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Sobrevivientes: la violencia de género en Misiones

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La Voz de Misiones entrevistó a mujeres que se animaron a denunciar a su agresor y, después de mucho tiempo de lucha, lograron salir del círculo de violencia.

Son relatos que ponen la mirada sobre el accionar del Estado misionero a la hora de acompañar y contener a las víctimas, que piden auxilio para poder seguir vivas y continuar su historia.

“Antes de que corra sangre”

Noelia Teminski, de Gobernador Roca, tuvo que exponerse en los medios de comunicación luego de que su ex, Alfredo Tarnowski, de 44 años, intentara matarla con su auto, mientras volvía de un día familiar con su nueva pareja y su bebé, de meses de vida.

La víctima había realizado reiteradas denuncias durante cuatro años, pero el agresor siempre rompió las medidas cautelares. Poder grabar el hecho y tener una prueba fue lo que determinó que Tarnowski termine preso.

A cuatro meses del hecho, Noelia reflexiona sobre el rol del Estado en los casos de violencia y pide a la Justicia que actúe “antes de que corra sangre”.

Por su parte, la jefa de la Comisaria de la Mujer, dependiente de la Unidad Regional (UR) I, Mariela Encina, lejos de negar el problema, explicó que en la fuerza se están capacitando y avanzando en la problemática.

Además, la comisaria remarcó que, hoy en día, todas las dependencias de las unidades regionales están obligadas a tomar las denuncias por violencia de género y remarcó que no sólo las Comisarías de la Mujer son receptoras de este tipo de denuncias.

“Me siento desprotegida por la Justicia”

El rol de la Justicia y de los magistrados que la conforman juega un papel fundamental en este flagelo, ya que todas las medidas cautelares y de protección son dispuestas por los ellos.

Élida Maidana, de Jardín América, se animó a denunciar a su ex esposo después de vivir 17 años todo tipo de violencia, junto a sus hijos.

Durante dos años, la mujer actualizó las denuncias y siguió al pie de la letra todos los pasos que debía realizar para evitar que su agresor vuelva a su casa.

Pero la jueza Cynthia Lourdes Meyer, a cargo de Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Familia Dos de Jardín América, dispuso que Élida debía dividir el inmueble con un muro para compartirlo con su ex o tenía que recurrir a un abogado, porque su trabajo “había terminado”.

Al no tener recursos para costear un letrado, la mujer vive con miedo de que su victimario regrese y dice sentirse “desprotegida por la Justicia”.

La abogada Roxana Rivas diálogo con La Voz de Misiones y reflexionó sobre el trabajo del Estado misionero y sobre todo el de la Justicia cuando abordan la violencia de género.

La letrada hizo hincapié en la necesidad de que los jueces escuchen a las víctimas antes de tomar medidas y remarcó que lo fundamental es la perspectiva de género en todos órganos del Estado: “Hablamos de cabezas que se tienen que cambiar”, enfatizó.

Como una cárcel

En el 2019, Cristina Martínez ingresó a una Casa Refugio, un mecanismo de protección que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Gobierno de Misiones.

La mujer recuerda que, en un primer momento, se sintió contenida en el lugar. Sin embargo, relata que las situaciones de violencia continuaron: “Era como seguir en el círculo de violencia, pero sin mi agresor”, dijo a LVM.

En su testimonio, Cristina remarca que, cuando estuvo dentro del refugio, regía un sistema carcelario que las obligaba a pedir permiso para realizar acciones e, incluso, si no comían a horario, ya no podían comer.

En febrero de este 2021, La Voz de Misiones dio cuenta del caso de Marta, una mujer con desnutrición severa que había llamado en reiteradas ocasionas a la Línea 137 pidiendo auxilio debido a que su pareja la abusaba y golpeaba, y no recibió ayuda alguna.

La noticia provocó la renuncia de la encargada de la línea, Miriam Duarte, y en su lugar asumió Sandra Galeano, quien se desvinculó de la gestión anterior y remarcó que, desde que llegó a las oficinas de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, busca que las casas refugio sean un verdadero “lugar de contención” para las víctimas.

Sobrevivientes que contienen la violencia

Hace once años, sobrevivientes de la violencia machista conformaron el programa de Promotoras de Género (ProGen), un grupo de mujeres que recorren los barrios concientizando y acompañan a las víctimas que deciden denunciar a su agresor.

Malvina Lara, integrante del grupo, explicó cómo realizan su trabajo y remarca que, junto a sus compañeras, busca darles a las mujeres que se encuentran en circunstancias de violencia las herramientas que ellas nunca recibieron.

Además, la activista pide que su labor –que ahora se enmarca en la subsecretaría de Sandra Galeano- sea reconocida y bien remunerada, ya que les lleva mucho tiempo y dinero que sale de sus propios bolsillos.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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