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Cacique denuncia que concejal de Iguazú le ofreció servicios a cambio de tierras

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El cacique Romualdo Benítez, de la comunidad Miri Marangatú, de Puerto Iguazú, apuntó contra el concejal Domingo “Mingo” Martínez. 

Según contó el líder de la comunidad a La Voz de Misiones, el edil lo presiona para que firme un acuerdo con la comunidad Fortín Mbororé y, de esta forma, cederle 15 hectáreas para que habiten. A cambio, el municipio le brindaría educación, agua, luz y salud, servicios que reclaman hace 6 años. 

Conflicto

Hace 6 años, los indígenas de la aldea Miri Marangatú rompieron lazos con sus hermanos de Fortín Mbororé e iniciaron su propia comunidad.

Desde entonces, los guaraníes habitan parte del territorio de las 224  hectáreas, de las cuales los mbyas de Fortín Mbororé tienen un permiso de ocupación, que le cedió la Municipalidad de Puerto Iguazú.

El conflicto entre ambas comunidades gira en torno al territorio en el que habitan, donde las dos conviven desde que se separaron.

Por su parte, la comunidad al mando del cacique denunciante pide que le cedan 100 hectáreas, pero los integrantes de la aldea Mbororé están dispuestos a entregar sólo 15.  

Ante este panorama, el concejal renovador Domingo Martínez, que busca ser reelecto en las elecciones legislativas del próximo 6 de junio, le ofreció proveer las necesidades a futuro. A cambio, la comunidad debería aceptar las 15 hectáreas que le ofrece la aldea Mbororé, que son 85 menos de las que reclaman, según denunció Benítez en entrevista con LVM

“Tenemos derechos”

Benítez comentó que sufre presiones de parte del legislador para aceptar la propuesta de la comunidad vecina a cambio de servicios, que reclaman hace años: “Tenemos un problema grande por el territorio y también cuestionamos el tema del aula satélite, la salita de primeros auxilios, luz y agua, porque estamos hace casi 6 años acá, sin nada”. 

Y denunció: “Hace cuatro años que estamos pidiendo esas cosas y el concejal me dijo que, si yo firmo por 15 hectáreas que la aldea Mbororé nos quieren dar, después ellos me iban a aprobar la escuela y todo lo que pedimos para nuestra comunidad”. 

Luego de escuchar la propuesta del edil, Romualdo planteó: “Yo creo que nosotros, los pueblos originarios, tenemos el mismo derecho como humanos ¿No?”, se preguntó el cacique.   

Y en esa línea, remarcó: “Somos parte de Misiones. Como cacique joven, estoy luchando por la gente, por los chicos, por el futuro de nuestro hijos y de la comunidad”. 

“Nuestra aldea está registrada, tenemos los papeles que figuran que nosotros vivimos acá, que dice que Miri Marangatú está en este lugar. Ellos quieren negociar 15 hectáreas, pero eso no existe”, sostuvo el cacique. 

Ante las presiones que recibe desde hace unos días, Romualdo pidió: “Queremos el acompañamiento de nuestro gobernador, Oscar Herrera Ahuad, de nuestro presidente de la Cámara de Representante de Misiones, Carlos Rovira, queremos que nos acompañen, para poder tener posibilidades para nuestro niños y abuelos, que tengan un futuro y los mismos derechos que los misioneros”. 

Además, el cacique sostuvo que realizaron distintos pedidos al intendente Claudio Filippa, a la Dirección de Asuntos Guaraníes y al presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza, “pero nunca recibimos respuestas”, enfatizó Benítez. 

El activista David Españon fue el encargado de elevar notas a autoridades provinciales y nacionales, y hasta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas  (Inai), para que Miri Marangatú tenga una sala de primeros auxilios, debido a que tienen que realizar 7 kilómetros para llegar al ente de salud más cercano. 

Pero ninguna entidad se hizo eco de la necesidad de los indígenas. Por ello, Españon lanzó una campaña en la web de Change.org para lograr la construcción de la salita, que hasta ahora consiguió el mobiliario completo para el lugar, y continúan necesitando los materiales para la construcción.

“Desmiento totalmente”

En comunicación con este medio, el concejal renovador Domingo Martínez dijo desconocer la denuncia y se desligó completamente de los dichos de Romualdo Benítez: “Lo desmiento totalmente”, señaló a LVM.

