Fernando OZ
Ante el proceso de desinversión del fondo estadounidense Platinum Equity, SAMSA frena obras en la red de agua potable de Posadas y Garupá, incumpliendo los planes proyectados para 2026. La filial argentina opera sin actualizaciones de infraestructura mientras busca nuevos compradores, dejando al Gobierno con la opción de exigir la renegociación de la concesión ante la crisis de servicios.
Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima (SAMSA) no invertirá más en Posadas ni en Garupá. La proyección de la firma para 2025, según su plan de inversión, era de casi 5.000 millones de pesos para la mejora de servicios, pero apenas se ejecutaron 1.450 millones. El mes pasado se presentó una presunta inyección de 520 millones de pesos en una flota de vehículos, pero en los balances esa partida sería parte del remanente del año anterior. El extraño flujo y la presunta sobrefacturación que padecen los vecinos sucede justo cuando el principal fondo inversor se encuentra por abandonar el país.
El servicio de suministro de agua potable del mayor conglomerado urbano de la provincia está en manos de Platinum Equity, un gigantesco fondo de inversiones estadounidense cuyos negocios van desde la producción de vinos en Italia con Fantini Group Vini, pasando por una fábrica de galletas francesa, Biscuit International, hasta la famosa Awaze, con sede en Londres, que alquila resorts, hoteles y castillos por media Europa.
En estos momentos, Platinum Equity tiene en venta sus activos de Urbaser Inversiones Argentina, la firma que administra SAMSA, que es apenas una fracción de Urbaser Global, un holding que opera en 30 países de cuatro continentes y tiene una nómina de unos 35.000 empleados.
Urbaser Inversiones Argentina se encuentra en un proceso de desinversión y la venta está a cargo del banco Santander. En consecuencia, según fuentes de la misma compañía, no habrá más inversiones para la red de provisión de agua para Posadas y Garupá. La administración central de SAMSA sigue estando en las oficinas de la Avenida Alem 1050, en la zona conocida como Catalinas Norte, frente al barrio porteño de Puerto Madero. En la sede de Urbaser Global, en Madrid, sobre la calle Agustín de Foxá, dicen que ya tienen otros dueños y se desentienden del asunto.
El mes pasado, Platinum Equity anunció la venta de Urbaser Global por casi 6.000 millones de dólares a un consorcio formado por dos fondos financieros: el estadounidense Blackstone y el sueco EQT. De lo único que no pudo desprenderse fue de la división de negocios en Argentina, es decir, de SAMSA.
En los salones de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) están al tanto de la venta y dan por hecho que hay grupos interesados en las operaciones en la tierra colorada. Entre los lobbistas del sector, hay quienes siguen de cerca el destino de SAMSA y recuerdan que en 2018 quedó en manos del grupo chino China Tianying Inc., hasta que se vendió a Urbaser en 2021.
El embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, un médico de origen cubano cercano a Donald Trump, se encuentra recorriendo todo el país con tres objetivos bien claros: generar negocios para las empresas de su país, hacer lobby con los gobernadores para evitar que se instalen capitales chinos y sumar a las provincias en la guerra contra el narcoterrorismo.
Se estima que casi 2,8 millones de hectáreas de todo el país están bajo control de capitales estadounidenses. En Misiones la presencia, por metros cuadrados, es significativa, especialmente en el sector forestal y en fondos de inversión que adquirieron tierras con vistas a negocios ecosistémicos y los futuros bonos de carbono. Además, Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de la provincia, especialmente de pasta celulosa.
El Gobierno de Hugo Passalacqua puede revocar la concesión si se demuestran fallas graves y reiteradas en la prestación del servicio. Es el EPRAC, el organismo regulador, el encargado de aplicar sanciones que, al acumularse, fundamenten una rescisión con causa. ¿Podrá SAMSA comprobar el plan de inversiones obligatorio que firmó en el contrato original?
Tal vez haya que esperar el proceso de venta de la filial argentina de Urbaser, en manos de Platinum. El Gobierno, si quisiera, se encuentra en una posición de fuerza para exigir al nuevo comprador la renegociación de los términos de una concesión que expirará en 2030.
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Provinciales
Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio
La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico.
Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.
También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio.
“Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita.
Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.
El caso
La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos.
Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.
La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha.
“La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.
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Provinciales
Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus
El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.
Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.
“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.
Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.
Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.
El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.
En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.
Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.
Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.
Provinciales
Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500
Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.
El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.
En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.
“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.
En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.
Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.
Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.
Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande
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