“Yo todavía no tomé conocimiento sobre el caso. Sí me habían comentado, pero como yo me dedico a mi trabajo, más allá de cualquier tipo de información o denuncia…”, comenzó diciendo y agregó: “Obviamente que si lo tengo que aclarar, lo voy a aclarar, porque para eso uno también tiene que estar supeditado a la realidad o a la mentira, porque eso existe, pero en este preciso momento no sé de qué me está hablando”, indicó.

“Dentro de la función, mi competencia es siempre estar viendo de realizar algún tipo de gestión, pero en cuanto a ciertos conflictos territoriales que tengan los hermanos mbya, no tengo por qué meterme, porque no me corresponde”, explicó.

El edil confirmó que estuvo durante el último fin de semana en la comunidad Miri Marangatú, donde tuvo la oportunidad de charlar con el cacique Romualdo, “pero vuelvo a reiterar que lo que sean problemas internos no tengo por qué meterme”, subrayó y agregó: “En cuanto a los servicios, nosotros podemos hacer gestión pero no depende de nosotros, sino de la Provincia”.

“Yo no tomé conocimiento de lo que habrá dicho el cacique Romualdo, pero es amigo mío de hace mucho tiempo y no sé cuál será la interpretación de lo que hablé con él”, cuestionó el edil.

Ante el desconocimiento de los dichos del cacique, este medio le trasladó la denuncia textual al concejal Martínez, quien respondió: “Es totalmente mentira, lo digo con una mano en el corazón”, expresó.

“Si tengo que hablar con él, lo voy a hablar… yo soy un concejal del pueblo y no tengo facultad de intermediar ningún tipo de división o determinar distribuciones de tierra cuando ellos son autónomos”, adujo y concluyó: “Es mentira, yo esas cosas no… Cuál será el fundamento de por qué lo dijo, también lo desconozco. Desmiento totalmente que eso sea verdad”.

“El intendente tiene la palabra mayor”

La Voz de Misiones se contactó con Norma Silvero, directora de Asuntos Guaraníes, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones, quien explicó el conflicto entre las comunidades Fortín Mbororé y Miri Marangatú.

Con respecto a la propiedad de los terrenos habitados por ambas aldeas, la funcionaria dijo: “El título está en gestión porque, como es una zona de frontera, eso pasó a Buenos Aires. La comunidad Mbororé tiene un permiso de ocupación por ordenanza municipal, donde se le cede 224 hectáreas”.

La funcionaria, que comenzó su gestión hace tres meses, sostuvo que “estamos viendo de qué manera podemos sacarlo medio rápido”, dijo en relación al título de propiedad, y agregó: “Estuvimos reunidos con Filippa el jueves, y se está trabajando, pero se demora ya que es una zona fronteriza”.

Consultada sobre la falta de servicios básicos en la comunidad Marangatú, Silvero dijo: “Eso lo autoriza el intendente, junto al cacique, si es necesario. Pero el intendente tiene la palabra mayor, y con su autorización, eso ya se puede lograr”.

La directora explicó que “se hizo una perforación sin tener luz”, la cual fue realizada por entidades externas y eso desencadenó el conflicto entre las aldeas, porque no fue hecho con el visto bueno de Mbororé ni del jefe comunal.

El último jueves se realizó una reunión entre las autoridades provinciales y las indígenas: “Miri Marangatú no acepta las 15 hectáreas, quiere 100, y para ceder esas 100 tienen que reunirse Silvino Moreira junto con todos sus miembros para poder ceder esa cantidad, porque toda la comunidad tiene que estar de acuerdo”.

Preguntada sobre las presiones que el cacique Romualdo denuncia recibir por parte del concejal para que acepte el acuerdo con la comunidad Mbororé, la titular de la Dirección de Asuntos Guaraníes remarcó: “No tengo conocimiento al respecto, porque eso es una cuestión entre las comunidades”, dijo la funcionaria.

Y aclaró: “Una cosa es el territorio y otra cosa que desde la comunidad Miri Marangatú quieran más tierras. Una cosa son las tierras y otra los servicios básicos, y yo creo que acá tenemos que apuntar más bien a que ellos tengan educación, que tengan salud, que tengan luz y agua”.

“Es una trayectoria que tenemos que empezar de cero y no creo que tengamos ningún inconveniente para empezar a gestionar esas cuestiones, porque si hay una ordenanza municipal podemos bajar la energía, y otros servicios básicos”, apuntó.

La voz de Mbororé

Por su parte, el cacique de la aldea Fortín Mbororé, Silvino Moreira, en diálogo con La Voz de Misiones, explicó: “Nosotros tenemos 225 hectáreas. En ese mismo predio, está la comunidad Miri Marangatú, que se creó hace poco tiempo”. 

En esa línea, el líder mbya sostuvo: “Pero el territorio pertenece a la aldea Mbororé. Estamos viendo si podemos llegar a un acuerdo para poder darles a ellos un pedazo de tierra para que puedan hacer algún proyecto, nuestra propuesta es darle 15 hectáreas”, dijo.

Y contó: “Los integrantes de nuestra aldea hicimos una reunión donde se decidió darle esas tierras, pero hasta ahora ellos no aceptaron”. 

Además, Moreira remarcó que, “de todas maneras, las tierras continuarán siendo de Mbororé porque están a nombre de la aldea. El municipio donó las tierras, tenemos las mensuras a nombre de la aldea y ahora se está trabajando para hacer el título”.

Y sostuvo que la comunidad Miri Marangatú “sólo está ocupando las tierras, no tienen ningún permiso de ocupación y por eso estamos viendo llegar a un acuerdo para que ellos puedan avanzar en un proyecto, sino ellos nunca van a poder tener nada, porque ellos siempre van a tener que pedir permiso a la aldea Mbororé”, afirmó. 

Con referencia a los conflictos que tienen ambas comunidades por el territorio desde su separación, Silvino se explayó diciendo: “Nosotros lo que tenemos acá es el conflicto que armó el ex director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Verón”. 

Y remarcó: “Hicieron una división y ahora tienen que ver para que ellos tengan acceso al agua, a la salud, a la luz y a la educación, pero tiene que ser ya, porque nosotros tampoco podemos darle 100 hectáreas porque la tierra es chiquita”. 

Para concluir, Silvino destacó que los guaraníes de Fortín Mbororé “tenemos todos los accesos básicos”.

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Tras un mes sin agua, se restableció el servicio en comunidad mbya de San Ignacio

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La Dirección de Asuntos Guaraníes confirmó el restablecimiento del servicio de agua potable en la comunidad Ychongy Poty, luego de que, a más de un mes sin poder acceder al líquido vital, el municipio y la cooperativa afín resolvieran saldar la deuda de $1.800.000, correspondiente a la conexión del sistema hídrico. 

Al respecto, Francisco Rodríguez, director del área que funciona como nexo entre las comunidades mbya y el gobierno provincial, explicó a La Voz de Misiones que: “La comunidad estaba sin agua por una deuda de dicha conexión”, lo que afectaba a ocho familias integradas por alrededor de 35 personas.

También, detalló que la misma se encontraba a nombre del cacique y no de la comunidad, por lo que la provincia junto al municipio y la cooperativa acordaron saldar la deuda a fin de restablecer el servicio. 

Hoy ya cuentan con el agua correspondiente y está funcionando bien. Ya se le notificó al segundo cacique Gervacio Benítez porque el primero no se encontraba”, concluyó Rodríguez respecto a la última visita. 

Según consta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, los Estados deben garantizar a los Pueblos Indígenas el acceso a servicios básicos que aseguren condiciones de vida dignas.

El caso

La faltante de agua potable en la comunidad Ychongy Poty se remonta al mes de febrero. Desde entonces, tanto niños como ancianos se vieron obligados a pasar días de calor extremo sin agua para beber, además de no poder realizar actividades básicas para la vida cotidiana, como cocinar o higienizarse en sus hogares, y debieron acudir a la solidaridad de sus vecinos. 

Desde un comienzo, el mburuvicha, Ariel Ramos, había reclamado que “el municipio debía hacerse cargo de afrontar el pago y, de un día para el otro, dejó de hacerlo sin previo aviso”, generando una deuda que les resultaba imposible saldar, por lo que realizó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La situación fue visibilizada por distintas organizaciones sociales y defensoras de los derechos indígenas, tal como el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y la abogada Roxana Rivas, quien coincidió en que la situación era irregular desde el punto de vista de que al contar con Personería Jurídica, el servicio debería estar a nombre de la comunidad y no del mburuvicha. 

La cooperativa tiene la obligación de garantizar un servicio mínimo a todos los ciudadanos, pero particularmente a las comunidades indígenas. Y es obligación del Estado atender esta situación desde una perspectiva comunitaria”, había señalado.

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Preparan actividades y marcha a la Legislatura por los 30 años del No a Corpus

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El próximo 14 de abril, en el marco del aniversario Nº 30 del plebiscito que frenó la construcción de la represa hidroeléctrica sobre el río Paraná en la localidad misionera de Corpus, la mesa provincial por el No a las Represas realizará una marcha hacia la Cámara de Representantes con el fin de “celebrar y reafirmar la voluntad de continuar defendiendo la libertad de nuestros ríos”. Previamente, el domingo 12, habrá distintas actividades en ese municipio.

Para dar a conocer la agenda movilizada por docentes, ambientalistas, organizaciones sociales, sindicales y la ciudadanía en general, la mesa provincial emitió un comunicado en el que recordó los últimos intentos por reactivar la propuesta.

“En nuestra provincia en los últimos tiempos se han escuchado voces de ex funcionarios provinciales y nacionales, diputados mandato cumplido, referentes de organismos nacionales, como la Comip, organizaciones como el colegio de ingenieros, tratando de promover un debate, ampliamente superado en nuestra provincia, acerca de la construcción de la represa de Corpus Christi”, resaltaron.

Lo que calificaron como “una clara actitud tendiente a desoír la voluntad de las misioneras y los misioneros expresada en el plebiscito de 1996 y no dar cumplimiento a la ley provincial que prohíbe avanzar en su construcción, sobre cualquier emplazamiento sobre el río Paraná”.

Por este motivo, convocaron a dos jornadas conmemorativas con el objetivo de “recordar que el próximo 14 de abril se cumplen 30 años de aquel histórico acontecimiento, en el que la ciudadanía misionera pudo libremente expresar su voluntad, rechazando la construcción del mencionado mega proyecto”.

El día domingo 12 de abril las actividades centrales se desarrollarán en la localidad de Corpus, lugar emblemático donde se llevó a cabo uno de los actos más recordados de la campaña por el NO. También habrá acciones en otras localidades a lo largo y ancho de la provincia, cuyos detalles se conocerán en los próximos días.

En tanto, el martes 14 de abril habrá una marcha desde el centro de Posadas hacia la Legislatura donde presentarán una nota exigiendo se avance con el tratamiento del proyecto de “Ley de Ríos Libres” ingresado el 15/07/2015 con expediente P.P. 2626/15 en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, el cual no logró tratamiento hasta el momento.

Para finalizar, exigieron públicamente “que las autoridades provinciales y legisladores, expresen de igual manera su voluntad de defender la Ley que ratifica el resultado del plebiscito con un 88 % de NO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CORPUS”.

Por otro lado, instaron a las autoridades competentes a solicitar el “no apoyo a la reforma de la Ley de glaciares 26.639 y Ley de bosques 26.331, construidas, consensuadas y promulgadas con el acompañamiento amplio de la comunidad científica y los pobladores de los territorios de posible afectación siendo esto un motivo más que suficiente para que un legislador de nuestra provincia se oponga a semejante voluntad popular”.

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Yerbateros acordaron no vender el kilo de hoja verde por menos de $500

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Productores yerbateros de distintos puntos de la zona centro se reunieron en asamblea, a la altura del kilómetro 43 de la ruta 14 en Campo Grande, a fin de establecer un precio de referencia para la venta de hoja verde a secaderos e industrias.

El encuentro comenzó en horas de la mañana de este sábado con la presencia de un centenar de productores provenientes de esa localidad, como también de Itacaruaré, San Javier, San Vicente, Oberá, Campo Ramón, Campo Viera y El Soberbio.

En ese marco, el debate estuvo marcado por diversas cuestiones que hacen a la crisis del sector yerbatero, por lo que definieron ejes de acción como ser la venta de la hoja verde por un monto de $500 o superior.

“El cálculo contempla costos que rondan los $391 pesos por kilo de hoja verde y si se agrega un 30% de rentabilidad para el productor este número cerraría en no menos $500”, explicaron.

En este sentido, también recordaron el aumento de precios programados por el empresario yerbatero sirio, Omar Kassab, quien ofreció $350 por el kilo de hoja verde, lo cual consideraron insuficiente. “No obstante aplaudimos la predisposición de que un industrial plantee un precio de $350, aun así estamos trabajando por debajo de los costos de producción“, afirmaron.

Al mismo tiempo, señalaron: “Sumado a la merma en el rinde de la zona sur y Corrientes ante la sequía del verano, habrá una merma en la cosecha de este año, por lo tanto la definición del grupo de productores fue de no vender la hoja verde de yerba a valores inferiores a $500 puesto en secadero“.

Durante el encuentro que finalmente concluyó a las 16:30, vaticinaron que este año el mercado necesitará yerba ante el aumento de la demanda por consumo interno y el incremento de exportaciones.

Si bien aguardan que los productores cumplan con la medida de no entregar la hoja verde por menos de $500, continuarán exigiendo al gobierno provincial y a la Cámara de Representantes que se declare la emergencia yerbatera.

Asamblea de productores yerbateros en Campo Grande

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